Arturo Huerta González*
La
mayoría de los ministros declaró inconstitucional la consulta pública
sobre la pregunta de ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen
contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la
exploración de petróleo, gas, refinación, petroquímica e industria
energética?, por considerar que se trata de la eventual afectación de
los ingresos del Estado. Parten del supuesto gubernamental de que la
reforma energética aprobada por el Congreso aumentará el ingreso del
Estado. Su decisión, es política, no es apego a la Constitución.
Defienden la postura gubernamental de que dicha medida mejorará las
finanzas públicas y que derogarla afectaría los ingresos del Estado.
Bajo el mismo razonamiento avalarán como válido si el Congreso aprueba
la venta de Baja California, porque ello mejoraría las finanzas del
Estado, y llevar a consulta dicha decisión, y derogarla afectaría los
ingresos del Estado.
La reforma energética aprobada no mejorará los ingresos del Estado,
sino por el contrario, los reducirá, ya que compartirá la renta
petrolera con los inversionistas privados que participen en dicha
industria. Para que aumenten el ingreso del Estado tendrán que
incrementarse las exportaciones petroleras en gran magnitud, lo que
implicaría el agotamiento de las reservas petroleras en corto tiempo.
La Suprema Corte de Justicia, con su decisión, avala el proceso de
privatización y extranjerización de la economía y el agotamiento
expedito de nuestras reservas petroleras, como medida para mejorar los
ingresos del Estado, como si ello se tradujera en mayor bienestar de la
población.
Tal reforma viene a reducir más el tamaño y participación del Estado
en la economía, como su capacidad para satisfacer las demandas
nacionales. Los supuestos mayores ingresos esperados serán para hacer
frente al pago del servicio de la deuda pública, que se ha incrementado
significativamente, y no para impulsar el crecimiento.
No se puede transferir un recurso estratégico no renovable al sector
privado nacional y extranjero, por más ingreso que pueda significar al
Estado, ya que ello terminará por debilitar al propio Estado y por
subordinarlo más a los intereses del gran capital nacional e
internacional, a costa de seguir sacrificando y marginando las demandas
nacionales, y de acentuar la inequidad de la distribución de la riqueza
y del ingreso en el país, política que avala la Suprema Corte de
Justicia con sus decisiones.
Si
a la Suprema Corte de Justicia le preocupan los ingresos del Estado,
¿por qué no declaró inconstitucional las modificaciones
constitucionales que le dieron autonomía al banco central?, ya que ello
le quitó el monopolio del dinero al gobierno, y por lo tanto su fuente
de financiamiento, obligándolo a trabajar con austeridad fiscal, o
tener que recurrir al endeudamiento en caso de caer en déficit fiscal.
De igual forma, tampoco la Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucional las reformas que llevaron a la privatización de
Telmex, ni de la minería, ni de la banca, que han originado que el
Estado dejara de percibir los grandes ingresos que se derivan de tales
sectores, ingresos que ahora los usufructúan aquellos hombres que han
pasado a ser los más ricos del país.
La Suprema Corte de Justicia jamás cuestionó, ni cuestionará dichas
medidas, debido a que se subordina a las directrices de los gobiernos
en turno, y no respeta, ni hace respetar la Constitución, como debería
ser su tarea.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por la importante
tarea que les corresponde, deberían estar mejor capacitados para la
toma de sus decisiones, si en realidad cumplen la función que les
corresponde, pues si responden a los intereses del gobierno en turno,
de nada sirve mejorar su formación profesional. Si en realidad fueran
serios con su profesión deberían conocer de economía, además de las
leyes, además de la Constitución, y no justificar sin razón los cambios
constitucionales que se han venido dando en los últimos años, que
violentan los postulados presentes de los constitucionalistas de 1917.
El proyecto de país se ha venido desdibujando y con ello
deteriorando las condiciones de vida y bienestar de las grandes
mayorías del país, y debilitando el propio Estado, que se subordina más
y más a los intereses del gran capital, como lo hace a su vez el
Congreso de la República, y la Suprema Corte de Justicia.
Qué futuro le espera al país donde los tres poderes no tienen
proyecto de Nación. La población más temprano que tarde rescatará su
memoria histórica y mandará al basurero de la historia a aquellos que
han traicionado los principios nacionales por los que murieron aquellos
que nos dieron patria.
*Profesor en la División de Estudios de Po grado de la Facultad de Economía de la UNAM
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