En la ley de austeridad
Se anularán contratos en los que se compruebe tráfico de influencias
▲ La venta de aeronaves y vehículos de lujo está indicada en el dictamen de la ley de austeridad.
La austeridad republicana será conducta y política de Estado que los entes públicos están obligados a acatar para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, establece el dictamen con proyecto de decreto por el que se expedirá la Ley Federal de Austeridad Republicana, cuya versión final se imprimió el viernes en las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto.
El texto de tres capítulos, 61 ar-tículos y siete transitorios,
refiere en el sexto que tal austeridad deberá partir de un diagnóstico
de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación
democrática, y el respeto a los programas sectoriales, institucionales,
regionales y especiales. Al final de cada año fiscal los entes obligados
entregarán al Comité de Evaluación un Informe de Austeridad Repúblicana
en el cual se reportarán los ahorros.
Con un amplio catálogo de responsabilidades de los servidores
públicos, éstos se abstendrán de asociarse con inversionistas,
contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer
cualquier tipo de negocio privado. Y para ejercer el servicio público
estarán obligados por la ley a separarse legalmente de los activos e
intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus
responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de
intereses.
En el artículo 63 se advierte que
cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consaguinidad al cuar-to grado de afinidad y al segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato.
Los entes obligados deberán abstenerse de afectar negativamente los
derechos sociales de los mexicanos; de enfocar las medidas de austeridad
en el gasto corriente no prioritario; evitar reducir la atención de
emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.
En el artículo noveno –del proyecto que será sometido a votación el
martes– se advierte que todo contrato suscrito con empresas nacionales o
extranjeras que haya sido otorgado mediante tráfico de influencias,
corrupción o que causen daño a la hacienda pública serán nulos de pleno
derecho de conformidad con el marco normativo aplicable.
Además, los entes de la Administración Pública Federal ajustarán sus
estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios
de racionalidad y austeridad republicana. Se eliminarán todo tipo de
duplicidades. En el Poder Ejecutivo se asignará secretario particular
sólo a los titulares de dependencia o entidad; se elimina la asignación
de chofer a todos los servidores públicos; la contratación de personal
por honorarios y asesores deberá estar justificada.
En otros artículos se colocan límites al gasto neto total a
propaganda o publicidad oficial; quedan prohibidas las delegaciones de
las dependencias y entidades de la administración pública federal en el
extranjero; se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo.
La propuesta de nueva ley, significa una ruptura con las prácticas
que el gobierno federal ha denunciado como corruptas e ilegales en los
gobiernos del PRI y del PAN. A esto se suma como obligatoria la venta de
toda la flota aérea que prestaba servicio a los presidentes de la
República, a sus familiares y empleados; tampoco se realizarán gastos de
oficina innecesarios, ni se remodelarán éstas por cuestiones estéticas;
será castigado el uso excesivo de energía eléctrica, agua, telefonía,
gasolinas e insumos.
No se volverá a constituir un fideicomiso público, ni fondos
análogos. Y en el caso de ser necesario habrán de ser manejados por de
Hacienda. Aquellos existentes estarán obligados a publicar cada tres
meses su rendición de cuentas.
Foto Afp
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
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