Sí hay otras rutas
Eduardo Ibarra Aguirre
Con la presentación de los lineamientos para las iniciativas de ley de “austeridad republicana” y para la “eliminación de privilegios fiscales”, Andrés Manuel López Obrador puso en juego la primera carta del Movimiento en Defensa de la Economía Popular para auspiciar el debate, pero también la movilización social, frente al paquete económico del gobierno federal.
Para tapar el boquete presupuestal calculado por la Secretaría de Hacienda en 300 mil millones de pesos, López Obrador insiste con singular tesón en la reducción en 50 por ciento de los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos que son directores adjuntos, pasando por los encargados de despacho y hasta el titular del Ejecutivo federal, lo que significaría un ahorro de 95 mil millones de pesos. Otros 30 mil millones de pesos se ahorrarían con la desaparición de las partidas para la atención médica privada, caja de ahorro especial y bonos extraordinarios, además de las millonarias pensiones a expresidentes de la República. Pero sin incluir a los jubilados precoces que emblematiza José Ángel Gurría Ordóñez.
La iniciativa de ley que formularán cinco legisladores y cinco especialistas, contemplará el ahorro de 50 mil millones de pesos por concepto de la reducción o la eliminación de las partidas para el pago de alimentos –de los que presuntamente corresponden 5 mil pesos diarios a Agustín Carstens Carstens--, oficinas alternas, telefonía, renta de computadoras, vehículos y aviones --400 millones de pesos mensuales eroga presuntamente la Presidencia de la República--, asesorías, gastos de representación y un largo etcétera.
También incluirá la propuesta legislativa la reducción de 5 por ciento de las participaciones federales a los gobiernos de los estados, punto que contrasta con las iniciativas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y que ofrecen más recursos para 2010 con base al llamado impuesto contra la pobreza. Esta diferencia se reflejará, sin duda, en el amarre de compromisos con las bancadas de los estados en San Lázaro y sobre las que los gobernadores tienen una influencia notable, amén de que se verían afectados, de aplicarse la primera fórmula, en 22 mil 680 millones de pesos.
Con las reducciones enlistadas y que dan cuerpo a una política de austeridad republicana, se dispondrá de un total de 197 mil millones de pesos.
Por otra parte, con la iniciativa de ley “para la eliminación de los privilegios fiscales” se buscará la recaudación de 300 mil millones de pesos anuales más, al abolir los regímenes especiales fiscales que empezaron a tejerse en negociaciones secretas con Luis Echeverría Álvarez, gobierno execrado por los dueños del gran capital, favorecidos con paraísos fiscales “bajo la falacia del fomento a la inversión”, cuando de 2001 a 2005 invirtieron 279 mil millones de pesos y las devoluciones de impuestos alcanzaron 604 mil millones de pesos, si nos atenemos a quien el periodista Jaime Avilés bautiza como “el máximo dirigente opositor del país” para incomodidad de sus detractores.
Los 300 mil millones de pesos que se pretenden recabar con la propuesta de AMLO están por debajo de los 465 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 3.87 por ciento del producto interno bruto, que Carstens reconoció ante los diputados que eluden y evaden legalmente las 500 empresas de los dueños de México.
Las propuestas contemplan que de lo recaudado se destinen 140 mil millones de pesos para créditos a la micro, pequeña y mediana empresas; a reforzar las partidas presupuestales para la educación, la salud, el campo y las comunidades indias. Pero sobre todo diversificará el ambiente político saturado por el discurso y la costosa propaganda oficialista del arcaico “No hay más ruta que la nuestra”.
Acuse de recibo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció en la recomendación 57-2009-3, dirigida a Juan José Suárez Coppel, lo siguiente: “Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, para que Petróleos Mexicanos cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos”… Fabiola Sánchez comentó al respecto: “¡Muchas felicidades a Contralínea! Es un avance, y espero, el inicio de regular situaciones como la discrecionalidad para asignar recursos públicos a medios según intereses del gobierno en turno. Esperemos que también signifiquen cambios para Forum… Y Salvador González Briceño, director del diario De Nuevo El Día, publicó el 8 de septiembre: “Las reacciones atentatorias igualmente en contra de Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, por parte de consorcios gaseros y petroleros (Grupo Zeta Gas, de Ciudad Juárez), por el asunto de los millonarios contratos de servicios múltiples operados desde Pemex. El boicot de publicidad desde el gobierno panista en contra de publicaciones como las revistas Forum, Contralínea, Síntesis, La Tijereta, Fortuna y Proceso”.
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