José Antonio Crespo
Al menos dos sucesos recientes nos llevan a recordar que nuestra clase política, lejos de constituir una representación popular en términos democráticos, es y se comporta como una aristocracia política. No como empleados de la ciudadanía encargada de realizar eficazmente sus funciones, y sujetos a rendir cuentas de su desempeño, sino como una élite por encima de la ley y la ética, que goza de privilegios e impunidad ante sus arbitrariedades y abusos. Por un lado, el famoso “Niño verde”, líder oficioso de ese partido-negocio, volvió a hacer de las suyas al exigir un trato preferencial a partir de su cargo (senador de la República). Volvió a decir a la ciudadanía que él y sus colegas legisladores y gobernantes de todos los partidos, son ciudadanos de primera, y todos los demás, de segunda (o de tercera, o cuarta, según los criterios que se utilicen para esta clasificación). Pasado de copas, quiso evitar la sanción que corresponde a quien maneja en tal estado en esta capital: pasar unas horas en “el Torito”. No eludió la sanción, pero salió de ahí al muy poco tiempo, lo que no es fácil para ciudadanos ordinarios.
Por otra parte, el Congreso decidió condonar impuestos no pagados por parte de gobiernos de distinto nivel, que no fueron pagados debidamente y cuyo destino es incierto. Un delito a todas luces que, sin embargo, permanecerá impune. Seremos los ciudadanos en general quienes paguemos esos abusos con nuestros impuestos; un castigo a quien sí cumple con su deber fiscal, y un premio a quien no lo hace; incentivos perversos que nos llevan a mejor tratar de evadir cuantos impuestos podamos con la esperanza de que en algún momento se nos condone. De no haberse condonado dichos impuestos, serían de cualquier modo los ciudadanos de esas demarcaciones (municipios o estados) quienes pagarían los platos rotos a través de menos servicios y de menor calidad. Ante ello, un grupo de ciudadanos reunió sus esfuerzos para presentar un amparo frente al atropello. Y de la molestia así expresada, algunos legisladores se disculpan públicamente de haber aprobado la condonación referida, alegando —de manera inverosímil— que no pusieron atención, que “se distrajeron”. Pues tan mal una cosa como otra; mal si a conciencia aceptaron la condonación, y mal —quizá peor— si se “distrajeron” al aprobar dicho acuerdo.
Tanto el “niño verde” como los irresponsables legisladores —tanto los que se distrajeron como los que no— hacen esto porque pueden, porque los ciudadanos —supuestamente sus empleadores— no tenemos mecanismos eficaces para llamarlos a cuentas ante abusos (ese fue, si recordamos, la principal motivación del movimiento del voto nulo en los comicios de 2009; por cierto que en 2012 también hubo voto nulo del 5 % para legisladores, aunque la mitad de esos ciudadanos decidió no anular en la pista presidencial). Y justo por eso difícilmente podemos hablar en México de una democracia representativa, aunque lo sea legal y formalmente. No, cuando los ciudadanos no tienen mecanismos para llamar a cuentas a sus “representantes”, ante lo que estamos es ante una oligarquía política, o como suele decirse, partidocracia desvinculada de la sociedad. Ningún partido se escapa (por aquello de que muchos ciudadanos consideran que su partido favorito es excepción). Somos casi la única democracia (junto con Costa Rica) sin reelección legislativa, que si bien no es panacea, sí obliga a los legisladores a poner poco más de atención a los intereses de sus representados. En el Pacto por México se ofrece revisar la reinstauración de ese mecanismo democrático, pero en cambio nada dice de otro mecanismo importante para pedir cuentas: la revocación de mandato.
Si dicha figura estuviera vigente (bajo ciertas condiciones y niveles de participación y votación, como debe ser), muy probablemente quienes eligieron al “niño verde” acudirían a las urnas para removerlo. Y quizá también muchos ciudadanos exigirían convocar a una revocación de mandato de algunos legisladores, bien por haber aceptado la condonación de impuestos robados por distintos gobiernos, o bien de quienes “se distrajeron” al aprobar dicha moción. También probablemente, de regir ya esa figura —y haberse sentado algunos precedentes— el “niño verde” se cuidaría un poco más de exhibir sus frecuentes escándalos, y los legisladores se la pensarían dos veces antes de incurrir en sus habituales atropellos y abusos.
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
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