Lourdes Álvarez Nájera
En el 2013 el Banco Internacional de Desarrollo (BID) otorgó dos préstamos con los que se realizaron proyectos hidroeléctricos en el departamento de Huehuetenango que actualmente están suspendidos; de esa cuenta, en el 2019 el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), un ente creado con el fin de atender reclamos de comunidades potencialmente afectadas a nivel ambiental y social por esos proyectos, generó un informe y una serie de recomendaciones donde se destacó que las mujeres son las principales afectadas por este tipo de intervenciones, por lo que concluyó que se debe retirar el capital otorgado por el BID para financiar esas actividades.
El MICI publicó desde el 13 de octubre del año pasado el Informe de Verificación de la Observancia de Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A., con serios señalamientos. El informe destaca que se desconoció la presencia de pueblos indígenas en cinco comunidades de la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, luego de una serie de denuncias presentadas a través del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Popti, Chuj, Akateko y Mestizo, quien dio acompañamiento a las comunidades y a la población.
En esa recopilación de información que hizo el MICI se logró determinar que el BID desconoció la presencia de los pueblos indígenas para poder financiar los proyectos hidroeléctricos y, además, las graves consecuencias que esto conlleva para las comunidades donde las más afectadas son las mujeres.
Entre los hallazgos por impactos diferenciados por razones de género se indica que no se hicieron evaluaciones de impactos con perspectiva de género y no se determinaron acciones para prevenir, evitar o mitigar impactos adversos y riesgos, mientras se hacía la autorización de los proyectos hidroeléctricos en esa región.
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En particular, según el MICI, resaltaron algunos impactos específicos, como la contaminación del agua, la cual afecta de manera diferenciada a las mujeres en virtud de las actividades que tradicionalmente desarrollan, entre ellas mencionan en el informe la recolección de agua, cocina, pesca de caracoles y camarones para complementar la alimentación familiar, crianza de animales y actividades de recreación con otras mujeres o sus hijos pequeños.
Además, señalaron que ahora las mujeres tienen que recorrer distancias más grandes para recolectar agua limpia, lo que afecta el mantenimiento de las huertas y granjas familiares, de las cuales generalmente están a cargo, además de que la desaparición de cangrejos, caracoles y pescados de los ríos afecta a la dieta y a la economía familiar, ya que eran fuentes de alimentación gratuita que ahora deben pagar a terceros.
Asimismo, el informe de MICI destaca que la llegada de trabajadores foráneos y el aumento de fuerzas de seguridad en la zona, les ha generado a las mujeres inseguridad y temor debido al hostigamiento, amenazas físicas y verbales que reciben, así como por impedimentos al libre tránsito cuando no las dejan pasar al río o les impiden el paso usando sus equipamientos.
¿Por qué la violencia diferenciada contra las mujeres?
Aunque el informe del MICI hace una recopilación extensa de las denuncias que trastocan las dinámicas comunitarias de hombres, adultos y adultas mayores, niñez y juventud, se hace énfasis en el impacto a las mujeres porque la carga simbólica de la violencia también trastoca aspectos culturales e históricos que es importante comprender.
En ese sentido, para la socióloga guatemalteca Ana Silvia Monzón, la violencia contra las mujeres tiene un carácter sexual porque se ha usado como una forma de vulnerar a aquellas personas que son catalogadas como “enemigos”, según evidencia empírica recopilada en otros estudios e informes sobre acontecimientos como el conflicto armado interno en el país.
A criterio de la socióloga ese fue el sentido de usar la violación sexual como una práctica durante la guerra interna de Guatemala y agredir así tanto los cuerpos y la dignidad de las mujeres, como la de sus familias y comunidades.
La académica y doctora en Antropología, Victoria Sanford, también hace referencia a ese tipo de abusos diferenciados por género en su libro “Guatemala: del genocidio al feminicidio”, donde aborda cómo ese tipo de prácticas afectó particularmente a las mujeres indígenas que fueron consideradas como un botín.
Monzón añade que en el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) también se señala que los cuerpos de las mujeres y particularmente de las mujeres indígenas fueron considerados como botín de guerra. “Eran tomados como ese espacio donde ejercer el poder, y así lo podemos ver desde la invasión hace 500 años, pero también desde cualquier invasión y ocupación, sea económica, política o simbólica que protagonizan los hombres”, señala.
A criterio de Monzón también es importante llegar a hilar más fino y con mayor precisión para no solo referirse a los acontecimientos históricos, porque en esos acontecimientos como la invasión se trata de hombres con nombres y apellidos que las protagonizaron y es importante destacar.
“Hay diferencia en la forma como se violenta a las mujeres, porque también se ha construido el mito de la virginidad, del cuerpo puro, en contraposición a otros cuerpos que no lo son, entonces al atacar a las mujeres de los que se consideran enemigos, es una forma de vulnerarlos a todos”, indicó Monzón.
