Aumentaron los casos con la inclusión de militares en el combate a la delincuencia
La creciente violencia contra activistas,
por la impunidaden los ataques
A los defensores de las garantían individuales se les estigmatiza y difama
cuando sabemos que son agentes de cambio, destacó el relator de la ONU Michel Forst
Periódico La Jornada
Los abusos cometidos por las fuerzas armadas, en
el contexto de la militarización de la seguridad pública, es uno de los
elementos que ha generado mayores denuncias de violaciones a las
garantías individuales en México, y es un factor que podría seguir
presente en la ley de seguridad interior que actualmente se discute en
el Congreso.
Así lo advirtió el relator especial de Naciones Unidas para la
situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien en
entrevista con La Jornada subrayó también que los activistas en
México enfrentan un panorama de creciente violencia debido a la casi
total impunidad en la que quedan los ataques en su contra.
Forst visitó el país del 16 al 24 de enero y tuvo la oportunidad de
recorrer los estados de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y la capital
del país, como parte de una gira de trabajo que lo llevó a
entrevistarse con funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno,
pero sobre todo con unos 800 defensores de derechos humanos, quienes le
contaron de primera mano sus inquietudes.
De acuerdo con el especialista francés, uno de los temas más
importantes que analizó durante su estancia en el país es el gran número
de casos de desapariciones forzadas, arrestos ilegales y confesiones
arrancadas bajo tortura cometida por policías, pero también por soldados
y marinos.
Hay una gran cantidad de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas que han sido documentadas por muchas organizaciones civiles y en donde estarían involucradas las fuerzas armadas. Este es un asunto que está relacionado con la ley de seguridad interior que se discute en el Congreso y es un punto que quiero analizar, destacó Forst.
Otro descubrimiento tiene que ver con la estigmatización de los
activistas. “No son bien percibidos y hay campañas de difamación en su
contra, donde se les califica como ‘ecoterroristas’, ‘irresponsables’ o
‘ligados al crimen’, cuando sabemos que son agentes de cambio. Son
quienes protegen a los pobres y trabajan con los indígenas para defender
su tierra y su medio ambiente”, subrayó.
En este escenario, resulta preocupante la impunidad de los ataques
contra defensores de derechos humanos, que según reportes de
organizaciones civiles llega prácticamente a ciento por ciento, resaltó
Forst.
La impunidad fue uno de los primeros temas que discutí con las autoridades para encontrar soluciones concretas. Lo primero que debe hacer el gobierno es reconocer el alto grado de impunidad que hay en el país y no esconder la cara. Debe admitir que hay fallas, dijo.
Mujeres, las más agredidas
Para combatir este fenómeno “necesitas voluntad política
en los más altos niveles del Estado. Estoy complacido porque escuché
compromisos buenos y fuertes del secretario de Gobernación y del
procurador general de la República. Ahora necesitamos ver si esas
señales serán entendidas no sólo a escala federal, sino también en los
estados.
–¿Cuáles son los activistas de derechos humanos más agredidos?
–Me impactó el número de casos de ataques contra mujeres defensoras y de feminicidios,
y no sólo en Chihuahua, sino en otras entidades, como el estado de
México. Ellas enfrentan ataques como mujeres, como defensoras y como
ambas.
Son intimidadas en redes sociales o por teléfono, con amenazas contra
sus familias o de violación. Además, las tratan de mostrar como
enemigas del Estadoo
malas madres.
Otro grupo que está en riesgo son los indígenas y los defensores de
la tierra y el territorio. Las empresas llegan, compran una montaña, un
bosque o un lago y cavan la tierra. Se supone que los habitantes tienen
que ser consultados, pero no es así; no se les consulta adecuadamente o
tratan de dividir sus comunidades con ofertas de dinero.
–¿Quiénes son los responsables de los ataques: el Estado, las empresas o los grupos criminales?
–Todos ellos. Al no tener la capacidad de proteger a los defensores,
el Estado es responsable de los ataques, pero también tienes a las
empresas. Hay un papel tramposo de las grandes compañías, que en muchos
casos son responsables de los ataques, de forma directa o indirecta, o
usan grupos armados para amenazar a las comunidades.
–¿Qué tan fuerte es el fenómeno de la
captura del Estadopor parte de las empresas?
–En muchos países, incluyendo México, hay un vínculo directo entre
los estados y las empresas que se da mediante la corrupción. Uno de los
problemas que más me mencionaron los defensores es que la colusión entre
las autoridades y las empresas sólo puede explicarse mediante la
corrupción.
–¿Confía en que sus recomendaciones se cumplan?
–Sí, soy optimista. Si han decidido invitarme, no es sólo para
cumplir con regulaciones internacionales. Voy a preparar un reporte,
presentar mis recomendaciones y regresaré en dos años para ver si se han
cumplido. Así que ya veremos.
Foto Jesús Villaseca
Fernando Camacho Servín
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