En agosto, el mes previo a su cuarto
informe de gobierno, Enrique Peña Nieto alcanzó su nivel más bajo de
aprobación popular, lanzado a un tobogán vertiginoso tras sus escándalos
de presunta corrupción, conflictos de interés y conductas antiéticas.
Todo en medio del agravamiento de la violencia y de las violaciones a
los derechos humanos en todo el país, y en un entorno de desastre
económico nacional sin precedentes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hizo bien el presidente Enrique Peña
Nieto en cambiar el formato de la presentación pública de su cuarto
informe de gobierno, el 1 de septiembre.
Nunca un presidente de la República, al menos en la historia reciente
del país, había llegado con tan pésimo balance de su gestión a estas
alturas del sexenio. Por eso, nada podría decir Peña Nieto en un mensaje
tradicional de logros y avances; de noticias de un futuro mejor para
los mexicanos.
No los hay.
Sí, por el contrario, el presidente de las reformas estructurales, el
de la transformación y modernización del país, el que llegó con
vitalidad, fuerza y energía en un momento que se creía de gloria y que
señalaba un futuro promisorio para el país –Mexico’s moment, se decía en el extranjero–, llega, por decir lo menos, empequeñecido.
Ni la sombra del que asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2012,
con todas las bendiciones y expectativas posibles, dentro y fuera del
país.
Peña Nieto arriba a su informe de este jueves con el índice de
aceptación popular más bajo, jamás visto para un presidente, marcado por
la corrupción; manchadas de sangre las manos; incapaz de reducir los
índices de inseguridad pública; ineficaz para abatir la delincuencia
organizada y, en particular, el narcotráfico.
Y lo peor, en materia social y económica su gobierno arroja los
peores resultados, comparado con los tres que lo antecedieron. Han sido
insignificantes sus esfuerzos para bajar la desigualdad social y la
pobreza. La economía ha registrado el crecimiento más mediocre de los
últimos 25 años. El ejercicio del gasto público ha sido en extremo
oscuro; crece y crece, pero no contribuye al crecimiento de la economía.
Las finanzas públicas se llevan tan “en orden” que la deuda pública ha
crecido más de10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en
lo que va del gobierno, una velocidad de endeudamiento que no se veía
desde José López Portillo.
Esto último ha traído como consecuencia que, apenas la semana pasada,
dos de las grandes calificadoras internacionales, Standard & Poor’s
Global Ratings (S&P) y Moody’s Investors Service, hayan bajado la
perspectiva de largo plazo del gobierno mexicano, de “estable” a
“negativa”.
Eso quiere decir, en términos llanos, que los mercados financieros le
han perdido la confianza al país en su conducción económica, sobre todo
de la política fiscal, que comanda Luis Videgaray Caso, el titular de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (CHCP).
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2078 de la revista Proceso, ya en circulación.
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