La continua falta de seguridad y la prevalencia de la corrupción son los dos grandes problemas que los ciudadanos asocian con la administración del priista, publicó el medio británico.
(Foto: The Economist).
Después de un año y medio de gobierno, todo empezó a ir mal para el presidente Enrique Peña Nieto:
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ‘casa blanca’ y
la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán, convirtieron a su administración
en “el blanco del despiadado desprecio” de la opinión pública, publicó The Economist.
En un texto llamado “El silencio de Los Pinos”
critica las fallas de Peña Nieto en materias como seguridad y rendición
de cuentas, pero señala que su más grave error es político: “ En los
días en que el PRI gobernaba a México como partido único, los
presidentes eran despiadados en sacar a los subordinados que fallaban.
Peña no: los ministros de Finanzas, Transporte y de Gobernación
conservaron sus trabajos, a pesar de los conflictos de interés y la fuga de Guzmán“.
“El Presidente parece colocar la lealtad personal por encima de la
rendición de cuentas”, apunta el medio, que hace un recuento de la
administración de Peña Nieto y concluye que los dos grandes problemas
que los mexicanos asocian con su gobierno son la “continua falta de seguridad y la prevalencia de la corrupción”.
A continuación la traducción íntegra del texto:
En los primeros 18 meses después de que se convirtió en presidente de
México, en diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto disfrutó de
extraordinario éxito. A través de hábiles maniobras políticas promulgó
una serie de reformas estructurales para la lenta economía de su país,
que habían eludido sus tres predecesores, incluyendo una histórica
enmienda constitucional que le dio un vuelco a la prohibición para la
inversión privada en energía que data de los años 30. Pero después todo
empezó a ir mal.
Primero una reforma fiscal de mano dura alejó a los inversionistas
privados. El asesinato de 43 estudiantes en septiembre de 2014 por
narcotraficantes en complicidad con autoridades locales en el sureño
estado de Guerrero puso en “shock” al país. La revelación de que
la esposa del presidente y su ministro de Finanzas adquirieron lujosas
casas con ayuda de Grupo Higa, una compañía constructora que había
obtenido contratos gubernamentales, apunta a conflictos de interés en la
cima (pese a que todos negaron haber roto la ley). El ministro
de Transporte después canceló el contrato que había asignado a un
consorcio que incluía a Grupo Higa, para construir un tren rápido de 3
mil millones de dólares.
En julio el escape de la prisión de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, el narcotraficante más famoso de México, añadió humillación y
vergüenza. Todo esto ha minado el apoyo público para Peña
Nieto. En un país que es tradicionalmente deferente hacia los
presidentes, su aprobación se desplomó hasta 34% con la fuga de Guzmán.
El gobierno es el blanco del desprecio despiadado entre la opinión
pública de la Ciudad de México. Muchos mexicanos apuntan dos grandes
problemas que asocian con la administración de Peña Nieto -la continua
falta de seguridad y la prevalencia de la corrupción.
Los funcionarios parecen a la vez perplejos y resentidos acerca de la
falta de crédito que el gobierno obtiene por sus logros. Después de
todo, mientras la economía de México no es estelar continúa creciendo,
lo que es más de lo que se puede decir de otros en Amérlica Latina. Las
reformas están empezando a dar resultados que la gente puede apreciar,
como una aguda disminución en los costos de la telefonía móvil. El
Congreso ha aprobado una reforma constitucional para aprobar el llamado
Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas cosa, desde la reforma educativa
a la industria automotriz van bien en México.
Incluso en seguridad, el cuadro completo es más variado que los
encabezados. La tasa de homicidios cayó desde 2012 hasta marzo de este
año, pese a que está subiendo de nuevo. Varios estados del norte en los
que la mafia causó estragos están ahora más calmados. En el central
estado de Michoacán, el gobierno federal ha quitado los colmillos a una
pandilla d la droga particularmente viciosa y a los vigilantes locales.
Un nuevo programa de policía comunitaria en las más peligrosas
vecindades con una población total de 2.5 millones de habitantes tiene
resultados medibles, dice un funcionario de seguridad.
Pero las fallas del gobierno son más visibles. Estas incluyen
Guerrero, que se ha convertido en una de las mayores fuentes de heroína
en el mundo. Partes del estado están “totalmente penetradas por el
crimen organizado”, admite el funcionario. Para sus críticos, Peña ha
fallado en dar prioridad a la seguridad y al estado de derecho, en parte
porque muchos políticos locales de su partido, el Revolucionario
Institucional, se benefician del “status quo”. Esto se aplica aun más a
la corrupción.
El Congreso está por aprobar en mayo las leyes requeridas para
implementar el nuevo sistema anticorrupción. Si hay una probabilidad del
50% de que esas leyes tengan dientes es porque la sociedad mexicana y
la academia se están haciendo más conscientes del costo de la
corrupción, dice Mauricio Merino del CIDE.
La falla más sorprendente de Peña es política. Paradójicamente el
presidente piloteó ambiciosas reformas se ha probado incapaz de
reaccionar. “Ellos no saben responder a la opinión pública”, dice Héctor
Aguilar Camín, un historiador, sobre la pequeña camarilla de ayudantes
de Peña. El llama al problema “el silencio de Los Pinos”. En los días en
que el PRI gobernaba a México como el partido único, los presidentes
eran despiadados in sacar a los subordinados que fallaban. Peña no: los
ministros de Finanzas, Transporte y de Gobernación conservaron sus
trabajos, a pesar de los conflictos de interés y la fuga de Guzmán.
El Presidente parece colocar la lealtad personal por encima de la rendición de cuentas.
En los más estrechos términos políticos su juicio puede ser correcto. Pese a todos los escándalos, el PRI y sus aliados mantuvieron la mayoría en el Congreso en la elección intermedia de junio.
Peña Nieto podría ser capaz de conseguir que su sucesor fuera electo en
2018, solamente conservando el voto duro de la alianza, de cerca del
36%. Eso es porque la oposición está fragmentada y la Constitución no
contempla una segunda vuelta. El problema es que esta fórmula
intensificará la desilución de los mexicanos con su todavía joven
democracia.
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