9/07/2011

Pobreza de tiempo

La desigualdad de género en el uso del tiempo. Foto: Benjamín Flores
La desigualdad de género en el uso del tiempo.
Foto: Benjamín Flores

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con el objetivo de difundir e intercambiar información e investigación de punta sobre uso del tiempo y economía del cuidado, ONU Mujeres, la Cepal, el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres realizaron la semana pasada la reunión de trabajo “Políticas públicas, uso del tiempo y economía del cuidado. La importancia de las estadísticas nacionales”. A lo largo de dos días, expertos de varios países de América Latina expusieron los resultados de encuestas que exploran el uso del tiempo dentro de las familias, así como de investigaciones sobre aspectos básicos de la economía del cuidado.

La reunión inició con el INEGI dando el notición de que en nuestro país el trabajo no remunerado equivale al 22% del PIB. Este dato es parte de los resultados de la “cuenta satélite de trabajo no remunerado en México”, y el INEGI dio una explicación cuidadosa de la metodología que se usó para llegar a él. México es el primer país de América Latina en realizar esta contabilidad que, por cierto, era un compromiso que se venía arrastrando desde los acuerdos de la Conferencia de Beijing (1995).

Tal vez lo que más me impactó fue la información sobre la “pobreza de tiempo”. El tiempo es un indicador de bienestar, y este concepto que habla de su carencia marca la brecha de desigualdad en el uso del tiempo entre mujeres y hombres. Según el Inmujeres federal, en México el 41% de las mujeres tiene “pobreza de tiempo”. ¿Qué significa esto? Que las mujeres, en una proporción muchísimo mayor que los hombres, se dedican a las tareas del hogar y del cuidado de los seres vulnerables: niños, enfermos, discapacitados y ancianos, con una merma sustantiva del tiempo que podrían dedicar a sí mismas, al descanso, el ocio o la formación.

Desde siempre las mujeres se han hecho cargo de los cuidados, y ahora que han entrado masivamente a trabajos remunerados y actividades políticas, se ha creado un conflicto con los hombres por la distribución de responsabilidades en el hogar. No obstante los decisivos cambios que las mujeres han introducido con su ingreso al ámbito público, no ha habido un movimiento a la inversa, de participación masculina en el suministro de cuidados a niños, enfermos y ancianos en el ámbito privado. Se sigue pensando que lo “natural” es que las mujeres se hagan cargo de esta tarea, y muchas lo siguen haciendo en dobles y triples jornadas de trabajo.

Incluso, en parejas donde los hombres se hacen cargo también de los hijos, la repartición de tareas no es equitativa para nada. En la labor de criar hijos hay un cuidado activo y uno pasivo, y a veces el cuidado es una actividad primaria y en otras es secundaria. Para las madres la crianza es una actividad primaria, y éstas hacen más actividades dobles, más trabajo físico, con un horario más rígido y una responsabilidad mayor que la que tienen los padres. El cuidado de los padres se da dentro de una disponibilidad de tiempo menor, y casi siempre es una actividad secundaria, que no aligera a las madres de sus tareas de cuidado principal. Por eso las madres dedican muchísimo más tiempo al cuidado infantil, y de una manera que las limita para desempeñar otras funciones.

Aunque el cuidado infantil es una parte sustantiva de la economía del cuidado, no es la única. Todos los seres humanos necesitamos que nos cuiden desde que nacemos hasta la adolescencia, pero también cuando enfermamos y cuando entramos a la vejez. Por economía del cuidado se alude al conjunto de actividades, bienes y servicios (mercantiles y no mercantiles) que se utilizan para cuidar a los distintos integrantes de la familia. La definición de cuidado como “el servicio que mejora las capacidades humanas de quienes reciben cuidados” muestra tanto la complejidad que implica como la inmensa brecha que se registra en la situación actual. Hay un desequilibrio entre las necesidades de todo tipo de cuidados y lo que se hace. El hogar suele ser el espacio de cuidado por excelencia, y aunque existen servicios externos como las guarderías (que según el nivel socio-económico que se tenga pueden ser buenas o malas), no hay “guarderías” para ancianos.

En nuestro país, el hecho de que los hombres no se responsabilicen de este tipo de trabajo implica la dependencia económica de madres y esposas o la doble jornada de trabajo de las que sí lo hacen. Por eso el trabajo de cuidado es un poderoso componente de la “pobreza de tiempo”. La distribución de las responsabilidades relacionadas con el cuidado es, en sí misma, una cuestión de justicia, y el cuidado de los hijos, los enfermos y los viejos tiene un valor que trasciende a la familia privada y beneficia a la sociedad. De ahí la importancia de visibilizar el trabajo no remunerado que ahí hacen casi en su totalidad mujeres. El INEGI nos acaba de mostrar la contribución económica del trabajo “invisible” pero indispensable.

Alentar a los hombres a compartir equitativamente las tareas del cuidado implica cuestionar el mandato cultural de la masculinidad. Establecer licencias amplias de paternidad es una vía para abrir nuevos rubros de responsabilidad. Si en otros países las políticas públicas han logrado transformar los hábitos masculinos en relación con el cuidado, ¿lo harán también en México?

Los Informes y el Neonarcisismo de los Gobernantes

Escrito por

El exsecretario de Desarrollo Social, Martí Batres (izq) y el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Foto: Cuartoscuro/Archivo. Fuente: http://mexico.cnn.com/

Suspendimos la ceremonia del “día del presidente” cada 1 de septiembre, cuando la Ciudad de México se paralizaba, el Congreso demostraba su subordinación al titular del Ejecutivo y algunos ciudadanos estaban pendientes por si se anunciaba una devaluación, se nacionalizaba o privatizaba la banca, o alguien le gritaba “¡mentiroso!” al primer mandatario y los chiflidos de ese gran teatro de carpa política se transformaba en algún anecdotario.

Ahora los informes presidenciales son insulsos, incluso, prescindibles, como lo dio a entender el propio Felipe Calderón el pasado viernes 2 de septiembre cuando repitió por enésima vez su mismo discurso justificatorio de “no hay más ruta que la violencia” en el Museo Nacional de Antropología. Ese evento no le importó a nadie. Sólo a Martí Batres que se ofendió por el saludo entre Marcelo Ebrard y Calderón y que le costó ya el cargo en la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Secuelas inesperadas de viejos rituales desgastados.

Sin embargo, muerto el “día del presidente” han proliferado los “informes ciudadanos” de los gobernadores, de los coordinadores parlamentarios, de los senadores, de los alcaldes con ganas de trascender su provincianismo. Felices los productores de espectáculos, se ha creado una especie de OCESA para el narcisismo de los políticos: música, videos, auditorios, decorados, encuestas, spots y hasta teleseries.

Desde Enrique Peña Nieto que en su VI Informe de Gobierno demostró por qué es el “presidente virtual” de la República del Copete que se anticipa al 2012, hasta la gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco que se disfraza de jaranera para despilfarrar el erario público en Dzibichaltún, o el perredista Carlos Navarrete que se autorganiza celebraciones con confeti e iluminación de pasarela de los Arieles en Polifórum Siqueiros.

Nadie se escapa a esta nueva fase superior de la decadencia del sistema que es el neonarcisismo telegénico de los políticos. Algunos como Manlio Fabio Beltrones presumen modernidad informando a través de redes sociales y gastando en espectaculares en el Metro o planas en los periódicos que él sí será austero. Otros confunden los actos republicanos con eventos de la revista Quién o Caras.

“¿Ya viste que sí asistió Elba Esther Gordillo con un nuevo modelito extraído de las cuotas sindicales?”, “¡Qué bien se le ve a Diego Fernández de Cevallos departiendo entre peñistas y calderonistas!”, “¿Vieron cómo cuchicheaban Humberto Moreira y Francisco Rojas?”, “Juan Gabriel, el más popular entre Carlos Salinas de Gortari y Kukulcán”, “la nueva novia de Marcelo Ebrard acapara la atención”, etc, etc..

