visita de cortesíaque hizo el gobernador, como antes lo había hecho con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en una especie de gira acotada de relaciones públicas y control de daños en la capital del país, mientras aquel estado, y en particular Culiacán y sus alrededores, siguen inmersos en la guerra entre facciones del crimen organizado ( chapitos contra mayitos), sin que el gobernador visitante haya atinado ayer ante sus interlocutores federales a sugerir siquiera un atisbo de calendario para la terminación de hostilidades.
Tal vez, como el pasado 15 de septiembre lo confesó en Culiacán el
general Jesús Leana Ojeda, entonces comandante de la tercera Región
Militar, el fin de tal belicismo entre cárteles ni siquiera depende de
los civiles dizque gobernantes. ¿Cuándo volverá la paz a Sinaloa?, se le
preguntó, y el general de división, diplomado de Estado Mayor, se
sinceró: Queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de
nosotros, depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer
confrontación entre ellos y que estén dejando a la sociedad en paz
.
La cruda revelación doctrinal del general Leana no le llevó a alguna forma de castigo, sino de premio: llegando Claudia Sheinbaum al poder, fue trasladado de las fieras tierras norteñas a la comandancia de la primera Región Militar, que comprende la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Morelos. Decir la verdad, paga.
Fue un día de acontecimientos preocupantes en relación con el crimen organizado, no sólo en Sinaloa, donde están por cumplirse 50 días de crisis de seguridad pública, por cuenta de los grupos criminales y también de las fuerzas federales, con el gobernador Rocha Moya en acelerado declive de credibilidad y confiabilidad. En Guanajuato, plaza panista desde hace más de 30 años, se produjeron dos atentados con sendos carros bomba, dejando heridos y daños materiales diversos.
Muchos factores acumulados pueden advertirse en esa incesante acción criminal en Guanajuato, pero hay un ingrediente peculiar en esta ocasión: por primera vez un gobierno estatal de origen panista ha accedido a posibilitar acciones conjuntas con el gobierno federal morenista para tratar de frenar tales recurrencias delictivas de cárteles como el de Santa Rosa de Lima, cuyo jefe, encarcelado, tiene como mote El Marro.
Libia García, gobernadora de Guanajuato, se reunió días atrás con la
presidenta Sheinbaum y acordaron medidas conjuntas para enfrentar a los
grupos criminales. Lo de ayer fue una escalada, con autos bomba, que
pareciera conllevar mensajes de índole estatal y nacional y, además, da
material al intervencionismo gringo que desea combatir
el narcoterrorismo en territorio mexicano.
El otro punto crítico del jueves rojo estuvo en Tecpan de Galeana,
Guerrero, donde parte de un grupo criminal autodenominado GNG (Guerrero
Nueva Generación, según las interpretaciones del caso) fue neutralizado
mortalmente por elementos federales, en una muestra más de la evolución
mortífera de los criterios y políticas de seguridad pública de la
administración claudista.
No está de más mencionar que esa evolución (liberar gatillos
,
ha mencionado este tecleador) mantiene la tesis de los abrazos en las
causas sociales, pero con balazos en la operación cotidiana; es decir,
detención de generadores de violencia
, neutralizaciones
funerarias, despliegue de mandos militarizados en seccionamientos del
país y mayor acción en cuanto a formulación de cargos penales en los
casos que sea posible. ¡Hasta el próximo lunes!
