Los grandes empresarios de los medios de comunicación en México no sólo han dejado de participar en los procesos democráticos, sino que se han aprovechado de ellos cambiando a su conveniencia de estafeta política y hasta ideológica, y actuado como grupos de poder para incidir en las decisiones del gobierno en turno.

Ante el fracaso de la transición a la democracia, que se convirtió en una simple sustitución de los partidos en la presidencia, se crearon vacíos de poder en el país.
Dichos vacíos fueron llenados por algunos grupos de poder como el crimen organizado y los empresarios de los medios de comunicación que vieron las ventajas económicas de alinearse y sacar provecho para sus fines.

Basta con recordar que en el patronato de “Vamos México” con el que Martha Sahagún pretendía catapultarse a la Presidencia, estaban Francisco Eealy Ortíz, dueño de El Universal; Olegario Vázquez Raña dueño de Excelsior, del grupo Imagen y de los hospitales Ángeles; Emilio Azcárraga Jean de Televisa; Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca; además de Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Lorenzo Zambrano, Manuel Arango, María Asunción Aramburuzabala, Fernando Senderos y Roberto González.
Los empresarios de los medios siguieron recibiendo dinero del gobierno a través de la publicidad oficial. Solo con Enrique Peña Nieto sumaron a sus arcas 60 mil millones de pesos por esa vía. A cambio, mantuvieron a un grupo de articulistas, columnistas y conductores de noticieros que manejaban la información favorablemente para el gobierno y atacando a los adversarios.
En alguna ocasión Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, dijo que eran “los soldados del PRI”, años más tarde, cuando empezó a gobernar el PAN, el hijo Emilio Azcárraga Jean celebró la llegada del cambio en el poder presidencial manifestando “la democracia es un buen negocio”.
Bajo esa nueva dinámica política y de intereses económicos es que los grandes medios de comunicación y su equipo de comentaristas dejaron a un lado cualquier intención de participar en la transición democrática, de investigar a fondo los casos de corrupción política y empresarial, y se acomodaron en el vaivén del péndulo del poder presidencial para seguirse enriqueciendo.
Es por ello que incomodó, de sobremanera, la idea del gobierno actual de reducir de 60 mil millones de pesos a cuatro mil 200 millones el presupuesto que se repartirá en publicidad oficial a los medios de comunicación (radio, televisión, impresos e internet). Y respingarán muchos de los articulistas que recibieron millones de pesos como apoyo del gobierno de Peña Nieto.
Los medios de comunicación y muchos comentaristas han sido los grandes ausentes en los cambios democráticos del país. No han querido participar en los cambios porque afectaban sus intereses. Cortesanos del poder tienen problemas para vivir fuera del presupuesto y ahora con la era digital tienen severos problemas para mantenerse pues su sobrevivencia no está basada en el número de lectores o de usuarios, sino en los millonarios convenios de publicidad oficial, su principal fuente de riqueza.
Por cierto… La mala estrategia de comunicación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de usar la filtración para dar a conocer la lista incompleta de medios y comentaristas favorecidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no abonó a la transparencia, sino que generó suspicacias y dio una imagen de desorganización. Hubiese sido mejor que utilizaran la conferencia matutina del presidente para dar esa información a todos los medios y evitar sospechas e interpretaciones que desvirtuaron la intención de transparentar la información del uso de los recursos públicos de la publicidad oficial.