Napoleón Gómez Urrutia
Este año se inició con nuevas
perspectivas para la economía y la sociedad mexicana. Las estimaciones
de crecimiento del producto interno bruto y de la inversión en al menos 2
por ciento alientan el optimismo nacional y la confianza en que el
gobierno de la República diseñó un plan y una estrategia adecuada a fin
de corregir los vicios acumulados de las administraciones anteriores y
para restablecer el rumbo y ordenarlo sobre bases más sólidas.
Lo vemos con mayor claridad en la política social, pues haber
incrementado los salarios mínimos en más de 36 por ciento en un año y un
porcentaje mayor a 100 en las zonas fronterizas, dan una clara idea de
que sí hay un cambio radical en la estrategia laboral para beneficiar a
la clase trabajadora y con ello mejorar al poder adquisitivo de los
salarios, el consumo y la demanda, que a su vez estimularán el mercado y
la estructura productiva interna.
Las reformas hasta ahora aprobadas en el marco jurídico dan mayor
certidumbre de que el destino es correcto y de que el cambio de régimen
está transformando a la sociedad hacia mayor democracia, transparencia y
justicia para beneficio de las mayorías y no sólo de unos cuantos. En
ése y en otros campos más nos hemos distinguido y destacado por encima
de la mayoría de los países latinoamericanos, porque los movimientos son
profundos, pues México no podía soportar más un gobierno como los
anteriores, hundidos en la superficialidad, la corrupción y desleales a
la nación.
Sin embargo, hoy tenemos varios retos para alcanzar una economía
sana, moderna, sin chantajes de algunos inversionistas que hasta ahora
sólo se han aprovechado de la explotación desmedida de los recursos
naturales y de la mano de obra mexicana, sin tener algo que ofrecer al
pueblo de México en términos de mayores oportunidades y mejores niveles
de bienestar, justicia, respeto y prosperidad compartidos.
Entre los desafíos más importantes, hay que subrayarlo, está la
reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS); en materia de subcontratación ( outsourcing
por su denominación en inglés), que tanto daño ha hecho al país por la
evasión fiscal, la pérdida de derechos laborales y el incumplimiento de
las aportaciones a los institutos sociales de salud (IMSS), vivienda
(Infonavit) y al fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores
(Afore).
Esta reforma, como bien es sabido, fue aprobada por unanimidad en el
Senado en diciembre de 2019 por las comisiones unidas de Trabajo y
Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda. Hoy sólo está
pendiente la votación en el pleno de la cámara alta del Poder
Legislativo, que seguramente se hará el próximo periodo de sesiones. Es
conveniente aclarar que la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
decidió, al margen de estas comisiones, posponer la decisión y otorgar
un plazo más amplio para extender las discusiones de los empresarios
dedicados al outsourcing ilegal, que utilizan facturas falsas y
simulan emplear a los trabajadores con este sistema (8 millones de
ellos), ocultando así las responsabilidades legales y laborales de las
verdaderas empresas que originalmente los contrataron.
Como algo vergonzoso, desleal y de traición a los intereses
nacionales, esos empresarios consiguieron que la Jucopo extendiera el
tiempo y lo convirtieran en un instrumento para reforzar su campaña a
fin de que no se apruebe una reforma que evitaría tantos perjuicios, no
solamente a la hacienda federal, con evasión fiscal de más de 500 mil
millones de pesos por año.
Lo peor del caso es que en lugar de haber utilizado estos dos meses
para autocorregirse y regular su situación, como está previsto en la
iniciativa de ley, lo están usando para atacar y buscar desprestigiar a
los que somos promotores de esta trascendente y fundamental reforma.
Pero no lo van a lograr, pues con su actitud lo único que enseñan es su
falta de escrúpulos, su ambición y avaricia para que nada cambie, así
como su deslealtad a los trabajadores y a la patria. Son, como señaló un
amigo mío, los modernos esclavistas dueños de las antiguas tiendas de
raya de la época porfirista.
Otro reto importante para este año en materia laboral es la
aprobación en el pleno del Senado de otra reforma a la LFT a fin de
incrementar el pago de los salarios caídos o vencidos en los juicios
laborales por despidos injustificados, que también ya fue aprobada por
unanimidad hace dos meses en la propia Comisión de Trabajo y Previsión
Social que tengo el honor de presidir.
Igualmente, está pendiente la designación del director del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como revisar el tema de
las cuotas sindicales, entre otros asuntos más.
Finalmente, las cuestiones relacionadas con la desigualdad, la
inseguridad y el combate a la corrupción, que van de la mano juntas,
serán tarea permanente del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador. Su compromiso con la nación es claro: consolidar cada día de su
administración este gran proyecto de transformación política, económica
y social en beneficio de la gran mayoría del pueblo mexicano y de las
futuras generaciones.
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