Cristina Auerbach
De la redacción
México DF, 30 dic 08 (CIMAC).- El caso Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006, de los que 63 permanecen en la mina desde el día del siniestro, es una causa de la agenda nacional que no ha conocido justicia, porque el Gobierno mexicano no puede sacar los restos de los trabajadores del carbón sin castigar a los responsables.
Así lo afirma Cristina Auerbach, asesora de Familia Pasta de Conchos, organización integrada por viudas, familiares de los mineros caídos y asociaciones defensoras de derechos humanos, en entrevista a la revista Defensor, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su más reciente número de este mes.
Auerbach, también miembro de Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), expresa que “Pasta de Conchos no es mi causa o nuestra causa, sino una de las causas de la agenda nacional”.
Es, sin embargo, una causa para la que “no hay justicia”, porque no pueden sacar los restos de los mineros y entregarlos sin castigar a los responsables, pues “sólo hay una verdad: la mayor parte de los mineros no murieron en la explosión, los dejaron morir dentro de la mina sin rescatarlos”, señala.
Por ello, dice, no hay negociación, ni tregua, ya que “tarde o temprano tendrán que entregarlos y asumir las consecuencias”.
El caso de Pasta de Conchos, asegura la defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach, “nos ha permitido probar que en este país gobiernan los empresarios a través del Estado. Son uno mismo”.
Y conforme pasa el tiempo, dice, “se involucran más instancias de gobierno pretendiendo reforzar el cerco de impunidad”. No obstante, “a estas alturas, el Estado no puede sustraer su responsabilidad, ni puede señalar la de la empresa y el sindicato sin autocondenarse”.
ATAQUES CONTRA LA AUTORIDAD MORAL
Familia Pasta de Conchos, dice la activista, ha quebrado todos los cercos impuestos desde los primeros días del siniestro, “hemos saltado todos los obstáculos y tenemos toda la autoridad moral para señalarlos porque hemos probado todo lo que hemos afirmado”.
Para la activista, que en dos ocasiones ha sido violentada por su trabajo en la defensa de derechos humanos, este caso “es parte de mi vida, de lo que yo hago, de lo que digo ser, de mi tiempo, de mis sueños y también de mis pesadillas. No sólo es un caso en el que colaboro, lo llevo en el alma. Reconozco el rostro de cada uno de los que murieron, conozco a sus familias, sus sueños y sus miserias”, dice en la publicación de la CDHDF.
La primera vez que Cristina Auerbach fue agredida por su condición de defensora de derechos humanos, Familia Pasta de Conchos esperaba que Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), emitiera su dictamen, en el que, como sospechaban, canceló la posibilidad del rescate.
Fue el 19 de junio de 2007 cuando dos hombres entraron al estacionamiento de su casa, la golpearon y se llevaron su microinfusora de insulina y su camioneta.
“No me quitaron ni el reloj ni las pulseras, nada. Al sacar la camioneta reconocí otro auto que los esperaba y que yo ya había identificado; me había estado siguiendo desde meses anteriores. Cobré conciencia de lo que significaba ser y reconocerse como defensora de derechos humanos”, relata.
En los siguientes meses, menciona la activista, allanaron dos veces el despacho del abogado de Familia Pasta de Conchos, Manuel Fuentes, llevándose documentos sobre el caso y computadoras, dejando dinero y objetos de valor.
La segunda vez que intentaron agredir a la integrante de ENPL aflojaron los birlos de las llantas de su camioneta, ya no se trataba sólo de darle un susto, dice.
“Esta vez, se trataba de que sufriera un siniestro en la camioneta y con ello, enviar un mensaje a las familias, a mi equipo, a todas las organizaciones que se habían sumado al caminar”, manifesta.
MUJERES Y JUSTICIA
¿Por qué a mí y no a los miembros del equipo?, se cuestiona Auerbach y sugiere que puede ser el hecho de que ella es mujer, al igual que gran parte de las personas que continúan “en es esta lucha”. “Y se esperaría que con un acto así, las mujeres nos regresáramos a nuestras casas a llorar de impotencia y de dolor”.
O “puede ser, como ha sido durante estos casi tres años, que sigamos teniendo razón: el rescate es técnicamente viable y moralmente justo”, indica.
“Desde mi experiencia en la bondad y la misericordia de Dios, estamos llamadas y llamados a la vida, y la vida empieza aquí y ahora, no en el acto de respirar, comer, dormir, cuidar a nuestras familias o a nuestro grupo --eso también lo hacen los animales--, sino en los actos que suman voluntades para que el respeto a los derechos humanos sea universal, cotidiano y permanente para todas y todos”, señala la activista.
“Y por eso seguimos adelante, porque en nuestra esperanza inquebrantable trabajamos para que ningún minero vuelva a entrar a una mina como Pasta de Conchos; para que ningún sindicato se ausente de su responsabilidad en las condiciones de seguridad e higiene en las que trabajan sus agremiados; para que ningún sobreviviente de un siniestro laboral sea olvidado”, concluye Auerbach.
