Ricardo Raphael
Una mano negra trazó el laberinto para que nada se resuelva. Con premeditación, alevosía y ventaja, la Procuraduría General de la República (PGR) fragmentó la investigación judicial en pequeñas piezas de rompecabezas y luego mandó esparcirlas en varios juzgados distantes.
A partir de los episodios ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, la PGR estableció 13 causas penales diferentes, que envió a seis juzgados ubicados en cinco ciudades: Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara.
El Ministerio Público acusó de secuestro a unos funcionarios, a otros sujetos los consignó por el delito de crimen organizado. Algunos eran policías, otros empleados públicos y otros más, supuestos integrantes de la banda Guerreros Unidos.
A un grupo de inculpados lo condujeron al penal de Tepic, a otro al de Jalisco y a un tercero al del Altiplano.
No le importaron a la PGR las garantías que la Constitución mexicana establece para asegurar que, en casos como este, los procesos se acumulen y reúnan bajo un mismo juzgado.
Tampoco tomó en consideración que las víctimas de tales causas penales son las mismas y que los derechos violados son similares.
El comportamiento del fiscal fue indiferente con la dificultad física y económica que implica para ellas y sus familiares asistir a varias sedes cuyas coordenadas geográficas están apartadas.
El señalamiento principal lo hizo el lunes pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): de no unificarse toda la investigación en un solo juzgado será imposible contar con una visión integral sobre los hechos; se extraviará evidencia y no podrán comprenderse de manera coherente y conexa el conjunto de eventos.
De las afirmaciones que hicieron Carlos Beristain y Claudia Paz, a nombre del GIEI, puede desprenderse una sospecha grande sobre una maquinación del gobierno federal para asegurar que el caso no se resuelva nunca.
¿Por qué, si no, se habría fraccionado la investigación judicial?
Se añade un argumento más a la montaña de la desconfianza: a siete meses de distancia la PGR sigue sin acusar por desaparición forzada a los inculpados. Por ejemplo, José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, fue consignado por asociación delictuosa, abuso de autoridad y secuestro; pero no por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
En su momento, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, explicó que lo hizo así porque el delito de secuestro implica mayor pena.
Falso: las penas son más cuando se acumulan más delitos, así que pudo perfectamente haber sumado en vez de restar.
Tres interrogantes finales: ¿Por qué no se ha permitido al Grupo de Expertos entrevistarse con los integrantes del 27 batallón militar identificados en alguno de los eventos que tuvieron lugar aquel trágico día de septiembre?
¿Qué pasaría si se confirma que los inculpados fueron torturados a la hora de declarar? Dado que la teoría de la PGR se basa fundamentalmente en testimonios, ¿cabría esperar que el caso entero se desmorone?
ZOOM: ¿Cómo actuará el gobierno mexicano si, al final, la investigación del Grupo de Expertos termina mostrando una realidad muy distinta a la que la PGR entregó a la opinión pública, cuando arbitrariamente quiso cerrar el caso? ¿Se negará autoridad moral al GIEI como antes se hizo con los peritos argentinos o con los relatores de la ONU?
@ricardomraphael
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