X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
Los autores de las TST hacen notar que los administradores de una empresa SCL no son CPL propietarios de los medios de producción que puedan disponer de ellos como quieran y que su relación con el personal de la fábrica no es sólo un contrato temporal que ambas partes puedan revocar en cualquier momento. Son los delegados de un estado que sostiene representar los intereses y el objetivo de la clase trabajadora y de toda la población. Las TST se niegan a ver esta afirmación como mera apología que disfraza una relación esencialmente CPL entre el Estado como empresario colectivo y los trabajadores como meros asalariados. El paternalismo de Estado es una característica esencial del proceso de reproducción en estas sociedades e impone límites definitivos a los medios de coerción económica y, por tanto, al poder real de la administración en la empresa, límites ajenos al CPL. Donde la TST falla, y al hacerlo se vuelve apologética, es que pone atención sólo a un aspecto de la modificada situación económico-social de la población trabajadora. Se rehúsa a ver la interconexión entre el paternalismo, que reduce el poder de la administración a nivel de empresa con el hipertrofiado poder administrativo del aparato burocrático del Estado, que establece los salarios en toda la economía. La crítica a la TST resulta inadecuada e insuficiente porque no toma en cuenta que, a pesar de todo, el Estado sigue siendo un Estado de los trabajadores, ya que impide el renacimiento del capitalismo. La conceptualización de la TST en su conjunto depende del supuesto que la única alternativa al CPL es el SCL. La TST entonces intenta demostrar que los PSEO no son CPL y, en opinión de GM, lo logra. Pero tampoco pueden ser vistos como SCL. Entonces estas sociedades no son otra cosa sino combinaciones inestables entre CPL y SCL, transiciones interrumpidas. Las sociedades en las que producción y consumo tienen un carácter social (no restringido localmente) y dinámico sólo pueden asegurar las condiciones de su reproducción de dos modos: 1) a través del mercado, lo que presupone la existencia de unidades productivas independientes, basadas en la propiedad privada; 2) a través de un plan central que dirige la producción al transformar todas las unidades productivas en meras unidades técnicas. GM arguye que, siguiendo a Marx con cuidado, sólo hay dos maneras en que se puede conceptualizar la realidad social en la que los mecanismos de mercado están presentes pero subordinados a la planeación: concebir la planeación despótica no c o mo socialista, sino como la lógica del mercado en condiciones de extrema centralización: o sea capitalismo de Estado; o concebir planeación y mercado como combinaciones inorgánicas precarias e inestables: la TST. GM concluye este inciso sobre la TST mostrando que la URSS ha mostrado un grado de continuidad política y social similar comparable con los más estables estados capitalistas, a pesar de condiciones difíciles tanto externas (como la guerra) e internas. Esta capacidad de reproducción y cambio tendría que ser explicada por una teoría crítica. GM destaca la gran transición que ha involucrado el alejamiento de un sistema masivo de terror preventivo a una forma tradicional de gobierno oligárquico, así como el alejamiento de la más directa dictadura sobre las N, hacia una autonomía de los individuos como consumidores y la lenta pero sostenida institucionalización del aumento en el nivel de vida de la población como parte de la función-objetivo global del sistema. La estructura y desarrollo de la producción y, por tanto, los límites de satisfacción global de las N siguen siendo determinadas por las decisiones no controladas de un aparato de poder separado. La capacidad para autorreproducirse no excluye la posibilidad de las crisis. Las crisis en los PSEO son diferentes a las crisis capitalistas. En muchos PSEO las crisis adoptan la forma de colapso político. Una vez que la resistencia popular es rota por la fuerza externa, el aparato de dominación es fácilmente reconstituido. Hay muchas razones para suponer que una nueva y global crisis se acerca a los PSEO, concluye en 1983.
orden
notificóa la Presidencia de la República, mediante un inexistente QR, su
ordende eliminar la publicación de la reforma judicial), ayer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y al Diario Oficial de la Federación (DOF) llegó una
segundanotificación con el mismo objetivo, dado lo cual de inmediato desde la residencia oficial se envió un comunicado al Congreso de la Unión para que se pronuncie sobre el particular, y uno más, con el mismo fin, al citado diario para consultar qué procede.
Pues bien, desde el Legislativo la respuesta fue la misma: el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dejó en
claro que la presidenta Sheinbaum no está obligada a eliminar
del DOF la reforma al Poder Judicial Federal, como pretende la jueza
Nancy Juárez –quien actúa con carácter político
–, por tratarse de un acto consumado
que ya forma parte del texto constitucional vigente
, amén de tratarse de una orden
, la de la jueza, carente de sustento legal; ergo, la presidenta Sheinbaum puede mandar a paseo a Nancy Juárez y todo lo que está atrás de ella.
En el Senado de la República se votó un acuerdo relativo a lo
anterior, y por 81 votos a favor y 36 en contra se aprobó que la
presidenta Sheinbaum no atienda la ilegal orden
de la impresentable Nancy Juárez, al no tener facultades ni obligación
de eliminar del DOF la publicación de la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada por el Constituyente Permanente.