La hoguera de las vanidades no respeta ni inundaciones en Cuautitlán, ni tragedias en el Casino Royale, ni persecusiones twitteras en Veracruz, ni porrismo inducido en pleno Paseo de Montejo. Como en el fin de régimen porfirista el boato de los poderosos, de los gobernadores transformados en faraones, de los legisladores que utilizan sus licencias y permisos como actos anticipados de campaña contrasta con la furia ciudadana, la indiferencia hacia los políticos o el morbo por el vestuario de La Gaviota y no por las mentiras de Peña Nieto.

El neonarcisismo de los políticos no tiene límite. Y los mercadólogos, productores de Televisa o de compañías patito están de Jauja. Mientras les dure el gusto de exprimir la vanidad a costa del presupuesto, los informes se convierten en la deformación más grave de una República que no existe.

Exige Senador Retirar Cargos contra Twitteros de Veracruz

Escrito por

Francisco Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Foto: Senado de la República.

El senador Francisco Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología exigió al gobierno de Veracruz retirar los cargos contra Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, acusados de “terrorismo y sabotaje” luego de enviar mensajes en Twitter que resultaron rumores sobre falsos atentados en escuelas de la entidad.

El legislador perredista consideró que la acusación contra estos twitteros es un “claro precedente del autoritarismo más oscuro” y lamentó que tanto los gobiernos como los congresos de Veracruz, Tabasco y Nayarit hayan aprobado leyes anti-redes sociales e internet porque “han satanizado el uso de esta importante herramienta de comunicación y acceso al conocimiento”.

“Les debe quedar claro que no se debe controlar lo que circula en la red ya que con esto se cortaría los más elementales principios de libertad de expresión”, advirtió Castellón Fonseca.

El senador advirtió que esta medida que se expande a otros Congresos locales se debe al temor de los gobernantes ante el crecimiento de la violencia, “por lo que no se les ocurre otra cosa más que hacer leyes restrictivas y que la información no se salga de control en las redes sociales”.

Castellón Fonseca reflexionó que “este caso sería un mal precedente. Acusar a un periodista que difundió un rumor que a ella o a él le dijeron es realmente algo no sólo desproporcionado sino un precedente para sentar en nuestro país las raíces del más oscuro autoritarismo del que tengamos noticia”.

El legislador anunció que en la próxima sesión del Senado presentará un punto de acuerdo para frenar la “ola de leyes anti-redes sociales”. “Es importante actuar en contra de este precedente que es un ejemplo nefasto para la democracia del país, para la libertad de expresión y para el uso libre de las redes sociales”.

Queso, mentiras y video

El futuro del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, está en juego luego de descubrirse los cobros que realizaba su hermano Jonás dentro de varios casinos de la ciudad. Se prevé un encontronazo entre las distintas fuerzas panistas del estado.

  • Milenio semanal

Foto: Carlos Rangel

Las horas del 30 de agosto avanzaron lentas para Fernando Larrazabal Bretón. Al alcalde de Monterrey le reventó en la cara el escándalo generado por su “hermano incómodo”, Manuel Jonás, el mayor de la familia, cuando éste apareció en videos recibiendo dinero en efectivo de varios responsables de casinos de la capital de Nuevo León.

Los videos de los pagos se filtraron a seis días de que un comando armado de Los Zetas incendiara el Casino Royale buscando forzar a los dueños a pagarles protección, matando a 52 personas en la peor tragedia relacionada con el crimen organizado en Nuevo León y arrojando sospechas sobra la posible vinculación de la administración de Larrazabal con el hecho.

La sacudida política por las implicaciones de corrupción inició a las 7:15 horas, con el primer intento de deslinde del edil cuando éste arribó a presumir la reapertura de la céntrica calle Colegio Civil, cerrada por 28 años al instalarse allí vendedores informales que hicieron de la zona una especie de Tepito regiomontano, con todo y sus lazos con la delincuencia organizada. La ironía era obvia: Larry, como se le apoda al munícipe, iba a presumir la conclusión de un golpe contra la ilegalidad y fue allí donde tuvo que afrontar los primeros cuestionamientos. “La ciudad de Monterrey eligió a Fernando Larrazabal; de los actos de mi hermano no me puedo yo hacer responsable. Yo voy a pedir a la Procuraduría que sea quien investigue, y si él tiene una responsabilidad, que sea llevado a la justicia como cualquier persona”, dijo a los reporteros que lo rodearon durante el acontecimiento.

Al mediodía leyó un comunicado desde la Sala de Cabildo, pero no fue sino hasta pasadas las 19 horas, 12 horas después de su primera aparición pública, cuando se plantó ante las cámaras de televisión para hacer enlaces en vivo para finalmente no aclarar nada. Repitió la dosis de pantalla chica la mañana del primero de septiembre, cuando en Las noticias de Televisa Monterrey aceptó que su hermano recibía pagos de los casinos, pero que él lo ignoraba, que no eran para él.

Muy poco después comenzaron las exigencias de que dejara el cargo por parte de panistas, priistas y hasta de organismos intermedios ligados al Partido Acción Nacional (PAN). Larry las rechazó todas. Pero el caso se ha convertido ya en una crisis para su administración al girar la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) una orden de presentación en contra de Manuel Jonás Larrazabal, y al ser abierta una demanda de juicio político para destituir al propio alcalde por parte de Fernando Canales Stelzer, ex secretario del ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García.

EL MEDIO ES EL MENSAJE

Los hechos retratados en uno de los videos ocurrieron el 19 de agosto (http://youtu.be/XPs4pX9ZIpE), y muestran a Jonás dentro de un casino —sin identificar por el diario que publicó la nota, pero el cual, confirmó Larry, es el Casino Red, vecino del Royale—, caminando y tomando agua hasta llegar sentarse a una mesa de juego donde no hay tallador, para luego comenzar a conversar con un empleado que después se retira. Pronto llega otra persona que de una caja de Nextel saca un fajo de billetes y los extiende en la mesa. El hermano del alcalde los cuenta y vuelve a meterlos a la caja para despedirse.

En otro video se muestra la irrupción, el 25 de mayo, de un comando de al menos 30 sujetos armados que destrozan las instalaciones de otro casino no identificado, pero se alude a que es el mismo donde el 30 de mayo Jonás recibió dinero. La agresión se repitió en otros tres casinos. “Métanse al aro”, fue el mensaje de los sicarios. También se mostraron otras grabaciones fechadas los días 30 de mayo y 20 junio, donde Jonás recibe más dinero de la misma manera mientras está sentado en mesas vacías de juego de cartas.

Fuentes consultadas cercanas al alcalde afirman que Jonás es una debilidad para su hermano, y que en el palacio municipal ya se esperaba un golpe en ese sentido. Jonás Larrazabal residió hasta hace varios años en Oaxaca, de donde se dice salió por problemas al tratar de involucrar en sus negocios a su otro hermano, Jaime Arturo, quien es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tuvo un cargo menor en el gobierno de Ulises Ruiz.

Personal de la Auditoría Fiscal Federal decomisan máquinas de juego de  casinos en Monterrey, el 27 de agosto de este año.
Personal de la Auditoría Fiscal Federal decomisan máquinas de juego de casinos en Monterrey, el 27 de agosto de este año. Foto: EFE
EL QUESOGATE

Las escaleras del Palacio de Justicia, localizado junto al Penal del Topo Chico, se convirtieron en un set de televisión para Jesús Martínez García, el abogado de Jonás, tras presentar una denuncia de hechos porque la nota que publicó El Norte infama a su cliente. Allí, el abogado trató de explicar el por qué el hermano del alcalde recibió dinero en efectivo mientras estaba sentado en una mesa de blackjack del Casino Red. Según su versión, ese dinero fue por el pago de venta de quesos de Oaxaca y otros productos típicos del estado del cual son originarios los Larrazabal, y que además correspondían al pago en efectivo de los premios que gana porque en efecto aceptó ser adepto (sic) al juego, expresó Martínez García. El litigante dijo que su cliente quería dar la rueda de prensa, como lo sugirió Larry durante sus apariciones públicas tras estallar el escándalo, pero que él le recomendó no hacerlo.

Al día siguiente el presidente municipal calificó de desafortunada la explicación durante una entrevista en un canal de televisión local, a donde acudió para reiterar su deslinde por los pagos de casinos que recibió su hermano. El quesogate, desde el mediodía del 30 de agosto, se convirtió así en imparable.

Los pronunciamientos del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, echaron más leña al fuego. Casi a la misma hora en que Larry tuvo su primer encuentro con los medios, el gobernador relacionaba el incidente de Jonás con la tragedia del Casino Royale: “Sin duda que las imágenes demuestran en primera instancia la complicidad y corrupción, más ahora donde tenemos un trágico acontecimiento en donde perdieron la vida 52 personas, y me parece que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto que se puede iniciar una averiguación e investigarla; en estos momentos no podemos escatimar ningún esfuerzo, y en este caso en particular tenemos que investigar caiga quien caiga. Creo que las investigaciones y las indagatorias nos deberán llevar a que esto se amplíe, seguramente saldrá más información; creo que es algo que apenas inicia, pero creo que esa es una respuesta que tendrá que dar el presidente municipal”.

Agregó que el atentado tiene dos líneas de investigación, una de ellas contra los criminales y la otra contra autoridades, y es ahí donde podría integrarse el caso de Larrazabal.

PANISTAS AL GRITO DE GUERRA

A 10 meses de las elecciones de ayuntamientos y del Congreso local de 2012, proceso que en Nuevo León es concurrente con el federal, Larry se enfrenta a su peor crisis luego de año y medio de gestión y de una reciente campaña de combate a los giros negros que incluyó el cierre de bares y de table dance en la calle Villagrán, como consecuencia de la masacre de 21 personas en el bar Sabino Gordo, así como los cierres de casinos que se multiplicaron tras el atentado incendiario en el Royale.

El encontronazo entre los dos bandos panistas en Nuevo León no se hizo esperar: la vieja cúpula que integran el ex gobernador Fernando Canales y José Luis Coindreu, quien fue su primer secretario General de Gobierno, y la hermana de Mauricio Fernández Garza, Alejandra, entre otros, contra la neocúpula, que tiene tres grandes liderazgos: Larrazabal, Raúl Gracia Guzmán, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, y Zeferino Salgado Almaguer, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La vieja cúpula y los panistas tradicionales, declarados enemigos políticos del alcalde regiomontano, arremetieron contra él.

Fernando Canales Clariond y su hijo Canales Stelzer figuraron entre los primeron en exigir explicaciones a Larry. “Fernando Larrazabal debe dar facilidades desde ahora, de inmediato (...) para que se esclarezcan estos hechos”, expresó Canales padre. Su hijo, quien acusó al edil regiomontano de que su campaña por la alcaldía la financiaron los dueños de casinos, presentó una solicitud de juicio político en su contra para que sea destituido, además de exigirle su renuncia. “Es muy extraño para la ciudadanía creer que no hay nada relacionado con un hermano de un presidente municipal recibiendo en un casino esos fajos de billetes, y que después argumente que estaba vendiendo quesos; eso hiere a la ciudadanía, ¿y ésta qué hace? Uno pierde la confianza en sus autoridades y es el clima propicio para que la violencia continúe”, aseguró.

Canales Stelzer recordó que el 11 de marzo la Marina detuvo a Rogelio González Heredia, director de Inspección y Vigilancia de Monterrey y responsable de controlar los negocios de alcohol, ligándolo con Los Zetas, y que horas después del atentado al Royale el jefe de la policía municipal fue llevado a interrogatorio por las Fuerzas Armadas.

Los casinos y sus dueños han tenido viejas ligas con alcaldes del PAN; antes del affaire actual, otro panista, el mismo Zeferino Salgado Almaguer, del grupo de Larrazabal, se vio involucrado en un escándalo cuando fue alcalde de San Nicolás, durante el trienio 2006-2009, al recibir un helicóptero donado por Juan José Rojas Cardona, operador de casinos en el estado. Esto no le costó el cargo a Salgado Almaguer, pero sí exhibió el primer nexo de los gobiernos panistas locales con las casas de apuestas.

Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey.
Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey. Foto: Jorge López

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro, afirma que los señalamientos de corrupción de hermanos o familiares dañan a los funcionarios públicos y los partidos a los que pertenecen. “Siempre en la historia ‘los familiares incómodos’, como les han puesto al de Salinas y al del otro y al que sea, pues si hay una participación del hermano de Fernando, o esté quien esté involucrado, pues claro que no le ayuda”, aseguró Fernández Garza tras conocer las revelaciones. Al día siguiente fue más allá y le pidió al edil considerar su renuncia: “El propio Larrazabal tendrá que hacer una evaluación; sin duda es un perjuicio al partido, y habrá que ir valuando hasta qué punto el mismo partido también considerará cómo solicitárselo. Será la dirigente estatal y el consejo del partido quien lo vea”, aseveró.

Agregó que si Larrazabal Bretón en realidad quiere combatir los casinos, debe prohibir el giro en sus reglamentos municipales. “Pues qué quieres, que no quieres casino, pues sí; pero ahorita, hasta lo que yo sé, no sé si ya lo modificaron hasta hace poco, en el municipio de Monterrey está autorizado el giro, en el caso de San Pedro, no”, aseveró el munícipe, quien logró cerrar las dos casas de apuestas que operaban en su municipio e impulsó la remoción de un juez federal que las amparaba contra acciones del Ayuntamiento.

Luego de condenar a Larrazabal, en la neocúpula del PAN buscaron dilucidar de dónde habría surgido este escándalo que sacudió al “Palacio de cristal”, como se nombra a la sede del Ayuntamiento de Monterrey. La presidente estatal del PAN, Sandra Pámanes Ortiz, pidió una investigación, y dijo que no solaparían la corrupción, pero no se desligó del todo de Larrazabal, favorito del ex presidente Vicente Fox, quien le encomendó la construcción de la Biblioteca Vasconcelos, ganándose acusaciones de malversación de fondos por el sobreprecio y el marcado retraso en la obra; y favorito también del presidente Calderón, quien le habría encomendado a Larry la campaña de Ernesto Cordero en Nuevo León. Pámanes señaló: “Solicitamos a nuestro alcalde Fernando Larrazabal que coadyuve con las autoridades correspondientes para se esclarezca de forma transparente y eficaz este tema”.

En el ámbito nacional se apresuraron a negar la filiación panista de Jonás, pese a que varios militantes aseguraron que está dado de alta en el padrón de San Nicolás de los Garza, el municipio que también gobernó su hermano. Las peticiones de albiazules ante el líder nacional, Gustavo Madero, para iniciar un procedimiento contra el edil regio no prosperaron, mientras que el grupo afín a Larry consiguió un pronunciamiento más suave que el presentado en el comité estatal. Lo que se da por un hecho en las conversaciones en pasillos y oficinas públicas es que, pase lo que pase y en contra de todos sus deseos, Fernando Larrazabal ya no podría ser el próximo candidato albiazul a la gubernatura.



Arraigan a Jonás

Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, permanecerá 30 días arraigado por los delitos de cohecho y delincuencia organizada. Declaró por más de cinco horas ante tres diferentes agencias del Ministerio Público en Monterrey.

Su abogado, Jesús Martínez García, dijo que ambas acusaciones carecen de fundamento, mientras que el alcalde Fernando Larrazabal pidió a la Procuraduría de Justicia del Estado que cite a Sergio Gil García, apoderado del Casino Red, para hablar de los supuestos pagos que se le hicieron a su hermano.

Antes de ser arraigado, Jonás reconoció que él es la persona que aparece en unos videos realizando cobros, y explicó que fue en tres ocasiones “a recibir el pago de producto de la venta de artículos regionales que yo comercializo aquí en la ciudad de Monterrey”.
(Redacción M semanal )


Cierran casinos en todo México por ilegalidades y falta de seguridad

En Monterrey, el Distrito Federal, Guadalajara, Mazatlán y Cancún fueron cerrados diversos casinos en operativos especiales realizados a raíz del atentado y las muertes en el Casino Royale de Monterrey, el pasado 25 de agosto. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el operativo en Monterrey y el Distrito Federal se inició el viernes 26 de agosto y culminó la tarde del sábado 27, y comprendió la revisión de 11 casinos, ocho en Monterrey y tres en el Distrito Federal.

