Ricardo Raphael
No habían transcurrido 11 años y ya urgía dictar sentencia de muerte sobre la primera República federal. José María Tornel, el ideólogo más escuchado por Antonio López de Santa Anna, convenció sobre las enfermedades que, según su lógica, el federalismo arrimaba contra la Nación.
El 23 de octubre de 1835, la primera Constitución del México independiente fue abolida y el Congreso redactó otra inspirada sobre el mérito centralista.
Desde aquellos tiempos, el país ha montado un columpio que migra entre el poder de las regiones y el poder de la Nación. Este movimiento nunca ha sido suave o sin consecuencias: cada vez que la gravedad quiebra al cuerpo mexicano algo se descoyunta. Perdimos Texas por nuestro insensible centralismo; antes estuvo a punto de suceder lo mismo con la península de Yucatán. Acaso, de no haber sido por la Intervención francesa, el bamboleo habría dejado más partido al país que el mapa de la América Central.
La danza continuó con la llegada del siglo XX. La Revolución fue, entre otras cosas, la expresión de una rebeldía fragmentada por las regiones ubicadas al norte del país. El nacimiento del PRI también puede leerse en esta clave: organización que surgió para resolver la gravitación de muchos planetas y asteroides alrededor de un mismo polo, superior y nacional.
Con independencia del discurso de moda, las instituciones mexicanas han preferido el centralismo sobre el federalismo. Trátese de temas fiscales, recursos naturales, justicia laboral, salud, educación, gasto público y todo el etcétera largo de la cosa pública, México es una palabra que cruza en un solo lugar y lo demás se ordena alrededor de esa x.
Las excepciones federalistas han sido sin embargo memorables. En fecha reciente, por ejemplo, la transición a la pluralidad política de finales del siglo pasado ocurrió porque las regiones decidieron a favor de la democracia. Los vientos de la libertad política recorrieron primero los municipios, luego las entidades federativas, y hasta el final, el Congreso y la Presidencia.
Y sin embargo hoy nos está pasando, de nuevo, como en épocas de Tornel: ni tres lustros han transcurrido desde el comienzo de la última etapa federalista cuando ya la impaciencia quiere recordarnos la Constitución de 1836.
Los ecos viejos se dejan escuchar: si el sistema electoral tiene defectos, hagámoslo nacional; si la nómina de las escuelas no es justa, que se administre desde el centro; si los estados son irresponsables con la deuda pública, que el supremo poder Legislativo se haga cargo; si hay despilfarro en la inversión en salud, que en la ciudad de México se resuelva; si la corrupción es mucha, que se invente un alguacil nacional contra el mal; si la transparencia no sucede, que el órgano federal juegue de superhéroe; si la policía municipal es ineficiente, que se sustituya por otra de territorio más grande.
Absurdo pensamiento exaltado que concibe como solución al centralismo frente a todo cuanto ocurre en nuestra destartalada República.
No es posible negar que las regiones han resuelto mal muchos de sus temas. Bien lo advirtió hace tiempo el periodista Jorge Zepeda Patterson: el feuderalismo mexicano —gobierno autoritario de virreyes contemporáneos— es uno de los problemas que aquejan a la reciente pluralidad mexicana. Sin embargo, de este diagnóstico no se deriva en automático la vuelta a la dictadura de la ciudad capital.
De eso ya tuvimos demasiado durante el siglo XX y no fue cosa buena. Negó la verdadera naturaleza de México la política centrada en una sola coordenada, en una sola visión del país, en un solo partido, en un solo poder, en una sola región. Contra Tornel, Bocanegra, Santa Anna y sus hartos nuevos herederos, México es muchos Méxicos y solo el federalismo, como arreglo político, es armónico con tal realidad.
Por más cierto que sea el error de la política local, cabe advertir que el país necesita más de tres lustros para hacer madurar su federalismo. Por eso es injusto que, de nuevo y tan pronto, queramos colgar el retrato de su Alteza Serenísima en la pared del comedor. Hay decisiones menos drásticas —y menos interesadas políticamente— que permitirían a México ser la República federal que en su primer nacimiento se prometió.
¿A quién le conviene en esta ocasión la vuelta al centralismo? Contra ese enemigo es que las regiones habrían de protegerse antes de que la conjura conservadora vuelva a triunfar.
Analista político
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