¿Y a los Templarios cuándo?

 Salvador García Soto 

En la guerra que se libra en Michoacán y que obligó a la entrada por la fuerza de las tropas federales había, a saber, dos bandos: el de los grupos de autodefensa, formado por michoacanos armados que decidieron tomar en sus manos la seguridad de los municipios y ciudadanos ante la ineficacia y corrupción de los gobiernos, y los grupos de narcotraficantes de los cárteles de Los Caballeros Templarios y de Jalisco Nueva Generación, que habían sometido a los habitantes con secuestros y extorsiones, y contra los que se organizó la rebelión y la defensa de los pueblos michoacanos.

Sin embargo, al anunciar la nueva estrategia que arrancó el lunes con el envío de miles de soldados, policías federales y agentes de la PGR a la región de la Tierra Caliente michoacana, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, enfocó su discurso sólo a los grupos de autodefensa, a los que acusó de actuar fuera de la ley y debilitar el Estado de Derecho y les pidió, en un claro tono de ultimátum, entregar las armas, regresar a sus actividades y “dejar la seguridad en manos de las autoridades federales”.

Hasta ahí el mensaje de Osorio y del gobierno federal respondía a la presión pública nacional e internacional que veía en los grupos armados de autodefensa, fuerzas paramilitares que, en ejercicio legítimo de defenderse de los criminales, habían cruzado la frontera de la ilegalidad al tomar en sus manos la justicia y disputarle al Estado el monopolio de la violencia.

Pero cuando se esperaba que la misma advertencia de la fuerza federal se lanzara también a los criminales y narcotraficantes que también han ejercido la violencia de las armas contra la sociedad michoacana, el discurso del secretario de Gobernación se quedó cojo y nunca especificó que el operativo de soldados, policías, tanquetas y helicópteros que desde ayer tomaron el control de Tierra Caliente también iba dirigido a someter a los Caballeros Templarios o a los narcos de Nueva Generación y no sólo a desarmar a los grupos de autodefensa.

La respuesta de los grupos comunitarios acusó claramente ese extraño olvido o descuido del gobierno federal. Al sentir que eran el único blanco del despliegue armado de la Federación, los michoacanos autoarmados y sus líderes respondieron con una negativa a deponer las armas y, en algunos puntos como Antúnez, en Parácuaro, repelieron y rechazaron la presencia de los soldados con un saldo trágico de al menos un civil muerto y versiones no confirmadas de otros tres guardias comunitarios caídos por tiros del Ejército.

Hubo quien interpretó que el olvido en el mensaje del secretario Osorio se debió a que el problema de las autodefensas se había convertido en el principal motivo de crítica y en fuente de desgaste para la imagen del presidente Peña Nieto e incluso del país, por la inacción del gobierno, por lo que se convirtió en prioridad del nuevo operativo federal. Pero como haya sido, el grave error de no incluir al crimen organizado entre los objetivos explícitos del impresionante despliegue federal, despertó ayer toda clase de reclamos y suspicacias sobre las intenciones y la efectividad del gobierno central con esta nueva estrategia.

Porque aun cuando se hayan convertido en parte del problema y en una expresión de la ilegalidad y el caos en que vive Michoacán, donde se vieron obligados a defenderse ante las agresiones de los narcos y la ausencia de autoridades de todo tipo, los grupos de autodefensa no son la causa del problema sino uno de sus efectos. En el origen de la violencia que convirtió a la región de Tierra Caliente en una zona sin ley están los criminales de la Familia Michoacana, hoy llamados Caballeros Templarios, y los narcos de Nueva Generación que llegaron a disputar el territorio. Fueron ellos los primeros que, con el uso de las armas y el miedo del asesinato, las violaciones, el secuestro y las extorsiones, convirtieron a la zona en un auténtico infierno en el que a los ciudadanos se les fue orillando a tomar las armas y defenderse ante el abandono del gobierno estatal y federal que nunca detuvieron, en más de dos décadas, los crímenes de los narcotraficantes.

Por eso ahora que las tanquetas y los camiones militares avanzan por municipios como Apatzingán y los helicópteros surcan los cielos de la región calentana, el gobierno está obligado a confirmar que, junto a la petición de desarme de los pobladores que integran las autodefensas, irá una embestida de igual o mayor nivel contra las cabezas y los capos de Los Templarios y el cártel Nueva Generación, y contra las redes políticas y económicas que permitieron su expansión por más de una década. Porque si eso no sucede, estaremos ante un nuevo montaje coyuntural y momentáneo que no resolverá la guerra de fondo que sufre Michoacán y que tiene por único origen la indolencia y la complicidad entre autoridades y narcotraficantes en ese estado.