En conferencia de prensa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, informó que “durante las acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de cinco mil máquinas de juego y apuestas, embargándose más de tres mil 500 que presentaron irregularidades en materia de comercio exterior”. Durante los operativos también resultaron detenidas tres personas que portaban armas de fuego. El funcionario agradeció la participación en los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a más de 700 elementos que participaron en las acciones.

En Guadalajara el ayuntamiento local clausuró temporalmente los casinos Capri, GDL, Rwin Lions y Gran Nevada. Desde hace varios meses los dos primeros no contaban con permiso para operar. Esto ha generado un escándalo ante posibles actos de corrupción con los que estarían relacionados el propio presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, y el regidor Eduardo Almaguer.

También en Mazatlán se realizó un operativo en el cual se detectaron fallas en el centro de apuestas denominado Midas, ya que no cuenta con puertas de emergencia ni extintores, informó Roberto Osuna Tirado, titular de esta área en Mazatlán. Por lo que toca a Cancún, pese a contar con un amparo judicial para operar, la Dirección de Protección Civil clausuró el casino Playboy de esa ciudad la noche del viernes 26 de agosto, ya que el establecimiento no contaba con extintores ni salidas de emergencia, entre otras anomalías. El director de Protección Civil, Félix Díaz, informó además que continúa la revisión de los casinos Juega-Juega, Caliente, Dubai Palace, Play City, Palace, Royal Yak y Play City.

En cuanto al Estado de México, se ha intensificado la vigilancia en las casas de juego pero no se han realizado clausuras. En un recorrido realizado por MILENIO se observó la presencia de varias patrullas y uniformados en las instalaciones y zonas de casinos, como El Caliente, ubicado en Plaza las Américas; el Play City, ubicado en la Plaza Pabellón Metepec; la casa de juego ubicada en la Plaza Galerías Metepec, el casino Winpot, en la Plaza Mía de Avenida Tecnológico, y en el casino denominado 777, situado en la plaza Sendero del municipio de Lerma.
(Redacción M Semanal)

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Abandona el PAN a Larrazabal; le pide su licencia

Fernando Larrazabal. Lo dejan solo. Foto: Archivo
Fernando Larrazabal. Lo dejan solo.
Foto: Archivo

MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó hoy del alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, y lo emplazó a solicitar licencia mientras se esclarece la presunta corrupción que involucra además a su hermano Jonás, pero también emplazó a hacer lo mismo al gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, para aclarar sus propias responsabilidades.

“El presidente del PAN, Gustavo Madero, dijo que estas acciones contribuirán a evitar que este tema tan delicado y sensible para la sociedad siga siendo objeto de manipulación y pugna entre fuerzas políticas. El respeto a los ciudadanos en general, y especialmente a las víctimas de este ataque criminal, ameritan que estos funcionarios actúen como lo solicita el PAN”, informó este partido en un comunicado nocturno.

En el comunicado, que se emitió poco antes de las 21 horas, no se menciona que Larrazabal aceptó solicitar licencia como alcalde por 30 días, como trascendió y pese a que la víspera y desde la tragedia en el Casino Royale, en cuyo incendio intencional murieron 52 personas, reiteró que seguiría en el cargo.

Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista emitió un segundo boletín para desmentir que Larrazabal haya aceptado separase del cargo de manera temporal.

En un hecho inusual, el documento establece también que el CEN “acordó deslindarse temporalmente de esta administración municipal mientras se desarrollan las indagaciones en torno a su hermano y el funcionario dependiente del alcalde”, refiriéndose al secretario de Desarrollo Humano y Social de Monterrey, Miguel Ángel García Domínguez, quien junto con Jonás Larrazabal negocia con el dueño de uno de los casinos.

Luego de que anoche el CEN del PAN acordó solicitar a Larrazabal que pida licencia al cargo y tras una reunión de éste con Madero, la tarde de hoy, ese partido informó de ese acuerdo, “luego del escándalo que ha implicado al hermano del alcalde, el señor Jonás Larrazábal, en supuestos actos de corrupción, lo que ha generado un ambiente de desconfianza e indignación por parte de la sociedad mexicana”.

El PAN también “le pide al gobernador del estado que solicite licencia para que se aclaren las eventuales responsabilidades de sus subordinados en acciones de posible corrupción e ineficiencia de los órganos de seguridad pública y protección civil de su administración”.

Expone: “En estricto sentido de justicia, exige también a Rodrigo Medina que presente una licencia al cargo de gobernador del estado, a fin de que su administración se someta a una investigación para establecer hasta qué punto funcionarios de su gobierno colaboran con el crimen organizado, sustentado en el evidente apoyo que policías estatales brindaron a los criminales que cometieron el incendio de las instalaciones del Casino Royale, según averiguación realizada por la PGR y que también está soportada en videos que fueron difundidos por los medios de comunicación”.

En el comunicado, el PAN asegura que el ayuntamiento de Monterrey había clausurado tanto el Casino Royale, que fue incendiado, y el Casino Red, que fue donde se filmaron los videos en los que aparecía el hermano del alcalde.
“Ambas clausuras por parte del ayuntamiento, aunadas a otras similares que forman parte del programa de combate a la informalidad y la ilegalidad, han sido revertidas por orden judicial de un mismo juez de lo contencioso administrativo”, aclara el PAN.

Enseguida detalla: “En medio de estos lamentables acontecimientos, se han difundido una larga serie de aseveraciones que posteriormente han sido rebatidas, entre las que destaca el hecho de que el señor Jonás Larrazabal no recibió 400 mil pesos en las escenas mostradas en un video, y de que no obtuvo pagos de tres diferentes casinos. Según afirma esta persona, recibió tres pagos de 5, 6 y 12 mil pesos (21 mil pesos en total) como pagos de venta de mercancías en un solo casino.”

Y puntualiza: “En cualquier caso, el Partido Acción Nacional demanda que la autoridad estatal esclarezca con prontitud estos hechos, ya sea para que se castiguen los delitos implicados o para que se restituya la confianza en las personas y dependencias involucradas.”

Madero sostuvo, según el comunicado del PAN, que los mexicanos merecen autoridades que se conduzcan con verdad, rectitud y probidad. “Sin hacer juicios a priori, y sosteniendo el principio de presunción de inocencia, las sospechas sobre eventuales actuaciones irregulares de funcionarios que pertenezcan a nuestro partido, es razón suficiente para exigir una investigación que conduzca a la verdad y la aplicación de la justicia.”

Y rubricó: “Finalmente, reiteró que los panistas no tolerarán ningún tipo de impunidad por razón de parentesco o afiliación política y seguirán trabajando por un país de leyes y rendición de cuentas.”


Reclama la CIDH investigar “de manera exhaustiva” crímenes de reporteras en Ciudad de México

Escrito por

Ana Marcela Yarce y Rocío González Trápaga. Foto: Contralínea. Fuente: http://www.guardian.co.uk/

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de las reporteras Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos fueron hallados el 1 de septiembre pasado y advirtió que es indispensable “investigar de manera exhaustiva” las hipótesis sobre el doble crimen y urgió a las autoridades a “esclarecer las circunstancias de las muertes, identificar y sancionar a los responsables y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas”.

La relatoría recuerda que Marcela Yarce era una de las fundadoras de la revista Contralínea, fundada en 2002, y que “se ha distinguido por un periodismo crítico acerca de los temas políticas y especialmente por formular importantes denuncias en materia de corrupción”.

“La revista y sus periodistas han sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento, como ataques armados, amenazas, robos de equipos e información y restricciones judiciales”, abundó.

En su comunicado de este 7 de septiembre, la relatoría de la CIDH recuerda que tan sólo en 2011 ya se registraron 8 asesinatos a periodistas en México: Noel López Olguín (8 de marzo en Veracruz); Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerca Meléndez (25 de marzo en Monterrey); Miguel Angel López Velasco (20 de junio en Veracruz); Yolanda Ordaz (26 de julio en Boca del Río, Veracruz); y Humberto Millán (25 de agosto en Culiacán, Sinaloa).

