10/06/2014

La reforma que viene

Porfirio Muñoz Ledo
El país está en curso de una severa involución política. El mayoriteo parlamentario con el que se aprobaron las recientes reformas estructurales son un reflejo de la insuficiencia de nuestro sistema político representativo.
Los cambios introducidos en diversos órdenes están detonando agudas polarizaciones y, con ello, un vasto número de reclamos como los expresados por los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional. En otras latitudes, las movilizaciones de Hong Kong —ya tituladas como la Primavera Asiática— y las aún cuantiosas en Brasil, diseñan escenarios de desbordamiento a los que no podemos ser ajenos, sobre todo por nuestras particularidades: la presencia creciente del crimen organizado, el estancamiento de la economía, el menoscabo del salario y la miseria rampante, en suma, la descomposición de nuestra frustrada transición democrática.
Se hace necesaria una recomposición política cabal que incluya la participación de la sociedad más allá de los acuerdos suscritos por las cúpulas, como ocurrió en Escocia. Es urgente el fortalecimiento y democratización de las instituciones públicas desde una perspectiva refundacional. Los mecanismos de participación ciudadana serían esenciales. Tiene que reducirse drásticamente el monopolio grupal de la política que ha secuestrado la toma de decisiones en beneficio de los poderes fácticos.
La reforma política del Distrito Federal es asunto de singular relevancia, porque ha impulsado desde sus inicios las transformaciones democráticas contemporáneas y ha sido clave de los equilibrios nacionales. Los avances alcanzados y las libertades conquistadas debieran ser un aliciente para la definición de un nuevo orden jurídico, que reconozca la plena autodeterminación de los capitalinos y tenga efectos de irradiación sobre el sistema federal.
Existe coincidencia en que esta ciudad —conservando su carácter de capital— debiera gozar de iguales derechos y prerrogativas que las demás entidades de la federación. No más una relación de subordinación sino de cooperación con las autoridades nacionales.
La ciudad de México debe darse un régimen de gobierno propio comenzando por la división y equilibrio de poderes y el fortalecimiento de los órganos autónomos con mayor incidencia ciudadana. Nadie parece oponerse a la reordenación territorial que promovería un mayor número de demarcaciones al de las actuales delegaciones, dotadas de un cuerpo colegiado de gobierno. No más gobiernos unipersonales, sino alcaldías cuyas características están por determinarse.
Un estatuto de capitalidad determinaría las relaciones entre poderes federales y locales y una ley metropolitana crearía los mecanismos de coordinación con las entidades y municipios vecinos. Una ambiciosa carta de derechos que enmarque la acción legislativa de la ciudad podría sustentarse en los tratados internacionales de derechos humanos que ya tienen jerarquía constitucional, y que podrían ser el catálogo de garantías más amplio que haya visto el país.
Subsisten matices sobre el modo de adoptar una nueva Constitución: optar por otorgar esta facultad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se elija en 2015 parece más sencillo, pero no se trataría de un constituyente originario, que según la doctrina se agota al expedir la Constitución. Se trata de un poder constituido que deriva del Estatuto de Gobierno, que fue creado por el Congreso de la Unión, mismo que será abrogado por la reforma a la Constitución federal.
En contraste, el establecimiento de una asamblea constituyente ad hoc, posibilitaría la apropiación de los ciudadanos del orden jurídico que los rige. Se trataría de una elección distinta derivada de un mandato directo de la Constitución nacional.
Se ha propuesto también la vía de referéndum para que ratifique un acto previamente aprobado por una asamblea, como está previsto en la teoría constitucional, para lograr un equilibrio deseable entre la democracia representativa y directa en los asuntos de gran trascendencia, lo que podría constituir un parteaguas en el ejercicio de la soberanía popular contribuyendo a erradicar la percepción de que las decisiones políticas son objeto de apropiación de los gobernantes.
La solución de los problemas que enfrentamos exige más audacia y mayor confianza en la ciudadanía. No obstante cualquiera de las vías que se adopte, pronto se materializará la lucha histórica por la emancipación de la ciudad. Evidencia de que las grandes empresas no son solamente necesarias, sino posibles.
Comisionado para la reforma política del DF

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