| Escrito por Sara Lovera y Gloria Analco |
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Pachuca, México, mayo (SEMlac).- La prevalencia de la
violencia en México significa que 62 por ciento de las mujeres en
pareja han vivido algún evento de este tipo y ocurren al menos 15.000
violaciones sexuales cada año, según datos oficiales.
Quiere decir, también, que el feminicidio, tipificado en todo el
país, sigue cobrando más de 2.000 vidas en la República y que el
hostigamiento y el acoso sexuales prevalecen en espacios de trabajo y
los impensados ámbitos académicos, para temor de miles de mujeres.
La desigualdad tiene muchas caras. Hoy las mujeres ganan un tercio
menos que los hombres por igual trabajo y solo 17 de cada 100 indígenas
tienen acceso a la salud y la seguridad social; desigualdad que, según
los expertos, anida la violencia contra este sector de la población.
Este panorama, expuesto durante el "Foro Hemisférico Belém do Pará:
Buenas Prácticas y propuestas a futuro", es semejante en todos los
países de la región, con diferencias abismales en algunos casos y
coincidencias lamentables en otros.
Situación que habrá de enfrentar aquí y ahora con determinación,
recursos y una cruzada cultural que haga posible actuar sobre la
cultura patriarcal, expuso Lorena Cruz, presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al intervenir en la cita,
celebrada en la capital del estado mexicano de Hidalgo.
A su juicio, todas las instituciones del Estado "tenemos el deber,
la obligación de crear ambientes propicios, habilitantes, para que las
mujeres y las niñas ejerzan sus derechos humanos".
Una entre más de 10 representantes del gobierno mexicano,
responsable de la política de género en el país, coincidió con sus
pares en la enorme tarea que emprendió el Estado Mexicano, luego de
ratificar la Convención Belém do Pará.
Pero reconoció que, a 20 años del establecimiento de ese primer
tratado que identifica la violencia contra las mujeres como un enorme
problema público, el balance da oportunidad para profundizar acciones
conjuntas, en toda la América y con todos los sectores de la región.
Es urgente, dijo Lorena Cruz, reconocer que la violencia de género
es el impedimento más poderoso para que las mujeres ejerzan sus
derechos, por lo que es preocupante que amplias capas de la sociedad
consientan estos hechos contra mujeres y niñas; que muchísimas personas
y jóvenes sigan viendo como algo normal que los varones sometan a las
mujeres.
Se trata de un problema que, para la subsecretaria de Derechos
Humanos, Lía Limón, se ha enfrentado con un andamiaje legal establecido
en el país y donde el Estado es garante de la vida libre de violencia
contra las mujeres. Dijo estar segura de que se avanza y destacó que el
gobierno no retrocederá.
La directora nacional del Sistema Nacional del Desarrollo de la
Familia (DIF), Laura Vargas, trabaja en todo el país para hacer
conciencia del valor de las mujeres y de las dificultades para
erradicar la violencia familiar.
El patrocinador de la reunión y gobernador del estado de Hidalgo,
José Francisco Olvera Ruíz, explicó cómo hizo un convenio con la
Comisión Interamericana de Mujeres y se comprometió a erradicar la
violencia contra ellas. El trabajo, señaló, será integral porque el
asunto central es el acceso a la justicia, la coordinación de acciones,
y destacó seis programas que se han puesto en marcha. Al final aseguró
que rendirá cuentas.
También se explicó que la tercera línea estratégica del gobierno de
Enrique Peña Nieto es dotar a todas las dependencias de una perspectiva
de género. El anfitrión llamó a sus similares a cumplir con esta tarea
y aplicar los compromisos adquiridos, toda vez que la violencia contra
las mujeres conspira contra el desarrollo.
 Pero fue Lorena Cruz quien hizo ver que el fenómeno tiene causas
estructurales, que perversa o inconscientemente han pretendido
naturalizar la violencia contra las mujeres, lo que obliga a actualizar
las estadísticas y revisar las leyes que mantienen el hostigamiento
laboral y sexual como delito poco grave. Esto, dijo, "no puede
continuar".
Consideró urgente diversificar el uso de herramientas tan poderosas
como la educación y la comunicación masiva para fortalecer un cambio
cultural de fondo, porque la violencia contra las mujeres se recrea y
justifica en los aprendizajes, convirtiéndose en un círculo vicioso.
"Es preciso desalentar y condenar con energía todas las expresiones
de una cultura arcaica y androcéntrica, que otorga más valor a lo
masculino, ensalzando la asimetría de poder como algo pretendidamente
natural; que da carácter de verdad revelada a los estereotipos de
género, al prejuicio y a la exclusión", indicó.
Y agregó que es necesario poner en marcha un proceso que
desacredite, por todas las vías, "cualquier práctica que valide el
abuso de poder de unos sobre otras".
En un acto de autocrítica, la Presidenta de Inmujeres señaló que
existen herramientas muy poderosas para impulsar políticas públicas de
excelencia, "que no hemos desarrollado ni siquiera medianamente".
Entre ellas, una fundamental son las estadísticas con perspectiva de
género, resultado de una minuciosa recolección y organización de datos
valiosos sobre casos de violencia contra mujeres.
Refirió que, aunque los datos aún no perfilan todo lo que se
necesita saber, reflejan rezagos indiscutibles en cuanto a homicidios,
violaciones, trata, desapariciones, hostigamiento laboral, sexual… y
temor, mucho temor entre mujeres y niñas frente a la alta probabilidad
de ser víctimas de violencia en cualquier lugar.
Afirmó que el andamiaje legal, la protección legítima para las
víctimas y el castigo ejemplar para sus agresores tienen que llegar a
todos los espacios y todas las mujeres.
Señaló que, en la transformación cultural que nuestros países
requieren, es determinante el papel de la escuela y de los medios de
comunicación masiva, por su carácter eminentemente educador.
Urgente el cambio cultural
En México, 94,7 por ciento de los hogares cuentan con televisión,
hombres y mujeres dedican en promedio 10 horas a la semana a la
televisión y seis horas a diferentes medios de audio.
La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y
discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y las niñas,
y se ha construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la
violencia y la discriminación.
Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas
visiones en perjuicio de las mujeres, "naturalizando" la desigualdad de
género.
Los estereotipos de género forman parte del imaginario colectivo
simbólico y con frecuencia no se perciben los componentes de
discriminación, subordinación y violencia que contienen.
El 22 por ciento de las mujeres de 15 años o más está de acuerdo en
que la esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él ordene; 18,1
por ciento cree que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales
con su esposo o pareja aunque no quiera; 26,6 opina que si hay golpes o
maltrato en casa es un asunto de familia y ahí se debe quedar.
La transformación de las prácticas culturales mediante políticas que
desalienten el uso de estereotipos de género y fomenten una imagen
equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de sus
aportes a la sociedad, contribuirá a modificar los patrones
establecidos y fomentará el respeto entre mujeres y hombres.
De acuerdo con las informaciones de encuestas, análisis y estudios
reconocidos como válidos, los estados de México, Chiapas, Tlaxcala y
Puebla ocupan los primeros lugares en cuanto a lenocinio, tratantes de
personas y prostitución infantil. Las cifras de estos crímenes crecen
exponencialmente.
Se considera que los 10 estados con mayor vulnerabilidad ante la
trata de personas son: Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca,
Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit y Yucatán.
En tanto, con menor vulnerabilidad ante ese flagelo aparecen el
Distrito Federal, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo,
Sonora, Nuevo León, el Estado de México, Coahuila, Tamaulipas y Morelos.
El Distrito Federal es la entidad de "más baja vulnerabilidad" ante
la trata en todo el país, en parte porque hay mayor grado de
cumplimiento y protección de los derechos humanos; no así la ausencia
de impunidad, ilegalidad o de un posiblemente alto número de casos de
trata de personas.
Se habla de que la trata de personas ocupa el tercer lugar en
ganancias de la delincuencia organizada, con 9.500 millones de dólares
al año, después del narcotráfico y el tráfico de armas.
Cifras específicas sobre menores
. En 2013 se registraron 182 alertas amber y prealertas; en lo que va de 2014 se han activado en 57 ocasiones.
. Hoy las redes sociales son el mecanismo preferido para reclutar
víctimas, engañadas con la ilusión de iniciar una relación amorosa, un
trabajo o una carrera de modelo.
. De las 274 víctimas atendidas desde 2012 a la fecha, 87 (31,7 %)
tienen menos de 18 años y todas fueron ubicadas en redes sociales.
. Estudios como el de la maestra Elena Azaola hablan de 12.000 niños y niñas involucradas en explotación sexual cada año.
. México ocupa el quinto lugar en América Latina como generador de este tipo de víctimas y el lugar 25 a nivel mundial.
Legislación en la materia
Son 17 las entidades federativas que no cuentan con un protocolo de
investigación de niñas y mujeres desaparecidas: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
Veintiséis estados cuentan con su ley para combatir la trata. Sin
embargo, siete todavía no tienen reglamento: Chiapas, Distrito Federal,
Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.
Son siete las entidades que no tienen su respectiva ley de trata:
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guanajuato,
Morelos y Zacatecas.
Hoy 31 entidades federativas han tipificado el feminicidio en sus
códigos penales y, gracias a la iniciativa de México, este delito ha
pasado a formar parte de la preocupación de todos los Estados que
integran la ONU.
Sin embargo, México todavía debe de mejorar la pulcritud y el
registro de datos básicos para integrar averiguaciones previas sólidas.
También debe de resolver las inquietantes variaciones en las penas que
las diferentes entidades imponen a los feminicidas y robustecer la
impartición de justicia con perspectiva de género.
Se avanza en los presupuestos etiquetados para la igualdad, que son
un referente en América Latina y el Caribe, al destinar importantes
recursos al combate de la violencia de género, pero hay que mejorarlos
para enfrentar todas las caras de la violencia y proteger
eficientemente a mujeres y niñas. Cerca de dos millones de dólares en
2014 y de ellos 700.000 dólares serán destinados a la lucha contra la
violencia.
En México se cuenta con un programa de carácter integral contra la
violencia, que considera líneas y acciones específicas para su
prevención, atención, sanción y erradicación, articulando las tareas de
diferentes sectores.
Tal vez por eso la presidenta de Inmujeres señaló que un reto es
continuar avanzando en la procuración e impartición de justicia con un
enfoque intercultural y de género. Del mismo modo, se necesita de más
exigencia para lograr el establecimiento de estándares jurídicos que
impidan a los agresores de mujeres escapar de la acción de la justicia,
aunque falta involucrar a todos los actores. Los tribunales están por
firmar un protocolo preparado por la Suprema Corte de Justicia.
Cumplir en tiempo y forma con los Informes de país y los
hemisféricos constituye un punto de referencia indispensable para
identificar tanto las áreas que se deben trabajar con más ahínco, como
para visibilizar el tamaño del problema.
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