La presidenta Sheinbaum también comentó el punto: el DOF tiene una ley que lo rige y no se trata de que las personas decidan eliminar por voluntad propia lo ya publicado, porque tal legislación impide que se altere su contenido, amén de que obliga al responsable a garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. Así, “cualquier juez o jueza que pide eliminar algo, no sólo en este caso, está violentando la Ley de Amparo y la ley del Diario Oficial de la Federación; entonces, me pregunto ¿quiénes son los asesores?”
Dada la contundencia de lo anterior, la jueza
Nancy Juárez
bien puede seguir alimentando su negro historial como integrante del
Poder Judicial, el cual ya registra, entre tantas otras estrellitas
,
que fue suspendida (abril de 2021) por el pleno del Consejo de la
Judicatura Federal tras las denuncias en su contra de 12 servidores
públicos (de cualquier suerte le regresaron el hueso en marzo
de 2023); sancionada por el resultado de tres pesquisas, que atribuyeron
a la juzgadora federal conductas negativas (desempeño deficiente,
incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no
respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano
jurisdiccional).
Además, en octubre de 2016 fue sujeta a procedimiento disciplinario
por ratificar licencias médicas de forma irregular, con lo que ganó una
sanción administrativa; cúmulo de amonestaciones verbales por
irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el
desempeño de sus funciones, hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos
de cualquier funcionario público (información divulgada por la
secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez). Y la más actual, que
no la última, ordenar
ilegalmente a la Presidenta de la República “borrar la reforma judicial del DOF”. Toda una joya en el podrido aparato de impartición de justicia
. Con todo, la jueza
mantiene el hueso, sus actividades comerciales
y sus conductas negativas.
En su consulta al Legislativo, la consejera jurídica del ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, fue puntual: la orden
de la citada jueza
es claramente
violatoria de las facultades soberanas del Constituyente Permanente y
se pretende obstaculizar la reforma constitucional en materia judicial
, amén de que eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación “es
de imposible realización legal, material y táctica; más aún, se
incurriría en flagrante violación al principio de integridad e
inalterabilidad del DOF”.
Las rebanadas del pastel
El FIFAgate (sobornos, fraudes y lavado de dinero) toca a la puerta del Canal de las Estrellas: a petición
del consejo de administración de Televisa, Emilio Azcárraga Jean toma licencia del cargo, con efecto inmediato
como presidente ejecutivo, en
tanto se resuelve la investigación que lleva a cabo el Departamento
estadunidense de Justicia relacionada con la (siempre sucia) Federación
Internacional de Futbol Asociación; la compañía sigue cooperando con la
investigación
. ¡Gooollll!
rescribir la historia
Donó su rica colección al Estado, que, para albergarla, construyó el Museo Guimet, inaugurado en 1889 en París. Es uno de los más importantes del mundo en arte de Asia.
Ahora ofrece una espléndida exposición: El oro en la dinastía de los Ming (1368-1644), durante la cual la orfebrería con dicho metal alcanzó un lujo y una delicadeza sin igual. Fue símbolo de riqueza y estatus social, junto con el bronce, el jade y la seda.
Este refinamiento coincide con la intensificación del comercio y el surgimiento de una nueva clase formada por empresarios adinerados, especialmente en el sur de China.
Algunas de las piezas más bellas están realzadas con piedras preciosas: rubíes, zafiros azules, amarillos o verdes, jade blanco o verde pálido y perlas de agua dulce. Provienen sobre todo del Museo de Bellas Artes de Xi’an Qujiang.
La exposición coincide con la carta de un grupo de investigadores en la que expresan su preocupación de que las instituciones culturales francesas permitan la asimilación de grupos no chinos a la cultura de la nueva potencia.
Sostienen que los museos Quai Branly-Jacques Chirac (el más importante de artes primeras) y Guimet emplean un lenguaje que refleja los deseos de Pekín
de rescribir la historia y la eliminación de los pueblos no Han
. Según los autores de la carta, el primero reclasificó sus objetos tibetanos como originarios de la Región Autónoma de Xizang
, y el Guimet remplazó la etiqueta Tíbet
por Mundo del Himalaya
.
Ambos museos calificaron de infundadas las acusaciones, y que han hecho exposiciones sobre el Tíbet; por ejemplo, una reciente en el Guimet sobre la exploradora, escritora, orientalista y fotógrafa Alexandra David Néel, primera mujer occidental que llegó hace un siglo a la ciudad prohibida de Lhasa. Los extranjeros no podían visitarla.
La realidad: la multipresencia china cambió radicalmente al Tibet.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de la segunda cadena de televisión más importante del país, también enfrenta varios problemas legales tanto vinculados con la propia Tv Azteca como con otras de sus empresas.
En Estados Unidos, los fondos de inversión Cyrus Capital Partners LP y Contrarian Capital Management LLC le reclaman el pago de los intereses por un préstamo de 400 millones de dólares, mientras en junio de 2023 la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió la cotización de las acciones de la televisora por no haber entregado resultados financieros cuya publicación es obligatoria para todas las firmas que participan en el mercado bursátil.
Estas complicaciones legales vienen aderezadas por otras no menores en lo económico. Antes de ser suspendidas por la BMV, las acciones de Tv Azteca acumulaban una pérdida de 37.5 por ciento de su valor en sólo cinco meses, mientras los papeles de Televisa se han desplomado más de 92 por ciento en una década: en junio de 2015 alcanzaron su máximo histórico de 122 pesos por acción, pero este mes se cotizan en apenas 9 pesos. La crisis de Televisa se traslada directamente al hombre que heredó el conglomerado: en 2013 ocupó por última vez un puesto entre las 10 personas más ricas de México con una fortuna de 2 mil 500 millones de dólares, la cual había caído casi 80 por ciento para 2023, cuando se estimaba en 560 millones. Evidentemente, si estos números se ajustan por inflación, el declive resulta incluso más pronunciado.
Es inocultable que existe una crisis multidimensional en estas corporaciones que durante décadas constituyeron un poder fáctico de enorme influencia en la opinión pública y en el quehacer gubernamental y que imponían al grueso de la sociedad una visión alineada con el discurso gubernamental imperante, de corte neoliberal.
Hoy se observa el declive de empresas que tradujeron su músculo mediático en político; se conforma, así, un espacio que a su vez empuja cambios en la manera en que se conforman las opiniones en torno a temas de interés público. Entre las razones del ocaso hay que contar el desplazamiento de los espectadores hacia nuevas plataformas como el streaming o las redes sociales, pero también las malas prácticas empresariales y una pérdida irreversible de su credibilidad que repercutió en la consiguiente fuga de audiencia y anunciantes.
La notable contracción del número de espectadores indica la pérdida de presencia de la televisión como fuente de información y entretenimiento. En forma paralela a las dificultades financieras y legales de estos conglomerados, tiene lugar la pérdida de su influencia sobre las instituciones, la clase política y la ciudadanía en general.
La violencia exponencial se deja sentir en estados como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, donde los cárteles ponen en jaque la supervivencia económica, la cotidianidad, la tranquilidad y la seguridad de las familias, con tasas de más de 100 homicidios dolosos diarios, control de extensas regiones en los espacios rurales y urbanos, retenes, cobranzas de derecho de piso y otras múltiples extorsiones, que, como en el caso de Morelos, recientemente cobraron la vida de dos profesores jubilados de la UAEM.
El contexto de esta trágica situación no es otro que el continuismo
confeso (segundo piso) de la Cuarta Transformación, con la extensión de
sus megaproyectos y programas clientelares individualizados, que en
múltiples regiones operan en clave contrainsurgente, o como la ingeniería de conflictos
de la recolonización de los territorios, en el proceso de una visible
militarización del país, que no hay visos que va a disminuir, la
presencia y actividad permanente del crimen organizado, el otro actor
armado del capitalismo que va despoblando y desposeyendo, fragmentando
los tejidos comunitarios, que desgasta las resistencias, y descabeza los
movimientos, recluta juventud por doquier y secuestra su futuro.
Además, en los últimos meses tiene lugar una situación de emergencia que priva en territorios bajo la hegemonía zapatista, marcada por la profundización de la guerra de contrainsurgencia, a través de la acción de actores armados. Por un lado, grupos paramilitares que multiplican sus ataques contra las comunidades zapatistas, y, por otro, la presencia creciente en todo el estado de Chiapas de cárteles del llamado crimen organizado, todo ello en el marco del mencionado proceso de militarización y militarismo, acentuado de nueva cuenta por el gobierno entrante.
