Apenas
el mes pasado el PRI y el PAN se habían asegurado de que
incondicionales suyos fueran los encargados de calificar las elecciones
presidenciales de 2018. Pero no les bastó, de modo que maniobraron en el
Congreso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y hacer que, pese al rechazo de la sociedad, sus magistrados
afines participen también en la calificación de la siguiente contienda
presidencial, la de 2024.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El PRI
y el PAN se aseguraron los jueces que calificarán las elecciones
presidenciales de 2018 y 2024. En una maniobra legislativa de última
hora, con la comparsa del Partido Verde y del PRD en el Senado,
prolongaron los periodos de cuatro de los siete magistrados electorales
en beneficio de los dos partidos que se han intercambiado la Presidencia
de la República desde el año 2000.
De un plumazo y sordos ante el
rechazo de organizaciones sociales, el PRI y un fraccionado PAN echaron
abajo la disposición de la reforma electoral de 2007 que había fijado
plazos específicos en el cargo de los magistrados electorales que fueran
electos este año para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad
jurisdiccional en la materia.
No les bastó con el arreglo que
habían hecho apenas el 20 de octubre para la calificación de la elección
presidencial de 2018, en el que ya habían colocado sus fichas. Entre el
27 de octubre y el viernes 4, con el puente del Día de Muertos de por
medio, los partidos maniobraron en el Senado y la Cámara de Diputados
para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con
ello hacer que sus magistrados afines participen también en la
calificación de la presidencial de 2024.
Por lo menos dos de ellos
tienen clara filiación al PRI y al PAN: José Luis Vargas Valdez, quien
trabajó para el gobierno de Felipe Calderón pero que en las
controversias electorales en Colima y Sonora encabezó la defensa del
PRI; y Reyes Rodríguez Mondragón, apadrinado por el senador panista
Roberto Gil Zuarth y también excolaborador de Calderón.
En la
misma semana en la que el presidente Enrique Peña Nieto premió a su
antecesor en una ceremonia privada en el ITAM, “por su contribución al
desarrollo del país”, los partidos también ampliaron el plazo como
magistrado de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a quien durante el jaloneo
en el Congreso se le ubicó como cercano a Humberto Castillejos
Cervantes, actual consejero jurídico de Peña Nieto en la Presidencia,
pero que también trabajó para Calderón en la Procuraduría General de la
República (PGR).
El cuarto beneficiado es el exconsejero del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Indalfer Infante González,
promovido por el PRD pero que desde que el propio Senado lo designó en
2009 en ese cargo del Poder Judicial ha tenido el respaldo del PAN.
Tan
apresurada fue la maniobra que en un breve protocolo de menos de 10
minutos los cuatro magistrados juraron ante el pleno del Senado al
mediodía del viernes 4, apenas unas horas antes de que por ley tuviera
lugar la primera sesión del pleno de la nueva Sala Superior.
Beneficios colaterales
El
beneficio no sólo es para los partidos. Al prolongar su estadía como
máximas autoridades electorales jurisdiccionales, los magistrados
prolongarán su millonario cobro anual. Cada uno de los siete integrantes
de la Sala Superior ganará más de cuatro millones y medio de pesos al
año, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017.
En esa
condición, Fuentes Barrera y Rodríguez Mondragón pasaron de seis a ocho
años como magistrados de la Sala Superior; mientras que Infante González
y Vargas Valdez, de tres a siete años.
Con los otros tres
integrantes de la Sala, los partidos no tuvieron necesidad de hacer
cambios pues desde el 20 de octubre fueron designados magistrados
electorales por nueve años. También en la lógica del reparto, los
partidos colocaron a sus afines: el PRI a Mónica Aralí Soto Fregoso; el
Verde a Felipe de la Mata Pizaña y el PRD a Janine Madeline Otálora
Malassis, aunque el PAN apoyó esas designaciones.
El viernes 4, en
su primera sesión como magistrados electorales, Otálora fue electa
nueva presidenta de la Sala Superior del TEPJF. Durará como magistrada
presidenta cuatro años, por lo que le tocará dirigir la sesión en la que
se califique la elección presidencial de 2018.
