1/11/2010


Horizonte político
José Antonio Crespo

El sexenio que vivimos en peligro

Felipe Calderón nos anuncia, como augurio de un feliz y próspero 2010, que continuará el combate contra el narcotráfico en los mismos términos en que lo emprendió al inicio de su gobierno. Eso, para ampliar nuestra seguridad y libertades. Pero justamente la seguridad y las libertades son las que más han sufrido bajo esa estrategia. El número de víctimas de la narcoviolencia se ha incrementado año tras año. La tendencia apunta a que en 2010 las víctimas serán alrededor de nueve mil; en 2012, de 13 mil y, en todo el sexenio, de 50 mil. Algo que celebrar para quienes han comprado el argumento de que, si la violencia crece, es porque “vamos ganando la guerra a los narcos”, pues con ese silogismo, estaríamos cada vez más cerca de la victoria sobre los cárteles. Ha dicho Calderón que “interviene el gobierno porque hay violencia y crimen y no al revés. No es que haya violencia y crimen porque interviene el gobierno” (8/I/10). El fenómeno, en realidad, no es unidireccional, sino bidireccional. El narcotráfico es equiparable a un avispero en un rincón de la casa, que resulta molesto, pero no desastroso, si se tiene cuidado. Si uno decide arremeter a escobazos contra ese panal, creyendo que con eso será destruido, el resultado será que las avispas saldrán furiosas y van a invadir toda la casa y hacerla, ahora sí, inhabitable. Los diez o 15 himenópteros que puedan eliminarse a cada golpe no compensan las decenas que, a raíz de ello, salen a atacar. Y, en la desesperación, los escobazos caen también sobre los habitantes de la casa, lo que la hace aún más inhabitable. El problema es que, incluso si los inquilinos llegan a entender que ese no era el mejor método para lidiar con el avispero, tardará mucho tiempo en que las avispas regresen a su panal. En otras palabras, si el próximo Presidente de la República da un viraje a la estrategia (algo que seguramente ocurrirá), no le será fácil regresar a los índices previos de inseguridad y violencia, menos graves que los actuales.
El problema para los ciudadanos es que las víctimas inocentes de la narcoviolencia cada vez dejan de ser “daños colaterales” —es decir, víctimas no planeadas—, para convertirse en blancos específicos. Eso ocurrió, desde luego, con el asesinato de la familia del marino Melquisedet Angulo Córdoba. Infortunado hecho que refleja que el Estado mexicano entró a una guerra cuya dinámica desconocía y para la cual no estaba preparado. Otros sucesos que reflejan que los ciudadanos comunes somos cada vez más blancos planeados, son los menores de edad baleados a quemarropa al salir de su escuela, en Tijuana. Y están ahí también los numerosos periodistas asesinados. Es una estrategia deliberada de los capos, para elevar los costos de la guerra en su contra, algo totalmente previsible por los especialistas cuando Calderón puso en marcha su estrategia.
Y, para complicar más el panorama, está la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes frente a las labores del Ejército que cumple funciones policiacas en la lucha contra los cárteles. Bien se sabe que el entrenamiento de guerra que reciben los militares, aunado al fuero del que gozan, son propicios para que se afecten los derechos humanos, la integridad física y la vida de quienes, culpables o no, caigan en manos del Ejército. Este conflicto se empieza a semejar a la “guerra sucia” de los setenta, en que guerrilleros o sospechosos de serlo desaparecían, eran torturados y muertos, por encima del orden jurídico (en lugar de que se les aplicase estrictamente la ley, respetando al mismo tiempo sus derechos fundamentales). Ahí está el caso reciente de Josefina Reyes, activista de derechos humanos en Ciudad Juárez, que denunció la desaparición de sus hijos a manos de elementos del Ejército, recibió varios allanamientos intimidatorios en su casa, por parte de militares en función policiaca, y terminó asesinada la semana anterior. Hay desde luego elementos para sospechar que su muerte es adjudicable al Ejército. En Juárez, muchos lo dan por hecho, según lo han expresado en sus protestas. “El Ejército es un peligro para México”, decía una de sus mantas. De ser así, entonces estamos no sólo bajo fuego cruzado, sino que cada vez nos hemos erigido en blancos planeados, tanto de los cárteles como de las instituciones que presuntamente nos protegen. Calderón bautizó 2009 como “el año que vivimos en peligro”. Pero, en virtud de esta fallida guerra, cada vez más fuera de control, tendremos que calificar estos años como “el sexenio que vivimos en peligro”.
El problema para los ciudadanos es que las víctimas inocentes de la narcoviolencia cada vez dejan de ser “daños colaterales”.

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