Pedro Miguel
El más reciente escándalo de
corrupción, que exhibió la relación deshonesta entre la empresa OHL y
un funcionario de primer nivel del estado de México, es emblemático por
la reacción institucional a que dio lugar: se le pide la renuncia al
individuo, un Apolinar Mena Vargas, se le multa con 187 mil pesos y ya.
La corporación, por su parte, echa al ejecutivo lenguaraz que se
jactaba de hacer fraudes en una conversación telefónica intervenida, un
Pablo Vallentín, y ya. El gobernador Eruviel Ávila, malquerido pero
tolerado por Peña Nieto, promete emprender una investigación sobre la
operación, manejo y administración del Viaducto Elevado Bicentenario y
proceder
con todo el rigor de la leyen caso de detectar irregularidades.
No habrá tal: la irregularidad de esa obra pública arranca con su
diseño y contratación, efectuados cuando Peña desgobernaba el Edomex y
aprobó algo tan aberrante y tonto como una vía rápida de un solo
sentido y un título de concesión que ha permitido a la beneficiaria
incrementar el peaje 152 por ciento en menos de seis años. Algo de
razón tenía el chivo expiatorio, eslabón menor en la cadena de
corruptelas, cuando señalaba que eran las condiciones originalmente
pactadas las que habían permitido semejante encarecimiento, por más que
él, Mena Villegas, haya operado posteriormente para facilitarle a la
empresa de origen español amasar algunos cientos de millones de pesos
de ganancias adicionales y turbias. Desde luego, la actual
administración mexiquense no va a tocar ni con el pétalo de una
averiguación previa a los integrantes de su antecesora, como el propio
Peña, Luis Videgaray (ex secretario de Finanzas estatal) y Gerardo Ruiz
Esparza (ex secretario de Comunicaciones en Toluca), como no lo hará,
por supuesto, Virgilio Andrade en su misión escenográfica de investigar
el origen de las mansiones de su jefe y de su colega de gabinete
Videgaray.
Ocurre que hace una década al actual jefe del Ejecutivo le urgía
sacar un conejo del sombrero para que su gobierno no fuera menos que el
del Distrito Federal, que acababa de inaugurar el segundo piso del
Periférico (gratuito y de dos sentidos, como lo estipula la lógica
elemental) y que a OHL le urgía, como siempre le urge, hacerse de
utilidades máximas, aunque fuera de manera poco presentable, y en la
combinación de ambas urgencias se engendró a esa suerte de Polifemo de
la vialidad que es el viaducto elevado: una obra mal pensada, asentada
sobre contratos tramposos que aseguran máximos beneficios al
contratista y máximos perjuicios a los usuarios y regulada por
relaciones inescrupulosas entre concesionarios y autoridad.
Ahora que ha asomado la punta del iceberg urge salir del paso
ofreciendo a la opinión pública la cabeza de un ejecutor menor de la
corrupción, una multa de 187 mil pesos y una investigación imposible.
Ya tendrá tiempo el gobernador Ávila de reflexionar sobre el hecho
curioso de que hay dos instancias en el país que tienen probada
capacidad de interferir cualquier conversación telefónica: el gobierno
federal y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA). A
ver si logra averiguar, aunque sea para su propio coleto, de cuál de
ellas le llegó el golpe.
Más
allá de pleitos intestinos el hecho es que OHL se suma a la red
clientelar de Rosario Robles, que emplea recursos públicos como insumo
para la fabricación de votos tricolores; estos, a Korenfeld, Korenfeld
a las mansiones oscuras (aunque sean blancas) de Peña y compañía, las
mansiones a las tarjetas Monex y Soriana, las tarjetas a Oceanografía,
ésta a la Estela de Luz en forma de monedero (saqueado) que Felipe
Calderón tuvo a bien legar al país (además de cientos de miles de
muertos y desaparecidos), el monumento al enriquecimiento inexplicable
del tío Arturo o de los hermanos Bribiesca, y así hasta llegar hasta el
Pemexgate, el Fobaproa, o el robo de la partida secreta por
Salinas. No hay disco duro en el que quepan los fraudes, los
chanchullos y la trapacería estructural del grupo gobernante. Con el
neoliberalismo la corrupción artesanal cedió su lugar a la industrial,
y no sólo en México.
Para reproducirse y perpetuarse la oligarquía necesita tanto de la
corrupción como los animales de las hormonas. Por eso la perspectiva de
ponerle freno de golpe desde el interior de las instituciones le
resulta intolerable y pavorosa; por eso neutraliza adversarios
políticos incluyéndolos en el gran reparto, como hizo con el PAN y
posteriormente con el PRD, y como lo ha hecho siempre con partidos
paraestatales como los actuales Verde y Nueva Alianza; por eso se
atrinchera en la Procuraduría General de la República, en la Suprema
Corte de Justicia y en el Instituto Nacional Electoral; por eso
adultera leyes, borra huellas, inventa delitos, fabrica culpables y
opera con espíritu de cuerpo político-empresarial para cerrar espacios
como el noticiero de Carmen Aristegui en MVS.
La elección del 7 de junio es una oportunidad para empezar a hacer
limpieza en y desde algunas gubernaturas (la de Guerrero, en primer
lugar), municipios, delegaciones y cuerpos legislativos. Nada más, pero
nada menos. Los operadores del régimen lo saben y por eso están en
plena campaña para amedrentar y comprar el voto. Desde luego, pretenden
usar el proceso electoral para desviar la atención de movimientos
sociales como el magisterial, el de solidaridad con Ayotzinapa y el de
San Quintín y de resistencias regionales y comunitarias. Por eso
resulta fundamental articular las urnas a tales movimientos y
resistencias. Ojalá que se pueda.
Twitter: @Navegaciones
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