TIEMPO DE MUJERES

Los asesinos al lado: Blackwater en Colombia

Países del ALBA y UNASUR deberían prohibir colectivamente la presencia de contratistas – mercenarios – de la guerra en América Latina. Si no, habrá más conflictos, violaciones de soberanía y guerra.

Eva Golinger

No es sorpresa la revelación en Ecuador sobre el papel de Washington en la invasión ilegal del territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008. Se sospechaba del primer momento la participación de los militares y agentes de la inteligencia estadounidense, entonces ubicados en la base militar de Manta, en la operación que acabó con un campamento de las FARC. Ahora un informe oficial de Ecuador confirma este hecho. Reafirma, además, que donde se encuentran bases militares utilizadas por Estados Unidos, habrá acción militar ejecutada por Washington – sin importar las reglas, leyes y normas del país anfitrión.

El polémico acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, firmado el pasado 30 de octubre, significa la expansión militarista más grande de Washington en América Latina en toda la historia. El acuerdo permite la presencia de contratistas privados al servicio de las necesidades de las agencias de Washington en territorio colombiano, con todas las mismas imunidades otorgadas a los funcionarios y militares estadounidenses. Esto no es nuevo. Dentro del acuerdo del Plan Colombia, desde hace 10 años Washington utiliza por encima de 30 empresas contratistas para ejecutar obras militares y de inteligencia y espionaje en Colombia. Algunos de ellos son las empresas más poderosas del complejo militar industrial, como DynCorp, Bechtel, Lockheed Martin, Grupo Rendon, y Raytheon entre otras.

Dentro del nuevo acuerdo militar, la cantidad de contratistas – o mercenarios de la guerra – aumentarán. La privatización de la guerra y el uso de empresas privadas para ejecutar acciones de seguridad, defensa e inteligencia, es hoy el modus operandi de Washington. La empresa más controversial es sin duda Blackwater, ahora conocida como Xe Services. Durante los últimos ocho años, Blackwater ha ganado por encima de 1.4 mil millones de dólares en contratos del Departamento de Estado y el Pentágono. Desde el 2005, Blackwater también ha entrado en contratos semi-secretos con el Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) en EEUU para realizar operaciones de seguridad y defensa dentro del país, los cuales han sido vistos como el inicio de la creación de un estado policial privatizado para reprimir y controlar una población que cada día se encuentra en una situación económica más desesperante.

A principios del 2008, el Comando de Misiles y Defensa Espacial del Ejército de EEUU otorgó contratos por la cantidad de 15 mil millones de dólares a un grupo de contratistas privadas, incluyendo a Blackwater. El contrato, que incluye operaciones de inteligencia, espionaje y reconocimiento, entre otras tareas, está orientado hacia dos países en América Latina, México y Colombia. El contrato específicamente detalla la “provisión de entrenamiento aéreo” a las fuerzas armadas colombianas y “apoyo estratégico de relaciones públicas” al gobierno colombiano (léase: operaciones psicológicas). En el caso de México, Blackwater está encargado de apoyar con las misiones contra el narcotráfico.

Hace días, fue revelado que Blackwater fue contratado por la CIA para asesinar supuestos insurgentes en Irak y Afganistán. Mercenarios de Blackwater participaron en algunas de las actividades más sensibles y clandestinos de la CIA, incluyendo el transporte de los detenidos a las cárceles secretas de la CIA. Ex mercenarios de Blackwater han indicado que su papel en esas operaciones clandestinas fue tan rutinario que la división entre la CIA, el Pentágono y Blackwater ya no existía.

Ahora, ésta empresa fachada de la CIA y el Pentágono, opera con libertad en Colombia. En EEUU, existen docenas de demandas y casos legales contra Blackwater, por violaciones de leyes, asesinato arbitrario y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Uribe ha abierto la puerta para la presencia de esta peligrosa empresa en Suramérica, la cual significa una gran amenaza contra la paz y la seguridad regional.

Los países del ALBA y miembros de la UNASUR deberían prohibir colectivamente la presencia de contratistas – mercenarios – de la guerra en América Latina. Sino, más muerte, conflictos, violaciones de soberanía, y guerra nos esperarán.