Fue una
designación esperada, como parte de las negociaciones entre los
partidos. Un nombramiento más que se espera es el de Berenice García
Huante como secretaria general de acuerdos del TEPJF, que depende del
pleno de la Sala Superior y es clave también para la operación de las
salas regionales.
Fue seleccionada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) como una de los 21 candidatos a magistrado
electoral, pero el Senado optó por Otálora Malassis. En el TEPJF, García
Huante ha sido secretaria auxiliar y secretaria de Estudio y Cuentas de
varios magistrados.
Su hermano Omar es cercano también a Humberto
Castillejos Cervantes, el hombre fuerte en la Presidencia. Trabajó con
él en la PGR durante el gobierno de Calderón y en la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal hasta que Peña lo designó en 2013 magistrado del
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ciudad de México.
Otro
puesto importante en el TEPJF es el de la coordinación de asesores de
la Presidencia de la Sala Superior. El nombre que se ha manejado es el
del magistrado de la Sala Regional de Monterrey, Marco Antonio Zavala,
quien también compitió para integrarse a la Sala Superior. Versiones del
Senado señalaron que tiene el apoyo de Enrique Ochoa Reza, el
presidente del PRI.
El propio Ochoa Reza trabajó en el TEPJF con
la ahora exmagistrada María del Carmen Alanís, quien lo mismo favoreció
la candidatura de Felipe Calderón que apoyó la de Enrique Peña Nieto. En
marzo de 2011 el periódico Reforma reveló que Alanís, entonces
presidenta del tribunal, ofreció una cena en su casa al consejero
electoral del PRI Marco Antonio Baños, al propio Ochoa y al entonces
diputado federal y asesor en la precampaña de Peña Nieto, el
exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
También estuvo Sebastián
Lerdo de Tejada, exrepresentante del PRI en el entonces Instituto
Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral. Lerdo de
Tejada falleció en mayo de 2015, cuando era director del ISSSTE.
La
reunión fue previa a la resolución del TEPJF que exoneró a Peña Nieto,
entonces gobernador del Estado de México, de promover su imagen fuera de
tiempos electorales, en violación de la ley electoral. Una decisión
contraria lo habría sacado de la carrera presidencial.
También en
2011, otro excolaborador de Alanís, Roberto Jiménez Reyes, fue
contratado por el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para que
hiciera la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que le dio el
triunfo al ahora prófugo gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa.
En
la gestión de la pasada composición de la Sala Superior, el TEPJF
también exoneró al PRI por la compra de votos a través de las tarjetas
Monex, sin que investigara el origen de los recursos. Otro de los
beneficiados con los anteriores magistrados fue el aliado del PRI, el
Partido Verde, al que le redujeron multas por distintas violaciones,
pero sobre todo le mantuvieron el registro a pesar de las repetidas
violaciones a la ley en las elecciones intermedias de 2015.
Las biografías de los nuevos consejeros hablan por sí solas de su cercanía con los partidos.
Otálora
Malassis, quien durante el proceso de selección en el Senado fue
relacionada con la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, fue
magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México entre
2013 y 2016 y hasta su nuevo encargo, directora general de la Defensoría
Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, fue secretaria
instructora de la ponencia del magistrado de la anterior Sala Superior,
Manuel González Oropeza, quien también fue propuesto por el PRD.
Entre
los magistrados con más evidencias de vínculos con partidos políticos
está Rodríguez Mondragón, quien hasta la designación del Senado era
magistrado en la Sala Regional de Monterrey. Los propios senadores lo
designaron en 2013. La Cámara alta no le es ajena, pues trabajó para el
senador del PAN Roberto Gil Zuarth como secretario técnico cuando el
político chiapaneco presidió la Comisión de Justicia en el Senado, de
2012 a 2013.
En 2011 fue coordinador de asesores del secretario
particular del presidente de la República; es decir, del propio Gil
Zuarth con Felipe Calderón, y cuya esposa, Margarita Zavala, busca la
Presidencia de la República para 2018.
Rodríguez Mondragón también
trabajó con Vicente Fox como asesor de análisis de encuestas y medios
de comunicación en Comunicación Social de la Presidencia de la
República. En la Cámara de Diputados, cuando se discutió la ampliación
de su periodo, fue impugnado por Morena, pues como magistrado electoral
de la Sala Regional votó para que se desconociera el triunfo de ese
partido en la Presidencia Municipal de Zacatecas.
