Mujeres
sobrevivientes de tortura sexual descalificaron el supuesto compromiso
del Estado mexicano, para crear un mecanismo especial a fin de que las
víctimas de tortura sexual puedan denunciar de manera segura y se les
garantice que no habrá impunidad.
En la audiencia sobre tortura sexual celebrada hoy ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Alejandra
Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la
Secretaría de Gobernación (Segob)–, se comprometió a generar un
mecanismo de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República
(PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que las
mujeres puedan denunciar la tortura sexual de la que son víctimas.
La funcionaria incluso dijo que buscaría una reunión con las
organizaciones civiles para dar seguimiento a la propuesta que provino
precisamente de activistas, durante la realización de la audiencia.
No obstante, una vez que concluyó la sesión ante la CIDH, en rueda de
prensa en esta capital mujeres sobrevivientes de tortura sexual, entre
ellas las denunciantes de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en
San Salvador Atenco, Estado de México, advirtieron que a la hora de
denunciar las víctimas deben sortear diversos obstáculos, además de que
subrayaron que la respuesta del Estado mexicano sobre el tema “no fue
satisfactoria”.
“Da mucha rabia escuchar al Estado mexicano, con esa serenidad, con esa
calma, hablar sobre la tortura sexual y pedir a los comisionados que se
ajuste el término”, criticó Italia Méndez, sobreviviente de Atenco y
una de las 11 denunciantes que ante la falta de justicia en México,
llevó su caso ante la CIDH, donde hasta ahora sigue en análisis.
Y es que durante la audiencia en Washington, la subprocuradora de
Derechos Humanos de la PGR, Rosalinda Salinas Durán, dijo que el Estado
mexicano no estaba de acuerdo con que la temática de la sesión fuera la
“tortura sexual”, por lo que pidió a las y los comisionados a modificar
el término, dando a entender que lo que se abordaba era la “violencia
sexual”.
En la conferencia en esta ciudad, la abogada del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Araceli Olivos,
calificó como una “contradicción” que el gobierno mexicano se
comprometiera a la creación del mecanismo de seguimiento a los casos de
tortura sexual, y después pidiera que se ajustara el tema de la
audiencia.
La defensora consideró que la delegación oficial mexicana evadió el
problema, y no dio respuestas amplias, además de que el mecanismo
propuesto por Conavim si bien podría servir para revisar los casos de
tortura sexual que están abiertos, no sólo se trata de resolver las
denuncias presentadas por 19 mujeres que forman parte de la campaña
ciudadana “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura
sexual”, pues ésta es una práctica generalizada que debe ser tomada en
cuenta.
En la audiencia ante la CIDH, activistas presentaron los casos de las
mujeres de Atenco y además las historias de Norma Jiménez, Yolanda
Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo, Yecenia
Armenta, Cristel Piña y Claudia Medina, todas ellas sobrevivientes de
tortura sexual por parte de agentes del Estado.
Antes del anuncio de la titular de la Conavim para crear un mecanismo
especial de denuncia de la tortura sexual, Cristina Hardaga, integrante
de la organización civil Asociadas por lo Justo, propuso ante la CIDH:
“Dicho mecanismo deberá analizar los expedientes correspondientes desde
una perspectiva de género, de Derechos Humanos, verificando que se
hayan realizado los exámenes y peritajes necesarios para documentar las
huellas de tortura, y ofreciendo recomendaciones para la investigación
penal”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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