También se reporta como desaparecido el periodista Marco Antonio López Ortiz, de Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde el 7 de junio. Y reportó otros ataques a los medios como la muerte de la repartidora de periódicos Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez, y del ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

La relatoría advirtió que “el esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia contra la prensa en México”.

Confirman asesinato de investigadora



Las líneas de investigación descartan que se haya tratado de un secuestro o robo

Héctor Raúl González / Corresponsa

Cuernavaca, México (7 septiembre 2011).- El ADN de un cadáver en avanzado estado de descomposición hallado en la carretera Tetlama-Xochicalco coincide con el de familiares de la doctora Yadira Dávila, investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM Campus Morelos, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de agosto.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que luego de realizar estudios de genética y otras pruebas periciales, concluyó que el cadáver hallado el 9 de agosto pertenece a la investigadora.

"Tratándose de la investigadora Yadira Dávila Martínez existe un cuerpo humano que fue encontrado en la carretera Tetlama-Xochicalco, que fue sometido a exámenes de odontología forense, antropología y medicina forense por parte del personal calificado de esta Procuraduría de Justicia.

"El resultado en dicho cuerpo humano, asociado con el odontograma forense y el trabajo de antropología forense, mediante la transposición de imágenes que realizaron los peritos de la institución, llevan a la conclusión que corresponde al cuerpo de la persona en mención en este comunicado", informó la dependencia estatal.

Efraín Vega Giles, director general de Comunicación Social de la PGJE dijo en entrevista con REFORMA que por algunas prendas que se encontraron junto al cadáver, hallado el 9 de agosto, se presumía que podían tratarse de los restos de la investigadora, por lo que se procedió a realizar estudios comparativos.

"Se tiene su desaparición y se procedió a levantarse la denuncia por parte de su familia y aquí se hacen las investigaciones pertinentes; días después se encontró el cuerpo de una mujer en estado de descomposición y con partes del cuerpo ya afectadas por la fauna local.

"Por algunas cuestiones de prendas de vestir y una bolsa, la familia de la investigadora señala la posibilidad de que fuera ella y, ante esta posibilidad, se recabaron muestras de ADN del padre de la investigadora y del cuerpo encontrado en Xochitepec", informó Vega Giles.

Integrantes de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad denunciaron la desaparición de la doctora Yadira Dávila, cuyo paradero se desconocía desde el domingo 7 de agosto, cuando salió de su casa para dirigirse al centro comercial Plaza Cuernavaca, a donde, según las investigaciones, nunca llegó.

Derivado de los hechos, familiares cercanos de la occisa fueron interrogados.

Agentes que investigan el caso informaron que por cómo ocurrieron los hechos se descartan como líneas de investigación el secuestro, pues nunca se exigió el pago de un rescate; y el robo, pues no hay elementos que señalen ese móvil en el homicidio.

El PAN corrupto


Sergio Aguayo Quezada
saguayo@colmex.mx

Cuando aumenta la corrupción también lo hacen la evasión y el cinismo que rozan ya la excelsitud. Los casinos de Monterrey hacen inevitable referirse al panismo, pero los otros partidos son cómplices conscientes del colapso ético. Los indicadores son contundentes. Cada año Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción. Según este documento, de 1998 a 2010 retrocedimos 43 lugares en el ranking mundial (pasamos del lugar 55 al 98) y nuestra calificación descendió dos décimas (de 3.3 a 3.1). Otras encuestas confirman que en la última década creció la tolerancia social hacia la corrupción. Esto quiere decir que la alternancia fue incapaz de controlar el añejo cáncer. En lugar de reformar, el PAN se refugió en la evasión y el cinismo.

Los casinos de Monterrey son paradigmáticos. Las trapacerías y excusas de los hermanos Larrazabal moverían a risa si no fuera porque encarnan la degradación de lo que alguna vez fue el partido de la decencia, mientras el alcalde decide si pide licencia. El comportamiento de los hermanitos fue troquelado en un proceso iniciado en el sexenio de Fox, cuando se dio un debate en torno a la instalación y legalización de casinos. Los autorizaron argumentando que era una forma de meterlos a la institucionalidad y hacerlos pagar impuestos. Quienes nos opusimos públicamente hicimos pronósticos que ahora se cumplen a cabalidad: incapacidad gubernamental para supervisarlos, focos de corrupción pública y privada, nidos para la delincuencia organizada.

Pese a la evidencia acumulada y difundida, el presidente Calderón no le exige cuentas al alcalde de Monterrey. Está congelado, paralizado, pasmado; se ve incapaz de desprenderse de la pareja de hermanos, tal vez porque son engranes de su grupo y puntales de Ernesto Cordero y porque, en el último de los casos, no son la excepción sino la norma en muchas ciudades gobernadas por ese partido. Las evasivas son particularmente llamativas en el Informe presentado por Calderón el 1o. de septiembre en medio del escándalo por los casinos regios.

Calderón tuvo una oportunidad ideal para posicionarse en el último año de su mandato sobre un tema que preocupa a la sociedad. En el texto de 758 páginas menciona sólo 17 veces la palabra "corrupción", pero lo hace desde el ángulo burocrático-administrativo: "se emitieron 671 vistas para el inicio del procedimiento para determinar irregularidades", "se iniciaron 142 procedimientos de remoción", etcétera.

Estamos ante un patrón. Hay pocos asuntos tan emblemáticos de la corrupción
estructural como la cálida relación de Vicente Fox y Calderón con Elba Esther Gordillo. Ha sido y es el recordatorio diario del naufragio ético del panismo. El 29 de junio pasado la maestra andaba como siempre de estreno. Las finas telas y los costosos accesorios se legitimaban con la firma de las casas más exclusivas. Al día siguiente, Reforma publicó una foto de ella con la cual evaluó el costo de la bolsa de piel y los zapatos Hermès, de los collares de perlas Chanel, de un traje atribuido a St. John, etcétera, el atuendo de ese día le costó 112 mil pesos. ¿De dónde sacó el dinero si su salario de maestra es de 23 mil 900 pesos mensuales? El 5 de septiembre Calderón respondió preguntas por internet. Las críticas a la maestra fueron tan reiterativas como las excusas del Presidente que la defendía o se refugiaba en invocaciones a la legalidad: "no es que me guste, es lo que nos ordena la ley" (Reforma, 6 de septiembre). La forma de razonar de ambos se aprecia en la ceremonia por el primer día de clases. El 22 de agosto pasado coincidieron en una primaria de Cuajimalpa el Presidente y la maestra, quienes dijeron unas palabras a los indefensos niños.

Según las versiones estenográficas, Elba Esther recordó a los niños que viven en una era "donde los valores son cada vez más efímeros y hay que poder fortalecerlos". Tuvo el cuidado de no asumir ninguna responsabilidad. El presidente Calderón fue más claro: "a los papás y a las mamás les toca cuidar a los hijos, formarlos en valores", porque en su perspectiva "la tarea de un presidente consiste, sobre todo, en decidir". Luego añade que "no siempre se pueden decidir cosas buenas".

Tiene razón. Es comprensible que Calderón se relacione con la lideresa de un poderoso sindicato; son inaceptables sus decisiones y las de Fox de darle cargos con tanto presupuesto a Elba Esther; por ello es el personaje político más poderoso. Eso es complicidad con un personaje con olor a corrupción. El PAN no está solo. La crisis es estructural porque la mayor parte de la clase política respeta los usos y costumbres de una corrupción antiquísima. De cuando en cuando la permisividad explota como en los casinos de Monterrey. En las presidenciales de 2012, ¿incorporará alguno de los aspirantes el combate a la corrupción en el discurso y en la práctica?

