12/31/2014

Última protesta de 2014 por Ayotzinapa: va de PGR a Los Pinos


Familiares de los normalistas y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa realizan este miércoles 31 de diciembre la última protesta de 2014 para exigir la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
La protesta “En año nuevo #LaCenaConAyotzi”  partió a las 19:20 horas de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Avenida Paseo de la Reforma hacia la Residencia Oficial de Los Pinos.
El grupo de familiares y estudiantes de Ayotzinapa intentarán manifestarse afuera de Los Pinos, justo como hicieron el pasado 24 de diciembre durante la víspera de Navidad; cuando granaderos les impidieron el paso a la Residencia Oficial.
La presencia policial de ese día provocó que la protesta se llevara a cabo en el cruce de Paseo de la Reforma y Calzada Chivatito, a un kilómetro de Los Pinos. Para este miércoles, minutos antes de que la manifestación avanzará ya había presencia policial en las inmediaciones de la casa presidencial.
Aunque esta será la última protesta de 2014, familiares y otros normalistas de Ayotzinapa confirmaron el pasado 26 de diciembre que las manifestaciones continuarán y se intensificarán durante 2015 hasta que las autoridades encuentren vivos a los estudiantes desaparecidos desde hace tres meses.
Ese día, en una marcha que fue desde El Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, los padres de los normalistas dijeron que no permitirán que haya elecciones en el estado de Guerrero durante 2015 si sus hijos no vuelven a casa.
El pasado 26 de septiembre un ataque de policías municipales a los normalistas dejó un saldo oficial de seis muertos, 16 heridos y 43 normalistas desaparecidos.

La difícil herencia de 2014


DF. Miles marchan en repudio al gobierno por caso Ayotzinapa. Foto: Octavio Gómez
DF. Miles marchan en repudio al gobierno por caso Ayotzinapa.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pocos días después de que Enrique Peña Nieto pronunciara un discurso lleno de optimismo ante la Asamblea General de la ONU, donde invitó a los países del mundo a seguir el ejemplo de su país, “que se atrevió a cambiar”, la crisis política en México derrumbó sus ánimos triunfalistas. Los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa tuvieron el efecto de sacar a la luz problemas estructurales del sistema político mexicano que han sacudido no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero.

En realidad, el derrumbe de las ilusiones no fue inesperado. Las circunstancias políticas y económicas que han obligado a hacer un alto y ver con más realismo los problemas que aquejan al país estaban allí, cuidadosamente disimuladas por la embriaguez que produjo el Pacto por México y la consiguiente posibilidad de aprobar reformas constitucionales en 2013.

Sin embargo, pronto se advirtió que una cosa es aprobar leyes y reglamentos; otra muy distinta es implementarlos en un ambiente pleno de dificultades, al menos en ciertas regiones del país. La presencia de grupos violentos que hacen ingobernables ciertas partes de Guerrero, Oaxaca o Tamaulipas era conocida. También era conocida la presencia de grupos de autodefensa que han decidido tomar la aplicación de la ley en sus manos ante la situación insoportable creada por el crimen organizado en Michoacán; a nadie sorprende el caos que reina allí.

Al mismo tiempo, instituciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales venían señalando desde hacía varios años el contubernio existente entre mandos estatales, alcaldes y policías con el crimen organizado. Habían documentado, también, las desapariciones forzadas, cuyo caso más dramático habían sido los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. Las fosas clandestinas que se reportan recientemente no son una novedad.

A lo anterior cabe añadir los datos proporcionados por el INEGI respecto del funcionamiento del Sistema de Justicia en México y los escalofriantes estudios del CIDE que confirman la desigualdad en la aplicación de la ley y los grados de impunidad que prevalecen.

A la mayor toma de conciencia sobre tales problemas, propiciada por el auge mediático que adquirió Ayotzinapa, se sumó el desprestigio del jefe del Ejecutivo y parte de su gabinete, derivado de las investigaciones periodísticas relativas a los tratos sospechosos con inversionistas privilegiados por el gobierno, los cuales sugieren conflicto de intereses y presunta corrupción a gran escala en la élite política.

Si a todo ello agregamos la pérdida de credibilidad de los partidos políticos –en particular del PRD, por pertenecer a ese partido el presidente municipal coludido con el crimen organizado que resultó en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, el problema de la carencia de canales de expresión partidaria del descontento se coloca como un factor grave que profundiza aún más la crisis política con que termina 2014.

Desde el punto de vista de la economía, la situación no es mejor. Durante el primer año de gobierno de Peña Nieto las esperanzas en el “momento mexicano” que permitiría crecer 5% al año se vieron drásticamente reducidas cuando sólo se alcanzó un modestísimo 1.2%. En 2014 las cosas no van por buen camino. Aunque todavía no se conoce el resultado de la actividad económica del cuarto trimestre, la mayoría de analistas coincide en que, con buena suerte, se logrará 2.1%. Lo peor es que la situación no pinta mejor para el año entrante. ¿Qué ha sucedido?

Una primera respuesta es la poca atención que el “brillante” grupo de economistas que conduce el país ha dado a los factores externos. Para quien apostó tanto a una reforma energética que, según se dijo, atraería miles de millones de dólares, era necesario tener claros los diversos escenarios sobre la evolución del precio del petróleo. Cierto que dicho precio puede ser muy volátil, pero introducir esa incertidumbre era obligatorio, al menos en el discurso político con que se vendió la reforma energética a la ciudadanía.

No es fácil predecir cómo afectarán las nuevas circunstancias al interés de los inversionistas que buscan producir gas de esquisto en México o sacar el petróleo que se encuentra en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. Posiblemente sólo habrá un retraso y llegarán uno o dos años después de lo previsto. En términos políticos, ese retraso puede ser enorme. Va de por medio lo que Peña Nieto pueda ver durante su sexenio.

Al terminar 2014 dos grandes preguntas están sobre la mesa. La primera es: ¿Se podrá controlar la crisis política y encauzar el país por una senda de normalidad democrática? La respuesta no puede ser optimista. Hay demasiados riesgos a lo largo del país (Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Estado de México) como para creer que la solución se puede encontrar en el corto plazo.

La siguiente pregunta tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Se logrará crecimiento económico por encima de 3.5% el próximo año? La inversión extranjera es clave, pero no es suficiente. El problema más serio reside en la incapacidad, soberbia y ensimismamiento que ha puesto en evidencia durante estos primeros años el grupo en el poder. Desde la reforma fiscal hasta el manejo en general del país, caracterizado más por colocar obstáculos que por alentar la inversión y solución de problemas, México se encuentra lejos de un gobierno modernizador y eficiente. El “proyecto de nación” que va a transformar a México ni ha podido ser transmitido a la ciudadanía ni ofrece resultados tangibles.

En resumen, la herencia de 2014 es una de incertidumbres y temores. Pronto sabremos por dónde se encauza el país en 2015. Por lo pronto, hay la impresión de que puede ir hacia el ojo de la tormenta o permanecer bajo un cielo lleno de nubarrones.

