México envía al mundo más carne de res
/Van por operador de Padrés por gastar 26 mdp en propiedades/El asesinato de Alexis a manos de su novio impulsa una campaña contra la violencia de género/Pobladores de Morelos crean su Consejo de Seguridad Comunitaria/El narco vota/Licitaciones a modo benefician a empresarios cercanos a Peña Nieto/Partidos lucraron con jornaleros de San Quintín; a más de un año de lucha, no hay respuesta a demandas/REFORMA
Al menos en uno de sus juicios de extradición, la cuenta regresiva para Joaquín “El Chapo” Guzmán ha comenzado.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resolverá a más tardar
el 6 de junio si concede o niega la extradición del capo sinaloense a
Estados Unidos para que sea juzgado por un cargo de narcotráfico.Adrián Rivera, juez tercero de distrito en Procesos Penales Federales
de la Ciudad de México, emitió opinión jurídica favorable para entregar
a “El Chapo” únicamente por el cargo de asociación delictuosa para
importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla.La Cancillería informó que fue notificada por escrito de la decisión
judicial, por lo que a partir de hoy empiezan a correr los 20 días
hábiles previstos por ley para que emita un pronunciamiento a nombre del
Gobierno federal sobre la extradición.den de captura girada por la
Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego, el 23 de
agosto de 1996.
EL UNIVERSALEL FINANCIERO
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EXCÉLSIOR
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Los envíos aumentaron de la mano de una mayor demanda y mejores operaciones de los productores nacionales.Las exportaciones de carne de res
mexicana han crecido con fuerza en los últimos años ante una mayor
demanda global, mejores operaciones de los productores de México, así
como los programas para el repoblamiento del ganado que instauró el
Gobierno.El volumen de exportación de carne y despojos de bovino
creció en poco más de cinco veces al pasar de 32,039 toneladas en 2008 a
169,962 toneladas en 2015, según cifras de la Asociación Mexicana de
Engordadores de Ganado (AMEG),En este año, se espera que la
cifra llegue a 250,000 toneladas, de acuerdo con el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
LA SILLA ROTA
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ANIMAL POLÍTICO
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PROCESO
La Cancillería recibió la notificación del juez Tercero de Distrito
de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México que dio el visto
bueno a la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera a Estados Unidos. Todavía hace falta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
analice la solicitud de extradición y autorice –o no– la extradición del
líder del Cártel de Sinaloa. Ese análisis no tardará más de 20 días
hábiles a partir del momento en que la dependencia reciba el expediente
de extradición.“El
Gobierno de México no analizará la culpabilidad o inocencia del
reclamado en los delitos que le son imputados en otro país”, advirtió la
Cancillería, al precisar que “únicamente se verificará que se cumplan
los requisitos del Tratado Bilateral aplicable para la procedencia o no
de la petición”.Joaquín Guzmán Loera, ahora encarcelado en el penal de mediana
seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua, enfrenta procesos judiciales en
varias cortes de Estados Unidos –incluso la del sur de California, en
San Diego—por el delito de asociación delictuosa para importar y poseer
cocaína con la intención de distribuirla.
Pobladores de Morelos crean su Consejo de Seguridad Comunitaria
Los representantes de 11 comunidades de siete municipios de la
entidad integraron el Consejo de Seguridad Comunitaria para proteger a
los pobladores frente al desbordamiento de la violencia e inseguridad en
la región.La entrevista con los líderes del movimiento popular se realizó en el
atrio del Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la
comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tetela del
Volcán, ubicado en las faldas del Popocatépetl.Ocho
hombres y una mujer aceptaron hablar con el reportero y confirmaron las
versiones sobre el surgimiento de un grupo de “autodefensas” muy
parecido al que emergió en Michoacán con José Manuel Mireles,
actualmente preso en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora.Con la condición de mantener el anonimato, uno de los líderes explica
las razones de su precavida actitud: “Algunos medios quieren tomarnos
como bandera, por eso queremos aclarar las cosas. No tenemos miedo,
bueno, no es fácil, pero ya le entramos a esto, ya no podemos rajarnos.
Pero no queremos dar nuestros nombres porque no queremos que los
compañeros nos acusen de protagonistas”.Tercia otro: “Acordamos que esto no es para politizarlo.