Colaboró Rodrigo Peña González
www.sergioaguayo.org

La madre guatemalteca que podría cambiar mecanismos de adopción internacional

Sin saberlo, Loyda Elizabeth Rodríguez, una guatemalteca de 26 años del pequeño municipio de San Miguel Petapa, al sur de la capital, podría ser determinante para resolver los casos en litigio de adopciones ilegales de niños extranjeros en todo el mundo.

Una jueza de Ciudad de Guatemala ha anulado el proceso de adopción por el cual la hija de Loyda Rodríguez, Anyelí Liseth Hernández, salió del país hace cinco años y fue recibida por una familia estadounidense.

La corte ordenó a las autoridades guatemaltecas que trabajaran junto a la embajada de Estados Unidos para localizar y devolver a la niña a su familia biológica. Si la menor no vuelve, la Interpol será llamada a intervenir.

Loyda Rodriguez

El caso podría afectar los litigios de adopciones ilegales en todo el mundo.

"Pedir el regreso de un niño adoptado al país de origen es un hecho sin precedentes en una adopción internacional", según la organización estadounidense National Council for Adoption (Consejo Nacional para la Adopción).

"El resultado de esta situación es impredecible y no se sabe aún qué pasos darán las autoridades", de acuerdo al grupo.

Pero para la Fundación Sobrevivientes, que colabora en el proceso judicial junto a Loyda Rodríguez, Guatemala podría sentar precedente para los casos internacionales de adopción que aún se debaten en los tribunales.

"Mi nena no estaba"

De momento, Loyda espera a que la pequeña Anyeli se reúna con sus dos hermanos.

"Hace cinco años entré a mi casa, subí a tender ropa a la terraza y cuando bajé mi nena no estaba. Tenía dos años y un mes. Nos dijeron que una señora había entrado a sacarla del patio de mi casa y la había metido en un taxi", le cuenta a BBC Mundo.

Después de búsquedas infructuosas y varias amenazas, Loyda encontró en el registro guatemalteco de niños adoptados la foto de una menor con un extraordinario parecido a su hija, que ahora tiene siete años.

"Pedir el regreso de un niño adoptado al país de origen es un hecho sin precedentes en una adopción internacional"

National Council for Adoption

Pero el nombre que aparecía en la ficha era en realidad Karen Abigail López García, declarada en abandono y puesta bajo tutela de una asociación investigada por realizar trámites irregulares de adopción internacional.

"En el momento en que encontré la foto pensé que ya había encontrado a mi nena, que ella estaba aquí. Pero se la acababan de llevar a los Estados Unidos", recuerda.

Eso sucedió en 2009. Y mientras las esperanzas de Loyda por reunirse con Anyelí crecían, en Missouri otra familia empezaba a temer por la marcha de Karen Abigail.

Los Monahans, de Kansas City, defienden que la adopción se llevó a cabo regularmente y sostienen que pelearán para evitar la devolución de la que consideran su hija.

"La familia sigue comprometida en proteger a su hija de traumas adicionales y trabajan por la verdad de su pasado a través de los canales legales apropiados", reza un comunicado de su representante.

Debate

Loyda Rodriguez

Loyda dice que su hija fue robada.

A la espera de cómo pueda concluir el proceso, la decisión de la jueza guatemalteca Noemí Téllez ya ha abierto todo un debate sobre las repercusiones que podría tener para casos similares en el resto del mundo.

Sobre todo, se trata de un fallo cargado de simbolismo en un país a menudo señalado por organizaciones internacionales como uno de los principales focos de adopciones internacionales irregulares en el mundo.

Según Unicef, el organismo de Naciones Unidas encargado de la protección de la infancia, más de 30.000 niños guatemaltecos fueron dados en adopción internacional entre 1997 y 2007 por un sistema "que no ofrecía garantías sobre el origen o la idoneidad de la familia de acogida".

En 2007, el Congreso de Guatemala ratificó la Convención de Protección del Niño y de Cooperación en Adopciones Internacionales. También aprobó una nueva ley de adopción que supuso "drásticos avances positivos", de acuerdo a la ONU.

Pero Guatemala todavía enfrenta desafíos. Al menos 20% de adopciones pendientes tienen ilegalidades, incluso después de la aprobación de la norma, señala la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La misma entidad advierte que las redes de adopción irregular en Guatemala han estado integradas por personal de hospitales, registros civiles, jueces y fiscales, así como notarios, mandatarios, comadronas y casas de acogida.

"En algunos casos las madres biológicas han sido amenazadas, coaccionadas o engañadas para que entreguen a sus hijos en adopción. En otros casos los niños han sido robados, a quienes se les falsifica toda su documentación o se recurre a mujeres que suplantan a las madres biológicas a través de la falsificación de documentos de identidad", reza el último informe sobre adopciones en Guatemala, publicado a finales de 2010 por la CICIG.

En otros casos se detectó una modalidad conocida como "lavado de niños", consistente en presentar ante un Juzgado de la Niñez y Adolescencia a niños robados o comprados, simulando haber sido abandonados, a efecto de que fuesen declarados en situación de abandono y así iniciar el trámite de adopción.

Loyda cree que el suyo fue un robo en toda regla. "Todo ese tiempo que he perdido sin estar con ella lo voy a recuperar dándole todo mi cariño y amor", dice. "Voy a hacer lo imposible para darle todo lo que ella está acostumbrada a tener".

Siempre con las fotografías de Anyelí en su bolso o en la mano, asegura que quiere encontrase cara a cara con la otra madre. La de Karen Abigail. "Me gustaría decirle que Dios nos manda a nuestros hijos y que no es justo que estas personas vengan, se los roben y luego sean mandados a EE.UU.".

"Me he puesto en su lugar, en el de la otra familia, y sé que tal vez les hace falta mi nena", dice. "Pero lamentablemente no es de ellos".

La guatemalteca Loyda Elizabeth Rodríguez espera que su pequeña Anyelí se reúna pronto con sus dos hermanos. Desapareció hace cinco años, mientras ella tendía la ropa en la terraza.

Algún tiempo después, creyó que la había encontrado cuando descubrió su foto en el registro de niños adoptados.

Pero Anyelí está en Misouri, Estados Unidos, adonde forma parte de una nueva familia, que insiste en que su adopción fue legal.

El caso de Rodríguez podría cambiar la historia de los litigios referentes a adopciones internacionales ilegales.

Escuche a esta madre guatemalteca en este video de BBC Mundo.


Los ataques de 2001 transformaron la relación bilateral; comercio y migración dejaron de ser prioridad

10 años del 11-S
México, objetivo de EU para expandir su guerra contra el terrorismo

Mandos militares estadunidenses expertos en la lucha contra Al Qaeda examinan redes de droga en el país

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Edificio del Pentágono luego de que un avión secuestrado se estrelló en el inmueble en Arlington, VirginiaFoto Xinhua
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Transeúntes que pasaban cerca de las Torres Gemelas, en Nueva York, poco después del derrumbe el 11 de septiembre de 2001Foto Ap

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 2

Nueva York, 6 de septiembre. A lo largo de los últimos 10 años, México se transformó de ser un socio en la lucha antiterrorista de Estados Unidos a nivel internacional, a un país que requiere ser rescatado con algunas de las mismas estrategias y tácticas diseñadas por Washington para combatir el terror al otro lado del mundo.

El mismo comando, cuya unidad de fuerzas especiales militares Seals aniquiló a Osama Bin Laden y con ello de cierta manera se cerró un capítulo de la historia que empezó con los atentados del 11 de septiembre de 2001, está deseoso ahora de aplicar sus talentos a México, reportó el Washington Post.

En un amplio reportaje sobre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono (JSOC), la fuerza militar secreta más poderosa de este país que ha multiplicado su tamaño y operaciones en torno a la guerra contra el terrorismo proclamada por el 11-S, los reporteros Dana Priest y William Arkin informan que México está primero en su lista de deseos, pero que el gobierno mexicano, limitado por la Constitución, depende de otras agencias federales para asistencia en inteligencia y otras actividades. Sin embargo, JSOC colabora en asuntos antiterroristas con la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras en aspectos relacionados con el tema.

