No queremos un emperador, responde Lula a Trump // Aplazan la agonía a Vector, Intercam y CIBanco // Millones en publicidad a Lady Racista
presidente. Lo es, sin duda, del Grupo Salinas, un consorcio empresarial en el que es dominante su propio voto, presumiblemente suficiente para definir el resultado y asignarse la condición de
presidente, ya sea de consejos de administración o del grupo en general.
Presidente, pues, de sí mismo, de sus empresas y sus afanes, de un ámbito privado restringido y manipulable a voluntad de dueño, pero nunca equiparable con la condición constitucional de Presidente de la República, máximo cargo público que es electo por decenas de millones de personas y que debe buscar no el lucro sino el genuino servicio a la colectividad, sin abonos chiquitos ni vocación de agiotismo.
Ansioso por darse tratamiento presidencial (de la misma manera en que en su cuenta de X se concede a su arbitrio el título de don
o se hace llamar tío Richie
),
Salinas Pliego inició de esa manera esperpéntica su respuesta a lo
dicho en la Mañanera por la presidenta Sheinbaum, electa no por un
puñado de capitalistas integrantes de algún consejo de administración,
sino por casi 36 millones de mexicanos, y conductora de un proceso de
transformación que, con sus claroscuros, ha ganado en elecciones la gran
mayoría de los puestos públicos de poder.
Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente
, postuló el empresario que para hacerse de lo que luego sería Televisión Azteca recibió un préstamo
a la palabra de casi 29 millones de dólares de Raúl, el siniestro
hermano de Carlos Salinas de Gortari que le asignó Imevisión. El texto
del Don-TíoRichie-Presidente (DonTiRiPre) es un alegato diseñado para
construirse un sitial como víctima, no como victimario.
Dolorosa historia de este presidente de sí mismo que se pinta como un
personaje perseguido por poderes malvados que le endilgan conductas
empresariales gandallísimas y posteos personales obscenos y misóginos
cuando lo único que él desea en el mundo, y en la sucursal
México-Elektra-Itálica (entre otras marcas), es que reine la libertad de
enriquecimiento individual salvaje a costa de la colectividad y que
vuelvan al poder los gobiernícolas
buenos que tantos negocios y
contratos le concedieron y que no insistían injustamente en cobrarle
impuestos y conexos hasta por 74 mil millones de pesos. ¡Habráse visto
tanta perversidad!
Y, claro, la prosa de elegancia sin par que ha disparado el presidente sirviente de sí mismo (presirviente) contra Citlalli Hernández durante largo tiempo, al igual que contra Sabina Berman, Denise Dresser y ahora Vanessa Romero, queda relegada en el memorial de liviandad moral, ofendido ofensor, victimario con coartadas de víctima. Todo sea por aparentar un autodestape con miras a 2030, en presunta venganza electoral por un cobro de impuestos que parece inminente e inevitable.
Porque, en realidad, lo que subyace en la extravagancia neosalinista es la intención de explorar y potenciar las posibilidades de ser candidato presidencial de quien se hizo de lo que ahora se denomina ADN 40 mediante un golpe de fuerza, física, legal y política. Salinas Pliego trata de convertirse en abanderado de la decadente oposición mexicana y de la corriente mileista-trumpista con ramificaciones en México (el neocristero Eduardo Verástegui como enlace), con la bandera de perseguido político y fiscal, de damnificado y mártir a causa de la 4T y con el respaldo de sus concesiones televisivas convertidas en voceros de campañas y desahogo de resentimientos.
Y, mientras Enrique Peña Nieto ve sumirse su más reciente escándalo de corrupción en el acumulado diario de nuevos escándalos que hacen olvidar los anteriores, ¡hasta mañana, con la Corte ordenando a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que retire material auditivo en redes que implicaba a Alito Moreno y Ricardo Monreal en pláticas privadas!
X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
Oficialmente, el de los abonos chiquitos e intereses de agio adeuda 74 mil millones de pesos en impuestos, multas, recargos, actualizaciones y conexos (algo así como 3 mil 895 millones de dólares al tipo de cambio de esta fecha, un monto equivalente a casi 80 por ciento de la fortuna que Forbes le atribuyó al cierre de 2024).
Es claro que en este culebrón el problema nunca fue la falta de
dinero, sino, simplemente, su caprichosa decisión de no pagar, de
incumplir con sus responsabilidad fiscal, y para proceder así contrató
un ejército de abogados, fiscalistas e impartidores de justicia
(siempre $erviciales en juzgados, tribunales y Suprema Corte), sin
olvidar el descarado uso de una concesión pública para litigar y
destrozar la imagen pública de quien ose llevarle la contraria, que para
eso cuenta con una banda de pandilleros a sueldo, disfrazada de periodistas
.
La Jornada (Dora Villanueva) actualiza la información: Tv Azteca,
controlada por el empresario, Ricardo Salinas Pliego, perdió en segunda
instancia un recurso que había interpuesto contra el pago del impuesto
sobre la renta (ISR), correspondiente al ejercicio 2009. De manera
preliminar, si el caso no es turnado a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), la televisora deberá pagar alrededor de 3 mil 500
millones de pesos. El asunto se discutió en el décimo tercer tribunal
colegiado en materia administrativa del primer circuito el 8 de julio;
ahí, por mayoría de votos se resolvió que no procedía el amparo
promovido por la televisora, por lo que deberá pagar los impuestos que
se arrastran desde hace 16 años
. Y como ésta, caen las demás impugnaciones, amparos y demás circo mediático del Tío Richi.
En la mañanera de ayer, la presidenta Sheinbaum retomó el caso del evasor Salinas Pliego: ¿qué
es lo que está en el fondo? (de su campaña mediática). Pues que no
quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Entonces, le
busca por aquí, le busca por allá, y que él va a combatir a la 4T y a la
Presidenta; pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos
. También se
refirió al más reciente embate mediático del empresaurio y su pandilla
contra tres mujeres periodistas: “toda mi solidaridad a Sabina, a
Vanessa, incluso a Denise Dresser, y miren que no coincidimos en casi
nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta
persona se dirige, con una misoginia, un machismo, un… Terrible. Y tiene
que ser un asunto social, no sólo de la Presidenta, porque no puede ser
la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no…
Ya ahorita seguro está ya tuiteando”.
Y, sí, Salinas Pliego es tan predecible que tras la declaración de la mandataria de inmediato a la red X subió lo siguiente, con música de violín de fondo: “presidenta Sheinbaum, hoy me obliga de nuevo a responderle de presidente a presidente (¡claro!, es exactamente lo mismo: serlo de una empresa o de una República). No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres ‘escritoras’ –financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme– me obligan a responder: ¿usted sólo se solidariza con quienes están de su lado? He enfrentado ataques sistemáticos, calumnias y juicios mediáticos orquestados por su gobierno. ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos?”
Y si a estas alturas alguien dudara de su exacerbado cinismo, el escrito que subió a la red X lo ubica en su exacta dimensión: deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos
. ¡Y debe 74 mil millones de pesos… en impuestos!
En fin, el culebrón fiscal está por concluir, aunque en esta ocasión el esperpéntico Tío Richi no tendrá a la mano un Fobaproa que lo rescate
ni una Suprema Corte que lo proteja. