Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- La
Unión de Mujeres Víctimas de Violencia en Oaxaca (Umuvio) exigió al
gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, una audiencia pública
para conocer los avances sobre los casos de feminicidio de sus hijas.
En una carta pública, las integrantes de la Umuvio denunciaron que a
un año de esta reunión donde el gobernador ordenó a la Secretaría de la
Mujer Oaxaqueña (SMO), la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal
Superior de Justicia (TSJE) estatales presentar mensualmente los
resultados de las investigaciones de feminicidio de sus hijas, estas
instituciones “no han hecho nada”.
Específicamente, subrayó la agrupación, el gobernador instruyó a la
Secretaría de la Mujer local coordinar estas reuniones, no obstante, han
sido “pocos” los encuentros que han tenido y en representación de la
institución únicamente acude la abogada asignada para su defensa,
Elizabeth Benítez, de quien dijeron, lejos de defenderlas desconoce la
información de los casos.
De acuerdo con la Unión de Mujeres, las instituciones únicamente les
han dado largas y no se tienen avances para que sus hijas obtengan
justicia, ejemplificaron que el 3 de abril de 2017 tuvieron una reunión
con la entonces titular del SMO, Miriam Liborio y el fiscal Héctor
Joaquín Carillo, quienes les pidieron fichas de información y datos
generales de los casos. “Nos quedó claro que no tenían informes de los
expedientes”, evidenciaron.
Sonia Gerth Cimacnoticias | Ciudad de México.- Entre
2010 y 2017, fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos
(DH) y periodistas mujeres en México, cinco de ellas, en el último año,
y los principales agresores son las empresas privadas, en el caso de
los megaproyectos; y los grupos religiosos en el caso de las personas
que defienden los derechos de la comunidad LGBTTTI.
Estos son algunos de los datos que el Relator especial de la ONU
sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos,
Michel Forst, presentó en su informe final sobre México ante el Consejo
de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y que fue resultado de su visita a
México del 16 al 24 de enero 2017 donde se reunió con autoridades
estatales y federales, organizaciones de la sociedad civil y más de 800
personas defensoras de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y
el Estado de México.
El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más
peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no
actúa, pues además existe un gran número de defensoras que han sufrido
intentos de asesinatos y ataques como violencia sexual o campañas de
difamación.
Mencionó que en el caso de las mujeres de Atenco, quienes lucharon
contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en
2006 y sufrieron tortura sexual por parte de policías estatales y
federales durante los operativos de mayo de 2006 en el Estado de México,
o en el de la defensora María Luisa García Andrade, de Ciudad Juárez,
habrían sufrido numerosas amenazas y ataques contra su integridad.
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-A dos años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos hondureña, Berta Cáceres, el Ministerio Público de aquél país sigue impidiendo el acceso a documentos, diligencias y pruebas que acreditan la participación de cuatro personas más, además de las ocho ya procesadas por el crimen de Cáceres.
Berta Cáceres, quien era víctima de persecución, intimidación y criminalización por actores estatales y no estatales debido a su labor de defensa del pueblo Lenca, era Coordinadora General del Consejo Indígena hondureño (Copinh). Dedicó su vida a la defensa de los derechos territoriales y culturales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. Además, fue reconocida por su lucha en defensa de los territorios y los bienes naturales con el Premio Goldman en 2015.
El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa en la Ciudad de Esperanza, y desde entonces sus familiares y compañeros defensores de Derechos Humanos esperan justicia por su crimen.
El informe presentado en 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas (GAIPE) -creado a partir de las demandas de familiares de la defensora y organizaciones ante la ineficiencia de las investigaciones realizadas por el MP- confirmó que éste sí ha cometido irregularidades en el caso de Berta Cáceres al concluir hipótesis sin fundamento como que se trató de un “crimen pasional”.
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