Chihuahua: muerte y opacidad

John M. Ackerman

De las más de 10 mil ejecuciones perpetradas en 2010 en el país, casi 3 mil han tenido lugar en el estado de Chihuahua. De éstas, más de 2 mil se han suscitado en Ciudad Juárez, hoy una de las ciudades más violentas del mundo. Las recientes recriminaciones entre la ex procuradora de Chihuahua Patricia González y el ex alcalde juarense José Reyes Ferriz demuestran que en ese estado las instituciones públicas están podridas hasta la médula. La derrota de las fuerzas militares y el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez a partir de la llegada de la Policía Federal evidencian la profunda debilidad de las autoridades federales.

Si no se toman acciones definitivas para corregir el rumbo, Ciudad Juárez podría llegar a ser el espejo de todo el país. El título del programa gubernamental Todos somos Juárez supuestamente expresa la solidaridad de México con los juarenses, pero igual podría llegar a simbolizar que todo México siga el ejemplo de esta ciudad bañada de sangre.

La única esperanza reside en la construcción de un movimiento ciudadano combativo y crítico que vigile y denuncie a las autoridades públicas corruptas e ineptas. La participación ciudadana bien portada y respetuosa, que tanto gusta al gobierno y a Televisa, simplemente no es suficiente frente a esta desbordada situación.

Afortunadamente, el valiente ejemplo de Luz María Dávila, madre de uno de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, quien declaró a Calderón persona no grata en tierras juarenses, empieza a contagiar a la sociedad entera. Los jóvenes han tomado el estandarte en días recientes por medio de la organización del movimiento Si nos dan a un@, nos dan a tod@s y las Kaminatas contra la muerte, que demandan la salida del Ejército y la Policía Federal, así como la investigación de los numerosos ataques a los derechos humanos y a la integridad física de periodistas y luchadores sociales.

En contraste, el gobierno estatal hace todo lo posible por cerrar el acceso ciudadano a la información que permitiría una contraloría social efectiva. El 29 de septiembre, unos días antes de que el gobernador José Reyes Baeza culminara su mandato, el PRI logró imponer una peligrosa contrarreforma a la ley de transparencia local, que contiene un rosario de violaciones al artículo sexto de la Constitución federal. Ello podría convertir esta ley en una de las peores del país, cuando hoy, al menos en la letra, es una de las más avanzadas.

Claudia Alonso, la consejera más destacada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), ha denunciado que la reforma reduce de manera drástica el universo de entidades del sector privado que estarían sujetas a la ley. Antes, cualquier persona física o moral que ejerciera una función pública era sujeto obligado de la ley. A partir de la reforma únicamente lo serían quienes reciban recursos públicos en los términos de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada. Esta restricción es particularmente grave dada la inminente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas que a escala federal autoriza la subrogación generalizada de casi cualquier servicio público.

Otro grave retroceso radica en la nueva definición de información veraz. Mientras la Real Academia define este concepto como algo que dice, usa o profesa siempre la verdad, el nuevo texto legal define información con esta característica como la que corresponde a la que realmente posee el sujeto obligado. Así, de un plumazo, se convierte una ley que debe proporcionar información verdadera a la ciudadanía a una norma que únicamente permite el acceso a los documentos burocráticos que realmente poseen las entidades gubernamentales. Se abre la puerta a un estratosférico aumento de declaraciones de inexistencia de documentos.

La reforma también elimina la obligación del gobierno de siempre desglosar la información por género; burocratiza y retrasa el proceso de contestación de las solicitudes y de resolución de los recursos de impugnación, e introduce nuevas causales para desechar solicitudes, por ejemplo, cuando sean ofensivas. Las modificaciones centralizan la gestión interna del Ichitaip al restar facultades al Consejo General y entregarlas al consejero presidente y el secretario ejecutivo. Elimina también la prohibición de que personas que hayan ocupado puestos de elección popular sean consejeros.

De manera absurda y antijurídica, la reforma requiere que las argumentaciones de las resoluciones del instituto sean breves y que los consejeros disidentes redacten sus votos particulares en apenas 24 horas, atendiéndose únicamente al principio de sencillez. Asimismo, elimina la obligación del Poder Judicial de publicar de oficio todas las resoluciones que hayan causado estado y del Instituto Electoral de publicar todas las quejas resueltas por violaciones a la ley electoral. Ahora, las autoridades solamente tendrán que subir a la Internet una estadística de las resoluciones y una relación de las quejas.

El nuevo gobernador, César Duarte, todavía cuenta con ocho días para publicar el decreto o, en su caso, emitir observaciones y devolverlo al Congreso local. Esta semana tendrá lugar un importante foro sobre el tema organizado por Francisca Jiménez y el Observatorio para el Acceso a la Información Pública de Chihuahua (www.grupobserva.org/), en el cual una amplia diversidad de voces exigirá al gobernador que tome la decisión correcta. El país entero estará muy atento a su decisión.

A Dan Lund, ejemplo de lucidez y compromiso, in memoriam.

