La Otra Ruta Migratoria
REPORTAJE
Llegan de Honduras, El Salvador y Guatemala
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.- Cargando únicamente con sus dos niños y la niña menor de unos meses de nacida, Francisca, de 38 años, llegó a Nicaragua a solicitar la condición de refugiada, luego de que su esposo fue asesinado por las maras (pandillas), cuando no pudieron pagar la extorsión que les cobraban por poseer un pequeño negocio en un barrio controlado por el crimen organizado.
Estos casos son cada vez más frecuentes en Nicaragua: 8 de cada 10 mujeres que llegan a este país centroamericano provienen del llamado “triángulo de la violencia”, conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Ellas vienen acompañadas de sus hijas e hijos.
Las mujeres emigran porque les han matado a sus familias y las amenazan. Así han llegado a Nicaragua “donde siento que mis hijos están protegidos por el Estado; de mi país no puedo decir eso, porque las autoridades forman parte del crimen organizado y de las mismas maras. No tengo un buen trabajo, pero tengo protección a mi vida y las de mis hijos, ellos tienen salud y educación gratuita; estoy bien aquí y sé que tomé la mejor decisión”, dice Francisca.
“La situación que genera su persecución continúa y con ello los desplazamientos de estas personas víctimas”, explica Blanca Fonseca, coordinadora del Proyecto de Atención a los Solicitantes de la Condición de Refugiados y los Refugiados, del Consejo de Iglesias Evangélicas Pro Alianza Denominacional (CEPAD).
El CEPAD es la agencia socia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acreditada ante el Estado nicaragüense desde 1997 para apoyar, junto a otras organizaciones, a las solicitantes de la condición de refugiados.
Aunque la mayoría de solicitantes de la condición de refugiada o refugiado tiene una edad entre 25 y 55 años, también hay casos de jóvenes.
El más reciente fue el de Kathy Emily, una adolescente que llegó embarazada a Nicaragua, producto de la violación de un grupo de maras que además la amenazaron con matarla si contaba a las autoridades lo ocurrido.
La joven comenta que la agresión tuvo móviles políticos, ya que ella era activista en un partido en su país de origen. De haberse quedado afirma que ya la habrían matado.
Kathy buscó protección en una de las fronteras nicaragüenses y fue remitida a una de las instituciones del Estado que le ha brindado su protección legal, psicológica y religiosa, así como la colaboración de otras organizaciones que apoyan a las y los refugiados por medio de las autoridades y de CEPAD.
Actualmente Kathy ya es mamá y se le da seguimiento psicológico, además desde que ingresó ACNUR por medio de CEPAD la están apoyando en su casa, alimentos y con su hijo, así como para que estudie bachillerato en una escuela pública los fines de semana, mientras el resto de los días hace manualidades y accesorios de belleza en un micro proyecto de integración local e independencia económica.
En el caso de las mujeres que solicitan la condición de refugiada en Nicaragua, la mayoría son de escasos recursos, trabajadoras del hogar o propietarias de sus pequeños negocios que han conformado con sus parejas. También han sido perseguidas por las maras.
Cuando las solicitantes de refugio son jefas de hogar, adultas mayores, embarazadas, con discapacidad, o niñas y adolescentes que llegan solas al país, migración no las detiene y son llevadas a un centro estatal donde se les brinda asistencia.
Luego el Estado les facilita una cédula de residencia gratuita, la cual podrán renovar conforme lo establece la ley en Nicaragua.
Blanca Fonseca abunda que desde que la refugiada obtiene su cédula de residencia tiene todos los derechos ciudadanos garantizados, aunque la mayor dificultad es la falta de empleo, ya que Nicaragua es uno de los países con la tasa más alta de desempleo en la región.
Pero para ellas “lo más importante es su seguridad y la de sus hijos, y eso que no se puede medir con dinero es lo que encuentran aquí, así como la protección de las autoridades de migración y extranjería”, sostiene Fonseca.
SENTIRSE PROTEGIDAS
Muchas de estas inmigrantes refugiadas se emplean en el sector informal (venta de comida, costura, comercio, manualidades, entre otras labores), y aunque obtienen los recursos mínimos para la subsistencia, una vez integradas y subsistiendo por sí solas se sienten realizadas porque lo importante para ellas es la seguridad de sus hijas e hijos, detalla Fonseca.
Las inmigrantes que llegan a Nicaragua y que solicitan su condición de refugiadas están protegidas por varias leyes del país, especialmente la de Protección a Refugiados, emitida en junio de 2008, y en la que se establecen el proceso y los requisitos para acceder a ese estatus.
También está la Ley General de Migración, aprobada en 2011, que establece que toda persona en su condición de refugiada estará protegida por el Estado.
Sin embargo, en Nicaragua como en el resto de la región centroamericana falta una política integral de atención a las mujeres refugiadas víctimas de violencia. Si bien la atención asistencialista es importante para estas personas, no existe un programa especial que les brinde alternativas de empleo, critica Argentina Olivas, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Se requiere mayor presupuesto estatal y apoyo de las municipalidades para insertar a estas mujeres refugiadas dentro de los proyectos de población vulnerable en rubros como vivienda y programas de crédito, así como la creación de albergues para mujeres víctimas de violencia, apunta Olivas.
En muchos casos los albergues de las organizaciones civiles son los que dan respuesta a las mujeres, pero igual hay serias dificultades económicas, advierte.
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