Trastornos hipertensivos, una de las principales causas de mortalidad
Si estos embarazos son producto de violencia sexual el Estado debe
garantizarles el acceso al aborto, pero sobre todo, salvar su vida,
afirmaron expertas consultadas por esta agencia.
La ginecóloga y asesora en sistemas de salud en Ipas México,
organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, Claudia
Martínez López, explicó en entrevista que la Norma Oficial Mexicana
046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establece
el derecho al aborto y atención médica de urgencia en caso de una
violación.
Agregó que el riesgo a la salud y vida de la gestante es una de las
causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo en 14 entidades
del país y en el caso de las niñas, este riesgo se incrementa por su
condición física y biológica, por lo que la causal debe cumplirse.
Explicó que hay mucho mayor riesgo de mortalidad y morbilidad
maternas (secuelas a la salud por el embarazo) en las niñas de estas
edades cuando llevan a término un embarazo, que si decidieran
interrumpirlo en condiciones seguras.
“Si se interrumpe un embarazo en una menor de 14 años de edad en las
primeras 8 semanas de gestación, el riesgo de complicaciones es del 0.3
por ciento. Arriba de las 12 semanas únicamente aumenta 0.5 por ciento,
aún con los procedimientos tecnológicos adecuados”, por lo que es
fundamental que sí se realicen las interrupciones legales del embarazo
dentro de las primeras 12 semanas, precisó.
“Los trastornos hipertensivos por un embarazo en la niñas es una de
las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad materna infantil, en
el país, a ello se agregan otras como las hemorragias en el parto”,
precisó.
Datos del Instituto de Estadística y Geografía, revelan que en diez
años (2005 a 2015) se registraron 72 defunciones de niñas entre 10 y 14
años de edad por razones maternas.
La especialista de IPAS precisó que una niña embarazada tiene riesgo
de presentar partos prematuros -que atenta contra su vida y la del
producto- problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias
durante el embarazo, parto o puerperio.
Aunado a esto, las secuelas de un embarazo en la infancia se
prolongan después del parto -continúa- el aporte nutricional que
necesita el producto para crecer hace que una niña termine en
situaciones de desnutrición, descalcificación o anemia.
En ocasiones, agregó, la situación se agrava en infecciones
bacterianas como la sepsis del puerperio (bacterias en las sangre entre
la expulsión de la placenta y seis semanas después del parto), que de no
tratarse deriva en casos fatales del fallecimiento de la menor de edad.
Esto también significa que si el producto nació quede en la orfandad,
agregó.
“Si consideramos que el cuerpo de las niñas no se ha desarrollado por
completo para parir, la mayoría de estos embarazos de alto riesgo
requiere la práctica de una cesárea, lo que hace que en próximos partos
sean más vulnerables a presentar fisuras en los órganos cercanos al área
del útero; además, por la herida en el abdomen se forma un tejido de
cicatriz interna (adherencias) que puede tener consecuencias como las
obstrucción intestinal, dolor crónico y la infertilidad”, explicó
Claudia Martínez López.
URGENTE ATENCIÓN MÉDICA
Pese a que el embarazo producto de una violación debe atenderse como
emergencia médica para asegurar el bienestar de las menores de edad, el
personal de salud no conoce o se niega aplicar la NOM 046, la Ley
General de Víctimas y a respetar el interés superior de la niñez,
aseguró el asesor en políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández
González.
Respecto a los programas del Estado, si bien la Estrategia Nacional
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) pretende
“erradicar el embarazo en mujeres de 10 y 14 años” para 2030, ésta no
contempla en ningún rubro difundir la información sobre el derecho al
aborto para las niñas víctimas de violación, observó.
Sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la
Secretaría de Salud consultado por esta agencia, registró 11 mil 219
nacimientos donde las madres tenían entre 9 y 14 años de edad. En
cuatro casos las niñas tenían 9 años, 25 de ellas tenían 10 años, 55 de
11 años, mientras en 11 mil 135 casos fueron madres entre 12 a 14 años.
VIOLACIÓN Y UN EMBARAZO: LA SALUD MENTAL
A pesar de no tener certeza, se presume que detrás de los embarazos
de menores a 14 años hubo violencia sexual perpetrada por personas de
confianza como familiares y vecinos, lo que afecta gravemente la salud
mental de las niñas, explicó la psicóloga de la Asociación para el
Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Diana Mireya Saldívar
Moreno.
Las menores de edad, dijo la experta en infancia, están en una etapa
de construcción de lazos afectivos y madurez emocional que se ve
alterado después de una violación, por lo que son propensas a
desarrollar depresión, ansiedad y “problemas psicosociales” que las hace
aislarse, desconfiar de las personas, y bajar su rendimiento en la
escuela o desistir de ella.
Muchas tienen sensaciones de culpabilidad pues presentan una
maternidad que no desearon, por lo que el acompañamiento y una atención
psicoterapéutica pueden contrarrestar y eliminar estas consecuencias,
señaló la psicóloga de la asociación experta por 27 años en violencia
sexual.
El impacto de un embarazo por violación en una niña trasciende y
trastoca también a la familia, detalló la abogada del Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna. En su
experiencia como asesora legal de este tipo de casos, son las madres
quienes tienen que buscar alternativas para que sus hijas puedan
interrumpir el embarazo.
“Piensan en si van a incurrir en un delito, a veces tiene que viajar
para llegar a organizaciones fuera de sus localidades. En las madres
finalmente recae la angustia, son como una esponja, absorben todo el
impacto del proceso. Y al conocer la agresión que vivieron sus hijas se
responsabilizan de no protegerlas”.
Para la abogada de GIRE, el Estado permanece ausente aún cuando es su
obligación asegurar la vida de mujeres y niñas, pero no hay política
pública integral que las reintegre a la escuela, acceder a un aborto,
tampoco atención psicológica, mucho menos garantizarles justicia, por lo
que urge que el gobierno haga estrategias para atender a las niñas
víctimas de violación, concluyó.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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