A lo largo de estas tres décadas, se ha denunciado la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, cuya función es constituir la fuerza de contención activa, mientras los elementos castrenses se despliegan como la fuerza de contención pasiva, a la cual se han agregado los grupos delincuenciales que originan en su conjunto las condiciones de expulsión y desplazamiento de las comunidades indígenas zapatistas y no zapatistas. Este es sólo un esbozo de la guerra de amplio espectro que se vive en Chiapas y que se destaca con el propósito de romper el cerco mediático y el negacionismo sobre estos temas que parece imponerse en el nuevo gobierno, y estar oculto en las agendas y los recorridos de la titular del Poder Ejecutivo.
Las violencias expuestas son inherentes a la democracia tutelada por la actual forma de acumulación militarizada-paramilitar-delincuencial, ya que los poderes fácticos que la sostienen y le dan contenido, las ejercen para lograr sus objetivos económicos y políticos y, en consecuencia, hacen de la guerra contra los pueblos su razón de ser y existir, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Sin embargo, la utopía concreta sigue también ahí, en las múltiples resistencias que se registran en la territorialidad lacerada por estas violencias, en la terquedad de pensar el mundo a contracorriente, de no dejarse arrastrar por la rutina, el cansancio y la demoledora maquinaria del pensamiento único que no admite disidencias, desviaciones, ni mucho menos sueños libertarios.
La estrategia, reiterada por los zapatistas, es la organización desde abajo, desde una izquierda que no renuncia a la construcción de mundos nuevos. Aquí se sitúa, a más de 30 años de iniciado su movimiento de insurgencia, el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y el entorno variopinto que se articula con este polo de resistencia, en el que participan colectivos, movimientos, gremios y organizaciones políticas, algunas, incluso, adscritas al marxismo y con programas y estrategias en favor del socialismo.
Atrás quedaron los afanes revolucionarios de quienes pretendieron
transmutar las relaciones de explotación de la clase trabajadora
mexicana y los sistemas de dominación basados en el capitalismo, para
establecer el socialismo. Quienes se propusieron cambiar al Estado desde dentro
,
resultaron trastocados para beneficio personal y de grupo partidista,
con las ventajas de otorgarles a sus narrativas justificadoras tintes
progresistas, e, incluso, propósitos históricos cuartotransformistas.
A Fernando Cortés de Brasdefer
De acuerdo con las encuestas, que arrojan un empate técnico, el energúmeno republicano tiene, al igual que su rival demócrata, algo así como 50 por ciento de probabilidades de ganar la elección. Volvería a la presidencia antecedido por un discurso renovadamente agresivo, racista y xenófobo, lo que hace temer a algunos que la política exterior de la superpotencia resultara desastrosa para nuestro país: desde la imposición de aranceles delirantes a todas las exportaciones mexicanas hasta una intervención militar con el pretexto de combatir a los bad boys, que en este escenario vendrían a ser las organizaciones del narcotráfico.
Pero, a juzgar por los antecedentes de su primer periodo (2017-2021), las promesas, o mejor dicho las amenazas de Trump en campaña guardan poca relación con sus actos en la Oficina Oval.
Ciertamente, hubo una circunstancia particularmente crítica en la
relación bilateral, entre mayo y junio de 2019, cuando aún o se firmaba
el T-MEC y el magnate amenazó con sancionar las importaciones
procedentes de México con impuestos graduales de 5 a 25 por ciento, si
nuestro país no detenía el flujo de migrantes indocumentados que se
origina en, o pasa por, nuestro territorio. Andrés Manuel López Obrador
consiguió sentar a Washington a una mesa de diálogo, no sin antes
preparar un conjunto de contramedidas por si el diálogo fracasaba. A la
postre, México cedió en reforzar los controles migratorios, rechazó el
estatuto de tercer país seguro
que le demandaba Trump y éste
retiró su amenaza arancelaria, aunque ignoró la propuesta mexicana de
combatir la migración mediante acciones para el desarrollo y el
bienestar en los países y regiones de origen del flujo humano, pero la
Casa Blanca fue abandonando discretamente la idea de cercar la frontera
común.
Fuera de eso, la relación se mantuvo en términos armónicos hasta el
fin del periodo trumpista, e incluso hubo notorias acciones de
cooperación y ayuda mutua en materia de estabilización petrolera y de
recursos para enfrentar la pandemia de covid-19. Lo de menos es que a posteriori el republicano se jactase de que AMLO le concedió todo lo que quería
,
o que los comentócratas de la reacción mexicana inventasen toda suerte
de versiones apocalípticas sobre un inminente desastre en los vínculos
bilaterales. En realidad, por buenas o malas razones, la presidencia de
Trump se caracterizó por ser una de las menos injerencistas en la
historia de ambos países, lo que para el nuestro representó un
inestimable respiro.
