De leyes y cosas peores.....

Racimo de iniciativas

Víctor Flores Olea

Parece que la modorra se sacude, aunque sólo podamos hacer alusión, de manera brevísima, a unas cuantas de las iniciativas que tiene en sus manos el Legislativo. Pero vale la pena porque tal variedad nos muestra las contradicciones del gobierno y también, en algunos aspectos, la posibilidad de avanzar.

He aquí las principales: la llamada ley antimonopolios (de Felipe Calderón); la del senador Javier Corral, bautizada como ley antitelevisa; la reforma laboral de ese extraño personaje que es el secretario del Trabajo (con las bendiciones del PAN y del Presidente de la República), y también, last but not least, la reforma constitucional sobre derechos humanos (de la que surgiría una Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH– fortalecida), y como contraparte, la petición a la Cámara de Diputados del secretario de la Defensa que permitiría a los soldados ingresar a domicilios particulares sin orden judicial y detener a sospechosos por 24 horas sin presentarlos a autoridad civil alguna (es decir, un verdadero estado de excepción).

Es fácil ver las contradicciones entre estas iniciativas, que prueban nuevamente la ausencia de rigor en los mandos políticos del país. Algunas de éstas surgen de los legisladores (por ejemplo la ley antitelevisa). En este clima, por lo demás, parece extravagante la petición del secretario de Defensa a los diputados, que encontró rápida respuesta negativa en los organismos nacionales de derechos humanos y que sería motivo de escándalo público si prosperara y confirmación de que el Ejército simplemente procura disimular las violaciones a los derechos que ya ha cometido abundantemente.

Llama la atención la ley antimonopolios que presentó Felipe Calderón con algunas buenas razones. Por ejemplo, debido a los monopolios pagamos en México 223 por ciento más que en Estados Unidos por el cemento, 260 por ciento más por Internet y 230 por ciento más por telefonía. Otro punto de escándalo son los servicios bancarios (comisiones del ¡3 mil 600 por ciento más que en el extranjero!, las tarjetas de crédito 178 por ciento por arriba, el crédito a la vivienda 115 por ciento más, etcétera.)

Por supuesto que el escándalo tritura los bolsillos de los más pobres: 30 por ciento de los ingresos familiares se gasta en bienes y servicios controlados por monopolios, y eso significa una disminución de 40 por ciento en los presupuestos hogareños.

La iniciativa de Calderón se dirige a un aspecto fundamental de la concentración de la riqueza en México y de la desigualdad social, y por eso es plausible. Pero de inmediato surgen las preguntas: ¿se atreverán a de-safiar (Calderón y el Legislativo) a Emilio Azcárraga, a Carlos Slim, a Roberto González y a varios otros, o éstos, con sus recursos, frenarán o harán retroceder la iniciativa? Pero la suerte está echada y en este punto, sin duda, Ejecutivo y Legislativo contarían con el respaldo de las mayorías populares.

La ley antitelevisa, formulada por Javier Corral en nombre del PAN, parecería resolver adecuadamente la ecuación de la concentración de medios en México, y por eso tendría un vasto apoyo popular. No obstante que ya los voceros de Televisa parecen preparar su batería de argumentos y disculpas, supuestamente orientadas a demostrar que no hay concentración monopólica en los medios (o duopolio con el reino agregado de Ricardo Salinas). Ambas leyes (la antimonopolios y la antitelevisa) parecen en más de un sentido complementarias.

No olvidemos que en España se dan a conocer los nombres de las empresas acusadas de prácticas anticompetitivas desde el inicio de la investigación y que, según el presidente de la Comisión de Competencia de ese país, la simple publicación del nombre de las empresas acusadas de prácticas monopólicas pesa más que la aplicación de penas carcelarias a los responsables. ¡La denuncia con mayor efecto de presión que la pena misma!

En cuanto a la reforma de la ley del trabajo –viejo sueño empresarial panista en la iniciativa de Javier Lozano– resulta una aberración respecto de la ley que pretende reformar, pero sobre todo al artículo 123 constitucional. Arnaldo Córdoba, en estas mismas páginas, el 4 de abril, demostró brillantemente la regresión histórica que implicaría y la manera en que se debilitarían, hasta negarlas, muchas de las conquistas laborales reflejadas en nuestras leyes. Por supuesto, habría que recoger algunos de sus postulados, como el de la auténtica democracia sindical y el de la transparencia de las dirigencias obreras, pero sin liquidar (lo que pretende esta reforma) los derechos colectivos de los trabajadores, a quienes reduce a simples individuos en busca de oportunidades aleatorias en el mercado laboral. ¡La ley de la oferta y la demanda como condición opresiva para los trabajadores que ahora han de enfrentarse aisladamente al sistema!

