Alejandro Encinas Rodríguez
Con bombo y platillo se festinan las reformas estructurales; se anuncian obras e inversiones millonarias; el arribo masivo de capitales extranjeros, la generación de decenas de miles de empleos. México —dicen— se está moviendo, pero ¿hacia dónde?
A pesar de la estridencia en los festejos de la oligarquía mexicana y sus súbditos, y de la abrumadora campaña de publicidad que anuncia lo que va a hacer el gobierno de Peña Nieto y no lo que ha hecho, todos los indicadores de gobernabilidad continúan a la baja.
La expectativa de crecimiento económico para este año cayó de 3.9% a 2.6%. La violencia supera la registrada en el gobierno anterior. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2012 y junio de 2014, se denunciaron 57 mil 899 homicidios dolosos o culposos, cifra superior en 14 mil 205 homicidios a los registrados en los primeros 20 meses del gobierno de Felipe Calderón. En el mismo periodo, los secuestros sumaron mil 946 casos y las denuncias por extorsiones fueron 8 mil 294, mientras los feminicidios continúan al alza. Amnistía Internacional denuncia que la tortura persiste y se tolera en México. En el Poder Judicial prevalece la corrupción. Los desastres ambientales quedan en la impunidad.
La pobreza alcanza a 60 millones de mexicanos, el desempleo en el mes de julio pasado, se incrementó al 5.5% de la población económicamente activa y el subempleo al 8.3%.
Según el Informe México: cómo vamos, la población que no puede adquirir la canasta alimentaria básica con su salario pasó del 48.5% en 2008, al 50.4% en 2014. Situación que se agrava ya que durante el mismo periodo, se perdieron un millón 983 mil empleos con remuneraciones entre tres o más salarios mínimos, al tiempo que los puestos de trabajo que perciben entre uno y tres salarios mínimos crecieron en 3.3 millones de personas. El 13% de la población ocupada —7 millones de personas— percibe el salario mínimo, el cual ha perdido el 70% de su poder adquisitivo de los años 70 a la fecha.
México ocupa el menor nivel de salario mínimo dentro de los países de la OCDE, y es el único país en América Latina con salarios mínimos estancados, manteniendo niveles similares a los de Bolivia y Nicaragua, que equivalen a la tercera parte de los salarios que se pagan en Brasil, Chile, Ecuador o Uruguay.
De acuerdo con la OIT, en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores calificados” y es el único país “donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de pobreza per cápita”.
El gobierno retoma las viejas prácticas del presidencialismo autoritario. Ante el debilitamiento del Estado que permitió la feudalización de las entidades federativas dominadas por gobernadores —que impunemente lo mismo corrompen las finanzas que la vida pública— y el fortalecimiento de los poderes fácticos —tanto económicos como delictivos—, se centraliza el poder, se designan comisionados especiales que, al igual que virreyes, desplazan a las autoridades locales e imponen los dictados del gobierno central, mientras las fuerzas armadas y la nueva Gendarmería ocupan territorios y asumen facultades que corresponden a los estados y municipios.
Ante la caída en las encuestas de la aceptación de Peña Nieto, se anuncian aeropuertos, ferrocarriles, plantas de generación de electricidad, mayores niveles de explotación de hidrocarburos. México se está moviendo —insisten—, y en ello derrochan entusiasmo los hombres del poder y del dinero. Pero no se está moviendo para atender las aspiraciones de los mexicanos que buscan empleo, desean seguir estudiando, satisfacer sus necesidades básicas, recuperar la tranquilidad y perder el miedo. Sí, el gobierno mueve a México, pero en sentido contrario al interés de la nación.
Senador de la República
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