“Agredieron a unas compañeras, pero ellas no se dejaron”
Como parte de las denuncias de agresiones que incluyeron acoso sexual a raíz de la instalación de proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango, una de las mujeres de la comunidad de Bella Linda de la microrregión de Yichk’isis que solicitó no se citara su nombre por razones de seguridad, indicó que desde el 2013 fueron objeto de amenazas e intimidaciones por su participación en reuniones públicas.
Ella narró que a raíz de esas actividades gran parte de su familia decidió refugiarse en México. “Solo yo me quedé aquí, mi familia está del otro lado. Mi madre me dice: mija saber cuándo nos vamos a volver a ver. Pero aquí estamos pidiéndole todos los días a Dios porque ya no queremos que esos proyectos regresen, ya no queremos tristeza, dolor, sufrimiento. Nuestros hijos están creciendo, ellos solo quieren comer y sobrevivir, por eso nosotros luchamos”, indicó.
Según su relato, las fuerzas de seguridad nacional como la policía y el ejército, así como guardias de seguridad privada, también cometían abusos y violencia en su contra, intimidándolas con hacerles daño a sus hijos pequeños cuando las veían “cargándolos” o que participaban en protestas y reuniones en contra de las hidroeléctricas.
“Nosotros como mujeres ahí comenzamos a unirnos para poder parar eso y preguntar para qué querían llevarse a los hombres. En una de esas acciones de protestas fue que agarraron al compañero Víctor Pérez, que en paz descanse”, señaló. Se refiere a la autoridad comunitaria de San Mateo Ixtatán, criminalizado, luego absuelto y que falleció el año pasado.
Añadió que cuando las entrevistaron para saber qué estaba pasando en esa región, fueron las mujeres las que dejaron claro que manifestaban en contra de los proyectos: “por nuestro derecho, pero también por la vida de nuestros hijos, no los estábamos insultando, nosotros solo peleamos con palabras, mientras ellos venían con bombas y con armas”.
Además, contó que cerca de la comunidad había una casa que le llamaban la casa de la máquina, y cuando pasaban por ese lugar, había hombres armados que les decían: “esas pinches mujeres van a querer una su buena agarrada, una buena violada”.
En una ocasión, la entrevistada narró que por ese lugar pasaron tres hermanas, que cansadas del acoso encararon a los sujetos y lograron agarrar a uno y quitarle el arma. “Le dijeron -si sos tan bueno para decirnos cosas, vamos a ver ahora, hacelo pues-, pero él se quedó callado y no hizo nada. Eso se lo decían para asustarlas, pero esas compañeras no se dejaron”.
La entrevistada consideró que a partir de ese tipo de episodios las mujeres de esa comunidad se unieron más y estrecharon los lazos de afecto y de comunicación, por eso ahora salen juntas y se reúnen.
“Ya no queremos esos proyectos, pero queremos que no nos dejen solos, en este mundo estamos llenos de maldad, nosotros creemos en las cosas buenas y le pedimos a Dios que nos ayude a derrotar las cosas malas. La gente que tiene poder, dinero, empresas, nos ven a los campesinos como que no fuéramos nada, pero ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo, por eso seguimos luchando”, puntualizó.
Nombrar las violencias que trastocan
Para la socióloga Monzón, la vida y las comunidades se trastocan cuando hay una sistemática violación al derecho que tienen como pueblos indígenas, según legislación nacional y convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque de manera general, se ha venido retrocediendo en el cumplimiento del marco de los derechos humanos.
“Esto no es solo para Guatemala, se ha visto en la región, sobre todo en Honduras que es de los que también ha padecido esta problemática”, añadió Monzón.
Las dinámicas que se trastocan tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres de manera particular, porque son las responsables por la asignación del rol de género, de la reproducción y del cuidado de la vida, lo que es perturbado cuando se empieza a instalar la incertidumbre y la amenaza concreta, añadió la socióloga.
A su criterio, es importante hacer explícitas y señalar a este tipo de violencias por sus dimensiones. “Cuando se llevó a cabo el proyecto REMHI, no se había considerado inicialmente un tratamiento específico de ese tipo de violencia, pero fue surgiendo porque las primeras que empezaron a dar testimonios sobre sus familiares torturados, asesinados, desparecidos fueron las mujeres, pero no se hablaba de la violencia que ellas habían padecido, esto empezó a surgir y la necesidad de abrir un capítulo para ese tipo de violencia”, indicó.
En el orden patriarcal, en opinión de la experta, siempre se va a culpar a las víctimas, por esa razón para las mujeres será doblemente difícil reconocer que la han padecido, más si se trata de violencia sexual, porque en la sociedad guatemalteca existe instalada una idea que ellas son las que la provocaron, algo que es de suma urgencia cambiar y nombrar.
Este material se comparte con autorización de Prensa Comunitaria
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