Como
parte de sus recomendaciones preliminares, el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que evalúa las investigaciones sobre la
desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero, urgió al
Estado mexicano a atender a las víctimas y evitar la revictimización de
las familias.
En conferencia de prensa hoy, aseguraron que existen elementos para calificar la desaparición de los estudiantes normalistas como “desaparición forzada”.
Tres integrantes del GIEI presentaron el informe de su primera visita a México –del 1 al 19 de marzo–, para la investigación y asesoría sobre el llamado caso Ayotzinapa.
La experta Ángela Buitrago y los especialistas Carlos Beristain y Francisco Cox dijeron que necesitan “más tiempo” y elementos para emitir una opinión propia sobre el trabajo que realizó el gobierno federal, para localizar a los estudiantes desaparecidos y asesinados el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Sin embargo, tras reunirse en al menos dos ocasiones con familiares de los jóvenes desaparecidos (una al llegar a México y otra antes de concluir su primera visita), el GIEI confirmó que existen “problemas que se han dado en el acceso, confianza y atención a las víctimas”.
Si
bien el GIEI pudo reunirse con la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
respecto la atención a las víctimas, recomendó a ambas instancias
“atender a las víctimas y sus prioridades, además de darles los pasos
necesarios para generar confianza”.Y pidió de manera urgente que se reactive la atención médica para las familias que desde hace seis meses viven en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, se les dé medicamentos y se establezcan mecanismos para garantizarles otros niveles de atención sanitaria.
El Grupo de Expertas y Expertos también solicitó que se articulen medidas técnicas y de confianza mutua, para asegurar la legitimidad de los resultados, las cuales deben incorporarse de manera íntegra al expediente.
Asimismo, el GIEI consideró fundamental evitar la revictimización de las víctimas y familiares, ya que –como denunciaron en semanas anteriores las mamás de los normalistas y Vidulfo Rosales Sierra, defensa legal en el caso– la Procuraduría General de la República (PGR) no informó debidamente sobre los últimos avances en las investigaciones del paradero de sus hijos, de los cuales las familias se informaron sólo a través de los medios de comunicación.
Cabe recordar que en las reuniones que las familias sostuvieron con el ahora exprocurador Jesús Murillo Karam y otras autoridades en 2014 éstas se mostraron “insensibles”, reportó Cimacnoticias en su momento.
En otro llamado, la experta y los expertos exhortaron a los jueces a que la investigación de los hechos se califique como “desaparición forzada”, toda vez que –aseguraron– existen “elementos que estructuran” este tipo penal.
Según agregó el GIEI, Murillo Karam no fue quien se negó a reconocer esta grave violación a Derechos Humanos, sino que “fue el juez quien desestimó esta calificación”.
La atención a las víctimas corresponde sólo a una de las cuatro líneas en las que el GIEI centró su trabajo; las otras tres son: proceso de búsqueda, investigación criminal y políticas públicas frente a la desaparición forzada.
Al respecto de la primera línea, el GIEI –que aseguró haber recibido información por parte de las autoridades federales y estatales que indican que la indagación sigue en curso– llamó a que las acciones de búsqueda continúen, para lo que pidió que las autoridades que tengan información sobre los grupos que se mencionan como involucrados en la desaparición, sus inmuebles, propiedades o rutas, las brinden a fin de establecer hipótesis de búsqueda.
Sin profundizar en los detalles del expediente –bajo el argumento de que es un caso abierto pese a que Murillo Karam apuntara los últimos hallazgos como “concluyentes”–, las y los expertos declararon que Arely Gómez, nueva titular de la PGR, les aseguró que no ha cerrado las pesquisas.
Las
y los expertos también informaron que solicitaron a la PGR que se
realicen las gestiones necesarias, para la obtención de nuevas
fotografías satelitales relativas al basurero de Cocula a través del
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a
la Delincuencia (Cenapi).Respecto a las decenas de cuerpos de personas en fosas clandestinas que fueron hallados tras la desaparición de los normalistas, los expertos solicitaron a la PGR un mapa actualizado que localice fosas y casos relacionados con ellas, a fin de contribuir a encontrar indicios que puedan ayudar a realizar nuevas búsquedas.
También recomendó que en futuras búsquedas sobre fosas clandestinas se considere el uso de tecnología láser para identificar perturbaciones en el terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota, y otros lugares cercanos a Iguala, y llamó a realizar un trabajo amplio de búsqueda en el que se coordinen y participen autoridades estatales, federales, expertos independientes y familiares.
En cuanto a la investigación criminal –segunda línea de trabajo–, el GIEI dijo que identificó “elementos y diligencias muy importantes de la investigación que deben resguardarse”.
Si bien, el GIEI no quiso precisar en qué consisten estos elementos y diligencias, informó que actualmente están analizando las declaraciones ministeriales de testigos e inculpados, así como otros elementos probatorios incluidos en el expediente. Además, las y los expertos informarán en breve en qué áreas solicitarán algunos peritajes específicos.
El GIEI consideró necesario que se concentre toda la evidencia recogida en la PGR y en un solo expediente, y llamó a fortalecer el seguimiento de los acuerdos establecidos entre las partes, esto porque –según denunciaron las familias– Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, incumplió los 10 acuerdos que firmó con madres y padres de los normalistas el 29 de octubre de 2014.
Además, los expertos solicitaron a través de la cancillería una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala, del cual –aseguraron– no todos los elementos han testificado, y es necesario “confrontar las declaraciones porque aún hay aspectos que tenemos que profundizar”.
En la evaluación de políticas públicas relativas a desapariciones forzadas, el GIEI adelantó que hará recomendaciones posteriores, pero que ya inició reuniones con legisladores para avanzar en el tema.
Como parte de los resultados preliminares, el GIEI destacó que las víctimas se encuentran en una “muy difícil situación” a casi seis meses de los hechos. También reiteró al Estado mexicano la necesidad de contar con una copia digital completa del expediente.
El próximo 6 de abril el GIEI regresará a México para reanudar sus investigaciones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario