La masacre de
Nochixtlan, Oaxaca donde 11 personas perdieron la vida, más de cien
quedaron heridas y 18 fueron sacadas de un funeral para ser presentadas
como detenidas por la Policía Federal, no sólo muestra el grave
retroceso democrático que vive México, donde a una manifestación civil
se responde con el uso de armas de fuego de calibre pesado pese a estar
prohibidas para disuadir cualquier protesta social en los protocolos
internacionales.
También muestran la incapacidad del secretario de
Educación, Aurelio Nuño, para entablar un diálogo y realizar una reforma
educativa que incluya a los actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje plenamente en el impulso de la educación en
México.
Pero ¿ Más allá de liberar una vía de comunicación,
cuales son las razones de fondo para que el gobierno mexicano actuará de
esta forma? ¿Qué intereses ocultos y abiertos se expresan detrás de
esta masacre? ¿Por qué el ataque despiadado de la policía federal contra
los habitantes de Nochixtlan?, ¿porque este lugar?. Tratemos de
acercarnos a una respuesta.
El gobierno de Peña Nieto realizo una
serie de modificaciones constitucionales con sus reformas estructurales
que vienen a posibilitar el despojo de tierras en zonas campesinas e
indígenas de México. A diferencia de la reforma de los años 90´s hoy el
capital extranjero puede invertir plenamente y a través de la ley
nacional de hidrocarburos establecer esquemas de servidumbre –así se
definen- donde los campesinos pueden recibir una renta únicamente para
la explotación petrolera, de gas y de minerales. Se define en ese
sentido como uso prioritario el energético y mineral por debajo de la
producción alimentaria o el ganadero. Dicha reforma ha ido avanzando
fuertemente en estados del norte del país y particularmente en Veracruz.
El despojo y afectaciones en la salud por la minería y el fracking
(explotación de gas y petróleo a través de la fractura de la tierra con
agua a alta presión) ya se viven y se palpan en muchas regiones de
México.
Pero es en los estados del sur-sureste de México -donde
la tradición agraria es más fuerte- donde el capital enfrenta
resistencias y una decidida oposición a sus intereses. Casualmente el
1º. de junio unos días antes de la represión en Oaxaca se dio el decreto
de Zonas Económicas Especiales mediante el cual se construyen espacios
para el capital trasnacional (ECT) que les permitirían construir la
infraestructura de enclave necesaria para la explotación y exportación
de los recursos minerales, energéticos (como los eólicos ya instalados
en el istmo oaxaqueño) y de agrocombustibles que poseen de manera
relevante estas zonas.
Por tanto, lo que se verifica en el estado
de Oaxaca es ese proceso de descomposición de los tejidos sociales y
comunitarios mediante la violencia ( cerco a los comunes) que permitiría
el aprovechamiento y disposición plena de estas zonas a la dinámica de
acumulación por desposesión que tienen las empresas mineras extranjeras y
los capitales nacionales y extranjeros que fueron subastados en las
rondas 1 y cero del año pasado.
Esto es grave, si miramos un
mapa podemos pensar que este proceso de erosión y violencia de lo común,
inicio con fuerza en el estado de Michoacán con el dominio pleno del
narcotráfico de muchos territorios (recordemos la familia michoacana y
las masacres de Apatzingan y de Tanhuato) , bajo con fuerza a Guerrero
donde la masacre de Iguala de los estudiantes de Ayotzinapa mostro las
alianzas del poder político con el narcotráfico y la minería en la
explotación del oro en la región. Y llega ahora a Oaxaca de manera
estrepitosa con esta noticia que da la vuelta al mundo. Esta tendencia
hacia el sur nos formula la pregunta: ¿Después de Oaxaca, sigue una
nueva masacre en Chiapas entonces?
En el fondo esta lógica de Shock –retomando
a Naomi Klein- busca desterritorializar estos espacios , es decir, que
los habitantes abandonen sus otras lógicas productivas y de racionalidad
campesindia (Bartra) para imponerles plenamente su condición de
asalariados y la subordinación agrícola a las necesidades del capital
financiero trasnacional.
El jefe de la policía federal y
encargado finalmente de la masacre de Oaxaca, Enrique Galindo, suma ya
una larga lista de desalojos violentos y de ejecuciones extrajudiciales.
El lideró el desalojo de maestros del zócalo de la ciudad de México en
el 2013 con varios golpeados y gaseados. El 20 de noviembre de 2014 la
expulsión del zócalo también de la gran manifestación que encabezaron
los padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa. Bajo su mando la
eliminación de las autodefensas de Michoacan en Apatzingan, dejo 16
muertos en enero de 2015 y en Tanhuato fueron muertas 43 personas
acusadas de narcotraficantes.
Por tanto, no se puede afirmar que
Galindo no posee experiencia en el tema. Fue algo fríamente calculado
lo que sucedió en Oaxaca el pasado domingo, lo que no previeron fue que
los filmarían activando las armas de fuego, lo cual siguen negando hasta
la fecha.
Nochixtlan , Oaxaca según estudios de la secretaría de
Economía del gobierno de EPN tiene un potencial minero que data desde
la época colonial para el caso del oro y la plata en las minas de El
Dorado y La Soledad y desde mediados del siglo pasado para el Manganeso.
Tiene cinco áreas de minerales que son Huaclilla-El Parian, Buenavista,
Jaltepec, Jalpetongo y La Joya. Mantiene uno de los promedios más altos
de obtención de mineral por tonelada y existe en ese territorio un
potencial de explotación de gas. Y es zona de enlace entre las zonas
mineras de la mixteca oaxaqueña donde empresas privadas como Minerales
del Norte del grupo AHMSA han iniciado la explotación mineral de hierro,
afectando los derechos de los pueblos indígenas.
Según
información de la secretaría de Energía del gobierno federal más del 15%
del territorio oaxaqueño –más de un millón de hectáreas- se encuentra
ya concesionados a empresas mineras para exploración y explotación.
Entre esas empresas destacan extranjeras y mexicanas como: Golden Trump
Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera,
S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul,
SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte,
Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata
Real, NewCoast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid
Mines Ltd.
Ya en febrero de este año habitantes de 48 comunidades
y representantes de 30 organizaciones exigieron la cancelación de 400
concesiones y 35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca,
organizaciones civiles como EDUCA, Tequio Juridico, Unión de
Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y Servicio del pueblo mixe,
entre otras, apoyaron dicho pronunciamiento.
Criminalizar y
asesinar a miembros de organizaciones como el Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales (FIOB), el Consejo de Defensa de los
Derechos del Pueblo (CODEP), el Frente Popular Revolucionario (FPR) o la
Comuna de Oaxaca, entre otras organizaciones sólo tiene el objetivo de
sembrar terror en el estado y poder realizar plenamente las actividades
de minería con sus consiguientes efectos en la vida y la cultura
indígena, en el medio ambiente, en la salud y en las relaciones
sociales.
La estrategia en ese sentido de
división territorial es algo que han hecho los partidos políticos, pero
que en esta lucha en particular los maestros han logrado enfrentar, y
unir a los habitantes de las diferentes regiones de Oaxaca, Chiapas y
Guerrero, donde la lucha no es estrictamente por reivindicaciones
educativas sino que se traslada ya a la defensa del territorio, la vida y
la ecología. Tal vez eso es lo que detectaron las fuerzas federales en
Oaxaca y quisieron dar este golpe de fuerza que permitiera romper esos
lazos sociales y de autogestión comunitaria.
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