Castillo con pies de barro




Alfredo Castillo le da la bienvenida a Peña en el aeropuerto de Michoacán. Foto: Presidencia
Alfredo Castillo le da la bienvenida a Peña en el aeropuerto de Michoacán.
Foto: Presidencia
MÉXICO, D.F. (apro).- Todos los políticos tienen pies de barro, unos más compactos, otros porosos y flojos, y muchos más hechos de lodo. Tarde o temprano estos personajes que viven del erario público muestran sus debilidades y las exponen en los momentos más críticos. Tal es el caso de Alfredo Castillo, comisionado presidencial para resolver el conflicto del crimen organizado en Michoacán.
Amigo del presidente Enrique Peña Nieto, a quien sirvió como procurador en el Estado de México y después en la Procuraduría del Consumidor, Castillo llegó a Michoacán no en calidad de comisionado, sino de virrey, pues pasando por encima de la Constitución local y de todos los poderes se impuso para establecer un poder alterno y así negociar con los grupos locales –incluidos los del narcotráfico– para pacificar la entidad.
En mayo, con la domesticación de las autodefensas y la posterior detención de José Manuel Mireles, quien se negó a seguir las órdenes de convertirse en fuerza rural, Castillo quiso aparentar que había logrado lo imposible: derrotar también a los Caballeros Templarios y comenzar a construir una salida viable para terminar con el crimen organizado en cualquier entidad.
Pronto la supuesta victoria de Castillo y de Peña Nieto en Michoacán comenzó a desmoronarse. Siguieron las extorsiones, el narcotráfico, las ejecuciones y los negocios ilícitos con las mineras de China. El nombre del crimen organizado cambio de Templarios a Viagras, estos últimos los favorecidos por el comisionado.
Los índices de violencia respecto del año pasado incluso aumentaron, principalmente en homicidios dolosos, robos a mano armada y secuestros. La producción, comercialización y transporte de drogas –cocaína, heroína, mariguana y sintéticas– se ha mantenido, pues hasta el momento no se ha dado ningún decomiso importante.
A final de año era evidente el fracaso de la encomienda presidencial de Peña Nieto a Castillo, que en lugar de hacer un trabajo de limpieza acordó con los grupos locales del crimen organizado y permitió el ingreso de extemplarios a las fuerzas rurales, para que se posicionaran como los nuevos jefes de la plaza.
Esto fue lo que ocurrió el pasado martes 16 en el poblado La Ruana, en la región de Tierra Caliente. Ese día se enfrentaron los grupos de José Antonio Torres El Americano y de Hipólito Mora. El saldo fue de 11 muertos. No se trataba de una disputa personal, como dijo Castillo, tampoco de un hecho aislado, sino de la muestra más clara de la permanente descomposición en Michoacán y la inservible presencia del enviado presidencial.

Castillo ha mostrado la fragilidad de su quehacer, la debilidad de los pies de barro que lo sostienen y el fracaso de su tarea.
Posiblemente el gobierno de Peña lo va a mantener para que organice las elecciones locales y el PRI mantenga el estado. Pero esta última misión también podría fracasar si es que, como se prevé, la violencia sigue cobrando víctimas en Michoacán, las condiciones de paz social no se establecen y el crimen organizado continúa con su poder de gobierno.

Twitter: @GilOlmos

Cerco de policías recibe a padres de normalistas #215DeRevolución

Esta noche no es de fiesta, es de lucha y de protesta 

Marcha #Ayotzinapa en la ciudad de México
31 de diciembre padres en pie de lucha
  

 
 


 
 



 
 


Padres de normalistas se reúnen con el EZLN; otro grupo parte al DF


Integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero realizaron un boteo en la caseta de cobro de Palo Blanco, de la autopista Del Sol México-Acapulco. Foto: Germán Canseco
Integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero realizaron un boteo en la caseta de cobro de Palo Blanco, de la autopista Del Sol México-Acapulco.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de los normalistas desaparecidos hace más de tres meses en Iguala, Guerrero arribaron a San Cristóbal de las Casas, Chiapas para reunirse por segunda ocasión con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que anoche fueron recibidos en el Centro Indígena de Capacitación Integral-Universidad de la Tierra (Cideci-Unitierra), serán invitados especiales en la conmemoración del surgimiento del EZLN, en 1994, que se realizará en el Caracol de Oventic, ubicado en el municipio de San Andrés Larráinzar.

Esta es la segunda reunión que los familiares de los normalistas sostendrán con el EZLN. En noviembre pasado tuvieron un encuentro privado durante la gira informativa que los primeros hicieron a la entidad.
En esa ocasión, el grupo rebelde externó su apoyo y solidaridad, y les sugirió consultar a otros grupos que han padecido desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales, y preguntar a sus bases antes de emprender cualquier acción.

El pasado lunes 22, el EZLN anunció que padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa aceptaron asistir al Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, que inició un día antes en el Estado de México.

“Los invitados de honor, los familiares y compañeros de los de Ayotzinapa que nos hacen falta a tod@s, nos comunicaron que sí participarán. Así que tod@s tendremos la oportunidad de escucharlos”, explicó el subcomandante Moisés en un comunicado.

La inauguración del festival se llevó a cabo el domingo 21 en la comunidad Ñathó San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México.

“Los días 31 de diciembre del 2014 y 1 de enero del 2015 será la Fiesta de la Rebeldía y la Resistencia Anticapitalista en el caracol de Oventic, Chiapas, donde tendremos el honor de recibir a todas y todos”, señaló ese día el subcomandante zapatista.

Otro grupo parte al DF

Con las fotografías de sus hijos pegadas en tres autobuses, otro grupo de padres y compañeros de los 42 normalistas de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos salieron esta mañana de Tixtla, Guerrero, rumbo al Distrito Federal, donde darán la bienvenida de año nuevo con una manifestación en la residencia oficial de Los Pinos.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que durante su protesta en Los Pinos –a donde llegarán en marcha por el Paseo de la Reforma y la calle Chivatito–, los familiares “realizarán un acto simbólico y darán un mensaje a los pueblos del mundo, con motivo de su exigencia para que el gobierno federal presente con vida de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos”.
Se tiene previsto que la #CenaConAyotzi, como se ha nombrado en las redes sociales a las protestas convocadas por los padres en estas fiestas decembrinas, dé inicio a las 7 de la noche.

En reiteradas ocasiones, los familiares han señalado que no descansarán ni frenarán su reclamo de justicia hasta encontrar a sus hijos secuestrados el pasado 26 de septiembre por policías municipales y entregados al crimen organizado.

La semana pasada, en la víspera de la Navidad, los padres de los normalistas marcharon a paso lento, bajo la lluvia, con los retratos de los estudiantes hacia Los Pinos, donde fueron frenados por aproximadamente 300 antimotines.

Hoy, pese al cansancio y el dolor, volverán a protestar frente a la residencia oficial, acompañados por Vidulfo Rosales, abogado de los padres e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Esta mañana, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) realizaron un mitin en las instalaciones del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, donde repartieron volantes y convocaron a los habitantes a sumarse a la lucha por la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos.
Por otra parte, integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero realizaron un boteo en la caseta de cobro de Palo Blanco, de la autopista Del Sol México-Acapulco, para recabar fondos para continuar las movilizaciones.

Hinojosa Cantú, el escándalo imparable


La 'casa blanca' de la pareja presidencial. Foto: Especial
La 'casa blanca' de la pareja presidencial.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde la revelación de la insólita adquisición de la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, la relación más allá del compadrazgo entre el primer mandatario y José Armando Hinojosa Cantú dejó de ser un rumor para convertirse en un escándalo creciente que involucra al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el implacable vicepresidente en funciones, y a decenas de funcionarios más provenientes del Estado de México.

Hinojosa Cantú se ha convertido en el contratista incómodo del sexenio de Peña Nieto. Su historia en el Estado de México es la típica de un contratista menor que se transforma en uno de los “intocables” del grupo en el poder hasta volverse sospechoso y generoso financiador de mansiones que se parecen a los “moches en especie”, según el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Hospitales cuya construcción fue tasada a un escandaloso sobreprecio como en el caso de Zumpango, carreteras, libramientos, escuelas, la administración del hangar del Aeropuerto Internacional de Toluca, la renta de servicios de aeronaves privadas a políticos y empresarios a través de la empresa Eolo Plus eran los contratos que se conocían a favor de Grupo Higa, de Hinojosa Cantú y alguna de sus múltiples filiales.