De hecho, revelaciones en meses recientes señalan que las tácticas y enfoque de la guerra antiterrorista estadunidense ya se emplean en México. Los militares (de EU) intentan aplicar en México lo mismo que hicieron en Afganistán, declaró un oficial estadunidense al New York Times recientemente, al describir el trabajo de algunos en el Comando Norte.

El Times reportó el mes pasado que el Pentágono está empleando lecciones aprendidas en una década de combate contrainsurgente en Afganistán e Irak en la lucha antinarcóticos. En el Comando Norte (cuya área de responsabilidad comprende Estados Unidos, Canadá y México) varios altos oficiales con años de experiencia en la lucha contra Al Qaeda y grupos afiliados examinan inteligencia sobre las redes de droga mexicanas, informó el rotativo.

El centro de fusión de inteligencia en una base militar en el norte de México, integrado por personal de la DEA, la CIA y civiles del Comando Norte del Pentágono (entre ellos militares retirados) está modelado sobre los centros de inteligencia empleados en Afganistán e Irak. Las naves aéreas no tripuladas a control remoto, los llamados drones, que han sido la tecnología bélica más moderna y más utilizada en Afganistán, Pakistán y Yemen, las emplean ahora (aunque no artillados, se asegura) las agencias estadunidenses en México. Algunas de las técnicas de operaciones clandestinas, y todo tipo de instrucción contrainsurgente, afinadas en los campos de guerra de Irak y Afganistán, actualmente forman parte de la capacitación estadunidense de fuerzas de seguridad pública mexicanas.

Algunos análisis militares estadunidenses en el pasado reciente han comparado algunos aspectos de la situación en México con la de Pakistán e incluso con Afganistán. Aunque el Departamento de Estado y otros descartan estas comparaciones, no ayuda su argumento cuando nombran al segundo en rango de la embajada estadunidense en Afganistán, E. Anthony Wayne, como próximo embajador de Estados Unidos en México.

El gobierno de Vicente Fox expresó su solidaridad con Estados Unidos poco después de los atentados, aunque hubo controversia sobre si se demoró en hacerlo formalmente, y casi de inmediato se empezó a implementar todo tipo de cooperación con Washington en torno a la seguridad; de hecho, horas después de los atentados, México selló sus fronteras. Desde entonces México también empezó una mayor coordinación sobre monitoreo de extranjeros –sobre todo musulmanes– y vigilancia de puertos de entrada, fronteras y tránsito aéreo con sus contrapartes en Washington.

En los siguientes meses, México procedió de manera cautelosa en el ámbito diplomático. Subrayó su cooperación con la comunidad internacional, y no directamente con Washington, para enfrentar el terrorismo.

Después, México evitó sumarse a cualquier coalición de países que proclamaban la guerra contra el terrorismo, lo que provocó irritación en Washington.

De hecho, el gobierno mexicano fue víctima de constante presión y hasta de espionaje en la misión de México ante la Organización de Naciones Unidas por Estados Unidos, el cual buscaba promover el endoso de la comunidad internacional para su guerra contra Irak.

El voto no se realizó, aunque México indicaba que rechazaría el uso de fuerza contra Irak. Estados Unidos lanzó su guerra de manera unilateral. Pero meses más tarde, ya ante los hechos, México sí endosó en la ONU la legitimidad de la autoridad estadunidense en el país invadido.

En el ámbito bilateral, México prometió a políticos estadunidenses que se dedicaría a asegurar la frontera con Estados Unidos ante una creciente presión desde Washington que transformó el tema fronterizo y de la migración en asunto de seguridad nacional. Así, a partir del 11-S, la relación bilateral se transformó; antes, las prioridades eran el comercio y la migración tras los ataques, la seguridad se volvió el eje central.

Así, en las siguientes reuniones entre los entonces presidentes Vicente Fox y George W. Bush, todo giraba en torno al tema de seguridad, y elaboraron acuerdos que incluso convirtieron la tan elogiada zona de libre comercio del TLC, en una zona de seguridad de América del Norte que sería bautizada bajo el nombre de Asociación de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005.

Sin embargo, el gobierno de Bush, bajo la repetida justificación de seguridad, decidió militarizar su frontera sur e instaló más equipo electrónico, construyó un muro fronterizo y desplegó más agentes de seguridad incluida la Guardia Nacional, algo que continúa en la presidencia de Barack Obama.

Con la declaración de la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico y la detonación de la ola de violencia extrema en el país vecino, la relación dio otro giro. México pasó de pronto de ser socio en la lucha antiterrorista, a víctima de la violencia terrorista del narcotráfico.

Bajo el rubro de la Iniciativa Mérida, esta óptica se hizo extensiva a Centroamérica. La relación con Estados Unidos hoy gira cada vez más en torno a las definiciones de la visión estratégica estadunidense que se aplica a la gran mayoría de países del mundo, y donde casi todo es percibido como una posible amenaza a la seguridad estadunidense.

La violencia y las drogas en México, hasta los migrantes, se perciben como graves amenazas potenciales a la seguridad nacional estadunidense por Washington. Las consecuencias del 11-S, como lo aprendido en la respuesta bélica estadunidense, definen ahora la relación bilateral.

¡Jean-Paul Sartre (@sartrejeanpaul) te está siguiendo en Twitter! Lo falso y lo verdadero en Twitter

Escrito por
Daniel Barrón

Hace unos días, en Twitter se esparció el rumor de posibles ataques a las escuelas de Veracruz. A pesar de que la “información” no había sido confirmada, los padres corrieron a recoger a sus hijos en medio de la histeria. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuvo que salir a declarar que no había que dejarse llevar “por esta oleada de desinformación”. Un día después, los autores del, así llamado, twitterterrorismo, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, fueron consignados.

De este asunto que aún no termina, pues los consignados acaban de impugnar su auto de formal prisión, se desprende una nueva de idea de lo falso y lo verdadero en las redes sociales.

Desde hace unos días, Jean Paul Sartre me sigue en Twitter. Por un lado, me da la impresión de que buscamos a estos personajes porque son los únicos de los que tenemos certeza de su existencia histórica (¿quién puede dudar que existieron Sartre, Walter Benjamin, Virgina Woolf u Octavio Paz?, todos están en Twitter y escriben como locos) en un espacio donde no existe otra reivindicación territorial, excepto la de “si escribo es por que existo”: la chica sexy que asegura escribir desde Londres, puede ser un gordo sesentón cuya cuenta proviene de Chiapas o de Venezuela.

Buscamos a gente cuya existencia esté probada, escritores, periodistas porque siempre sentimos la necesidad de creer en alguien.

Si, como sucede con los supuestos twitterterroristas, alguien te dice que hay una bomba en tal parte o que cerraron una calle, ¿cómo creerles? ¿Quiénes son los miles de usuarios, de vendedores de productos y por qué tendría que confiar en ellos? Sartre, Joyce, Paz nos hacen creer que la autoridad (moral, ética, intelectual) existe y es posible seguirla. Aunque esto es falso porque puede ser ser una cuenta manejada por un fan, por un detractor o por alguien que sólo quiere apropiarse del nombre y degustarlo como propio.

Lo importante es el nuevo sentido de lo falso que ofrecen las redes sociales. Para las redes sociales lo falso no es una mentira pura y dura (sería demasiado obvio), sino una impostura que denota cierto contenido de verdad, pero sobre todo que es imposible verificar. Jean Paul Sartre me sigue en mi Twitter, está claro que Sartre ha muerto, pero no esta claro que se trata digamos de una actuación, como si viéramos una obra de teatro donde un actor interpreta a Sartre. Si el tuit de Sartre es una cita de Sartre, ¿debo concluir que no es el filósofo quien lo dice?

Más que en una verdad, las citas de Benjamin, Sartre o Virgina Woolf que escribe en portugués, que aparecen en Twitter tienen una eficacia oracular, como la lectura de cartas o del café: quien interroga esos símbolos en el fondo ya sabe lo que quiere saber, sólo busca que no sea él mismo quien se lo diga. De este modo lo falso en la red se vuelve invulnerable a la crítica e inmune a la denuncia de la mentira.

