Editorial EL UNIVERSAL
La esclavitud existe en México y en muchas otras partes del mundo. Es ilegal, pero existe. La ejercen traficantes de personas a lo largo de varios continentes, en especial en zonas turísticas y fronterizas. Es la fuente de ingresos más importante para las mafias después del trasiego de droga. La diferencia en este caso es que el producto a la venta no es un objeto inanimado, sino una persona. Por eso es más grave.
Hoy, este diario publica cómo desde Yucatán hasta Mexicali, de Costa Rica a Tijuana, los traficantes de personas roban niñas, niños y jóvenes para utilizarlos como esclavos laborales o sexuales. Para dimensionar el problema basta con citar un dato: hay 5 mil células de trata de humanos tan sólo en Mexicali, Tijuana y Tecate. “Cada una es independiente y se venden servicios unos a otros”, explica la investigadora Marisa Ugarte. “Esto nos revela qué tan organizados están y también por qué no se pelean entre sí. Cada quien tiene un lugar, un movimiento, un transporte, un aseguramiento, un manejo de documentación falsa. Todo lo que haga falta”.
Pero la diversidad de células y el bajo perfil con el que se desenvuelven no las hace menos peligrosas. En la investigación se da cuenta de que son muy pocas las denuncias y menos los casos de actuación de las autoridades. El miedo y la corrupción mantienen a este negocio multimillonario intocado.
Están involucrados, dice Ugarte, empresarios, políticos, policías y criminales tanto de México como de Estados Unidos.
La añeja falta de atención e interés, y negligencia, de las autoridades de todos los niveles sobre este tema se refleja en un dato: hasta hace tres meses la trata de personas no era considerado un delito grave por nuestra Constitución. El Congreso de la Unión ya avaló una reforma al artículo 73 para que esto cambie y se obligue a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal a legislar en la materia. Sin embargo, todavía hace falta llevar esa nueva legislación a la práctica.
El número de órdenes de aprehensión y cateos para enfrentar la trata es insignificante: en 2009 sólo se abrieron dos procesos penales por este concepto, de acuerdo con la PGR. En agosto la dependencia tenía en curso 32 procesos relacionados con ese ilícito. Un avance que representa golpes parciales ante un monstruo de miles de cabezas.
Es hora de ir más allá. Aun si la lucha contra la explotación de personas se equiparara algún día —en intensidad y compromiso— con el combate al narcotráfico, es probable que no abata el flagelo. La razón: el consumo. Los gobiernos de México y el resto del mundo le deben a sus ciudadanos una estrategia en ese sentido.
Hoy, este diario publica cómo desde Yucatán hasta Mexicali, de Costa Rica a Tijuana, los traficantes de personas roban niñas, niños y jóvenes para utilizarlos como esclavos laborales o sexuales. Para dimensionar el problema basta con citar un dato: hay 5 mil células de trata de humanos tan sólo en Mexicali, Tijuana y Tecate. “Cada una es independiente y se venden servicios unos a otros”, explica la investigadora Marisa Ugarte. “Esto nos revela qué tan organizados están y también por qué no se pelean entre sí. Cada quien tiene un lugar, un movimiento, un transporte, un aseguramiento, un manejo de documentación falsa. Todo lo que haga falta”.
Pero la diversidad de células y el bajo perfil con el que se desenvuelven no las hace menos peligrosas. En la investigación se da cuenta de que son muy pocas las denuncias y menos los casos de actuación de las autoridades. El miedo y la corrupción mantienen a este negocio multimillonario intocado.
Están involucrados, dice Ugarte, empresarios, políticos, policías y criminales tanto de México como de Estados Unidos.
La añeja falta de atención e interés, y negligencia, de las autoridades de todos los niveles sobre este tema se refleja en un dato: hasta hace tres meses la trata de personas no era considerado un delito grave por nuestra Constitución. El Congreso de la Unión ya avaló una reforma al artículo 73 para que esto cambie y se obligue a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal a legislar en la materia. Sin embargo, todavía hace falta llevar esa nueva legislación a la práctica.
El número de órdenes de aprehensión y cateos para enfrentar la trata es insignificante: en 2009 sólo se abrieron dos procesos penales por este concepto, de acuerdo con la PGR. En agosto la dependencia tenía en curso 32 procesos relacionados con ese ilícito. Un avance que representa golpes parciales ante un monstruo de miles de cabezas.
Es hora de ir más allá. Aun si la lucha contra la explotación de personas se equiparara algún día —en intensidad y compromiso— con el combate al narcotráfico, es probable que no abata el flagelo. La razón: el consumo. Los gobiernos de México y el resto del mundo le deben a sus ciudadanos una estrategia en ese sentido.
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