Sin embargo, la Casa Blanca y la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro destaparon la caja de Pandora. Hinojosa Cantú resultó no sólo ser un contratista de obras de infraestructura aparentemente menores sino un jugador de las grandes licitaciones que involucran obras faraónicas.

La historia de Hinojosa Cantú está estrechamente relacionada con la triangulación y donación de fondos para campañas electorales del PRI y, particularmente, del Estado de México. Los indicios revelan que cumple no sólo la doble función de empresario consentido sino de presunto prestanombres. ¿De quién, de quiénes, a cambio de qué? Hasta ahora, la Secretaría de la Función Pública y el Congreso no han investigado a fondo.

Su ascenso va de la mano del grupo de poder que alcanzó Los Pinos con Peña Nieto. Su antecesor, Arturo Montiel, integró a Constructora Teya, de Hinojosa Cantú, en el selecto Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción. Este “consorcio” fue el club de los beneficiados del montielismo. Entre 49 empresas se repartieron las grandes obras de infraestructura como el Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), cuyo monto original era de 193 millones de pesos y terminó en 255 millones de pesos, 50% más.

A partir de la generosidad presupuestal de Montiel, Hinojosa Cantú configuró el Consorcio Higa que incluyó a decenas de denominaciones con ramificaciones en Veracruz, Puebla, Tijuana, Acapulco, El Bajío y hasta Perú a través de empresas como Publicidad y Artículos Creativos SA (PACSA), Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Calidad S. A. de C.V. (MAACSA), Señales y Mantenimientos S. A. de C.V., Autopistas Vanguardia, Consorcio IGSA Medical Perú, entre muchas otras.

En los dos últimos días, Víctor Fuentes, reportero del Reforma, ha documentado otras fórmulas del contratismo de Hinojosa Cantú. Durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, el empresario de origen tamaulipeco recibió múltiples contratos por adjudicación directa, sin licitación, a través del Fideicomiso C3, creado por la consultora financiera Protego, donde trabajó Luis Videgaray, su amigo y beneficiario con una mansión en Malinalco.

A través de este Fideicomiso C3, constituido en 2009, le adjudicaron a Hinojosa la construcción de dos penales en Tenango del Valle y Tenancingo. Por ambos se le pagaron mil 247 millones de pesos.

También resultó beneficiario, en abril de 2009, de un contrato por más de 3 mil 500 millones de pesos para construir un ostentoso Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, inaugurado finalmente por Peña Nieto en agosto de 2011. El proyecto fue desarrollado por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico (COCP), controlada por Hinojosa Cantú con el 49 por ciento de las acciones. Públicamente, se anunció que el ganador fue el consorcio español Abengoa, pero detrás estaba Higa.

Como estos dos casos documentados, Proceso también ha investigado la larga sombra de Hinojosa Cantú en el escándalo de triangulación de recursos conocido como Monexgate en 2012, por su presunto vínculo con el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), de Gabino Fraga Mouret, según el reportaje de Jesusa Cervantes y José Gil Olmos (Proceso No. 1865). En otras ediciones, el reportero Arturo Rodríguez ha documentado la presencia de Higa en obras de infraestructura del gobierno federal.

La relación de los Hinojosa con Peña Nieto tomó tintes trágicos el 28 de julio de 2012. La noche de ese día, el helicóptero Augusta 109, matrícula XA-UQH en el que viajaba Juan Armando Hinojosa García, hijo de Hinojosa Cantú y exyerno de Fidel Herrera, se estrelló en un paraje conocido como Las Antenas, entre los municipios de Jiquipilco y Villa del Carbón.

Hinojosa García asistió, como cientos de invitados, a la hacienda Cantalagua, para festejar el cumpleaños 46 de Enrique Peña Nieto, recién electo presidente de la República, y de su esposa, la actriz Angélica Rivera.

La aeronave fue hallada a las 7 de la mañana del domingo 29 de julio. Todos los tripulantes murieron. La torre de control del aeropuerto de Toluca indicó que se había perdido toda comunicación con el helicóptero Augusta, una hora después de salir de la hacienda Cantalagua. La procuraduría estatal mexiquense cerró el caso afirmando que se trató de un “lamentable accidente”.

El rostro de Peña Nieto aquella tarde en que velaron a Hinojosa García mostraba una profunda consternación. No sólo se murió un amigo, compadre y cómplice. También se trataba de una advertencia. No sabemos si del destino o de alguna otra fuerza.

Lo cierto es que después de ese accidente, el ascenso de Higa en el gobierno federal de Peña Nieto fue irrefrenable. En menos de dos años se involucró en todas las grandes licitaciones como la del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el acueducto de Monterrey, el tren de alta velocidad México-Querétaro y las que se vayan acumulando.

La Casa Blanca, reportaje de investigación realizado por Aristegui Noticias, destapó la caja de Pandora que ya no se cerrará en el 2015 porque la propia prensa extranjera ya investiga de qué se habla cuando se menciona a Hinojosa Cantú.

El escándalo del contratista incómodo se volvió imparable porque a cada intento de explicación oficial surgen evidencias de un evidente favoritismo y, por lo menos, de conflicto de interés a favor del dueño de Eolo Plus.
Twitter: @JenaroVillamil

La administración peñista se desbarrancó en 2014, el año consagrado a consolidarse


Los ciudadanos se han manifestado con dos consignas: 
Fue el Estado y Fuera Peña

Hay muestras de repudio por la inseguridad, derechos humanos y la penetración del narco en instituciones

Alonso Urrutia y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de diciembre de 2014, p. 7

De gira en España, en junio pasado, en vísperas de una cena en el Palacio de la Zarzuela con los reyes de España, el presidente Enrique Peña Nieto sintetizaría el problema de inseguridad en México: No es un problema extendido, está claramente focalizado en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Tres meses después, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en repudio a la inseguridad, para expresar su hartazgo ante la incapacidad gubernamental de respuesta y con una consigna: Fuera Peña.

El año consagrado a la consolidación del gobierno peñista, con sus reformas estructurales como ariete propagandístico, terminó por desbarrancarse por el repudio general a la inseguridad, a la falta de respeto a los derechos humanos y a la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas (Fue el Estado, ha sido un clamor general). Asimismo, la masacre extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya a manos de militares puso en entredicho la vía castrense para el combate a la inseguridad.

En 2014 México captó la atención mundial por los niveles de violencia alcanzados y, en especial, por la desaparición de los jóvenes normalistas. Desde el Departamento de Estado estadunidense, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosos organismos no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han censurado a México por su incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana.
Un decálogo varado
Un año agitado en materia de seguridad, que arrancó con Michoacán convulsionado por la irrupción masiva de los grupos de autodefensa como respuesta a la presencia del crimen organizado, incluyó además la toma federal de las funciones de seguridad en Tamaulipas, el desbordamiento de la violencia en Guerrero, donde la búsqueda de los normalistas sólo terminó por dimensionar el uso generalizado de las fosas clandestinas, como testimonio de la violencia generalizada en el país.

En este contexto, la reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán y el decálogo que Peña Nieto tuvo que anunciar apresuradamente en Palacio Nacional ante la creciente movilización ciudadana tuvieron poco impacto y han quedado rebasados ante la inconformidad social. Su iniciativa del mando único de policías, de incorporar en la legislación la desaparición de ayuntamientos en los que haya indicios de penetración del crimen organizado y el combate a la corrupción, entre otros aspectos, quedó varada en el Congreso ante la falta de consenso, en víspera del año electoral.

El tema de los migrantes volvió a emerger durante 2014 como un problema humanitario, en esta ocasión por la creciente migración de menores de edad y los secuestros de indocumentados a su paso por México. Si bien fue un fenómeno regional, involucró incluso al propio gobierno de Estados Unidos.

