México no hace lo suficiente ante las desapariciones forzadas: ONG

Detenciones arbitrarias, práctica persistente y extendida entre cuerpos de seguridad

El Estado no ha tomado acciones para hacer que los militares vuelvan a los cuarteles, señalan

Diversas organizaciones no gubernamentales señalan las debilidades del Estado mexicano ante el problema de las desapariciones forzadas

Foto Marco Peláez

Fernando Camacho Servín 

Periódico La Jornada
Domingo 1º de febrero de 2015, p. 3

El Estado mexicano no ha hecho lo suficiente para resolver la crisis generada por las decenas de miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en el país desde 2006, pues no ha investigado ni juzgado a los responsables de dichos crímenes, lo cual ha generado un fenómeno de impunidad que ha hecho todavía más grave este problema.

Tal es una de las principales conclusiones que diversos colectivos de derechos humanos presentarán este 2 y 3 de febrero en el contexto del octavo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que analizará por primera vez los avances del país para cumplir sus obligaciones internacionales en esta materia.

En las audiencias, a realizarse en Ginebra, Suiza, Amnistía Internacional presentará un informe –disponible en la página web de la CED– en el cual advierte que en México la tipificación del delito de desaparición forzada no cumple con las normas internacionales, porque desconoce las múltiples formas en que un servidor público puede estar involucrado en los hechos.

De igual forma, señala que las detenciones arbitrarias –que suelen ser el inicio de una desaparición forzada– son una práctica persistente y muy extendida en México y forman parte habitual de la actuación policial y militar en la investigación de delitos graves. Sin embargo, las medidas tomadas hasta el momento para prevenirlas son insuficientes.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica en su respectivo informe que a pesar de las múltiples recomendaciones para que México limite la participación de los militares en labores de seguridad pública (uno de los elementos que detonó el fenómeno de las desapariciones forzadas desde 2006), el gobierno no ha tomado acciones para hacer que los soldados vuelvan a los cuarteles.

Asimismo, lamentó que pese a haber firmado y ratificado los principales instrumentos en materia de desaparición forzada, México sigue sin admitir la facultad del CED para recibir quejas individuales, como lo establece el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De su lado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó en su informe los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde tres normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 más desaparecidos, y subrayó el papel diversos servidores públicos en dicho crimen, así como la falta de capacidad del Estado para esclarecer el delito y encontrar a las víctimas con vida.

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Existe la convicción de acatar recomendaciones, dice

Informe del gobierno asegura que cumple con normas internacionales

Fernando Camacho Servín 

Periódico La Jornada
Domingo 1º de febrero de 2015, p. 3

México presentará este lunes ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza, su primer informe sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que el informe y la respuesta a cuestionamientos del CED se elaboró con información de 12 instituciones del gobierno federal, de los poderes Legislativo y Judicial, así como de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

En un comunicado, la SRE precisó que el examen se basará en el informe que el Estado mexicano presentó en abril de 2014 así como en una lista previa de cuestiones remitida por el comité a nuestro país y a la cual se dio respuesta en enero del presente año.

Para sustentar ese informe, detalla la SRE, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado de forma interinstitucional y coordinada entre los distintos actores pertinentes, lo que ha resultado en una reflexión sobre la forma en que se ha avanzado en la promoción y protección de los derechos humanos y en la implementación de las obligaciones internacionales de México.

En el informe que se le presentará al CED, las autoridades del país aseguran que sí cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de combate a las desapariciones forzadas.

Luego de asegurar que México comprende la gravedad y el carácter pluriofensivo de las desapariciones, los redactores del informe indicaron que el país ha intensificado sus esfuerzos para erradicar este crimen, como lo demuestran varias iniciativas legales promovidas en años recientes.

Entre ellas, aseveró el documento, se encuentra la promulgación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en abril de 2012, la firma de un convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja para instaurar protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, en febrero de 2013, y la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en enero de 2014.

La delegación mexicana indicará en las audiencias de lunes y martes que en octubre de 2013 el Senado presentó una iniciativa para armonizar la tipificación del delito de desaparición forzada de acuerdo con los estándares internacionales, y que en el Estado mexicano existe la convicción de cumplir con las recomendaciones hechas en 2011 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.