Para 12 organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el
Informe alternativo, enviado al Comité de la ONU, el panorama es
opuesto, porque el Estado incumple con su obligación de implementar
políticas efectivas en materia de derechos humanos.
Nayeli Roldán (@nayaroldan)
Para 12 organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el
Informe alternativo, enviado al Comité de la ONU, el panorama es
opuesto, porque el Estado incumple con su obligación de implementar
políticas efectivas en materia de derechos humanos.
Nayeli Roldán (@nayaroldan)
Previo a que México sea revisado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Estado mexicano envió un informe en el que destaca “avances sustantivos” en la protección a los derechos humanos en el país, “gracias a un proceso de trasformación estructurales”.
Sin embargo, los reportes adicionales de organizaciones no
gubernamentales enviados a la Oficina de Naciones Unidas, señalan lo
contrario, pues advierten que ante la “magnitud de la tragedia”,
las medidas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto son
“insuficientes para enfrentar crisis de derechos humanos y
desapariciones forzadas”.
Esta será la primera vez que la ONU revisará la actuación del Estado Mexicano para combatir la desaparición forzada,
considerada un delito de lesa humanidad. Y sucede en medio de una
severa crisis, luego de la desaparición de 43 estudiantes del estado de
Guerrero, de quienes aún se desconoce su paradero y cuya investigación por parte de la Procuraduría General de la República prácticamente se ha dado por concluida.
Por eso acudirán a la sesión de la ONU, dos de los padres de
los jóvenes desaparecidos, representantes de organizaciones no
gubernamentales para exponer este caso y la situación por la que México
atraviesa con más de 23 mil personas desparecidas en los últimos ocho
años, según cifras de la Secretaría de Gobernación.
También asistirá una delegación de 27 funcionarios encabezados por el
subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo y la
subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, aunque también estarán al
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, como presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas, entre otros.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas -formado por
diez expertos independientes- revisa los informes que los estados
presentan sobre las medidas que han tomado para implementar las
disposiciones de dicha Convención y los informes alternativos de la
sociedad civil. Al concluir este proceso, expresan sus “preocupaciones y recomendaciones” al Estado parte a través de un informe de “observaciones finales”.
México envió su informe el 11 de marzo de 2014, previo a la
desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, de
quienes aún se desconoce su paradero y cuyo caso ha provocado presión
nacional e internacional hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el documento de 47 páginas, se advierte que en el país se
han implementado al menos ocho acciones que con las cuales México
“cumple” con la Convención Internacional para la Protección de todas las
personas contra las Desapariciones Forzadas.
Aunque reconoce que existen “importantes retos” en materia de
derechos humanos, considera que México “cuenta con el marco jurídico más
favorecedor para los derechos humanos que haya tenido en su historia,
con la generación de políticas públicas basadas en estándares
internacionales”.
Pero para 12 las organizaciones de la sociedad civil que
elaboraron el Informe alternativo y que también fue enviado al Comité de
la ONU, el panorama es opuesto, porque el Estado incumple con su obligación de implementar políticas efectivas en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, carece de un plan nacional de búsqueda en vida
para coordinar los distintos ámbitos de gobierno las acciones de
búsqueda e investigación inmediata de personas desaparecidas; tampoco se
ha fortalecido las labores periciales. Además, aunque se creó
el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), aún es
deficiente. Tampoco se ha concretado el tránsito de la Procuraduría
General de la República a una Fiscalía General, y en este nuevo modelo
no se prevé la creación de una instancia especializada para investigar
las graves violaciones a los derechos humanos.
Además, la desaparición de los 43 estudiantes “representa la
expresión más cruenta de un sistema arraigado de violaciones e impunidad
de parte de los diferentes niveles e instituciones del Estado
y, junto con las miles de desapariciones forzadas documentadas a todo el
país, pone en evidencia la falta de una política de estado para
prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada de personas”.
En tanto, el reporte del Estado Mexicano expone como medidas efectivas: la
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas; la
presentación de una iniciativa para armonizar la tipificación del delito
de desaparición forzada de personas con los estándares Internacionales
(aún en el Congreso) y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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