Y como colofón, el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo desenlace corrió en paralelo a las movilizaciones ciudadanas por los normalistas, cerrando toda actividad prácticamente hasta finalizar el año.
Resurge la violencia

Ausente del discurso presidencial, la violencia en México no ha bajado de los niveles alcanzados en el sexenio pasado, como se puso en evidencia claramente en 2014, lo que implicó un costo político como una de las vías para contenerla: la cabeza de dos gobernadores (el michoacano Fausto Vallejo y el guerrerense Ángel Aguirre Rivero) y el encarcelamiento de un ex gobernador interino, Jesús Reyna, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Casi en el amanecer de 2014 (4 de enero), el país se despertó con los primeros brotes de insurrección de las guardias comunitarias en la Tierra Caliente michoacana, dominada por el crimen organizado. Un fenómeno que rápidamente se extendería con diversos liderazgos, pero con especial énfasis en La Ruana, conformándose el Consejo de Autodefensas de Michoacán.

Su acelerada expansión territorial, encabezada por Hipólito Mora, José Manuel Mireles y Luis Antonio Torres, precipitó la intervención del gobierno federal ante la incapacidad de Vallejo para dar salida al fenómeno. La designación de Alfredo Castillo como comisionado y la participación de fuerzas federales, a costa del desplazamiento de los poderes locales, ha sido insuficiente, pues de nueva cuenta, hacia finales del año, el tema de las autodefensas ha vuelto a ser motivo de preocupación federal, con todo y que los principales dirigentes de estos grupos se encuentran encarcelados por diversas causas.

Viernes 26 de septiembre: la noche que cambió al sexenio

La noche del 26 de septiembre en Iguala cambiaría el rumbo del sexenio. Una larga noche de balaceras que dejó como saldo seis muertos y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Minimizado por el gobierno federal en un principio, pronto cobraría dimensiones internacionales por la magnitud de la tragedia.

Ni la caída del gobernador Ángel Aguirre ni la aprehensión del alcalde José Luis Abarca, por su presunta autoría intelectual, ni las versiones –descalificadas por los padres de las víctimas– de la Procuraduría General de la República (PGR), de que los jóvenes fueron incinerados, han detenido las masivas movilizaciones sociales en el país, con particular énfasis en el Distrito Federal y en Guerrero. Con las consignas de Fue el Estado, por la evidente vinculación de estucturas de gobierno municipales con el crimen organizado, y Fuera Peña, la sociedad ha repudiado los actos, que han sido equiparados a la masacre de 1968, lo que ha tenido eco en la condena internacional.

Sólo con la confirmación del fallecimiento de uno de los desaparecidos, las movilizaciones sociales por Ayotzinapa han descolocado la respuesta gubernamental, obligado a un replanteamiento con el decálogo anunciado, pero no han disuadido la inconformidad, que hasta el último día del año se mantiene vigente.

IPN: conflicto estudiantil

En el último trimestre del año, auspiciado por su entonces directora Yoloxóchitl Bustamante, el consejo consultivo del IPN aprobó un nuevo reglamento interno que, en palabras de la mayoría de la comunidad estudiantil, limitaba derechos del alumnado, como la libertad de asociarse o manifestarse en las instalaciones politécnicas, pues con la nueva normativa sería motivo de expulsión. Los primeros en levantar la voz fueron los estudiantes de la unidad Zacatenco de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.

Posteriormente varios planteles se fueron sumando al movimiento, que detonó en paro general de labores luego de que Bustamante aseguró que había intereses externos en las movilizaciones. Tras varias marchas, los jóvenes politécnicos llegaron hasta la Secretaría de Gobernación el 3 de octubre y, en un hecho insólito, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, salió a la calle para atender sus demandas, reconoció al movimiento como único interlocutor para resolver el conflicto, recibió un decálogo de demandas y días después dio la respuesta del gobierno federal, cuando informó además que la directora general había renunciado al cargo.

Los jóvenes demandaron, entre otras cosas, la realización de un diálogo público que se transmitiera por Canal Once y la realización de un congreso nacional politécnico que sentara las bases para la refundación del IPN. Correspondió a la Secretaría de Educación Pública dar respuesta a las demandas juveniles y, varios días después, ambas partes acordaron instalar mesas de negociación en el auditorio Alejo Peralta de Zacatenco, el 4 de noviembre.

Tras 10 sesiones, los jóvenes alcanzaron sus objetivos y firmaron ocho acuerdos con los representantes del gobierno federal, para encaminarse hacia la transformación y democratización de la casa de estudios. Durante el diálogo se dio el nombramiento de Enrique Fernández Fassnacht como nuevo director del IPN, quien se comprometió a cumplir los acuerdos alcanzados. Los jóvenes señalaron que se trató apenas del primer paso para avanzar hacia la democratización del instituto.

El asesinato del vicario de Altamirano


El gobierno de Enrique Peña Nieto ha guardado silencio en torno al homicidio del padre Gregorio López Gorostieta.

lasillarota.com

En ciudad Altamirano hay tristeza, pero también mucho miedo por el asesinato del padre Gregorio López Gorostieta, conocido como el padre Goyo. Lo secuestraron en días de fiesta, a unos días de la Navidad, en la noche del domingo 21 de diciembre y luego apareció inerte el día 25 de ese mes.

En Altamirano, la noticia del secuestro del padre Goyo, Vicario de la diócesis de esa ciudad, corrió como pólvora. Hay varias versiones, una de ellas que los secuestradores entraron al propio seminario y de allí lo sacaron a la fuerza. Otra más, que al llegar el padre Goyo a la catedral en su camioneta, de allí lo bajaron y se lo llevaron.  Todos en Altamirano tenían la esperanza de encontrarlo con vida.  Nunca se pensó que lo asesinarían y menos de esa manera. Que dejaran su cuerpo tirado en el camino como un objeto.

Todo ha sido confusión en la difusión del caso. Cuando su cuerpo fue encontrado se corrió la versión, por la propia autoridad que había sido asesinado de un balazo en la cabeza y días después ésta se desdijo corrigiendo la noticia, que el padre Goyo había muerto por asfixia. El fiscal de Guerrero, un licenciado de nombre Miguel Ángel Godínez, se ha reunido con los familiares del padre y dice que la policía está investigando el caso. Que no puede decir cuáles son las líneas de investigación, porque “son confidenciales”, pero ya ha dicho en voz baja, como para que se escuche por todos lados, que no se puede descartar el robo como causa del homicidio. Deja correr la versión que el padre tenía la colecta de limosnas de ese domingo y por eso probablemente lo secuestraron y mataron.

Lo que menos quiere la autoridad es que el homicidio del padre Goyo se vincule como represalia a su reclamo hacía en sus homilías ante sus fieles por el secuestro de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, por culpar al gobierno de los hechos violentos y porque aparecieran con vida esos muchachos. No nada de eso quiere el gobierno.  Por eso el fiscal guerrerense, de manera irresponsable hace correr una versión, como el de un simple robo, la que menos afecte la imagen de seguridad gubernamental.

Por eso se pierde la confianza en ese tipo de autoridades que actúan con una mira política, buscando proteger a sus jefes y no a la sociedad. Se dicen policías de investigación pero acaban siendo unos charlatanes. Ojalá me equivoque, pero lo hechos dicen lo contario.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha guardado silencio en torno a este homicidio, sobre todo porque desde el pasado 3 de diciembre las fuerzas federales (dicen que) asumieron “el control” de los 22 municipios del estado de Guerrero (pero es mentira). Se encargaron de difundir por todos los medios posibles que desarticularon las policías municipales y (dicen que) tomaron el control de la seguridad de esos lugares, pero este asesinato demuestra la ineficacia de ese operativo. Ahora callan a pesar de tanto aparato de seguridad desplegado y que para nada sirve.