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REPORTE ÍNDIGO
Todo indica que el narco se ha enseñoreado –otra vez- de las elecciones en algunos estados.La
expulsión de tres candidatos del PRI a alcaldes en Tamaulipas, destapó
lo que es una sospecha generalizada en esa entidad: el narco es el actor
principal en ese escenario.El hecho también destapó otra
realidad: los partidos políticos carecen de mecanismos que les permitan
tener certeza de que sus candidatos están libres de vínculos con el
crimen organizado.Ya en el pasado la participación del crimen en las elecciones ha traído eventos desafortunados en los estados.El
asesinato de un candidato a gobernador o el descubrimiento de que un
alcalde tenía vínculos con el crimen organizado y “entregó” la policía a
los grupos criminales, han sido pruebas fehacientes de que la
delincuencia organizada tiene interés en entrar al gobierno de las
comunidades.Como en cada proceso electoral, los discursos de los
dirigentes de los partidos políticos y las autoridades electorales
aseguran que todas las etapas de la elección están blindadas.La
falta de protocolos establecidos y garantizados para evitar la
infiltración del crimen en las elecciones, ha politizado el tema.Líderes
de partidos y autoridades federales se culpan y se retan mutuamente
para que el crimen organizado no participe en las elecciones. Lo único
cierto es que nadie tiene la capacidad de evitar que esto suceda.El
Instituto Nacional Electoral (INE) ha alertado sobre algunos estados
donde se tienen localizados puntos de conflicto por la presencia de
cárteles de la droga.Se trata de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.“Hay
algunas entidades donde estamos teniendo problemas de criminalidad
organizada y entonces tenemos que desplegar una capacidad de
amoldamiento y de establecimiento de protocolos que nos permitan sortear
el tema”, reveló Lorenzo Córdova, presidente del INE, en abril pasado.
ARISTEGUI NOTICIAS
Desde 2006, una red de empresas propiedad de industriales mexiquenses cercanos al presidente Enrique Peña Nieto ha vendido al menos mil millones de pesos en desayunos escolares y suplementos alimenticios
al gobierno federal y a los DIF de 15 estados, a través de licitaciones
sin competidores y en las que se solicitan comestibles idénticos a los
que producen.Los empresarios José Anuar y Luis Ernesto Maccise Uribe, Víctor Almazán de la Rosa y Richardo Chemor Ávila
figuran detrás de la marca Nutriwell y de las empresas Innovación
Tecnología en Alimentos y MC International Commerce, encargadas de la
producción de los alimentos.Una investigación de Aristegui Noticias, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS,
comprobó que las licitaciones comparten un mismo esquema: las
dependencias públicas siempre solicitan productos idénticos a los de
Nutriwell en nutrientes, empaque, tamaño y peso, aunque la empresa jamás
participa en los concursos.Además, en los concursos siempre se registra un participante, nunca
hay competencia, y de forma invariable el ganador termina comprando los
alimentos de Nutriwell para entregarlos a las dependencias públicas.
De ese modo, Nutriwell siempre gana sin competir.
![](http://aristeguinoticias.com/wp-content/uploads/2016/05/Aumento_telefonia_celular_-5-600x274.jpg)
Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, explicó el proceso que llevaron a cabo al tramitar un amparo
contra artículos contenidos en la Ley de Telecomunicaciones, el cual
fue rechazado la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.En entrevista para Aristegui CNN, narró que “en 2014 hubo
una discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones, una nueva ley que
tocaba muchos temas, pero dentro de eso, tocaba temas que invadían la privacidad de la ciudadanía”.“En particular hay tres temas en la ley que se aprobó y que suscitaron una gran polémica
en ese momento, hubo hasta protestas. Una es la retención de datos,
otra es el acceso a esos datos, y la otra es la geolocalización en
tiempo real de de dispositivos de comunicación”, detalló.Explicó que “la retención de datos se refiere a lo
que se conoce como metadatos de comunicaciones, no es el contenido de la
comunicación, pero se conservan los datos sobre esa comunicación:
números telefónicos de origen y destino, llamadas realizadas, fecha,
hora y duración de las mismas, e inclusive la localización geográfica de
los dispositivos por dos años”.El tipo de conservación de datos “han sido ya polémica en muchas partes del mundo,
hace dos años el máximo tribunal europeo, analizó una directiva de
retención de datos muy similar y declaró que era violatoria al derecho
de privacidad”, agregó.Por considerarse violatorio a los derechos de las personas, dijo que “acudimos a presentar un amparo en contra de conservar esta base de datos gigantesca de todos los usuarios de telecomunicaciones”.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros oficiales de la Alianza de
Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social,
denunció que a más de un año que estallara la huelga de los jornaleros
del Valle de San Quintín y a exactamente 12 meses de que el movimiento
fuera reprimido violentamente por elementos de la Policía Estatal y
municipal de Ensenada, no hay avances ni respuesta alguna a sus
demandas.El dirigente atribuyó la pasividad de los tres niveles de gobierno, y
en general del resto de los actores políticos, a quienes “lo único que
les preocupa es ganar la carrera política y electoral de interés de cada
partido”, y denunció que se lucró políticamente con el movimiento en
tanto fue funcional a los intereses partidistas.Recordó que en marzo del año pasado, cuando estalló la huelga –y a
escasas semanas de que iniciara el proceso electoral para renovar el
Congreso de la Unión, varios congresos locales y cientos de presidencias
municipales- “había preocupación de todos los partidos políticos por
eso, diputados federales y senadores de todos los colores presionaban
para que se atendiera el movimiento de los jornaleros agrícolas del
Valle de San Quintín, pero una vez que se firmó la última minuta, el cuatro de junio, ese interés cesó”.En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Sánchez Gabriel
subrayó que el movimiento sigue demandando un salario justo que permita a
los jornaleros tener ingresos para garantizar la buena alimentación de
sus hijos, que alcance para comprarles ropa, calzado, para enviarlos a
la escuela y para darles atención médica, pues la falta de afiliación al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los obliga a acudir a
consultas particulares y a comprar medicamentos cuando se enferman los
pequeños, lo que agrava más la situación precaria en la que viven.
