Gabriela Rodríguez
Dos
víctimas de la injusticia muestran cómo, en este país, el derecho al
debido proceso y a juzgar con perspectiva de género no son más que una
retórica: son los casos de Nestora Saldado García, de Guerrero, y de
Leticia Valdez Martell, de Oaxaca.
Como ha sido difundido en los medios, Nestora Salgado es una mujer
joven originaria de Olinalá, Guerrero, quien siendo adolescente tuvo
que emigrar a Estados Unidos en busca de oportunidades y 20 años más
tarde, ya casada y con tres hijos, decidió regresar a Olinalá para
ayudar a su gente. No tardó mucho en convertirse en una líder social y
en comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), grupo que se ha enfrentado
a delincuentes del crimen organizado y ha denunciado la corrupción de
funcionarios locales.
El 21 de agosto del 2013, Nestora fue detenida en la cabecera de ese
municipio por efectivos del Ejército, la Marina, la policía estatal y
la policía municipal. Tal como relata Sanjuana Martínez (Sin Embargo),
el 16 de agosto ella encabezó la detención del síndico de Olinalá,
Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de
abigeato, y presuntamente estar involucrado en el asesinato de dos
ganaderos. Esa retención movilizó al Ejército Mexicano para detener y
encarcelar a Nestora. Las irregularidades fueron muchas: de manera
arbitraria la detuvieron alrededor de 20 militares en 15 vehículos y
después la pasaron a otro vehículo de la Armada de México.
Posteriormente la trasladaron en avión a Tepic, Nayarit, y durante
cinco horas no le permitieron ni siquiera ir al baño, le robaron su
bolso, su celular, documentos, 15 mil pesos, una cámara digital, sus
anillos de matrimonio. Nestora es ciudadana estadunidense y jamás le
permitieron hacer una llamada a la embajada de Estados Unidos. Durante
su detención, la Procuraduría General de la República la obligó a
firmar un documento sin leer su contenido: ella presume que este texto
podría ser una confesión del cargo de secuestro que le imputan.
Las detenciones de la Policía Comunitaria de Olinalá están incluidas
en la normativa acordada por el gobierno. Lo que Nestora denuncia es la
connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico. Por toda
respuesta, el Estado la encarcela. Ella tiene claro que si algo le pasa
a ella o a su familia, los responsables son los funcionarios; señala a
Eusebio González, Omar Jiménez y Armando Patrón Jiménez. El Centro de
Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan está defendiendo a
Nestora del cargo de secuestro agravado en el juzgado segundo de
distrito, con sede en Chilpancingo, y ha exigido su liberación por
tratarse de un claro ejemplo de ilegalidad en su detención y traslado a
un penal de máxima seguridad.
Todas las complicaciones que ha sufrido Leticia Valdez en este
proceso penal se derivan del hecho de que en el anterior proceso penal
que se siguió en contra de los agresores de su hijo, ella exhibió
mediáticamente a los funcionarios que actuaron de manera corrupta en
plena complicidad y encubrimiento para proteger a los abusadores
sexuales, entre los cuales se encuentran miembros del Poder Judicial
del estado de Oaxaca. A manera de venganza ellos se han ensañado con
una mujer que ha decidido actuar en defensa de los derechos de su hijo
menor.
¿Cómo evitar que los servidores públicos aprovechan el sistema de
justicia para venganzas personales contra las mujeres? ¿Acaso se trata
de una cultura institucional? Decía José Alfredo Jiménez: “Dios me ha
dado ese capricho
y he venido a verte hundida,
para hacerte yo en la
vida
como tú me hiciste a mí. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos
la concede,
yo sabía que en la revancha
te tenía que hacer perder”.
Twitter: @Gabrielarodr108
No hay comentarios.:
Publicar un comentario