Lo más grave es que las 5 instancias de seguridad que operan en Tierra Caliente están en entredicho: La Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal, la Secretaría de Marina y hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Pero a quién rinden cuentas?

Están como dijo el obispo de Altamirano, Maximino Altamirano, para aparentar que están, pero al momento en que se requieren, no se encuentran por ningún lado.  La Policía Federal y hasta soldados cada día se instalan en la Catedral por una hora o un poco más, hacen recorridos por las calles, de aquí y por allá, y hasta un helicóptero de la policía federal sobrevuela distintas zonas; hasta lo hace rasante, para que “los vean” y luego desaparecen.

El padre Goyo, no es el único que ha muerto de manera violenta en ciudad Altamirano: Los sacerdotes Habacuc Hernández Benítez y Ascensión Acuña Osorio fueron ejecutados a balazos y el padre Joel Román Salazar en un accidente automovilístico, que no fue investigado y se dice, provocado, para evitar encontrar a los responsables de su muerte.

Apenas el pasado mes de septiembre encontraron muerto al sacerdote Ascensión Acuña Osorio. Su cuerpo flotaba en el Río Balsas cerca de su parroquia en San Miguel Totolapan. También el cura ugandés, John Ssenyondo, de 55 años quien tuvo la mala fortuna de oficiar en Guerrero y desaparecer a inicios de 2014 hasta que sus restos fueron hallados accidentalmente el 2 de noviembre pasado en el poblado de Ocotitlán, Guerrero, al buscar a los jóvenes secuestrados de Ayotzinapa. Pero hay otros casos más sin resolver.

El Papa Francisco, los obispos mexicanos, cientos de clérigos y miles de feligreses han mostrado su indignación por el asesinato del padre Gregorio López en un estado como el de Guerrero, en donde el gobierno no sabe qué hacer desde que se descubrió que funcionarios públicos y delincuentes son la misma porquería.

Por eso la indignación del año 2014 que termina reclamando justicia por todos lados.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx            twitter: @Manuel_FuentesM

'El año que viene, a la misma hora'


El fracaso de 2014 en México pasó por los partidos políticos que vendía caro su amor, aventureros.




lasillarota.com


Pues sí. Como quien no quiere la cosa terminó 2014 y comienza 2015. Digamos que eso del término de un año y comienzo de otro es un corte convencional aunque también científicamente estudiado en base a estaciones climáticas, equinoccios y ciclos de producción, y tal y tal. Para usos cotidianos marcan los periodos de vida, los años que hemos vivido y la expectativa de los que siguen así como los avances: Es el cronómetro de hechos y pendientes.

En lo individual cada uno tiene sus cargos y sus abonos por lo que se vivió. Algunos tuvieron pérdidas; otros salieron tablas y hubo quienes tuvieron ganancias: La feria de la vida da o quita.

En lo colectivo está más canijo. Como es el caso mexicano. Digamos que 2014 fue un año “atípico”, aunque este es un eufemismo que quiere ocultar que fue fatídico para muchos en el mundo, pero sobre todo para nosotros los mexicanos al grito de guerra: Fue el año de la desgracia.  

Cuando terminó 2013 las expectativas eran las de ver si habrían de funcionar las Reformas Estructurales que promovió el presidente Enrique Peña Nieto, así como las que se aprobarían en los días siguientes y las leyes secundarias de todas. Era el espectáculo de si saldrían victoriosas en el Legislativo luego de las negociaciones entre partidos que, como si no, habían negociado tras bambalinas para ver qué ganancia política o estructural obtendría cada uno de ellos.

La dictadura de los partidos políticos en México nunca como en 2014 mostró sus fauces. Unas fauces que pasaron de la repartición de beneficios electorales o prebendas burocráticas hasta la apropiación de instituciones electorales y de todo aquello en lo que pudieran estar como gananciosos y su gente ‘más cercana’ o la que les garantizara su preservación como instituto político que es decir, también, recursos al por mayor, posiciones burocráticas, estructurales, toma de decisiones en nombre de todos y dueños y señores del futuro de los mexicanos.

Los partidos políticos de México, sin ideología, se adueñaron ya de las decisiones nacionales: firmaron pactos aun en contra de la voluntad de sus agremiados, acordaron apoyos aun sin consultar con sus bases y dejaron hacer y pasar en una negociación de beneficio a sus líderes…

El fracaso de 2014 en México, incluyendo la parte más horrenda, como es la de la violencia política e incluso criminal, pasó por los partidos políticos que vendía caro su amor, aventureros.

La democracia en México no se consolida ni se consolidará mientras existan estos institutos que son más empresa de utilidades que de conexión social…

Así que ni soñar en contar con una democracia limpia, transparente, sin mácula, en la que ya no tendrían razón de ser ni el Instituto Nacional Electoral o los Tribunales Electorales, porque los procesos electorales estarían rechinando de limpios y se podrían organizar con un mínimo de gasto y un mínimo de burocracia electoral.  

Pero ni la cultura política, ni la costumbre democrática mucho menos la transparencia electoral se han conseguido a pesar de que cuando nació el IFE y los Institutos Electorales Estatales, la idea era que construyeran la cultura democrática, se fortaleciera el sistema de partidos y los procesos electorales fueran democráticos. Y lo tendrían que conseguir pronto, para que los mexicanos aprendiéramos a caminar solos, como el niño de tierna edad democrática.

Hoy este Instituto Nacional Electoral nos cuesta millonadas, nos cuestan millonadas los tribunales; nos cuestan millonadas los procesos políticos y va para largo el asunto porque el INE en lugar de hacerse a un lado está más vigoroso que nunca, y no por sus resultados, sino porque después de muchos años –en sus diferentes advocaciones- no ha conseguido mejorar la calidad democrática ni de los mexicanos ni la de sus instituciones y, mucho menos la delos partidos políticos que aun dentro del INE deciden lo que es y lo que habrá de ser. Es decir: no ha hecho la tarea.

Lo que pasa en México, y todo lo que ha pasado, más cómo pérdidas que como ganancias, ha sido construido y destruido por los partidos políticos de hoy, los tres grandes partidos (PRI-PAN-PRD) y sus rémoras, que también nos cuestan un buen. Y no es asunto de militancia: es asunto de sus líderes, impertérritos personajes siempre con la respuesta incomprensible en la punta de la lengua y siempre con esa mirada superaquilina del todopoderoso.

Al término de 2013 la expectativa para todos los mexicanos era la de ver hacer y dejar pasar: de güeva colectiva, digamos. El  laissez faire era nuestro cotidiano…

Las tragedias de muchos, muertes de tantos, civiles muertos y desaparecidos, migrantes dañados en su integridad, violencia en muchos estados de la República: todo se convertía en paisaje durante la batalla. Comenzábamos a ser cínicos.  

Pero en septiembre ocurrió Ayotzinapa y todo cambió. El mundanal ruido de la propaganda gubernamental del ‘aquí todo está bien’ y es ‘el momento mexicano’ se derrumbó para mostrar lo que México es y ha sido los años recientes: el México de la tragedia. Y de ahí en adelante el panorama que hoy vemos de inestabilidad, inseguridad, fallas en la política económica, en la justicia, en la distribución de la riqueza y el descubrimiento de un país que, como en rompecabezas, se han perdido piezas irreparables.

Así que las expectativas en 2013 para 2014 eran diferentes a lo que ocurrió. Hoy la expectativa para 2015 parece terrible. El cambio de actitud de gobierno –federal-estatal-municipal, podría contribuir a la solución. Los partidos políticos que están deben dejar ser lo que son y dar paso a instituciones efectivamente representativas de la diversidad en la voluntad nacional… Y así las cosas… Ya veremos qué pasa en 2015 y, si estamos por aquí, aquí nos vemos, el año siguiente, a la misma hora, para platicar lo que pasó.

