Editorial La Jornada
La confirmación por parte de
Santiago Nieto –titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– de que la institución
educativa envuelta en movimientos financieros irregulares no es otra que
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) confirma los
rumores que circulaban en tal sentido en el ambiente de los medios y
anticipa lo que podría ser una nueva manifestación de la corrupción que
inficiona nuestra sociedad.
El pasado 22 de febrero, Hacienda anunció públicamente que había
recibido, por conducto de la UIF, un reporte proveniente del sistema
financiero (no dio más precisiones), según el cual las cuentas bancarias
de una universidad estatal registraban una inusual actividad
financiera, tanto por el monto de las operaciones observadas como por el
origen y frecuencia de las mismas. La actividad de la casa de estudios
era digna de cualquier corporación internacional: la serie de depósitos y
transferencias que había recibido a lo largo de los meses recientes
provenía de 22 naciones, entre los que se contaban España, el Reino
Unido y Suiza. De este último país, el más clásico de los receptores
dedineros mal habidos, había partido el grueso de la transacciones, una
cifra aproximada de 150 millones de dólares. Como si el digno lugar 1001
en nivel educativo internacional que en 2018 le asignó a la UAEH el
World University Ranking alcanzara para justificar una recaudación tan
copiosa, las autoridades hacendarias, UIF mediante, procedieron a
bloquear las bien provistas cuentas de la universidad hidalguense.
Revelado el nombre de la institución, el rector de ésta, Adolfo
Pontigo Loyola, dijo estar al tanto de la existencia de una medida
cautelar aplicada a una de las cuentas universitarias, y afirmó que
hasta ese momento (el día de ayer) no había recibido ninguna
notificación oficial sobre el asunto, del que se había enterado mediante
los medios de comunicación. En cambio, apuntó que en caso de haber
alguna irregularidad financiera, la misma debía ser explicada por el
patronato de la universidad, organismo encargado de administrar los
bienes de la UAEH.
De tal modo, desplazó el centro de gravedad de la cuestión hacia la
figura de Gerardo Sosa Castelán, presidente de ese patronato desde 2009,
rector de la UAEH de 1991 a 1998, líder del controvertido Grupo
Universidad (en su momento especie de
brazo políticopriísta), ex diputado por el Partido Revolucionario Institucional (al que renunció en febrero de 2018 para aliarse en las elecciones de ese año con Morena), y cuyo hijo Gerardo Sosa Cravioto fuera asesinado a balazos el pasado 23 de febrero en el municipio hidalguense de Acaxochitlán. En su carácter de responsable del patronato mencionado –si efectivamente éste gestiona, como dice el rector Pontigo, las posesiones de la universidad– Sosa Castelán tendrá que ofrecer las explicaciones del caso.
Cabe recordar un dato; a mediados de 2017 el Congreso de Hidalgo
había dispuesto que se nombraran contralores externos para vigilar que
los entes autónomos estatales recibieran una vigilancia más estricta
sobre sus recursos: entre ellos estaba la UAEH. La universidad se
apresuró a ampararse, ganó el amparo y contó con el aval de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado lo ratificó
esgrimiendo el principio de autonomía que rige para tales instituciones.
Precisamente por esta razón el episodio no tuvo mayor trascendencia,
pero queda por ver si a la luz de las investigaciones en curso no
resulta que aquel rechazo, que parecía natural y plausible, no
constituía un asomo de los apuros por los que ahora podría pasar la casa
de estudios superiores más antigua de Hidalgo.
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