Derrumbe de viviendas en Xochicuautla. Foto: @FJXochicuautla
LERMA, Edomex. (apro).- Alrededor de 700 elementos de la policía
estatal sitiaron desde esta mañana la comunidad de San Francisco
Xochicuautla y comenzaron el derrumbe de las casas que se encuentran en
el trazo de la autopista Toluca-Naucalpan.
La obra es edificada por Autovan-Teya, filial de Grupo Higa,
propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales
contratistas del gobierno federal y cuyas operaciones financieras en
paraísos fiscales fueron descubiertas por tras la investigación de los
Papeles de Panamá.
José Luis Fernández, vocero de la comunidad, indicó que desde las
9:00 horas de este lunes comenzaron a arribar a la zona camiones con
policías estatales, cerca de 700; los uniformados enseguida se
desplegaron en torno al poblado.
“Entraron por varios parajes y la comunidad está sitiada
completamente; en las entradas a las calles y todos los lugares hay
muchos policías”, acusó.
El integrante de la comunidad indígena otomí explicó que con la
irrupción se violenta la suspensión definitiva de la obra ordenada por
los amparos 1117/2015 y 1123/2015, por lo que “no pueden estar
trabajando”.
Los elementos policiacos acompañan a personal de la empresa y a
quienes se presentan como empleados del gobierno del Estado de México.
La primera casa derrumbada con apoyo de las máquinas de construcción
fue la del doctor Armando García, delegado de la comunidad, ubicada
sobre el trazo del proyecto carretero.
“La están derribando ahorita, pero para derribarla antes desalojaron y
golpearon al menos a 25 compañeros, entre ellos a Isabel Bernaldez, de
entre 78 y 80 años, integrante del Consejo Supremo, a quien los policías
arrastraron”, indicó el vocero.
García Salazar precisó que previo a la demolición de su casa no fue
notificado; esta mañana, expuso, “llegó a mi domicilio quien dijo
llamarse Luis Enrique García, empleado de gobierno del Estado de México,
apenas amparado por una copia del decreto expropiatorio y acompañado
por la fuerza pública”.
Previo al desalojo, al afectado no se permitió extraer sus
pertenencias y documentos; los policías, explicó, sólo recuperaron
algunos muebles, pero la mayoría quedó dentro.
Los habitantes advierten la posibilidad de que Higa continúe con el
derrumbe de inmuebles, vía la imposición, para concretar el proyecto
carretero.
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