Es un derecho del ciudadano votar en las consultas populares sobre
temas de trascendencia nacional y los temas de soberanía energética y
de la privatización del petróleo evidentemente lo son.
lasillarota.com
La
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negar las
consultas populares sobre la reforma energética confirma la cerrazón
del régimen y los grandes intereses económicos que están detrás del
despojo del petróleo, los hidrocarburos y la electricidad.
El
máximo tribunal del país en lugar de interpretar en sentido amplio
nuestra Constitución y con un criterio garantista y progresista a favor
de los derechos humanos y el derecho del pueblo a participar en las
decisiones trascendentes, optó por justificar el atraco como un mero
asunto de ingresos, como coartada para negarle a la ciudadanía su
derecho a decidir.
En estos momentos en que el país atraviesa
por la mayor polarización social, la violencia desatada, una grave
crisis humanitaria y de derechos humanos que ha escandalizado a la
comunidad internacional, el régimen ha optado por el endurecimiento,
por cerrar las vías institucionales para que el pueblo se exprese. En
lugar de actuar con altura de miras y abrir la posibilidad, mediante la
libre participación del pueblo, de revertir una reforma que cuenta con
el rechazo social de la mayoría de la población, niegan esta
posibilidad sumando este nuevo agravio a la enorme irritación social
que incluso pide la renuncia de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de
la República.
Bastaba con interpretar el texto constitucional
con una visión amplia, como un auténtico tribunal constitucional para
validar el ejercicio democrático de la consulta popular, pero es claro
que las ministras y los ministros actuaron por consigna, agraviando a
la mayoría de la población que rechaza este robo del siglo. En los
artículos 1, 35 y 39 está abierta la posibilidad de consultar a la
ciudadanía. En efecto dicen los citados artículos, lo subrayo con
negritas:
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares.
II.
Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos asícomo
a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación.
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
IV.
Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de
la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las
leyes.
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen
esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional
Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley.
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional…
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
De
estos artículos se desprende que la soberanía reside en el pueblo
(Artículo 39), que las normas relativas a los derechos humanos (como el
de participar en las decisiones públicas) se interpretan de la manera
más favorable a su protección, que las autoridades están obligadas a
promover y proteger los derechos humanos (Artículo 1°) y que es un
derecho del ciudadano votar en las consultas populares (Artículo 35)
sobre temas de trascendencia nacional (y los temas de soberanía
energética y de la privatización del petróleo evidentemente lo son).
Una
vez que las consultas tenían el respaldo ciudadano de millones de
mexicanos, a través de las firmas que validó el INE, estas reformas
privatizadoras en materia energética debieron ser motivo de consulta
popular. Agarrarse de una prohibición del artículo 35 de someter a
consulta temas de ingresos y gastos del estado es totalmente absurdo,
cuando son temas trascendentes que implican una decisión contraria a la
soberanía, cuando se trata del principal recurso de la nación e
implican la propiedad de los mexicanos sobre sus recursos energéticos.
No tiene que ver con un tema estrictamente de contabilidad
gubernamental.
Es evidente que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación es una corte de cortesanos con una sola excepción entre sus
miembros, que sirven al poder y le dan la espalda al pueblo.
Acostumbrados a los privilegios y jugosos emolumentos viven en su
Olimpo aislados de la gente. No les importa la opinión ciudadana sólo
el favor del Príncipe. Son cómplices del grave estado de cosas.
En
ese contexto solicitamos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados
el pasado jueves a casi 80 legisladores que se le retire la medalla
Eduardo Neri al mérito cívico, que indebidamente ostenta la ministra
Olga Sánchez Cordero, y que le fue otorgada por el PRI y sus aliados en
la Cámara. Vamos a seguir pidiéndole a más legisladores que se sumen a
esta petición, la medalla es hoy una grave afrenta al Poder Legislativo
y al pueblo de México porque no sólo se le negó al pueblo la
posibilidad de ser escuchado sino que la ministra fue quien proyectó la
sentencia.
En la misiva dirigida al diputado Silvano Aureoles,
presidente de la Cámara de Diputados, expresamos lo siguiente: "Eduardo
Neri quien fuera representante del Distrito Electoral Federal de
Chilpancingo, Gro., ante la XXVI Legislatura del H. Congreso de la
Unión, demostró gran valor civil, casi extraordinario, al hablar desde
la tribuna en contra de Victoriano Huerta, por la desaparición del
ejemplar senador de la República don Belisario Domínguez. En aquellos
tiempos, estar en contra de Huerta era igual que tener asegurada una
sentencia de muerte y aún a pesar de tal riesgo, el discurso que en
aquel entonces pronunciara, cambiaría la historia de nuestro país”.
“Dicho
legado de valentía y dignidad ha sido pisoteado el día de hoy por la
ministra Olga Sánchez Cordero, la última persona que ha recibido la
medalla Eduardo Neri, quien el día de hoy se ha manifestado en contra
del clamor popular y el derecho de las personas a ser consultadas en
temas de relevancia nacional, como lo es la reforma energética,
violando así su mandato de guardar y hacer guardar la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos, como integrante de uno de los Poderes de
la Unión”.
“Ante estos hechos, las y los diputados firmantes,
integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión,
solicitamos a la mesa directiva que usted preside que la Medalla al
Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, le sea retirada a
la ministra Olga Sánchez Cordero, pues con sus actos ha atentado contra
todo aquello que la medalla representa, así como contra el legado de
tan importante mexicano, quien nunca dudó en enfrentar al poder, por
defender al pueblo".
Cabe destacar que la solicitud la firman legisladores del Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PT.
En
el caso de Acción Nacional la inconformidad de los legisladores es por
la negativa a consultar al pueblo sobre el salario digno, además de
otras resoluciones de esa ministra, a quien al parecer ya se le hizo
costumbre agraviar a la población, como en los casos de Florence
Cassez, el anatocismo y Lydia Cacho, entre otros.
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