El 30 de abril de 2022 un bajo en el barrio bilbaíno de Atxuri se incendió con una mujer y su hija de dos años dentro. Doribel estuvo ingresada 54 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Cruces. Había sufrido quemaduras profundas en el 18 por ciento de su cuerpo, incluida la cara. Su compañero sentimental, Aitor B. S., la visitó hasta que una hermana de Doribel (a la que llamaremos A.) denunció que se trataba de un caso de violencia de género y se activó el protocolo hospitalario. El imputado está en prisión preventiva desde entonces.
El juicio, celebrado en Bilbao entre el 22 y el 27 de mayo, ha concluido con la petición por parte de la Fiscalía y de las otras cinco acusaciones (la particular, el Ayuntamiento de Bilbao, la asociación Clara Campoamor, la comunidad de propietarios y la dueña de la lonja incendiada) de la pena máxima para el acusado: hasta 29 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa y por haber ocasionado daños en el local por valor de más de 90.000 euros. El informe forense ha descartado tanto la hipótesis de intento de suicidio que sostiene el acusado como que pudiera haber sido un accidente, y ha confirmado que las lesiones encajan con un intento homicida: el hombre habría rociado a la víctima con un acelerante y prendido fuego mientras esta se encontraba tumbada en la cama.
El objetivo de las activistas ha sido reclamar responsabilidad institucional y señalar los factores estructurales por los que las mujeres migradas se encuentran especialmente desamparadas en situaciones de violencia machista
La asociación Feministas por Nicaragua-Euskal Herria, que ha acompañado a Doribel y a su familia todo este tiempo, convocó una concentración y rueda de prensa ante la Audiencia de Bizkaia el 23 de mayo para exigir verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. El acto incluyó la intervención de Norma Vázquez, psicóloga feminista y directora de la consultoría Sortzen, especializada en violencia machista. “Doribel ha quedado dañada de por vida física, psicológica y emocionalmente. No va a poder trabajar en condiciones para cumplir el proyecto migratorio que la trajo aquí”, subrayó Vázquez. La agresión le ha dejado como secuelas dolores fuertes, depresión y un trastorno de estrés postraumático, entre otros diagnósticos psiquiátricos. La desfiguración de su cara por las quemaduras y las intervenciones quirúrgicas, además de dañarla psicológicamente, limitan sus posibilidades de acceder al mercado laboral.
Además de la denuncia del intento de feminicidio y sus consecuencias, el objetivo de las activistas ha sido reclamar responsabilidad institucional y señalar los factores estructurales por los que las mujeres migradas se encuentran especialmente desamparadas en situaciones de violencia machista.
Desprestigio misógino y racista
Norma Vázquez subrayó en la concentración que el intento de feminicidio no fue un suceso aislado, sino el culmen de una espiral de violencia: “Sabemos que Doribel es una víctima, que este hombre ha aprovechado su extrema vulnerabilidad y que tiene antecedentes de otras agresiones a mujeres migradas”. Feministas por Nicaragua detalló que, en los cuatro meses en los que la víctima convivió con el acusado, “fue manipulada, controlada y amenazada sistemáticamente”. La acusación particular ha añadido en el juicio que Aitor “se apropió de sus tarjetas, de su móvil, sus redes sociales, que grababa sus relaciones sexuales y la amenazaba con difundirlas y que incluso le suministraba la medicación, más de la que necesitaba”, según ha publicado el diario El Correo.
Las organizaciones feministas han relacionado el intento de feminicidio con una agresión previa a N., otra de las hermanas de Doribel: “Fue también víctima de este agresor, siendo atropellada intencionalmente por él, caso que está pendiente de juicio”, explican Feministas por Nicaragua en el comunicado. Silvia Zuniga, integrante de este colectivo, reproduce el relato de Doribel: “Aitor la convenció de ir al centro de trabajo de N. para reclamarle un dinero que le debía. Cuando estaban esperándola en un punto sin cámaras ni testigos, le dijo: ‘Vamos a darla un susto’. El atropello la dejó complicaciones tan graves que ha tenido que ser operada en varias ocasiones, y lleva dos años en rehabilitación”. Los servicios de urgencias la atendieron como si hubiera sido un accidente, hasta que N. despertó y denunció la agresión.
Norma Vázquez añade que la intención de Aitor era involucrar a Doribel en un atentado contra su hermana, con el objetivo de enfrentarlas, como estrategia para aislarla de su red de afectos. Doribel se quedó tan impactada por la reacción violenta de su pareja que compró billetes de avión para volver con su hija a Nicaragua. Como ocurre a menudo, el intento de feminicidio ocurrió entonces, cuando quiso dejarle: solo cinco días antes de la fecha del viaje. “Intentó terminar con su vida precisamente porque ella se iba”, concluye Vázquez.
La defensa del acusado ha consistido en desacreditar a la víctima, presentando un retrato cargado de estereotipos misóginos y racistas, incluidas alusiones a su vida sexual: “Él está faltando a la verdad, intentando presentarla como una mujer prostituta, drogadicta, problemática, conflictiva, que se había quemado ella sola en un intento de suicidio. Ha declarado que su único pecado era haberse enamorado y haber confiado en una mujer que tenía tanto daño”, explicó Vázquez en la rueda de prensa. La directora de Sortzen señaló que a las secuelas físicas y psicológicas que sufre Doribel se suma ahora “el tremendo daño que le está ocasionando el desprestigio y los ataques a su honorabilidad”.
Los protocolos desprotegen a las víctimas migradas
En la audiencia del primer día comparecieron como testigos a petición de la acusación varias de las exparejas de Aitor B.S., quienes expresaron que ellas también terminaron la relación por el maltrato y acoso que sufrieron por su parte. De las cuatro últimas compañeras sentimentales que ha tenido Aitor, tres eran mujeres migrantes. Vázquez ve en ese dato un patrón habitual por parte de hombres blancos machistas: de “ligar con mujeres migradas en situación de vulnerabilidad”. El acusado se nombra como politólogo y ha sido tertuliano de Telebilbao, donde se le presentaba como militante del Partido Popular.
Las activistas han denunciado que la situación de las víctimas se agrava “cuando esta violencia machista se intersecciona con el racismo estructural y las realidades que vive una mujer migrante en este territorio”. Mientras Doribel se encontraba en la UCI, su hermana A. intentó dos veces formalizar la denuncia contra Aitor en la comisaría de la Ertzaintza de Zabalburu, y los policías se negaron, alegando que no era la víctima directa, pese a que la violencia de género es un delito perseguible de oficio. Zuniga atribuye esa inacción a “la carga misógina y racista, que se traduce en la falta de credibilidad que tienen las mujeres migradas”. Feministas por Nicaragua denuncia en el comunicado que muchas víctimas de feminicidio no son apoyadas cuando intentan denunciar.
“Además de revivir hechos tan dolorosos y violentos, las víctimas y las mujeres que las acompañamos tenemos que enfrentarnos a un abordaje institucional que sigue siendo deshumanizado y discriminatorio”
Fue la propia Zuniga quien acompañó a A. a una nueva comisaría, la del barrio de Deusto, por recomendación de Sortzen: “Tanto el instructor del caso como el resto de ertzainas hicieron un abordaje muy distinto, en el que se vio que tenían formación en violencia machista. Sus declaraciones contundentes han servido para dar un giro al caso y que sea catalogado como violencia de género. He aprendido en este acompañamiento que no todas las comisarías son seguras”.
El segundo punto en el comunicado de Feministas por Nicaragua sobre la respuesta institucional se refiere a la quita de custodia de la hija de Doribel. “La pequeña de dos años, a pesar de haber presenciado la agresión, no ha sido considerada otra víctima, tal como se prevé legalmente, y no se han considerado los daños psicológicos que la situación le ha ocasionado; en vez de velar por su bienestar emocional, se la despojó de su red familiar inmediata, que estaba dispuesta a asumir los cuidados”, critican en el comunicado.
Los servicios municipales de urgencia impidieron a Aitor quedarse con la niña, como pretendía, pero la Diputación de Bizkaia asumió la tutela hasta que la abuela de la niña logró que se la aceptase como figura acogedora. No fue fácil, porque entraron en juego las precarias condiciones materiales de esta familia de mujeres migradas. “La abuela tuvo que conseguir un piso que reuniera las condiciones para ser hogar de acogida, pero no tenía los recursos necesarios y no hubo respuesta institucional para proporcionarle una vivienda”, explica Zuniga.
El tercer elemento denunciado es precisamente que las instituciones no se han hecho cargo de “los problemas estructurales que tienen mucho que ver con la interseccionalidad: vivienda, padrón, trabajo, además de los derivados de la salud”. Doribel pasó del Hospital de Cruces a un piso de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, pero a sus familiares no se les han facilitado recursos.
Además de la niña, quien presenció las agresiones y ha tenido que separarse de su madre, destaca como víctima vicaria N.: “Preguntamos a la abogada si era posible ver su atropellamiento y el intento de feminicidio como uno solo, pero nos dijeron que no”, explica Vázquez. Después de dos años incapacitada para trabajar, su situación es cada vez más precaria.
Son más las parientes para las que Sortzen y Feministas por Nicaragua han pedido apoyo institucional: A., quien interrumpió su proyecto migratorio y se trasladó a Bizkaia para cuidar a su hermana, tampoco tenía donde vivir ni cómo sostenerse económicamente. “La ayudamos para que solicitase empadronamiento de urgencia por causas humanitarias y alguna prestación de emergencia, pero los municipios nos han puesto trabas. Todos se escudan en que no está empadronada, en vez de buscar salidas como un padrón social”. Por último, los hijos e hijas de estas tres mujeres también se han visto afectadas, porque “quedaron desprovistas repentinamente de su fuente de manutención”.
“No han hecho ni una sola reunión interinstitucional ni medidas de apoyo a las víctimas vicarias, que son dos de las obligaciones que establece la ley autonómica. Tocamos todas las puertas para que hicieran una comisión específica. Declararon su apoyo ante la gravedad del caso, pero dijeron ‘mañana mismo les llamamos’ y seguimos esperando”, lamenta Vázquez. A falta de soluciones públicas, las activistas organizaron un crowdfunding para ayudar a la familia a sufragar tantos gastos. “Está muy bien la solidaridad feminista, pero las víctimas tienen derechos. Que se haga justicia para Doribel no depende solo de la sentencia del juicio, sino de que las autoridades cumplan con sus obligaciones. No pedimos más ni menos”, concluye la directora de Sortzen.
A espera de la sentencia, Zuniga expresa su frustración e impotencia: “Además de revivir hechos tan dolorosos y violentos, las víctimas y las mujeres que las acompañamos tenemos que enfrentarnos a un abordaje institucional que sigue siendo deshumanizado y discriminatorio”. La activista denuncia también que la atención a las supervivientes de violencia machista dependa de que se activen redes de apoyo: “Si no hubiésemos insistido en la denuncia, este caso habría pasado como un intento de suicidio. Seguimos siendo nosotras las que tenemos que hacer presión social para que las víctimas puedan buscar justicia”.
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