Ahora Trump –que podrá ser muy perverso, pero no tonto– amenaza con forzar una suerte de deslocalización
de las empresas estadunidenses que han trasladado a México parte o la
totalidad de sus procesos productivos, pero sabe perfectamente que una
política semejante sería desastrosa para la economía, la competitividad,
el empleo y el consumo en el propio Estados Unidos. Sus amenazas en
este sentido son demagogia electoral y poco más.
El segundo escenario parece ser el menos probable, porque para
neutralizar las tentaciones la inconformidad trumpista se requeriría que
Harris se impusiera sobre su rival por un amplio margen. En todo caso,
de concretarse podría significar para México cuatro años más de un
gobierno de buenas intenciones, discurso bonito
y activo intervencionismo, como lo han sido siempre las presidencias emanadas de ese partido.
En uno u otro caso, la integración económica proseguiría su curso independientemente de quién se encuentre en la Casa Blanca; no parece probable que Trump abrigue seriamente la intención de modificar el T-MEC de manera sustancial, y Harris, menos.
El mayor peligro para México es el de una violencia política descontrolada en el país vecino, que podría ser el fruto de un triunfo electoral de la actual vicepresidenta que su rival se niegue a reconocer. Es muy grande el subconjunto formado por el trumpismo más fanático y el universo de poseedores de armas de alto poder. Los sucesos de enero de 2021 en el Capitolio de Washington prefiguran lo que podría ocurrir en una escala mucho mayor cuando 40 por ciento del electorado no confía en la imparcialidad del sistema electoral, está convencido de que Harris sólo puede ganar mediante un fraude, y está, para colmo, dispuesto a reventar la institucionalidad del país. En ese escenario, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía vecina (y, por tanto, para la nacional) y desestabilizar la frontera en una forma hasta ahora inimaginable, con miles de migrantes estadunidenses buscando refugio en México.
No esperemos que nos toque la violencia para que participemos [...]. Si no nos organizamos, si no nos levantamos, el crimen organizado entrará a los pueblos y entonces ya no podríamos sacarlos.
Nadie se imaginaría que a poco más de un mes, el pasado domingo 20 de octubre, un hombre le arrebataría la vida. El crimen fue, como la inmensa mayoría, despiadado, inhumano, violento y doloroso; lo acribillaron a escasos metros de la iglesia en la que acababa de oficiar misa, a plena luz del día y con feligreses aún saliendo del recinto.
Los disparos asustaron y a la vez alertaron a pobladores, quienes se encontraban cerca, al darse cuenta de quién había sido la víctima, corrieron a auxiliarlo, pero fue en vano. A pesar de que el padre Marcelo logró arrancar su camioneta y hacerla avanzar, alrededor de las 9 de la mañana del pasado domingo, las amenazas que le habían proclamado desde hace nueve años se cumplieron.
De origen tsotsil, el padre Marcelo se convirtió en uno de los primeros sacerdotes indígenas; fue ordenado por su amigo y mentor el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, en 2022; y aunque se le acusó infamemente en diversas ocasiones de ser el promotor del levantamiento del grupo armado Los Machetes y de la desaparición de 19 personas, las aseveraciones fueron rechazadas de manera rotunda por la comunidad, colaboradores y compañeros de la Iglesia.
Fue bien sabido que desde 2015 se encontraba amenazado; sin embargo, aludió que, a pesar de que su vida podía tener precio, jamás dejaría de luchar y cumplió su promesa, jamás dejó su ministerio, su fe se afianzó en un ideal de paz que no llegó a ver.
Hoy, aun cuando el dolor embarga a Chiapas y la impotencia colma al pueblo de México, su valentía debe convertirse en un pilar que nos impulse a seguir luchando por una cultura de paz, sobre todo ante un país afectado por las constantes violaciones a los derechos humanos, angustiado por la crueldad de las acciones del narcotráfico y dividido ante la cuestionada incapacidad de las instituciones de seguridad.
El padre Marcelo fue, desafortunadamente, siempre consciente de la
incomodidad que causaba entre los grupos de poder y las bandas
criminales, pero durante más de 20 años se dedicó con ahínco, compromiso
y lealtad a defender los derechos humanos, a buscar detener la
violencia y a ser mediador y promotor de la paz; durante su funeral uno
de los catequistas mencionó: Lo mataron por haber denunciado las
injusticias en los pueblos, por haber alzado la voz por la violencia
perpetrada por el crimen organizado y por el Estado mexicano, por
denunciar los desplazamientos forzados y los encarcelamientos injustos y
los asesinatos
.
Este crimen se ha convertido en un punto de inflexión, el cual nos recuerda lo sucedido en 2022, cuando asesinaron a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, en Cerocahui, Chihuahua, lo que nos habla de un incesante tratar de silenciar a quienes han levantado la voz, quienes han sido un ejemplo vivo de compromiso con los más necesitados y quienes han practicado un verdadero amor al prójimo.
No se puede perder de vista que estados del país se encuentran acribillados por el narcotráfico y el crimen; sin embargo, el caso de algunos en particular como Guanajuato, Chiapas, Sinaloa y Guerrero merecen análisis puntuales. No olvidemos que la muerte del padre Marcelo quizá incentive significativamente la cada vez más evidente presencia de confrontaciones que desde 2021 vienen configurándose como una posibilidad que costará miles de vidas.
La indignación ha sido evidente. Instituciones en México, como la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, el Congreso Nacional Indígena y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas realizaron pronunciamientos que condenaron el abandono en que se encuentra Chiapas y la manera descarada en que el crimen se ha incrustado en la entidad, todo bajo la inacción del Estado.
Pero, además, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó el asesinato, así como la delegación de la Unión Europea, Noruega y Suiza expresaron sus condolencias e instaron a las autoridades a llevar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz; en una reunión del Sínodo de la Sinodalidad, el martes 22 se realizó una oración por el espíritu del padre Marcelo; en ésta se encontraba el Papa Francisco, enterado del terrible crimen.
El día 22 también se realizó una misa de cuerpo presente ante unas 3 mil personas, quienes con evidente dolor caminaron por las calles de San Andrés Larráinzar, el pueblo natal del sacerdote. Este día, como una endeble respuesta a la indignación, las autoridades informaron sobre la detención del presunto autor material del crimen.
El tema sobre la situación de Chiapas es amplio, pero hoy basemos
nuestra búsqueda de una realidad que parece alejarse cada vez más en las
palabras del padre Marcelo: Lo que busco es la paz para el pueblo. Y la paz es más grande que la muerte, que las amenazas, que la vida
.
* Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
¿A qué se debería tal contento? Simple, la jurisdicción universal es un principio jurídico que permite a un Estado juzgar a personas por delitos internacionales, sin importar la nacionalidad de los involucrados o dónde se cometieron.
Este principio se aplica a crímenes que se consideran peligro para la comunidad internacional, como los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad, tortura. Don Marko simplemente plantea aumentar una causal sin conocer efectos.
Siendo el terrorismo un delito internacional que se persigue legalmente por cualquier país que se ostente como víctima, la clasificación propuesta por Marko legalizaría la entrada a cualquier parte de territorio mexicano a fuerzas militares de Estados Unidos en persecución de supuestos delincuentes.
Sería una nueva versión hoy legalizada de la Expedición Punitiva de 1916 para apresar a Francisco Villa, de la captura del doctor Humberto Álvarez Machaín en 1990 o de la reciente aprehensión y traslado a aquel país de Ismael El Mayo Zambada.
Para más claridad, sería aplaudir la increíble invasión aérea de Panamá por la 101 División Aerotransportada de EU, ordenada por el presidente George H. W. Bush en 1989 para detener a un supuesto narcotraficante, el presidente de aquel país, Manuel Antonio Noriega. ¡Lo apresaron, se fueron con su presa y dejaron al pueblo panameño con la boca abierta y sus miles de muertos tirados en las calles!
Ante estos hechos está claro que el señor Marko, si no es tonto, parece. Puede también ser algo peor: un despatriado que está planteando que sea correcto renunciar a los principios de soberanía, seguridad y defensa nacionales. ¿Cómo y a cambio de qué se puede asumir tal actitud?
La razón por la que los estadunidenses reviven la idea está relacionada con las muertes que ha causado la fácil distribución del fentanilo y su uso, lo que llevaría, según ellos, a considerar que los narcotraficantes mexicanos caen en la novedosa propuesta.
El narcotráfico y conductas asociadas han alcanzado tales grados de organización y capacidad de violencia que, a juicio de muchos, ya no pueden ser combatidos como una organización punible convencional; esta es la base de la propuesta de Cortés.
Favorablemente el terrorismo no ha tenido manifestaciones en nuestro país; sin embargo, la expansión de esta forma de reivindicaciones políticas, religiosas, fundamentalistas o simplemente criminales está mundialmente al alza y debería ser estudiada para conocer las posibilidades de que ante ciertas circunstancias se concretara en México.
Ejemplos de organizaciones abiertamente terroristas, con reconocimiento internacional de ese carácter han sido: las FARC, Al Qaeda, FLN, Sendero Luminoso, Hezbollah, ERI o ETA. En México, venturosamente no se ha dado ese tipo de riesgo, porque no estaríamos preparados realmente para enfrentarlo, sería una conmoción nacional.
Por décadas, el gobierno de México decidió olvidar el estudio del tema desde el punto de vista de la seguridad nacional. Lo cree ajeno, remoto, tema sólo de lo noticioso. No hay realmente dentro de sus instituciones corresponsables la que sustentara una hipótesis seria sobre los riesgos que implicaría para México cualquier expresión de ese crimen.
En su caso, qué perfiles se esperan de los posibles actos terroristas nacionales, en qué segmento social o geográfico podrían darse, cuándo o estimulados por qué. Hay una omisión muy seria, una ausencia de gestión de inteligencia estratégica.
Pese al amplio reconocimiento de la necesidad de un acuerdo
internacional, no ha sido posible alcanzar un consenso sobre la
definición de terrorismo. Ni siquiera nos hemos asociado al primer
intento de definición que fue en 1937, aún en tiempos de la Sociedad de
Naciones, hoy ONU, cuando se señaló: Cualquier acto criminal dirigido
contra un Estado y encaminado a o calculado para crear un estado de
terror en las mentes de personas particulares, de un grupo de personas o
del público en general
.
Puede resultar desastroso que nuestras autoridades, tan propensas a la autojustificación, siguieran en la línea absurda de no aprender de lo que sucede en Medio Oriente, estén siempre predispuestas a asegurar que todo va bien, que quienes no piensen como ellas son alarmistas, que estamos perfectamente preparados para todo.
Este espacio de reflexión sería propio para el multilegislador Markito y no simplezas de que otros (siempre EU) vengan a dizque resolver nuestros problemas, ni pensar la dimensión del efecto que sería demoledor. La preocupación es sólida desde la interpretación de EU y sólida, si aquí se pensaran las cosas en serio.
Me da mucho gusto que fuera electa directora de la facultad. Su abuelo, hombre sabio, me hablaba tiernamente de su brillantez.
Tomo del plan de trabajo de la doctora Campillo desarrollos a realizar durante su periodo como directora. Destacan las labores que desempeñan los sicólogos mexicanos fundamentales en las esferas de nuestra sociedad. Establecimiento de vínculos con la sociedad, entender sus circunstancias, en una formación integral y contar competencias y habilidades, así como plantear soluciones y alternativas vanguardistas, y la construcción de una mejor sociedad en que la salud mental juega un papel trascendental.
La Facultad de Sicología es reconocida a escala nacional e internacional por su excelencia académica, aportaciones en la formación de profesionales, calidad de sus investigaciones y desempeño profesional de egresadas y egresados.
La facultad universitaria, conformada en su mayoría por mujeres (más de 70 por ciento del total de la población, 4 mil 248 estudiantes de licenciatura y 409 de posgrado).
Es importante reflexionar sobre las problemáticas, necesidades específicas y áreas de oportunidad actuales de la facultad, con el fin de plantear soluciones para un desarrollo sostenible.
La doctora Campillo presenta a continuación los retos a resolver: enriquecer el tejido social, actualizar el plan de estudios, trabajar de forma integral en los factores que inciden en la reprobación y el rezago y desarrollar herramientas digitales que faciliten la comunicación.
El plan de trabajo se organizará en seis ejes estratégicos que se basan en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 del rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas.
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