José Antonio Crespo
Quizá como nunca antes, se ha considerado que los comicios estatales en estos dos años (2010 y 2011) son preludio, laboratorio y tablero de los comicios presidenciales de 2012. Quizá estemos exagerando la nota, pero hay varias razones para poner atención en tales procesos. El puntero es gobernador de la entidad más grande, y la elección ahí este año podría afectar sus aspiraciones. También, desde el año pasado se ha venido ensayando la figura de la alianza PAN–PRD como una opción para enfrentar al PRI en la elección presidencial. En esa medida, el triunfo de Ángel Aguirre en Guerrero afianza la posición de los aliancistas dentro del PRD. Pero si los comicios estatales son preludio de los presidenciales, entonces hay motivo justificado de alarma cuando se constata que la regla que partidos y candidatos han adoptado frente a las urnas es ganar a como dé lugar, es decir, “haiga sido como haiga sido” (fórmula que sintetiza la antidemocracia electoral). Su razonamiento seguramente fue que, si dicha práctica fue exitosa y gozó de absoluta impunidad en 2006, pues en adelante así puede y debe disputarse el poder. Las autoridades electorales contribuyeron en su momento a afianzar esa línea, por lo cual ahora no pueden evitar que los partidos (sin excepción) caminen por la misma ruta.
El proceso electoral de Guerrero estuvo plagado de oportunismo, polarización y lodo. El PRD adoptó un candidato que en esencia representa lo mismo que el abanderado priísta, y por ello no importó olvidar su afrentoso pasado. Y se vale que el candidato del PAN hubiere descalificado a sus rivales como parte del mismo viejo priísta, para después declinar a favor de uno de ellos. La evidente presencia del gobierno capitalino en el proceso y la presunta injerencia del gobierno federal a favor del abanderado aliancista llevan al PRI a pedir la anulación, pese a lo holgado del resultado (cerca de 15 puntos). Será difícil que consiga su objetivo, pues sólo procede ante un resultado sumamente estrecho entre los punteros. Hubo también probables delitos electorales en el proceso, los cuales, según el artículo 407 del Código Penal, ameritarían cárcel sin derecho a fianza, tales como las despensas del DIF del gobierno mexiquense o la promesa de la senadora perredista por Zacatecas, Claudia Corichi, de proporcionar “libros, dulces y locos” en ayuda de Aguirre. Y podría también ser delictiva la presencia de funcionarios y delegados capitalinos operando (y no sólo apoyando) en Guerrero, según documento del gobierno defeño (que fue divulgado). El PRI ha demandado a Corichi frente a la FEPADE, institución que hasta ahora no ha servido absolutamente de nada. En consecuencia, tendría que aceptar también la responsabilidad de Peña Nieto. Pero si las penas a delitos electorales son elevadas, por lo mismo son políticamente inaplicables. ¿O podríamos imaginar en la cárcel a Peña Nieto, Ebrard o Corichi? La clase política hace las leyes, acto seguido las burla, y después determina su propia impunidad. Los ciudadanos de a pie sólo somos testigos de sus jugarretas, cuando no tontos útiles (mediante nuestro voto, que legitima las trapacerías de los gobernantes, sin poder exigirles cuentas eficazmente).
Si consideramos a los comicios locales como parte del tablero de 2012, es sobre todo por el uso de recursos públicos y el voto corporativo que los gobernadores suelen utilizar a favor de sus partidos. Se da por sentado que así sea, sin importar que ello contravenga abiertamente la democracia electoral. Cuando Elba Esther Gordillo pedía a varios gobernadores su voto para Felipe Calderón en 2006, evidentemente no se refería a su voto personal, sino corporativo. En las elecciones federales de 2009 hubo estados que incrementaron su porcentaje de votación significativamente respecto de los comparables previos, de 2003. En tal caso estuvieron Colima, Nayarit, Hidalgo, Yucatán, Veracruz y, desde luego, el Estado de México, donde la votación creció en 14%, en tanto que en Coahuila lo hizo en 16%. ¿Qué explica tan inverosímil fenómeno? El voto corporativo y el aparato electoral aceitado con recursos públicos. De ahí que el juego actual consista en ganar cuantas entidades sea posible antes de la gran elección.