Feliz año nuevo?

Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha

Difícilmente lo será, por más que de todo corazón uno lo deseé. El 2015 que comienza mañana, se plantea como uno de los más complicados en los últimos tiempos. Para empezar, el panorama económico se ve oscurísimo: dos de nuestras principales variables empeorarán día a día; el precio internacional de nuestro barril de petróleo, que ya rompió a la baja la barrera de los cincuenta dólares, sigue en picada y amenaza con quebrar ahora la de los cuarenta, lo que implicaría un verdadero desastre; mientras tanto, en sentido contrario, el dólar ha seguido al alza y destrozado el techo de los quince pesos y aunque se ha mantenido alrededor de ese parámetro, no hay señal alguna que permita anticipar su regreso ya no a los trece, sino ni siquiera a los catorce pesos. Se trata sólo de dos de los indicadores que anticipan escenarios que, aterrizados en las calles y las casas, serán necesariamente adversos: una inflación si no galopante, si constante; pérdida del poder adquisitivo, sobre todo de la clase trabajadora y aumento desbocado del desempleo. Si se añaden otros factores la cosa se pondrá todavía más peliaguda: la crisis de la reforma fiscal, que ya los señores del dinero han calificado como fallida y con la cual parecen trabajar bajo protesta; y el consecuente reventadero de micro, pequeñas y medianas empresas. Todo ello contribuyendo a reducir la expectativa de crecimiento del país en su conjunto; que ya de por sí ha sido el más bajo de la última década y que el año que inicia difícilmente llegará al 2.7%, calculado por los geniecillos de la Secretaria de Hacienda y el Banco de México.
Frente a los números, la prospectiva del entorno social es todavía más preocupante. Al desánimo generalizado por la crisis económica, se añadirán otros factores a partir de este enero, que con todo y su cuesta comienza mañana. En sólo tres días más, el cuatro, se cumplen cien días del aun no resuelto caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala y no se necesita ser muy listo para anticipar movilizaciones exacerbadas que pueden derivar en violencia, enfrentamientos y hasta algo más. Aún los obsecuentes del poder han debido reconocer que las apuestas al tiempo y al olvido fallaron estrepitosamente. Ahora es al revés, el tiempo opera en contra y cada hora que pasa crecen la irritación, la rabia y el encono. Añádase el reavivamiento de focos rojos que ya se creían desactivados como los de Michoacán y los riesgos de un estallido social se multiplican geométricamente. Todavía más: el factor Elecciones 2015 puede ser un catalizador en ambos sentidos, pero lo más probable es que las contiendas entre partidos y candidatos por gubernaturas, alcaldías y diputaciones enardezcan más aun un ambiente ya de por sí explosivo.
Por todo ello, urge un golpe de timón del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál? Él tiene que haberlo decidido en los días recientes. Tal vez una señal para establecer que hay cambio y hay rumbo. Lo que sabemos de cierto es que urge un puente entre el México de hoy y el beneficiario de las reformas. Entre el de las promesas y el México nuestro de cada día.
Periodista. ddn_rocha@hotmail.com

Lo que resiste, apoya


Aguirre y Navarrete después de una conferencia de prensa en octubre pasado. Foto: Germán Canseco
Aguirre y Navarrete después de una conferencia de prensa en octubre pasado.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una de las estrategias más efectivas que ha utilizado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantenerse en el poder desde su fundación en 1946 ha sido la activa promoción de una oposición domesticada. Si bien la oposición contestataria pone en riesgo al sistema de neoliberalismo autoritario, una total ausencia de críticas externas lleva al desbordamiento de la corrupción interna y al derrumbe de la legitimidad pública. “Lo que resiste, apoya”, sentenciaba don Jesús Reyes Heroles durante su paso por la Secretaría de Gobernación en el sexenio de José López Portillo (1976-1982).
Los lobos del viejo PRI manejaban eficazmente el difícil equilibrio entre el poder autoritario y la crítica reformista. Pero la total ausencia de oficio político entre los “nuevos” priistas ha puesto en riesgo la vigencia de todo el sistema de corrupción estructural. Ello es una noticia catastrófica para quienes dependen del sistema para su sobrevivencia. Pero constituye motivo de celebración para el sector cada vez más amplio de la sociedad con hambre de justicia y sed de paz.
El primer presidente emanado de las filas del PRI, Miguel Alemán Valdés (1946-1952), fue quien colocó los cimientos para muchas de las más nefastas prácticas autoritarias actuales, incluyendo el “charrismo” sindical, la corrupción y la complicidad entre grandes empresarios y altos funcionarios públicos, así como el poder monopólico de Televisa. Alemán también fue quien perfeccionó el modelo del partido de la oposición “leal” con la creación del Partido Popular (PP) por parte de Vicente Lombardo Toledano en 1948.
Lombardo tenía claro desde el principio el propósito de su nuevo partido: “No se trata de crear un partido de oposición al gobierno, sino, por el contrario, se trata de crear una fuerza de apoyo al gobierno y a las instituciones democráticas y revolucionarias contra las fuerzas de la reacción. (…) El Partido Popular será un partido de ayuda al régimen y de crítica constructiva”, escribió en 1947.
Hoy el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha convertido en un engendro autoritario aún peor que el antiguo PP. El apoyo del PRD al régimen no es siquiera discursivo o hipócritamente “contra las fuerzas de la reacción”. Y la “crítica constructiva” de Lombardo ha sido reemplazada hoy por una abyección total del PRD a los reyes de la corrupción.
La fuerza conjunta de la firma del “Pacto por México” y el fracaso de los gobiernos locales del PRD han puesto fin al carácter opositor y democrático del antiguo partido de la oposición. José Luis Abarca, Ángel Aguirre, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, Miguel Ángel Mancera y sus otros compañeros de partido no representan más que sus propios intereses mezquinos y oscuros.
La buena noticia es que el fin del PRD implica también el fin de la autorregulación y de la capacidad adaptativa del partido en el poder. La desaparición del actor político que fungió como el principal adversario al régimen desde 1989 ha generado la necesidad social para el surgimiento de una nueva fuerza opositora. Así como la domesticación del Partido Acción Nacional (PAN) por Carlos Salinas de Gortari abrió el espacio para el surgimiento primero del PRD y después del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy la muerte del PRD impulsa con enorme fuerza tanto el nacimiento de Morena como la consolidación del movimiento de Ayotzinapa.
Quienes tienen interés en que el nuevo ciclo de resistencia tenga más éxito que el anterior harían bien en aprender de los errores del pasado. Quizás la equivocación más importante fue la incapacidad de articular acciones y estrategias entre las fuerzas sociales y las fuerzas partidistas de la oposición. Tanto el purismo sectario de los dirigentes sociales como el oportunismo corrupto de los líderes partidistas generaron un muro infranqueable entre dos diferentes formas de hacer política que teóricamente tendrían que caminar juntas.
El principal reto hoy es superar este muro para finalmente generar una robusta oposición política cuya resistencia ya no apoye al régimen, sino que tenga suficiente fuerza para simultáneamente transformar y tomar el poder de manera directa e indirecta, a los niveles local y nacional. Los ejemplos de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela demuestran que solamente se puede acumular suficiente fuerza social para derrotar a los poderes fácticos cuando se establece una clara articulación entre los movimientos populares y los ciudadanos dispuestos a competir por cargos de elección popular. Para tener éxito en México será necesario que todos dejen de lado por un momento sus prejuicios teóricos y legítimas desconfianzas históricas para unirse e identificarse en una lucha común en contra del saqueo, la represión y la corrupción.
Hace un año Enrique Peña Nieto y sus corifeos deshojaban sus margaritas y se daban fuertes palmadas en la espalda en celebración del “logro” histórico de haber entregado el sector energético a los oligarcas nacionales y las empresas transnacionales. Hoy los poderosos sufren una terrible resaca al darse cuenta de que sus irresponsables excesos han generado un amplio movimiento social que amenaza con poner fin a su continuidad en el poder.
En este nuevo año, la oposición tiene una gran oportunidad histórica para finalmente dejar de apoyar al régimen e iniciar la transformación de la patria. Pero para que 2015 pueda ser un año de victorias ciudadanas las diferentes corrientes de la resistencia primero tendrán que controlar su soberbia y caminar humildemente de la mano con sus hermanos y hermanas de lucha en toda la nación.
Twitter: @JohnMAckerman

¿Los banqueros Rothschild se apoderan del Banco Central de Ucrania?