En cuanto a las modificaciones constitucionales a la CNDH que refuerzan su personalidad jurídica, competencia y estructura (por ejemplo, señalando que las anteriores recomendaciones serán ahora de cumplimiento obligatorio, con capacidad de la comisión para presentar denuncias penales en contra de las autoridades que las desatiendan. ¡Es verdad, ahora se le proporcionan a la CNDH dientes para actuar! ¡Adelanto histórico y nuevas oportunidades en materia de derechos humanos!

Sin duda, la petición del secretario de Defensa para implantar de hecho el estado de excepción ni siquiera será escuchada por los diputados.

Variedad de iniciativas, con lados positivos y negativos, que ahora el Legislativo tiene la tarea de armonizar en beneficio de la nación.

Acuerdos, registros y seguridad

León Bendesky

El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) es un asunto que nos coloca de un nuevo modo como ciudadanos, es decir, como personas en nuestra relación con el Estado.

El Renaut está justificado política y administrativamente en tres documentos. El primero es el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, de la Secretaría de Gobernación, publicado el 25 de agosto de 2008. El segundo es el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones del 9 de febrero de 2009. Y el tercero es el que contiene las reglas del Renaut, expedidas por la Cofetel el 15 de mayo de 2009.

El sólo título del primer documento listado indica su relevancia, y el hecho de que sea necesario proponerlo muestra súbitamente la debilidad de la estructura social que padecemos. Ahí se establecen una amplia serie de compromisos asociados, precisamente, con la seguridad, la justicia y la legalidad. Fija las metas que se deben cumplir en cada caso y hasta la fecha de su cumplimiento.

No es muy claro cuáles son los términos generales de la gestión hasta hoy de tal acuerdo y el grado de alcance de las obligaciones que ahí se establecieron. Más transparencia al respecto sería un elemento muy útil para su propia legitimidad entre la gente.

En todo caso, la intención de la propuesta es cosa seria, dice a la letra: El acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que son planteados, entre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia. Parte fundamental de este acuerdo es que la sociedad civil será la que supervise y vigile el cumplimiento de los compromisos establecidos.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones propone: Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.

Este es el origen del Renaut y el compromiso del gobierno fue promover el instrumento para aplicarlo en seis meses. Las reglas tienen como objeto: establecer la forma en que los proveedores de servicios llevarán el registro de usuarios de telefonía móvil, incluyendo la actualización de sus datos personales, así como los registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios del servicio de telefonía móvil.

Hay varios aspectos destacables de este asunto entre muchos otros. La motivación política asentada en la seguridad, justicia y legalidad debería ser una motivación necesaria y, tal vez, hasta suficiente para que los usuarios de teléfonos móviles cumplieran con las disposiciones del Renaut. Pero no fue así, pues a punto del vencimiento del plazo para el registro alrededor de una tercera parte no lo había hecho.

Se puso a prueba la capacidad de exigencia de las disposiciones del gobierno en cuanto a administrar el proceso de registro y alcanzar mejores resultados. Sólo mediante la evidencia de que se cumpliría con la suspensión del servicio el 10 de abril a los usuarios no registrados, se precipitó su acción. Esta es la forma de ejercer la ley, es decir, imponiéndola, pero no la más eficiente en este caso. Además, el gobierno tuvo que poner en cintura a la empresa Telefónica que había anunciado su intención de no cumplir con dicha suspensión de sus abonados.

El incentivo de la mayor seguridad ofrecida por el Estado, y una de cuyas herramientas es el Renaut, no funcionó. Parece que pudo más el fastidio de que suspendieran las líneas. Ese, me parece, es un tema que amerita alguna atención. Tiene que ver con la desconfianza prevaleciente.

¿Es que no se cree en lo que dice y hace el gobierno para hacer cumplir una ley? O bien, ¿no se presentó con suficiente claridad y, por lo tanto con un alto grado de credibilidad, la motivación y la eficacia de tal medida para reforzar la seguridad? O, ¿es que de plano la gente no tiene confianza en la autoridad cuando se trata de registrarlos a partir de un instrumento de uso privado como el teléfono celular?

Una movilización de este tamaño que involucra 83 millones de líneas telefónicas y para aportar una serie de datos que no para todos son muy simples, es una empresa mayor en términos de administración. Habrá que hacer el balance en ese terreno. Y, en particular, como ha apuntado el Consejo Ciudadano del Distrito Federal, habrá que comprobar la veracidad de la información recabada.