Otro magistrado
con claros vínculos partidistas es Vargas Valdez, quien colaboró con el
gobierno de Calderón, pero también con el PRI. Fue asesor de Juan Carlos
Ugalde en el IFE, entre 2005 y 2006, durante el controvertido triunfo
de Calderón. El expresidente lo envió al Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, donde trabajó con uno de los hombres cercanos a
Calderón, Guillermo Valdez.
Después, el exmandatario lo nombró
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, pero fue despedido cuando se opuso a apoyar desde esa
oficina a Luisa María Calderón, la hermana del entonces presidente,
cuando fue candidata al gobierno de Michoacán.
Tras su salida se
opuso públicamente al PAN y en las elecciones para gobernador en Sonora,
en 2015, y en Colima, este año, encabezó la defensa del PRI ante los
tribunales electorales. Compitió en la terna en la que estaba postulado
el exconsejero jurídico de Fox y Calderón, exprocurador general de la
República y exconsejero del Consejo de la Judicatura Federal, Daniel
Francisco Cabeza de Vaca.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso
también quedó identificada con el PRI, en particular con el senador
Emilio Gamboa, coordinador de ese partido en el Senado; y Arturo Zamora,
senador por Jalisco. Fue el Senado el que también la promovió como
magistrada de la Sala Regional de Guadalajara.
Entre los nuevos
magistrados con más experiencia electoral está Felipe de la Mata Pizaña,
quien ha tenido el apoyo de la familia Luna Ramos. Fue coordinador de
asesores de Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la SCJN
Margarita, cuando presidió el TEPJF. Fue también secretario general de
Acuerdos de la Sala Superior y por designación del Senado, magistrado de
la Sala Regional Especializada del TEPJF en la Ciudad de México.
Durante
su aprobación como magistrado de la Sala Superior, la senadora
independiente Martha Tagle le reprochó que como magistrado electoral de
la Sala Regional haya protegido al Partido Verde ante las denuncias en
su contra por haber lanzado tuits alusivos a sus candidatos en plena
veda electoral, en el proceso del año pasado. El magistrado se defendió
con el argumento de la libertad de expresión, incluso en las redes
sociales.
El ministro Infante González también tiene el respaldo
del PRD, pero sus vínculos más cercanos son con el saliente presidente
del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, a quien sucedió como consejero del
CJF, el organismo responsable de la vigilancia, administración y sanción
de los juzgadores federales.
Para llegar al CJF tuvo el apoyo del
PAN y del PRD, en particular del ahora miembro de Morena y actual jefe
delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.
En el CJF fue
presidente de la Comisión de Carrera Judicial, secretario ejecutivo de
Vigilancia, Información y Evaluación, y vocal jurídico del Instituto
Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
El magistrado
Fuentes Barrera ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación
desde 1991, aunque sus cargos han sido en tribunales penales, civiles y
administrativos. Durante el proceso de selección, también fue
relacionado con el consejero jurídico de la Presidencia.
En marzo
de 2015 formó parte de la terna para ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación junto con Eduardo Medina Mora. El exprocurador se
convirtió en ministro a propuesta de Peña Nieto y Humberto Castillejos.
Repudio ciudadano
La
propuesta para modificar el periodo fue una iniciativa del Senado y
avalada por la Cámara de Diputados, pero causó rechazo social. Varias
organizaciones no gubernamentales entregaron a la Cámara de Diputados
más de 20 mil firmas, que reunieron en una semana, contra la ampliación.
Ala Izquierda, Observatorio Electoral y Participando por México se
movilizaron en la plataforma change.org para conseguir las firmas y
hacer la petición al Congreso. De nada valió.
Pero fue tal el
rechazo que el viernes 4 el Senado tuvo que resguardar a los
beneficiados para aislarlos de la prensa. Tras su segundo juramento, el
personal del Senado los sacó por la puerta de atrás del salón de plenos.
Cuestionados
a gritos por los reporteros por las modificaciones a la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña atajó:
“Déjennos trabajar”. Y siguió de frente con el flamante magistrado
Rodríguez Mondragón.
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