Bajo la lupa

Alfredo Jalife-Rahme

Foto
Petro Poroshenko, presidente de Ucrania, en una conferencia de prensa celebrada el lunes pasado en KievFoto Reuters

El portal libanés Al-Manar, portavoz de la guerrilla chiíta Hezbolá –aliada de Irán y del presidente sirio, Bashar Assad–, pregunta si ¿dirigirán Soros o Strauss-Khan la economía ucraniana? (http://goo.gl/Da3Qn3).
La inquietante noticia de Al-Manar pudo haber sido tomada como broma a tres días de los Santos Inocentes, de no haber sido por la confirmación del alemán-estadunidense F. William Engdahl, de la Universidad de Princeton y uno de los máximos expertos en geopolítica, quien afirma que el polémico octogenario, el megaespeculador George Soros, es contemplado como nuevo presidente del Banco Central de Ucrania (http://goo.gl/FXXNDZ).
En esta etapa de escalada en espiral, que puede desembocar en una guerra nuclear entre Estados Unidos (EU) y Rusia, Ucrania ha cesado de existir como país independiente, libre y soberano, cuando el gobierno de Kiev está conformado por tantos extranjeros y teledirigido obscenamente por el intervencionismo de Vicky Nuland, asistente del Departamento de Estado y esposa del zelote neoconservador straussiano Robert Kagan: uno de los artífices de los fracasos bélicos en Irak y Afganistán.
El parlamento de Ucrania votó para que tres nuevos ministros del gobierno, repleto de nazis (literal) y provenientes de países extranjeros, hayan sido nacionalizados como ciudadanos ucranianos por vía rápida: 1) la ministra de Finanzas, Natalia Jaresko, ciudadana estadunidense que trabajó para el Departamento de Estado en Ucrania y quien había fungido como banquera de inversiones de los fondos de Usaid, una fachada de la CIA (http://goo.gl/FwMtgm); 2) Aivras Abromavicius, banquero de inversiones de Lituania, que manejó el Fondo Sueco para Ucrania, y 3) Alexander Kvitashvili, ministro de Salud, de nacionalidad estadunidense y agente de la CIA, según Engdahl (http://goo.gl/SV1b5P ).
Al Manar afirma que Ucrania se encuentra al borde de una quiebra inminente, cuya principal causa es la guerra que Ucrania lleva a cabo en Donbass, que cuesta alrededor de 100 millones de grivnas (la divisa ucraniana) al día y tiene como causa fundamental el corte de sus relaciones comerciales con Rusia, su socio principal, lo cual produjo una huida masiva de capitales.
Kiev fue incapaz de cumplir con sus obligaciones de pago en octubre por un total de mil 125 millones de grivnas que obligó a su Consejo Municipal a restructurar su deuda interna.
Hasta la gobernadora del Banco Central de Ucrania, Valeria Gontareva, admite su dramática descomposición (http://goo.gl/NI4j5i), mientras Moody’s, la descalificada calificadora de EU, afirma que existe un riesgo de que el país haga frente a una suspensión de pagos cuando Ucrania debe unos 28 mil millones de dólares a sus principales acreedores, el FMI y la Unión Europea.
Sus reservas de divisas se han desplomado hasta 8 mil millones de dólares, los precios se han incrementado más de 20 por ciento, la deuda pública alcanzó 60 por ciento del PIB y la moneda ha perdido la mitad de su valor en un año.
El FMI estima que Ucrania necesita una ayuda urgente en las próximas semanas de 20 mil millones de dólares sólo para estabilizar la caída de la economía.
Sin contar que el primer ministro, Arseni Yatseniuk, fue textualmente instalado por Vicky Nuland del Departamento de Estado, la revista Contra Magazine de Austria (http://goo.gl/5uJBF6) sostiene que el presidente, Petro Poroshenko, desea convertir a Ucrania en un Estado vasallo de EU, lo que explica la llegada masiva de extranjeros para desempeñar puestos clave en la dirección del país, como es el caso del Banco Central, donde, según la agencia de prensa APA de Azerbaiyán (http://goo.gl/3pEDHf) –que cita al canal 112 de la televisión de Ucrania–, los candidatos para dirigir al Banco Central sean tanto George Soros como Dominique Strauss-Kahn, anterior director del FMI: ambos, al unísono de Jacques Attali, son instrumentos fiduciarios de los banqueros Rothschild.
El megaespeculador israelí-húngaro-británico-estadunidense György Schwartz, alias George Soros, de 84 años (http://goo.gl/oXTtyA), financió con 82 mil dólares (nota: unas migajas) al nuevo gobierno ucraniano, así como había financiado las actividades de disidentes en el antiguo bloque soviético antes de las revoluciones de 1989, en especial en Polonia y República Checa, según Kyev Post.
Al-Manar asevera que Soros contribuyó este año a derrocar el gobierno ucraniano y a crear una democracia pro occidental, como en 2004 durante la revolución naranja.
Hoy Ucrania se encuentra infestada por un batallón de funcionarios de EU con las ONG que controla, como la National Endowment for Democracy (NED), que Thierry Meyssan, director de Red Voltaire, cataloga como “la vitrina legal de la CIA (http://goo.gl/06Pb)”.
A juicio de Engdahl, Soros persiste en intentar debilitar la economía rusa, como hizo en 1998 cuando fue identificado como el hombre de paja de los banqueros Rothschild desde su vilipendiada empresa Quantum Fund NV, con sede en los paraísos fiscales de Curazao (Antillas Holandesas) y las Islas Caimán (http://goo.gl/XlMOZF).
Engdahl comenta que Soros como gobernador del Banco Central de Ucrania (Banco Nacional de Kiev) equivale colocar al viejo zorro a vigilar la casa de las gallinas.
En el paroxismo de su desquiciante megalomanía, Soros expectoró que fue él quien fundó (¡supersic!) Ucrania antes de que fuera independiente de Rusia y que tal fundación (sic) ha estado funcionando desde entonces y ha jugado un papel importante en los hechos recientes, tras el golpe de Estado del 21 de febrero de 2014, ejecutado por el Departamento de Estado, según Engdahl, quien desnuda todas sus redes ampliamente detectadas: Usaid, NED, International Republican Institute, The National Democratic Institute for International Affairs, The Freedom House y el Instituto Albert Einstein.
Por cierto, NED ha sido señalada por desestabilizar a China en Hong Kong.
El polémico portal de Alex Jones, InfoWars.com, asevera que Soros admite su responsabilidad por el golpe de Estado y más matanzas masivas en Ucrania, cuando su colaboración en las revoluciones de color empezaron inmediatamente después haber participado en la caída de la URSS (http://goo.gl/MHctLp).
A juicio de Engdahl, el megaespeculador Soros “aportará su alquimia financiera a Kiev e intentará lucrar con miles de millones de euros en el nuevo Ministerio de Finanzas y tampoco está solo para despojar el Banco Central de Ucrania, sino que también cuenta con dos competidores aliados de los banqueros esclavistas Rothschild: el pestilente Dominique Strauss-Kahn y un empleado clandestino de la Reserva Federal –que dirigen los israelíes-estadunidenses, la gobernadora Janet Yellen y el vicegobernador Stanley Fischer (http://goo.gl/oOV8DR), recién desempacado del Banco Central de Israel, quien maniobró el Olimpo de las finanzas globales con Jacob Frenkel (http://goo.gl/HOzFXl).
La guerra financiera sin cuartel de EU y Gran Bretaña contra Rusia se intensifica ahora desde Ucrania que busca su ingreso a la OTAN bajo la cobertura del supremo brazo armado financierista de los banqueros Rothschild.
Twitter: @AlfredoJalifeR_
Facebook: AlfredoJalife

