Se niega a los familiares su derecho a la justicia: abogado
Insta Prodh a investigar la participación de militares y cuerpos policiacos
En el Centro Prodh, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa
ofrecieron una conferencia de prensa sobre el informe de ONU-DH que
documentó tortura a los inculpados en el caso
Los padres y madres de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos enfatizaron que no van a aceptar una supuesta
verdad basada en la tortura, en alusión al informe de la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
que documenta que varios detenidos por ese delito fueron víctimas de
malos tratos de las autoridades para obligarlos a autoincriminarse.
En conferencia de prensa, efectuada en el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los familiares de los estudiantes
desaparecidos subrayaron que el estudio Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa,, demuestra la inutilidad de las indagatorias oficiales.
Felipe de la Cruz, uno de los voceros del movimiento de padres,
lamentó que el gobierno federal siga insistiendo en reivindicar la
hipótesis de la
verdad histórica, a pesar de que diversos organismos y especialistas han descartado por completo la posibilidad de que las 43 víctimas hayan sido asesinadas e incineradas en el basurero de Cocula.
Por su parte, Emiliano Navarrete, progenitor de otro de los desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, subrayó que
no se puede construir una verdad bajo tortura, por lo que seguirán exigiendo al gobierno federal que lleve a cabo una investigación profesional hasta dar con el paradero de sus hijos.
Otros padres y madres destacaron también el papel que jugó el
ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría
General de la República, Tomás Zerón de Lucio, tanto en la siembra
de pruebas en el río San Juan para fortalecer la versión del asesinato e
incineración de los normalistas en el basurero, como en la tortura a
Agustín García Reyes y otros supuestos responsables.
Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, destacó que los padres y
madres no defienden a los detenidos que habrían sido víctimas de
tortura, pero tampoco pueden aceptar estas irregularidades, pues
enturbian el proceso legal y les niegan su derecho a la verdad y la
justicia.
Mario Patrón, director del Centro Prodh, recalcó que en el informe de
la ONU-DH se revela un procedimiento sistemático de tortura a los
detenidos y de encubrimiento a los responsables, como parte de una
investigación plagada de irregularidades que se basó desde el principio
en la fabricación de una teoría de caso.
La única forma de enmendar estos errores, dijo, sería que se
investigara la presunta responsabilidad de diversos cuerpos de seguridad
en el ataque contra los normalistas, entre ellos la Policía Federal,
las fuerzas armadas, las autoridades de Guerrero y las policías, no sólo
de Iguala y Huitzuco, sino también de los municipios de Apaxtla,
Tepecoacuilco y Taxco.
Foto María Luisa Severiano, Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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Lo sumará a las 72 quejas que han interpuesto los acusados
La CNDH incorporará el informe de ONU-DH al expediente del caso
Periódico La Jornada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) anunció que incorporará el informe de la Oficina en México del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
sobre el caso Ayotzinapa, que señala que 34 detenidos fueron torturados
para obligarlos a autoincriminarse o señalar a otros por su
participación en los hechos.
En un comunicado, el organismo público indicó que va a incorporar el informe titulado Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa a su propio expediente
para ser valorado de manera integral con los demás elementos de convicción agregados al mismo.
En ese contexto, la CNDH recordó que hasta el momento ha radicado y
tramitado 72 quejas interpuestas por los acusados de cometer la
desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de
septiembre de 2014. De ellas, cuatro son por maltrato en la detención,
11 por detención arbitraria y 57 por comisión de actos de tortura.
Para la debida integración de los expedientes sobre estos casos, la CNDH indicó que ha realizado diversas diligencias,
entre las que destacan evaluaciones médicas y sicológicas colegiadas por parte de un equipo pericial interdisciplinario, que han incluido la aplicación del Protocolo de Estambul en todos los casos relativos a presunta tortura o malos tratos.
De igual manera, subrayó el organismo, se han formulado
requerimientos de información a la Procuraduría General de la República,
a distintos centros federales de readaptación social y a juzgados
federales sobre las actuaciones relacionadas con las puestas a
disposición y declaraciones de los detenidos.
Además, se han solicitado certificaciones médicas, opiniones de
mecánica de lesiones, valoraciones sicológicas, material videográfico y
expedientes penitenciarios.
La CNDH recordó que
en algunos casos ha existido dilación de las autoridades para cumplir con lo solicitado, lo cual ha hecho más difícil la integración de los expedientes y ha incidido en la dinámica de la investigación en curso.
En 2015, la CNDH emitió un informe sobre la manera en que la PGR
desarrollaba la investigación, y advirtió que este organismo de
seguridad había dejado de realizar diversas acciones necesarias para
resolver la desaparición forzada de los normalistas.
Entre las diligencias no concretadas se encuentran la
georreferenciación de mensajes y llamadas telefónicas recibidas en los
celulares de los familiares de los normalistas, así como la ampliación
de declaraciones ministeriales de policías federales y militares que se
encontraban destacamentados en Cocula e Iguala en la fecha del ataque a
los 43.
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