-
Saltillo.-
Ante una realidad en la que de más de 15 mil trabajadores mineros en
Coahuila sólo mil 300 están registrados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en el séptimo memorial por la muerte de 65
trabajadores de la mina de carbón Pasta de Conchos, la organización no
gubernamental Familia Pasta de Conchos propuso una política de Estado
para la explotación del carbón basada en la legalidad; suspender la
operación de los pocitos, prohibir que las empresas mineras registren a
sus trabajadores en la seguridad social con 25 por ciento de su
salario; un programa federal específico para defender los derechos a la
salud de los trabajadores de las minas, y generar empleo para otras
ramas productivas en la región.
Como parte de la
conmemoración de la tragedia minera surgieron datos que dan cuenta de
las malas condiciones de vida de los trabajadores del ramo: según
denuncia de la Familia Pasta de Conchos, tras los hechos ocurridos en
2006 se tiene documentada la muerte de al menos 94 carboneros en
distintos accidentes.
Pero además, aparte de que el negocio
de las minas de carbón en Coahuila asciende a más de 3 mil millones de
pesos al año, dinero que se llevan los empresarios del sector y el
gobierno estatal, los trabajadores de los yacimientos son presas de
muerte, mutilaciones, pobreza y violación de todos sus derechos humanos
y laborales. Es urgente, exige la Familia Pasta de Conchos, suspender
de inmediato la operación de los llamados pocitos y establecer un
política pública integral de rescate del sector.
El
organismo, el cual agrupa a familiares de mineros muertos y defensores
de los derechos de los trabajadores, anticipó que relanzará la campaña
"Por una cuerda de vida para los trabajadores del carbón y sus
familias", con la que buscará mejorar las condiciones de trabajo y la
calidad de vida de los obreros en la región carbonífera de Coahuila.
Porque,
se sabe, de las 71 empresas carboneras de la región –prácticamente de
estas minas pocas cuentan con condiciones de seguridad–, 32 no tienen
antecedentes de haber sido inspeccionadas; 37 han sido sancionadas por
no cumplir la norma pero siguen operando, es decir, en total 69 minas
incumplen con sus obligaciones patronales para salvaguardar la vida e
integridad física de sus trabajadores. Además, las autoridades de
justicia de Coahuila no han dictado una sola sentencia por los llamados
"homicidios industriales".
Ayer, en conferencia de prensa,
hablaron integrantes de la Familia Pasta de Conchos, mineros
siniestrados y familiares que perdieron a sus esposos e hijos. Llegaron
al Distrito Federal en un camión para ratificar aquí sus demandas de
rescate de los muertos en Pasta de Conchos y justicia para los
siniestrados en el pocito Ferber.
A nombre de esta
organización, la abogada Cristina Auerbach expuso la problemática de
los mineros coahuilenses y precisó que continúan sin sancionarse cuando
menos 10 empresas que utilizan mano de obra infantil, ya que ni
siquiera en los casos de dominio público, como la empresa Binsa y el de
Minera Díaz, las compañías han sido sancionadas.
Añadió que
de las 71 empresas del carbón a las que se va a renovar su contrato,
nueve no tienen registro patronal. Otras, como Minera México, comercian
con el carbón extraído en los pocitos de otras empresas y cuando hay
algún accidente dicen que los lotes fueron invadidos, pero no denuncian
a las compañías que continúan extrayendo su carbón. Incluso existe el
caso de 23 empresas que están en la Promotora para el Desarrollo Minero
y tienen contratos, pero supuestamente no tienen trabajadores
registrados, y otras 18 compañías dicen que tienen menos mineros de los
que realmente laboran.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario