Ricardo Mejía Berdeja
El ambiente socio-político mexicano en la época actual nos ha enseñado dos cosas que debemos tener presentes continuamente, la primera de ellas es que el Congreso se ha convertido en la Oficialía de Partes del Gobierno Federal y la segunda es, como consecuencia natural, que no podemos actuar para impedir los graves daños a nuestro país, sino es trabajando en conjunto con todos los sectores de la sociedad.
Dentro de este grave contexto, y como ya se ha mencionado en este espacio con anterioridad, una de las batallas más importantes que se librará dentro de la discusión y aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética, será la de evitar la implementación de la fractura hidráulica, más conocida por su término anglosajón fracking, en el territorio nacional.
El fracking es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, generalmente de formaciones de esquistos, mismas de las que se obtiene el llamado gas shale. Estas formaciones geológicas se ubican a varios miles de metros de profundidad y para acceder a ellas se debe perforar hasta la formación que alberga los hidrocarburos, empleando una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perfora verticalmente y posteriormente se continúa de forma horizontal, con pequeñas explosiones, a lo largo de varios kilómetros.
Los múltiples impactos socio-ambientales de esta técnica son significativos. El uso intensivo del agua, que puede variar de 9 a 29 millones de litros por pozo, pondría en riesgo el acceso al agua necesaria para el uso doméstico de entre 5 a 15.9 millones de personas.
¿Qué sucedería en estados como Coahuila, en donde la falta de agua ya es un problema del día a día de las familias en ese territorio?
Además, a esa amenaza debemos agregar la contaminación de agua por sílice o metano, o la contaminación del aire y suelos que genera la acumulación del agua de deshecho en tinas contenedoras, los riesgos son demasiado altos para no considerarse.
Estas graves problemáticas ya son en sí suficientes como para oponernos rotundamente al fracking, pero éstos no son los únicos daños, pues también existen afectaciones en otro tema de vital importancia para la sociedad, esto es, en la violación de los derechos humanos generados por la implementación de esta técnica.
Durante la elaboración de los proyectos, la exploración y la explotación de hidrocarburos por medio del fraking se violentan diversos derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, especialmente de las comunidades cercanas y no sólo esto sino que estas afectaciones pueden extenderse a comunidades o poblaciones lejanas a los proyectos y peor aún, afectar el presente y el futuro de muchas generaciones.
Zonas que previamente eran rurales, cercanas a pueblos y comunidades se ven rodeadas prontamente por maquinaria muy pesada que realiza perforaciones profundas, con el consecuente aumento de tránsito por carreteras que usualmente eran poco transitadas, mismas que desembocan en carreteras de mayor afluencia que poco a poco se agrietan y maltratan por el aumento de tránsito, en especial de vehículos de carga.
El ruido en dichas zonas aumenta exponencialmente, volviendo estas zonas que son en su mayoría rurales, en áreas industriales en donde se realizan trabajos 24 horas al día, 365 días al año.
Disminuyen las condiciones de habitabilidad de las regiones en donde se establecen los proyecto, esto por supuesto afecta también el acceso a la educación en instalaciones adecuadas, los centros laborales, los espacios recreativos, así como el derecho a la libre determinación de los pueblos.
La migración de especies animales, o la extinción de las mismas, también está ligada al uso del fracking. La producción ganadera, así como el cultivo, se ven afectados prontamente pues –como ya hemos mencionado- la contaminación de aguas, suelo y aire es inmediata.
Con la implementación de esta técnica en Coahuila desde junio de 2013, es posible afirmar que desde la etapa del diseño de los proyectos, la opacidad y la violación al derecho de acceso a la información, el derecho a la consulta previa y a la participación son violentados.
Sin embargo, Rubén Moreira, gobernador de la entidad, descalifica totalmente a las organizaciones de la sociedad civil que están presentando la otra cara de la explotación del gas shale.
A pesar de las voces en contra, Moreira ha defendido en más de una ocasión el proyecto para extraer el combustible en Coahuila y ha dicho que quienes se oponen es porque no han entendido que el “fracking ya no es con explosiones, es con agua que se inyecta y se recicla para la obtención del energético”.
“La exploración se está haciendo en Estados Unidos, ha generado cientos de miles de empleos”, señaló a finales de marzo. “Yo les diría a todos que, ¿cuál es la alternativa? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la alternativa para una sociedad que requiere energía eléctrica?, ¿el petróleo, el carbón, la energía nuclear?”, cuestionó.
Pues bien, el ejemplo de Estados Unidos, lejos de ser la gran panacea que ofrece este cínico gobernador, es un ejemplo de otras consecuencias, como si las ya mencionadas con anterioridad no fueran suficientes.
El caso paradigmático es el de la ciudad de Dish, Texas, en donde se descubrió tras un estudio, que la contaminación del aire en zonas cercanas a pozos de fracking contiene una cantidad de benceno (agente cancerígeno) muy superior a lo permitido. Esta contaminación puede deberse bien a la evaporación proveniente de las piletas donde se almacenan las aguas residuales o por fugas en los pozos de gas y tuberías, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2011 un informe de la Casa de los Representantes de Estados Unidos dictaminó que de los 2500 productos empleados en la fractura hidráulica, más de 650 contienen químicos potencialmente cancerígenos. Esto pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales ya que la ‘sopa química’ que se inyecta durante la fractura puede filtrarse por problemas de cementación de las cañerías o migrar más allá de la formación geológica que se pretende intervenir, también derramarse durante su manipulación en superficie o tratamiento y disposición inadecuada de las aguas residuales.
Y sin embargo en México, personajes como Moreira en Coahuila, o Rodrigo Medina en Nuevo León, plantean esta técnica como novedosa y segura, ante una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en este tema, como en muchos otros, guarda silencio bajo la complaciente tranquilidad de Raúl Plascencia.
Estamos a tiempo de impedir la implementación de esta técnica, a tiempo de detener las últimas heridas de muerte al desarrollo nacional, pero debemos entender que sólo en unidad podemos lograr esa mayoría que hoy nos aplasta en las calles. El presente lo requiere y el futuro lo vale.
Existe a nivel internacional la experiencia de países que se han dado cuenta de estas graves problemáticas. Francia y Bulgaria van a la cabeza, con una prohibición absoluta al fracking desde 2011 y 2012 respectivamente, o demos la batalla como Rumania, Sudáfrica, Alemania, República Checa, Argentina, España, Suiza, Italia, Irlanda del Norte, Irlanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, que han logrado moratorias totales o parciales como medida precautoria ante el fracking.
Ahora más que nunca es importante empatar agendas entre el poder legislativo y las organizaciones de la sociedad civil, esta lucha nos concierne a todas y a todas y de ella depende no sólo el futuro de nuestras hijas e hijos, sino el presente de toda la sociedad.
@RicardoMeb
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