Harry Frankfurt escribe en On Bullshit que este término no se refiere a un discurso manifiestamente falso, ya sea por contenido o por intención, sino que se trata de uno que incluso suele parecer razonable y serio. Para Frankfurt, el término puede relacionarse un poco con los mitos, es decir la guerra de Troya puedo no haber tenido lugar históricamente, pero en la Iliada es una verdad.

Volvamos a la situación en Veracruz con los supuestos terroristas de la red. La verdad de la red puede no coincidir con los hechos, pero su valor como verdad sólo puede corresponder a la consistencia del discurso que los desarrolla y los hace circular. Es decir, la única veracidad de Twitter consiste en enviar el texto y en recibirlo, en participar en un juego que nos hace creer que todos estamos allí, y que todos podemos decir algo interesante. No podemos ir más allá de esos actos. Leer los tuits al pie de la letra y llevar esa “verdad” a la calle es perfectamente inútil, y en los casos de los terroristas del tuit, hasta peligroso.

Detrás de un texto escrito siempre hay una intención. Y si no comprendemos esto vamos a ser engañados o manipulados, como lo fueron los ciudadanos veracruzanos. Lo importante cuando se lee un texto en red no es encontrar la idea principal —como nos enseñaron en la primaria— sino buscar la intención. La primera pregunta que uno debiera hacer es ¿quién está detrás de ese texto? Incluso a los mejores reporteros que tienen cuentas en Twitter no se les puede creer sin más, es ingenuo; y como cualquiera puede falsificar una cuenta y decir que es Jean Paul Sartre o Christopher Hitchens, es todavía más ingenuo.

Por ello creo que lo que ocurre con los twitteros veracruzanos es, además de un abuso de poder, un misread. Los jueces que los condenan podrán ser muy buenos interpretando sus propias leyes, pero no saben leer las redes sociales: en el fondo, ellos también están tomando a pie de la letra los tuits de sus víctimas, los están leyendo literal e ingenuamente. Tanto los jueces como las personas que se pusieron histéricas creyendo las falsas noticias del twitter veracruzano, me recuerdan a esas damas que, en pleno súper, atacan a la actriz que hace de mala en su telenovela favorita por ser tan cruel con la protagonista. No distinguen la verdad del bullshit.

Pero ¿cómo afecta la multitud de fantasmas, falsos y verdaderos, a la experiencia de uno mismo? Es una pregunta que merecería un ensayo, pero sobre la cual sólo adelanto unas frases: Me parece que aquellos que escriben sobre su situación en el tráfico o en el súper, quieren dar cuenta de su existencia, quieren decir “aquí estoy” y sentir que alguien los escucha y que pone atención a sus opiniones. No quieren sentirse solos. Pero ante la multitud de mensajes se que van superponiendo unos a otros, (la invitación a leer una nota periodística, se encuentra junto al nuevo chiste de Ninel-Azalia, que está justo al lado de una persona que busca a su hija desaparecida y te pide un retuit) y son enviados por distintas personas con distintos intereses, hacen que nuestra mínima reivindicación de verdad y experiencia quede reducida, con triste frecuencia, a mera vanalidad, de allí que el mismísimo Jean Paul Sartre no encuentre nada mejor que decirnos que “Bonne nuit mes disciples”.

Cruzada oficial contra tuiteros en México


Iphone

Estos dos usuarios de Twitter enfrentan un juicio por terrorismo en Veracruz, México.

Los usuarios de las redes sociales parecen haberse convertido en el blanco de ofensivas gubernamentales en varios sitios de México.

En Veracruz, en el este del país, dos usuarios de la red Twitter fueron arrestados por el gobierno local, que les acusa de terrorismo y sabotaje por difundir noticias falsas sobre un enfrentamiento armado.

Los detenidos, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, podrían ser sentenciados a 30 años de prisión si son encontrados culpables por el juez.

Mientras, en Tabasco, en el sureste, el Congreso del estado modificó el código penal para sancionar con cárcel a quienes difundan rumores que alarmen a la población.

Ambos casos desataron una intensa polémica sobre la libertad de expresión en internet, especialmente ahora que el país vive la ola de violencia más fuerte en 80 años.

"Las redes sociales son espacios de protección ciudadana. Hay ciudades donde las personas no salen si no consultan las redes sociales porque los medios han callado las situaciones de violencia", le dice a BBC Mundo el activista de derechos humanos Jesús Robles Maloof.

"Es mucho más fácil culpar a dos tuiteros (usuarios de Twitter) más que asumir la responsabilidad de una sociedad que vive desinformada", insiste.

Desinformación

"Las redes sociales son espacios de protección ciudadana. Hay ciudades donde las personas no salen si no consultan las redes sociales porque los medios han callado las situaciones de violencia"

Jesús Robles Maloof, activista

El pasado 25 de agosto en las redes de Twitter y Facebook se publicaron mensajes que alertaban sobre enfrentamientos armados, secuestro de estudiantes y ataques a escuelas en las ciudades de Veracruz y Boca del Río.

La información era falsa, dijeron las autoridades, pero los mensajes "causaron histeria", aseguró el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza.

Decenas de escuelas suspendieron sus clases, y muchos padres acudieron alarmados a recoger a sus hijos. Según el funcionario, el pánico causó al menos 26 accidentes viales.

Horas después, la policía arrestó a Bravo Pagola y a Martínez Vera, a quienes acusó de escribir y difundir los falsos rumores.

Pero su abogado, Fidel Guillermo Ordóñez, asegura a BBC Mundo que sus clientes sólo reenviaron algunos mensajes que recibieron.

"Es lo más probable que haya sucedido. Como el gobierno del estado no informa, todas las personas de Veracruz-Boca del Río tienen el compromiso de retuitearse la información".

Según el abogado, hasta ahora las autoridades de Veracruz no han establecido que los mensajes fueron enviados de las computadoras de sus clientes.

"Hay como 17 o 18 mensajes similares, la diferencia es que ellos en sus perfiles tienen su fotografía y sus datos, y de los demás no aparecen", insiste.

Nuevo lenguaje

En la misma fecha que las redes sociales causaron pánico en Veracruz, en Monterrey un grupo vinculado al cartel de narcotráfico de Los Zetas incendió el Casino Royale, donde murieron 52 personas.

El presidente Felipe Calderón dijo que el ataque fue cometido "por verdaderos terroristas", lo cual según analistas es un cambio radical en el lenguaje oficial sobre la guerra contra y entre carteles.

Hasta ese momento, las autoridades se habían negado a utilizar esa palabra para definir ataques a la población, como el ocurrido en Morelia en 2008, cuando personas vinculadas con Los Zetas arrojaron granadas a las personas que festejaban un aniversario de la independencia de México.

Casino Royale de Monterrey

El incendio al Casino Royale de Monterrey cambió el discurso oficial sobre la guerra contra el narcotráfico.

Ese discurso de Calderón marcó una gran diferencia. "Es una escalada en el lenguaje. Hablar de terrorismo es algo fuerte", le dice a BBC Mundo Mauricio Meschoulam, experto en relaciones internacionales.

"La gente tiene miedo de empezar a usar esas palabras, de que Estados Unidos nos categoricen como una de esas naciones que albergan terrorismo. Escalar el discurso puede tener implicación en escalar políticas utilizadas", explica.

No es

¿Por qué sancionar a usuarios de redes sociales?

Según las autoridades internet puede ser usado por los carteles de narcotráfico para intercambiar mensajes y amenazas.

Pero Robles Maloof no está convencido. "No hay ejemplos concretos ni demostrables que los grupos criminales usen twitter, no ha sido demostrado", insiste.

Y lo que sucedió en Veracruz no puede catalogarse como una acción terrorista, añade el especialista Meschoulam.

"Eso no es ciberterrorismo. ¿Qué es? Esparcir el pánico de la misma manera como gritar que se está quemando el cine. Puede tener miles de nombres, pero no terrorismo".

Por lo pronto, los dos usuarios de Twitter detenidos enfrentan un juicio que puede durar por lo menos un año.

Su abogado dice que, en este caso, se ha violado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles de la ONU.