08/GCJ/GG
De la redacción
México DF, 30 dic 08 (CIMAC).- El caso Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006, de los que 63 permanecen en la mina desde el día del siniestro, es una causa de la agenda nacional que no ha conocido justicia, porque el Gobierno mexicano no puede sacar los restos de los trabajadores del carbón sin castigar a los responsables.
Así lo afirma Cristina Auerbach, asesora de Familia Pasta de Conchos, organización integrada por viudas, familiares de los mineros caídos y asociaciones defensoras de derechos humanos, en entrevista a la revista Defensor, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su más reciente número de este mes.
Auerbach, también miembro de Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), expresa que “Pasta de Conchos no es mi causa o nuestra causa, sino una de las causas de la agenda nacional”.
Es, sin embargo, una causa para la que “no hay justicia”, porque no pueden sacar los restos de los mineros y entregarlos sin castigar a los responsables, pues “sólo hay una verdad: la mayor parte de los mineros no murieron en la explosión, los dejaron morir dentro de la mina sin rescatarlos”, señala.
Por ello, dice, no hay negociación, ni tregua, ya que “tarde o temprano tendrán que entregarlos y asumir las consecuencias”.
El caso de Pasta de Conchos, asegura la defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach, “nos ha permitido probar que en este país gobiernan los empresarios a través del Estado. Son uno mismo”.
Y conforme pasa el tiempo, dice, “se involucran más instancias de gobierno pretendiendo reforzar el cerco de impunidad”. No obstante, “a estas alturas, el Estado no puede sustraer su responsabilidad, ni puede señalar la de la empresa y el sindicato sin autocondenarse”.
ATAQUES CONTRA LA AUTORIDAD MORAL
Familia Pasta de Conchos, dice la activista, ha quebrado todos los cercos impuestos desde los primeros días del siniestro, “hemos saltado todos los obstáculos y tenemos toda la autoridad moral para señalarlos porque hemos probado todo lo que hemos afirmado”.
Para la activista, que en dos ocasiones ha sido violentada por su trabajo en la defensa de derechos humanos, este caso “es parte de mi vida, de lo que yo hago, de lo que digo ser, de mi tiempo, de mis sueños y también de mis pesadillas. No sólo es un caso en el que colaboro, lo llevo en el alma. Reconozco el rostro de cada uno de los que murieron, conozco a sus familias, sus sueños y sus miserias”, dice en la publicación de la CDHDF.
La primera vez que Cristina Auerbach fue agredida por su condición de defensora de derechos humanos, Familia Pasta de Conchos esperaba que Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), emitiera su dictamen, en el que, como sospechaban, canceló la posibilidad del rescate.
Fue el 19 de junio de 2007 cuando dos hombres entraron al estacionamiento de su casa, la golpearon y se llevaron su microinfusora de insulina y su camioneta.
“No me quitaron ni el reloj ni las pulseras, nada. Al sacar la camioneta reconocí otro auto que los esperaba y que yo ya había identificado; me había estado siguiendo desde meses anteriores. Cobré conciencia de lo que significaba ser y reconocerse como defensora de derechos humanos”, relata.
En los siguientes meses, menciona la activista, allanaron dos veces el despacho del abogado de Familia Pasta de Conchos, Manuel Fuentes, llevándose documentos sobre el caso y computadoras, dejando dinero y objetos de valor.
La segunda vez que intentaron agredir a la integrante de ENPL aflojaron los birlos de las llantas de su camioneta, ya no se trataba sólo de darle un susto, dice.
“Esta vez, se trataba de que sufriera un siniestro en la camioneta y con ello, enviar un mensaje a las familias, a mi equipo, a todas las organizaciones que se habían sumado al caminar”, manifesta.
MUJERES Y JUSTICIA
¿Por qué a mí y no a los miembros del equipo?, se cuestiona Auerbach y sugiere que puede ser el hecho de que ella es mujer, al igual que gran parte de las personas que continúan “en es esta lucha”. “Y se esperaría que con un acto así, las mujeres nos regresáramos a nuestras casas a llorar de impotencia y de dolor”.
O “puede ser, como ha sido durante estos casi tres años, que sigamos teniendo razón: el rescate es técnicamente viable y moralmente justo”, indica.
“Desde mi experiencia en la bondad y la misericordia de Dios, estamos llamadas y llamados a la vida, y la vida empieza aquí y ahora, no en el acto de respirar, comer, dormir, cuidar a nuestras familias o a nuestro grupo --eso también lo hacen los animales--, sino en los actos que suman voluntades para que el respeto a los derechos humanos sea universal, cotidiano y permanente para todas y todos”, señala la activista.
“Y por eso seguimos adelante, porque en nuestra esperanza inquebrantable trabajamos para que ningún minero vuelva a entrar a una mina como Pasta de Conchos; para que ningún sindicato se ausente de su responsabilidad en las condiciones de seguridad e higiene en las que trabajan sus agremiados; para que ningún sobreviviente de un siniestro laboral sea olvidado”, concluye Auerbach.
08/GCJ/GG
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