Por: Cecilia Balderas
(28 de mayo, 2016. Revolución
TRESPUNTOCERO).- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
denunció que, a raíz de la instalación del Mando Único en la cabecera
municipal de Ocosingo, Chiapas, formalizado hace aproximadamente cinco
meses, comenzó la descomposición social de la comunidad, pues entre las
primeras tareas que han recibido los uniformados está la de reprimir el
descontento social.
Aunque aparentemente la autoridad
municipal aceptó el incremento del índice delincuencial, argumentó que
se trataba de delincuencia común; sin embargo, Roberto Mendoza Pérez,
representante de la comisión de Derechos Humanos del FNLS afirmó en
entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que ha habido cinco ejecuciones
extrajudiciales y varias desapariciones forzadas, hechos que consideran
una práctica recurrente y parte del “terrorismo de Estado”
instrumentado desde la cúpula gubernamental.
A pesar de que los casos han sido
denunciados oportunamente, agentes del Ministerio Público no reportan
ningún avance en la investigación de los mismos y la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos ni siquiera ha emitido un pronunciamiento formal
sobre esta problemática que incluye la violación de garantías
individuales.
“Creemos que es parte de la
instauración de un Estado policiaco-militar a nivel nacional y por
supuesto, para respaldar a quienes, en los últimos años, han sido la
punta de lanza para golpear a diversas organizaciones en Chiapas y
concretamente al FNLS en la región de Ocosingo”, detalló Mendoza Pérez.
El activista explicó que en la entidad
fronteriza –gobernada por Manuel Velasco, quien arribó a la gubernatura
en 2012 tras encabezar la alianza electoral entre el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y Nueva Alianza (NA)- se ha desatado una represión masiva, pero al
mismo tiempo enfocada a los movimientos y esfuerzos organizativos de
carácter democrático e independiente, que denuncian la corrupción del
sistema político mexicano.
Desgraciadamente, la problemática de
desapariciones forzadas no es nueva, data de los años 70, con motivo de
las luchas campesinas, principalmente encabezadas por la Organización
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). La irrupción en el escenario político,
en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también
dejó una estela de ausencias obligadas, pero el fenómeno se ha
recrudecido en el marco de las movilizaciones del movimiento magisterial
chiapaneco. A pesar de ello, en Chiapas son pocas las organizaciones
que exigen la presentación con vida de personas detenidas de manera
ilegal y los desaparecidos.
Desaparición y criminalización
Mendoza Pérez detalló que en 2013 se
registraron la menos dos casos de desaparición forzada temporal, pero
“fue muy poca la difusión”. En noviembre de 2013, se denunció la
desaparición de Luisa Margareth Castillo Mora, activista y líder
sindical de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). La también simpatizante del movimiento magisterial desapareció
de la plaza de San Francisco, en el centro histórico de San Cristóbal de
las Casas.
Días más tarde, Castillo Mora fue
puesta en libertad y denunció que sus captores la torturaron física y
psicológicamente; además, el gobierno de Velasco pretendió
criminalizarla y justificar su desaparición al tratar de vincularla con
el crimen organizado.
En Tuxtla Gutiérrez, una estudiante
también desapareció por algunos días. “Esos casos evidencian que la
desaparición forzada es una práctica recurrente en Chiapas; podemos
decir que es parte del terrorismo de Estado que se aplica en la entidad,
principalmente porque hay organización de la ciudadanía, tanto en el
campo como en la ciudad, que denuncia las consecuencias de las políticas
neoliberales impuestas en el país”, sostuvo Mendoza Pérez.
Aunado a la omisión e ineficiencia de
las autoridades locales, las organizaciones sociales que intentan
visibilizar esta problemática, se ven rebasadas por la realidad. El
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado al
menos 30 casos de desaparición forzada y represión en la entidad -de
1994 al año 2000, principalmente vinculadas a agresiones de grupos
paramilitares y del Ejército- pero sigue sin haber una cifra exacta que
dé cuenta de la magnitud del problema; sin embargo, la población
chiapaneca se calcula que los casos de desaparición forzada por motivos
políticos y sociales alcanzan el centenar.
Las demandas
Roberto Mendoza Pérez denunció que a
pesar de las constantes exigencias al gobierno de Velasco para que se
investigue, los crímenes se mantienen en la impunidad. Además de exigir
se lleve ante la autoridad a los autores materiales e intelectuales de
decenas de desapariciones forzadas, el Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo exige se aclare la ejecución extrajudicial de
Héctor Sántiz López –ocurrido el 29 de septiembre del año pasado, a
manos de un grupo paramilitar denominado “Los Petules”- y el intento de
asesinato de Emilio Morales Díaz, quien fue baleado en el rostro por un
integrante del mismo grupo paramilitar, tres días antes del asesinato de
Héctor.
También solicitan se aclare el intento
de ejecución extrajudicial de Intento de ejecución extrajudicial, en la
ciudad de México, en contra de Matías Flores, integrante del Comité de
Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), de Jesús
Hernández Reyes y Rubicél Hernández García, comisionados del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo, ocurrida el siete de noviembre de
2015.
Los activistas participaban en una
manifestación en las inmediaciones del campamento del Frente Popular
Francisco Villa Independiente, cuando fueron agredidos. Mendoza subrayó
que luego de la inacción e indiferencia de la administración de Manuel
Velasco y de su intensión por criminalizar su lucha, solicitaron la
intervención del gobierno federal; sin embargo, “hay poco interés y el
gobierno se resiste a atender una sola denuncia; no hay voluntad
política a nivel local, estatal y mucho menos federal. Esto es una
consigna política”
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