Alerta CIDH por nexo entre Ayotzinapa e impunidad en “guerra sucia”


Celebran misa en Ayotzinapa por normalistas desaparecidos. Foto: Octavio Gómez
Celebran misa en Ayotzinapa por normalistas desaparecidos.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la conexión entre la impunidad por los crímenes de la ‘guerra sucia’ y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente” en el país con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
En el reporte sobre el 153 Periodo de Sesiones de la CIDH, realizado del 23 de octubre al 7 de noviembre, los ocho comisionados presididos por Tracy Robinson, y con Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo, tuvieron presente el caso de los ataques armados a normalistas el 26 y 27 de septiembre, en los que perdieron la vida seis personas, 20 resultaron lesionadas y 43 fueron desaparecidas.
En la revisión de las audiencias llevadas a cabo en Washington, el documento da cuenta de los cinco campos temáticos abordados con el Estado mexicano y organizaciones civiles.
Entre los temas destacan el Programa Nacional de Derechos Humanos de México; denuncias por la “destrucción biocultural” debido a la construcción de megaproyectos; la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp); denuncias de “impunidad por las graves violaciones a derechos humanos”, y “Derechos humanos y protesta social”.
En el informe la CIDH “lamentó los dramáticos hechos acaecidos recientemente” y que pusieron a México en la mirada internacional, en específico los casos de los estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
Enseguida, el organismo regional manifestó su interés “por conocer las medidas que tomará (el gobierno de Enrique Peña Nieto) para dar respuesta a estos graves hechos, en particular la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas”.
La CIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por “la conexión entre la impunidad por los crímenes de la ‘guerra sucia’ y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente en el país”, más aún porque “a la fecha sólo existiría una condena por los crímenes de esa época y que no había sido ejecutada por la avanzada edad del imputado (el expresidente Luis Echeverría Álvarez)”.
Al abordar el tema de la alarmante impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos en México, la CIDH alertó sobre “la necesidad de generar un cambio en la cultura institucional de las autoridades encargadas de aplicar la ley”.
En el reporte, el organismo interamericano consideró que las graves violaciones a derechos humanos denunciadas por organizaciones civiles “no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el gobierno federal tiene el deber de desarrollar mecanismos pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en esos estados”.
Durante el 153 periodo de sesiones, la CIDH expresó su preocupación por la tendencia por parte de las autoridades mexicanas “a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012”, año del regreso del PRI a la Presidencia.
El talante represivo, continuó, se expresa tanto en iniciativas legislativas encaminadas a la “regulación del espacio público para manifestaciones sociales”, el “uso del derecho penal”, así como “el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no sólo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo”.
En su informe, el organismo dio cuenta de que los representantes del gobierno de Peña Nieto reconocieron que casos como el de Tlatlaya y de Iguala, ocurridos en junio y septiembre del año que termina, “ponen a prueba los avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos”.
El documento del organismo resalta que en la audiencia “el Estado mexicano manifestó su compromiso de investigar los hechos, sancionar a los responsables, dar atención a las víctimas y dialogar con sus representantes”.
Ante los señalamientos de ONG por la ausencia de verdad y justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos, la CIDH asentó el reconocimiento del Estado mexicano de “fallas estructurales profundas” en el sistema de justicia y de forma destacada admitió que en el proceso de investigación de los delitos cometidos en el pasado “los resultados de la Femospp fueron muy limitados”.
Durante el 153 periodo de sesiones de la CIDH, “las organizaciones de la sociedad civil plantearon que la impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos continúa siendo una constante estructural e histórica, a pesar de diversas reformas en materia de justicia y derechos humanos”, se puntualiza en el reporte.
En el informe se asentó la posición de los activistas sobre el “fenómeno de la impunidad”, que es el resultado de “la falta de capacidad institucional de las agencia de investigación”, así como por “la falta de voluntad de las propias autoridades para investigar y sancionar casos en los que encuentran involucrados integrantes de sus propias instituciones.
El reporte del último periodo de sesiones de la CIDH da cuenta de las 53 audiencias públicas celebradas y de 31 reuniones sobre casos y medidas cautelares, así como de los encuentros con representantes de Estados, peticionarios y organizaciones de la sociedad civil de la región, entre otras actividades.
Durante el 153 periodo de sesiones, los comisionados tuvieron información, además de México, de la situación de derechos humanos en Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Cuba, Jamaica, Venezuela, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Perú y Paraguay.

Peña juega golf en Nayarit para “superar” tragedia de Iguala


En febrero de 2013 captaron a Peña Nieto en un campo de golf en Yucatán. Foto: @vickyyylopez
En febrero de 2013 captaron a Peña Nieto en un campo de golf en Yucatán.
Foto: @vickyyylopez
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El pasado viernes 26, mientras los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace tres meses en Iguala, Guerrero protestaban en las calles de la Ciudad de México, el primer mandatario Enrique Peña Nieto “superaba” la tragedia que marcó su segundo año de gobierno jugando golf en su sitio predilecto: Punta Mita, Nayarit.
A cientos de kilómetros de distancia de las protestas que le reclaman su responsabilidad en la investigación y solución de la desaparición forzosa de los normalistas, Peña Nieto recorre con sus amigos los campos de golf de este centro turístico de Bahía de Banderas.
Según un testimonio enviado a este reportero, una mujer identificó a Peña Nieto en uno de los campos de golf. Le pidió que se tomara una foto con ella. Peña Nieto se quitó la cachucha, el guante de jugador y se volteó de espaldas a un árbol para que no se viera el mar. Se tomaron la foto. El presidente mexicano le pidió “encarecidamente” que no subiera la imagen a redes sociales.
Previsor, Peña Nieto no quiere que una imagen así recorra Twitter o Facebook el mismo día que se cumplían tres meses de la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos. Algunos trabajadores del campo de golf se dieron cuenta de la escena y la relataron a otros testigos.
Este martes 30 de diciembre, el periódico Reforma publicó en su columna editorial “Templo Mayor”:
“Cuentan que el presidente Enrique Peña Nieto decidió pasar el fin de año en uno de sus lugares favoritos: Punta Mita.
“Aunque oficialmente no hay información al respecto, hay quienes afirman haberlo visto jugando golf en el Campo Litibú, propiedad de Fonatur.
“Cierta o no su estancia en aquel lugar, algunos pobladores de Bahía de Banderas quieren aprovechar para hacerle llegar su inconformidad por la destrucción de un estero en la laguna de San Francisco.
“Hasta ahora, las quejas han sido enviadas por carta y por medio de pancartas, aunque, según se sabe, no descartan la idea de tratar de buscar un encuentro directo con el mandatario”.
Litibú es un campo de golf que está en Punta Mita, en el último desarrollo donde tenía su propiedad La Tranquila, el exsecretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, asesinado el 9 de marzo de 2013 por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
También hay otros campos de golf al que acude el primer mandatario cuando su agenda se lo permite en el hotel Four Seasons, considerado uno de los más exclusivos y con acceso restringido para que ningún intruso o fotógrafo pueda incomodar el deporte consentido del mandatario mexicano.