Finalmente, no vaya a ser que el Renaut se convierta en un instrumento que en lugar de acrecentar la seguridad ponga en mayor riesgo a las personas y las empresas. El objetivo explícito de fortalecimiento institucional del acuerdo señalado al principio debe ser presentado de modo claro y transparente a los ciudadanos y cuanto antes mejor. No se olvide que se establece que serán los ciudadanos quienes supervisen y vigilen los compromisos del acuerdo. Y eso, ¿cómo será?

De acuerdo con el punto de acuerdo

Javier Jiménez Espriu

El pasado 26 de febrero y el 2 de marzo se propuso en el Senado de la República un punto de acuerdo exhortando al titular del Poder Ejecutivo Federal para que los nombramientos que se realicen en la planta directiva de Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias se ajusten a criterios de calidad profesional, experiencia y perfil técnico necesarios, de acuerdo con el proceso de modernización y transparencia que se impulsa para el organismo y para la industria de hidrocarburos.

Se solicita también la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel, para que explique los procedimientos que implican nombramientos y designaciones en Petróleos Mexicanos, atendiendo los señalamientos realizados en contra de procesos y candidatos que no benefician en nada a la institución y que perjudican el sano desarrollo de la empresa, de su propia normatividad y de sus prácticas internas.

Termina la propuesta del punto de acuerdo así: “El Senado de la República realiza un severo extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo por el nombramiento supuestamente realizado a favor de Mario Ávila Lizárraga como subdirector de la región marina sureste de Pemex Exploración y Producción –de donde se obtiene 65 por ciento del crudo nacional–, mismo que no ha sido realizado con base en consideraciones eminentemente técnicas, de eficiencia y superación de los enormes retos que tiene que superar la industria de los hidrocarburos en el país; solicitando de inmediato se revoque el mismo si ya se hubiera dado”.

Obviamente, estoy más que de acuerdo con el punto de acuerdo propuesto. Según se sabe, los antecedentes profesionales del señor Ávila se limitan a la venta de automóviles –dice el senador Labastida que desconoce si Chrysler o GM–, y los políticos, a que se trata de la persona que impulsó fallidamente la familia de Juan Camilo Mouriño como candidato al gobierno de Campeche.

Desde luego que éste no es un caso excepcional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por ejemplo, ha llevado a cabo la sustitución de ingenieros y técnicos y encargados de los Centros SCT en los estados de la República por distinguidos panistas carentes de los conocimientos necesarios, como ha sucedido también en la Comisión Nacional del Agua; en la propia Pemex los nombramientos se suceden en todos los niveles, sin fundamento alguno; larga es la lista en todos los confines del gobierno. ¿Quién podría explicar la designación de la mayor parte de los miembros del gabinete con otro argumento distinto a es facultad del Presidente?

No hay que olvidar que el jefe del Ejecutivo –independientemente de su evidente actuar como jefe de su partido– ha manifestado que prefiere pagar el costo de la ineficiencia que el de la des-lealtad, sin considerar, como debiera el jefe del Estado, que se refiere a la probable deslealtad hacia él y que él pagaría ya se sabe cómo, y en cambio, como expresa con acierto Soledad Loaeza, el costo de la ineficiencia gubernamental lo pagamos todos los mexicanos.

Debemos subrayar que el empanizamiento del sector público tiene una correlación directa con esos puestos a los que se refiere la abominable expresión popular de a mí ponme donde haya.

Espero que la propuesta del punto de acuerdo del Senado de la República cristalice y tenga consecuencias en beneficio de los mexicanos y que la conclusión de estas prácticas no vaya a terminar en un segundo tomo de Camisas azules y manos negras con que nos obsequie dentro de algún tiempo Ana Lilia Pérez, o algún otro escritor que nos obligue a conformarnos con el desahogo que ofrece la libertad de expresión ejercida por algún valiente.

jimenezespriu@prodigy.net.mx

La ley de los diputados

Bernardo Bátiz V.

Se dio hace unos días la noticia de que un diputado del PRI presentó en la cámara baja un proyecto de reglamento para los trabajos del cuerpo colegiado del que forma parte; pasó a comisiones y aún no se ha tomado una resolución al respecto; sin embargo, se festinó el hecho de que se renueva una norma jurídica que, dijeron los periódicos, cuenta con más de 90 años de antigüedad.

Ciertamente es más longeva, pues con algunas variantes se trata del mismo reglamento que estuvo vigente cuando algunos mexicanos tuvieron en España su primera experiencia parlamentaria como diputados del entonces reino de la Nueva España y participaron en la discusión y aprobación, en la ciudad de Cádiz, de la Constitución de la Monarquía Española en el ya remoto año de 1812.

