Desenredo
Mientras agrupaciones sociales exigen en manifestaciones públicas se
le retire el antejuicio al presidente de la República de Guatemala,
Jimmy Morales, 104 congresistas (del total de 158), votaron a favor de
que se le mantenga, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
solicitara investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.
El 25 de agosto pasado, el Ministerio Público (MP) de Guatemala y la
Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) revelaron que
Morales, siendo secretario general del partido FCN-Nación, manejó de
forma anómala recursos durante su campaña electoral, por lo que era
necesario desaforarlo a fin de profundizar las investigaciones.
Dos días después, el mandatario de Guatemala declaró a Iván
Velázquez, titular de la CICIG, como “non grato” y le pidió abandonar el
país de inmediato, pero lo hizo mediante un procedimiento irregular por
lo que esa medida fue anulada por la CSJ.
Después de 15 días de silencio, Morales manifestó su confianza porque
mantiene el antejuicio y Velázquez reafirmó una vez más su compromiso
de continuar con sus funciones, en coordinación con el MP, para
erradicar la impunidad en Guatemala.
Así las cosas, la disyuntiva entre apoyar a Velázquez o a Morales
representa una mirada muy limitada para quienes exigen intensificar la
lucha contra la corrupción, porque saben que se han articulado mafias
para perfeccionar los abusos de poder, el litigio malicioso y la
desinformación para generar miedo/confusión, así como para impedir las
reformas al sistema de justicia y de partidos políticos.
Hay movimientos sociales, entre ellos, el de mujeres y feministas que
sus exigencias para derribar la impunidad las vinculan a la
construcción de agendas que aborden problemáticas urgentes y perfilen
alternativas emancipadoras porque sólo así será posible acabar con las
múltiples desigualdades.
Algunos analistas en este país centroamericano insistan en asegurar
que la verdadera disputa es entre empresarios mercantilistas y
fascistas, y que pronto se resolverá a favor de los primeros, además
aseguran que las acciones de protesta están totalmente manipuladas por
dineros gringos para que se acepte el Plan Alianza por la Prosperidad
(financiado por el gobierno estadounidense).
Lo cierto es que existen fuerzas ciudadanas independientes –algunas
con experiencias de acción reciente y otras con años de participación
política– las cuales coinciden en ejercer sus derechos sin la cobija de
ningún partido o agrupación política, algunas cuentan con liderazgos
reconocidos y otras no, pero están motivadas por su hartazgo a la
corrupción y la impunidad.
Lo interesante es que ahora, con los casos que se juzgan a partir de
2015, se ha hecho más evidente que el enojo ciudadano a los saqueadores
del Estado, también conlleva un rechazo explícito al modelo económico
extractivista que es racista y está generando mayor pobreza, desempleo,
hechos delictivos y múltiples formas de violencia contra las mujeres.
Así también, se está demostrando mediante los procesos judiciales que
entre los corruptos hay funcionarios públicos, jefes militares,
empresarios, presta nombres, abogados, banqueros, guardaespaldas.
La lucha contra todo tipo de corrupción tiene que continuar, el MP y
CICIG tienen mucho más por hacer. En la lista están las empresas
privadas de seguridad (que tienen aproximadamente 45 mil guardias), para
las que es común que se les escapen tiros, como aquél que le arrancó la
vida de Patricia Samayoa, según dijo el exjefe de recursos humanos de
Shield Security, Héctor Monroy.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Cortesía de Andrea Carrillo Samayoa
Por: Rosalinda Hernández Alarcón* Cimacnoticias | Guatemala, Gua.-
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