El
pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de
Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales,
que crea la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces
de control, que podrán ordenar el cateo a domicilios particulares,
oficinas del gobierno federal e incluso a las dos cámaras del Congreso:
el Senado y San Lázaro, aunque la Constitución define que los recintos
legislativos son inviolables.Según la nueva legislación, la figura
del cateo se extiende al Poder Judicial, así como a los organismos
constitucionales autónomos, esto es, a las sedes de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional Electoral (INE),
del Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.El código prevé también la intervención
de llamadas telefónicas de militares y particulares y deja fuera la
responsabilidad de las fuerzas armadas cuando existan víctimas de
violaciones a derechos humanos.La primera instancia en expresar su
desconcierto ante estos cambios legislativos que engrandecen a las
fuerzas militares fue la oficina del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de la ONU.El 27 de abril, dirigió a los
coordinadores parlamentarios del Senado y a los presidentes de las
comisiones dictaminadoras, un documento en el cual advirtió que el
proyecto de decreto tenía aspectos sustantivos que debían revisarse para
evitar mayores violaciones a los derechos humanos, sin embargo los
legisladores ignoraron el llamado a recapacitar.En este sentido, diversos defensores de
derechos humanos, expertos juristas y especialistas en
telecomunicaciones, coincidieron en señalar que las nuevas medidas se
encaminan a convalidar las violaciones a los derechos humanos por medio
de la creación de un fuero de excepción que beneficia al Ejército.
SINEMBARGO![Hoy, Día de las Madres, cientos de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos marchan en la Ciudad de México. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.](http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2016/05/757A6704.jpg)
![La Procuradora General de la República Arely Gómez, junto al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Foto: Cuartoscuro](http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2016/05/Moreno-Valle.jpg)
![Hay "una epidemia de hospitales abandonados" o a medio construir, dijo la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la ONG, Mariana Campos. Foto: Especial](http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2016/05/897669-1.jpg)
Hay “una epidemia de hospitales
abandonados” o a medio construir, dijo la coordinadora del programa de
Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos,
quien señaló que hay reportes periodísticos que hablan de 50 y otros
hasta de un centenar de casos en estados como Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y
Yucatán. La organización
civil México Evalúa denunció hoy la opacidad y el derroche que imperan
en los proyectos de obra pública del país, donde documentó la existencia
de al menos 13 hospitales abandonados que suponen pérdidas por 6 mil
millones de pesos.Hay “una epidemia de hospitales abandonados” o a medio construir,
dijo la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas de la ONG, Mariana Campos, quien señaló que hay reportes
periodísticos que hablan de 50 y otros hasta de un centenar de casos en
estados como Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Yucatán.“Nosotros identificamos trece” hospitales, los cuales tuvieron un
costo que en conjunto superan “los 6 mil millones de pesos”, dijo Campos
para ilustrar las consecuencias de los bajos niveles de transparencia y
de figuras de contrapeso en la contratación pública.Ello es reflejo de que “nos estamos lanzando a proyectos mal
preparados, con diagnósticos muy débiles, que a la hora de la hora no
tiene caso terminarlos” porque no hay quién los atiendan y muchas veces
responden a intereses electorales.
LA JORNADA
Pasó el débito de $4.6 mil millones a $13.2 mil millones
La debilidad financiera contrasta con negocios al amparo del gobierno
Estefan, candidato del oficialismo, tiene cuenta en Texas por 27 mdd
Castillo, ex secretario particular del gobernador, posee fondo de 24 mdd
De la Redacción
Fotoportada
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao (al centro), anuncia la anulación de la sesión del domingo 17 de abril, en la que se abrió el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La decisión provocó una gran turbulencia política en esa nación Foto Ap
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Intercedió para que su "amigo" obtuviera contratos en Sudán del Sur
Fotocontraportada
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