El reglamento es la norma autonómica que un cuerpo colegiado se da a sí mismo para regular su vida orgánica. Entre las reglas fundamentales de un reglamento parlamentario deben estar las que prevén los procedimientos para la toma de decisiones colectivas, la formación del quórum, el orden de los oradores, los tipos de votaciones y algunas otras que se han venido repitiendo en las diversas variantes que el reglamento ha sufrido.

Los congresos modernos, especialmente en México, ya no son aquellos pequeños cuerpos integrados por personas que a veces podían sentarse alrededor de una mesa para deliberar; ahora se integran por cientos de legisladores y las primitivas reglas de cortesía y buenos modales nos parecen ya obsoletas, y sin duda lo son en algunos casos, por ejemplo en el tipo de atuendo que deben usar los parlamentarios o en las comisiones para dar el pésame a los familiares de algún colega fallecido.

Sin embargo, otras en todo tiempo son muy importantes y algunas vienen a resolver necesidades nuevas que deben tomarse en cuenta. En algún momento he propuesto como principios básicos del derecho parlamentario, el de representación, los de libertad e información, y uno básico que es el de igualdad. En mi opinión, este último, que por supuesto tiene que ver con los primeros, ha ido quedando relegado al correr del tiempo y es ahora muy notoria la desigualdad entre los legisladores y el antiguo concepto de paridad se ha ido olvidando.

Que los diputados sean pares entre sí, es decir, iguales en derechos y obligaciones, nos viene de la Edad Media, de los caballeros de la Tabla Redonda, que tenía esa figura geométrica precisamente para indicar que todos valían lo mismo, o el recuerdo de los 12 pares de Francia que se sentaban con el rey, que era su coordinador, pero con la misma posibilidad de hablar y opinar que los demás.

Todos los diputados deben ser iguales en la función que desempeñan; todos son representantes de la nación, como lo establece el artículo 51 de la Constitución, lo que significa que no representan ni a su partido ni a su estado, mucho menos a su gobernador o a su sector partidista; todos estos vicios, que ya tienen larga historia, debieron ser desterrados y parecía que con el derrumbe del sistema de partido oficial esto podría suceder.

No ha sido así, sin embargo; lo cierto es que, con el sistema que ha ido abriéndose camino de arreglos y componendas entre cúpulas partidistas y que tan malos resultados ha producido, la disciplina partidista se ha recrudecido y la libertad y la igualdad de los legisladores ha sido olvidada.

El lugar común lo expresa crudamente: los diputados son iguales, pero unos son más iguales que los otros; los coordinadores de los grupos parlamentarios, los que manejan los recursos económicos de la bancada o quienes tienen bajo su mando los diversos servicios para recibir y dar información mantienen un control sobre los demás que desvirtúa el principio del artículo 51. En la práctica, frecuentemente, los diputados representan lo que los coordinadores deciden. Por supuesto, no en todos los casos ni en todos los partidos; lamentablemente sí en muchos y con la perspectiva de que esta práctica irá en aumento.

Qué bueno que los diputados se preocupen por modernizar sus reglas internas; es de desear que, cuando profundicen en la propuesta que se ha presentado ahora como una novedad, no olviden algunos puntos muy importantes. En primer lugar, que la libertad de voto sea respetada escrupulosamente por los grupos parlamentarios y por los partidos; no tiene ningún sentido el sistema parlamentario ni sirve para nada la discusión en comisiones o en el pleno si de antemano alguien ha tomado ya una determinación. Hablar en la tribuna, discutir, dar argumentos, rebatirlos, escuchar los de los colegas, es la esencia del parlamentarismo, pero pierde sentido cuando se llega al debate con posiciones negociadas o con decisiones tomadas de antemano.

Debe revisarse bien el tema de la libertad y el de la responsabilidad de los legisladores, la peligrosa y no siempre ética práctica del llamado cabildeo, que abre la puerta a compromisos, ambiciones e intereses contrarios al bien de la nación.

Un ejemplo lamentable es el de grandes empresas, especialmente las de televisión, que tienen en las cámaras diputados que no representan a la nación, sino a la empresa que los patrocinó y que celebró compromisos con los partidos que los postularon.

La propuesta de un nuevo reglamento da ocasión a repasar los conceptos y los principios básicos de una auténtica división de poderes y de un Congreso con representantes libres, iguales entre sí y respetuosos de su investidura y de la soberanía que representan.

jusbbv@hotmail.com