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
Quizá como nunca antes, se ha considerado que los comicios estatales en estos dos años (2010 y 2011) son preludio, laboratorio y tablero de los comicios presidenciales de 2012. Quizá estemos exagerando la nota, pero hay varias razones para poner atención en tales procesos. El puntero es gobernador de la entidad más grande, y la elección ahí este año podría afectar sus aspiraciones. También, desde el año pasado se ha venido ensayando la figura de la alianza PAN–PRD como una opción para enfrentar al PRI en la elección presidencial. En esa medida, el triunfo de Ángel Aguirre en Guerrero afianza la posición de los aliancistas dentro del PRD. Pero si los comicios estatales son preludio de los presidenciales, entonces hay motivo justificado de alarma cuando se constata que la regla que partidos y candidatos han adoptado frente a las urnas es ganar a como dé lugar, es decir, “haiga sido como haiga sido” (fórmula que sintetiza la antidemocracia electoral). Su razonamiento seguramente fue que, si dicha práctica fue exitosa y gozó de absoluta impunidad en 2006, pues en adelante así puede y debe disputarse el poder. Las autoridades electorales contribuyeron en su momento a afianzar esa línea, por lo cual ahora no pueden evitar que los partidos (sin excepción) caminen por la misma ruta.
El proceso electoral de Guerrero estuvo plagado de oportunismo, polarización y lodo. El PRD adoptó un candidato que en esencia representa lo mismo que el abanderado priísta, y por ello no importó olvidar su afrentoso pasado. Y se vale que el candidato del PAN hubiere descalificado a sus rivales como parte del mismo viejo priísta, para después declinar a favor de uno de ellos. La evidente presencia del gobierno capitalino en el proceso y la presunta injerencia del gobierno federal a favor del abanderado aliancista llevan al PRI a pedir la anulación, pese a lo holgado del resultado (cerca de 15 puntos). Será difícil que consiga su objetivo, pues sólo procede ante un resultado sumamente estrecho entre los punteros. Hubo también probables delitos electorales en el proceso, los cuales, según el artículo 407 del Código Penal, ameritarían cárcel sin derecho a fianza, tales como las despensas del DIF del gobierno mexiquense o la promesa de la senadora perredista por Zacatecas, Claudia Corichi, de proporcionar “libros, dulces y locos” en ayuda de Aguirre. Y podría también ser delictiva la presencia de funcionarios y delegados capitalinos operando (y no sólo apoyando) en Guerrero, según documento del gobierno defeño (que fue divulgado). El PRI ha demandado a Corichi frente a la FEPADE, institución que hasta ahora no ha servido absolutamente de nada. En consecuencia, tendría que aceptar también la responsabilidad de Peña Nieto. Pero si las penas a delitos electorales son elevadas, por lo mismo son políticamente inaplicables. ¿O podríamos imaginar en la cárcel a Peña Nieto, Ebrard o Corichi? La clase política hace las leyes, acto seguido las burla, y después determina su propia impunidad. Los ciudadanos de a pie sólo somos testigos de sus jugarretas, cuando no tontos útiles (mediante nuestro voto, que legitima las trapacerías de los gobernantes, sin poder exigirles cuentas eficazmente).
Si consideramos a los comicios locales como parte del tablero de 2012, es sobre todo por el uso de recursos públicos y el voto corporativo que los gobernadores suelen utilizar a favor de sus partidos. Se da por sentado que así sea, sin importar que ello contravenga abiertamente la democracia electoral. Cuando Elba Esther Gordillo pedía a varios gobernadores su voto para Felipe Calderón en 2006, evidentemente no se refería a su voto personal, sino corporativo. En las elecciones federales de 2009 hubo estados que incrementaron su porcentaje de votación significativamente respecto de los comparables previos, de 2003. En tal caso estuvieron Colima, Nayarit, Hidalgo, Yucatán, Veracruz y, desde luego, el Estado de México, donde la votación creció en 14%, en tanto que en Coahuila lo hizo en 16%. ¿Qué explica tan inverosímil fenómeno? El voto corporativo y el aparato electoral aceitado con recursos públicos. De ahí que el juego actual consista en ganar cuantas entidades sea posible antes de la gran elección.
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
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