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Narcolecturas

Hermann Bellinghausen

La perplejidad con que asistimos a los días que corren nos llevan a denominar breve y superficialmente las cosas que nos invaden los pensamientos y miedos de la imaginación: narco, cártel, comando, drogas (ya nadie dice estupefacientes, que sonaba tan catrín), buchonas, Malverde, decapitaciones, delaciones, aseguramiento, bloqueo, guerra-contra-el-crimen, terror callejero, lavado, masacre, fosa, feminicidio, tipos y calibres de armas o detalles forenses que desafían la buena digestión. Un etcétera se impone, como ya logra entender hasta la pobre Real Academia de la Lengua, que al igual que todos, trata de alcanzar el léxico de una realidad más rápida que nosotros.

La embestida de Todo Eso ha producido un género híbrido de obras literarias o no tanto, periodísticas o no tanto, analíticas o no tanto, que ocupan secciones especiales y en aumento en las librerías, cerca de las cajas registradoras, los otros bestsellers y la dichosa autoayuda, que tan bien vende. Hace pocas semanas, Orlando Ortiz se preguntaba en La Jornada Semanal si existe una “narcoliteratura”, al modo de la novela de la Revolución, y concluía, sensatamente, que más bien no.

Es una moda, ni modo. O una variante del género negro. También una respuesta al horroroso fenómeno nacional que tiene a la mitad de los mexicanos, cuando menos, en condiciones de inseguridad profunda, como nunca antes si exceptuamos las redadas genocidas de la conquista española. Sólo a los inversionistas extranjeros les gusta la situación: pocos países más desregulados, sobornables, descontrolados y a la vez ricos en recursos naturales y humanos con calidad de exportación. Destruyámoslo, dicen y se frotan las manos, como si fuéramos Albania o Somalia.

Resulta inevitable que surjan autores como Élmer Mendoza; hay algo que contar ahí. Ciertamente, la nómina de títulos (sobre todo reportajes y novelas) es amplia, crece con soltura y en ocasiones calidad, no todo es basura perecedera. Narradores estupendos como Sergio González Rodríguez, Eduardo Antonio Parra y David Toscana han recalado ahí, y no sólo por afinidad temática. Como para los consumidores de noticias o la población anegada por esta guerra, para ellos la palabra es: inevitable. Cuántos reporteros y fotógrafos caen o huyen por dicha inevitabilidad, ante el peligro de informar y el riesgo de no hacerlo.

En un mar de desecho sensacionalista y verdades a medias, se publica buena información, crónica y ficción. Lástima que el tema sea tan pinche (y bien mirado, tan limitado) y que nos confronte con la vergüenza nacional con que serán recordados los años que la ultraderecha gobernó México. ¿Si no los propios empresarios turísticos se quejan de que la marca México no vende y aconsejan omitirla, y que los productos Los Cabos, Cancún, Holbox o Huatulco queden como islas en el espacio sideral?

El registro de la nueva realidad brutal en nuestra vida cotidiana ha sido escaso. Un libro altamente recomendable que llena este vacío es Malayerba, de Javier Valdez Cárdenas (Editorial Jus, México, 2010). Mediante una desenfadada y generosa galería de retratos hablados, el también corresponsal de La Jornada en Sinaloa expone cómo se vive la cultura narco en dos de sus cunas: Culiacán y la sierra sinaloense. Carlos Monsiváis escribe en el prólogo (debe ser uno de sus últimos textos) que Malayerba contribuye con destreza narrativa y visión panorámica a la comprensión de los cambios negativos en México.

Ante este colorido mural de niños, mujeres, policías, cuidacoches, estudiantes, cobradores, personas y personajes bajo la ley del plomo y la saña, Monsi sentencia: La normalidad de las costumbres de la violencia es el arrinconamiento de la ética, y Élmer Mendoza y Javier Valdez han sido los primeros en marcar cómo el narcotráfico pasó de ser un fenómeno externo a una vivencia interna, así quienes la padecen no tengan nada que ver.

Otro libro de Valdez, Miss Narco (Aguilar, México, 2009), historias reales de mujeres en el narcotráfico mexicano, compuesto con urgencia periodística, abunda en esa cotidianidad, aunque sin la atención detenida y la economía prosística de Malayerba, volumen que captura con naturalidad el habla y la cartografía culichi y, desde ahí, el abismo que acecha en los jales peligrosos, la avidez febril de poder instantáneo y sin remordimientos. La fragilidad de la sobrevivencia. El cinismo de la sobrevivencia.

Valdez exhibe los modelos imperantes de conducta adulta para los niños y niñas, los nuevos códigos sociales más allá del tópico y la interpretación oportunista o interesada. Confronta la burda alegría del exceso prepotente, la crueldad gratuita, la triste realidad del miedo y la derrota. Hoy cientos de familias huyen de las ciudades Juárez, Camargo, Mier, Matamoros y Reynosa, donde la sangre ya no tiene nombre y las cifras se quedan cortas. Una cosa es que México nos duela y otra que no debamos verlo así como es, para cambiarlo.