Centroamericanas padecen agudización de la violencia
Organismos
civiles que defienden los derechos de la población migrante exigieron
al gobierno federal que detenga el Plan Frontera Sur, al considerar que
agudiza la violencia contra las mujeres centroamericanas sin importar
edad o si presentan embarazos.
Al participar en la mesa de diálogo “Ellos tienen la palabra”, que se
lleva a cabo en la Universidad Iberoamericana en esta capital,
representantes de albergues para migrantes como “La 72”, de Tenosique,
Tabasco, y “Las Patronas”, de Veracruz, denunciaron que el gobierno
federal vulnera los derechos de la población migrante con el Plan
Frontera Sur.
Tal programa que pregona progreso y desarrollo económico en realidad es
para desplegar cuerpos militares, armas y tecnología para impedir que
las personas centroamericanas emigren sin documentos a México,
advirtieron las y los activistas.
Fray Tomas González, director del refugio “La 72”, explicó en breve
entrevista que el Plan Frontera Sur –que empezó a operar en julio de
2014– permitió a las autoridades ejercer mayor control sobre la
población migrante a través de “redadas y detenciones masivas”.
En sus objetivos, ese programa –que presentó Enrique Peña Nieto– busca
el desarrollo productivo de las entidades del sur del país, pero hasta
ahora no se ha hecho público ningún documento oficial que detalle su
plan de trabajo o, incluso, el monto presupuestal con el que opera.
Las y los defensores de migrantes señalaron que es muy probable que no
exista ningún plan de trabajo que lo fundamente, sin embargo es
preocupante que ya funcione “sin transparencia, con abuso de autoridad,
corrupción y criminalización de las personas migrantes”.
La consecuencia de un mayor control migratorio es el aumento de la
violencia contra esta población a manos del Ejército, la policía de los
tres niveles de gobierno, el Instituto Nacional de Migración (INM) y los
grupos criminales, alertó fray Tomás González.
Los crímenes más frecuentes –puntualizó el activista– son la violencia
sexual contra las mujeres, la desaparición de centroamericanas y la
captación de jóvenes para la trata de personas con fines de explotación
sexual y el trabajo forzoso.
Las niñas, las adolescentes, las mujeres embarazadas y las indígenas
conforman el grupo migratorio más vulnerable, ya que pese a su
condición son detenidas con violencia y encerradas en estaciones
migratorias, sin que se respeten sus Derechos Humanos, ni reciban la
atención necesaria.
Además –abundó el defensor– hay casos documentados de que integrantes de
la Policía Federal extorsionan y explotan sexualmente a las migrantes
bajo la promesa de transportarlas ilegalmente hasta la Ciudad de México.
Si bien aún no han logrado documentar con certeza algún caso de muerte
por violencia feminicida, el activista aseguró que este delito podría
estar sucediendo, ya que ya hay casos de varones que han sido asesinados
por las autoridades migratorias y grupos criminales, sin que se haya
detenido a ninguna persona mexicana.
Como consecuencia del excesivo control migratorio en la frontera sur, la
población migrante está adoptando nuevas rutas, que son más peligrosas
para las mujeres.
Ante ello, las y los defensores llamaron también a la sociedad a que
“desenmascare con denuncias y monitoreo la falsa bondad del Plan
Frontera Sur, cuyo claro objetivo es frenar el flujo migratorio”.
También exigieron a las autoridades federales que paren las acciones de
control y criminalización de migrantes. “Este programa significa un
exterminio de la población migrante; es una guerra que nadie declaró,
pero tampoco nadie está interviniendo”, dijo fray Tomás.
NINGÚN PARTIDO SE HACE RESPONSABLE
El activista también criticó que en respuesta a la insistencia civil de
frenar este programa y de transparentarlo, legisladores y autoridades
federales “se echan la bolita” para no dar soluciones.
Prueba de esto es que la diputada federal por el PRD Amalia García
Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y quien estuvo
presente en la mesa de diálogo, declaró que todas las iniciativas que se
han elaborado para otorgar más garantías a la población migrante han
sido frenadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Detalló que aun en la comisión que ella preside ha sido imposible
incluso someter a votación alguna iniciativa, toda vez que su bancada y
la del Partido Acción Nacional (PAN) son minoría.
Cuestionados fuertemente por los grupos civiles y la audiencia presente,
la legisladora explicó que el Plan Frontera Sur nunca pasó por la
aprobación del Congreso, sino que fue una decisión tomada por el
Ejecutivo.
Amalia García explicó que si bien la Ley de Migración fue aprobada por
el Congreso, su reglamento –al que las y los activistas tildaron de
“inconstitucional”– fue elaborado por la Secretaría de Gobernación
(Segob).
También acusó que el gobierno priista está interesado en la deportación
inmediata y el cierre de la frontera, a menos de que se trate de buscar
mano de obra barata.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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