El Poder Judicial y los procesos de 1968

 

Francisco Colmenares

Después de innumerables gestiones judiciales del Comité 68 por las Libertades Democráticas, representado por Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, en contra de funcionarios públicos, encabezados por el ex presidente de la República Luis Echeverría y otros por hechos constitutivos del delito de genocidio de 1968, en sesión del 5 de diciembre de 2007, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no ejecutar su facultad de atracción del expediente 132/2007 de esa denuncia, por considerar que el asunto carecía de trascendencia.

La complicidad del Poder Judicial frente a los flagrantes atropellos y violaciones a los derechos constitucionales, desde que comenzó el movimiento estudiantil de 1968, permitió que las acciones de los cuerpos represivos alcanzaran niveles aterradores el atardecer y la noche del 2 de octubre con la masacre en la Plaza de Tlatelolco. Esa impunidad, frente a un movimiento estudiantil pacífico, comenzó desde el 26 de julio con la brutal represión a los estudiantes politécnicos y la detención de miembros del Partido y de la Juventud Comunista, sin mediar órdenes de aprehensión, y, después, con los cateos domiciliarios sin orden judicial, el ataque con bazuka e irrupción al edificio de la Preparatoria 1 violando la autonomía universitaria, con la ocupación militar de las instalaciones de la UNAM en Ciudad Universitaria y del Casco de Santo Tomás y de Zacatenco del IPN, con los ataques armados intermitentes realizados por militares del Estado Mayor Presidencial a estudiantes que resguardaban las instalaciones educativas y, finalmente, con el crimen de Estado en Tlatelolco, donde se aprehendió a más de mil estudiantes y asistentes en ese mitin, entre ellos a muchos dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH), y fueron cremados cuerpos de estudiantes asesinados para ocultar la magnitud del hecho.

Un año después de aquel genocidio, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, en su informe de gobierno de 1969, declaró asumir íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por la decisiones del gobierno en relación con los sucesos de 1968. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, sin duda fue responsable de la masacre en Tlatelolco, pero no fue el único. El Ministerio Público nunca procedió a interrogar y acusar por actos ilegales y de abuso de autoridad durante el movimiento estudiantil de 1968 a integrantes de los cuerpos policíacos o del Ejército ni a sus jefes. Fue tapadera de las arbitrariedades y violencia, reconociendo como legales, en repetidas ocasiones, declaraciones nuestras obtenidas bajo tortura y en clandestinas casas de seguridad o en las instalaciones del Campo Militar 1.

Hoy, después de 56 años, los actores y responsables de aquella violencia contra el movimiento estudiantil de 1968 no han sido juzgados ni han cumplido con los castigos establecidos en el derecho penal. El Poder Judicial continúa siendo guardián y tapadera de aquellas atrocidades autorizadas desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo, como lo reconoció con cinismo el presidente de la República un año después ante la Cámara de Diputados, en medio del aplauso sonoro de sus representantes y de todos los invitados y legisladores del PRI y del PAN. Esa impunidad que protegió y solapó el Poder Judicial abrió la puerta, otra vez, a otra masacre, la del 10 de junio de 1971, en la que según Alfonso Martínez Dominguez, al estar en reunión en Los Pinos con el presidente Luis Echeverría, éste daba instrucciones cuando se refería a muertos para que los cremaran, lo que años después generó la peor regresión en la historia de México con la violencia contra jóvenes guerrilleros en el siniestro periodo conocido como guerra sucia y al llegar al poder un grupo de malhechores que se dedicó a subastar y privatizar las empresas públicas y el ejido, a disminuir el salario real de los trabajadores y a abrir las puertas del narcotráfico a niveles sin precedente, en colusión con poderosos grupos de poder de Estados Unidos.

En memoria de aquella juventud heroica del 68 y para contribuir a erradicar la impunidad y corrupción del poder y del gran capital, como lo mandató la reciente votación electoral que le dio el triunfo inobjetable a Claudia Sheinbaum para presidenta de la República, apoyemos la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar de raíz al Poder Judicial, desde el Ministerio Público hasta los magistrados de la Suprema Corte y el sistema penitenciario que tanto atenta la libertad y dignidad de los más pobres.

¡Ni perdón, ni olvido!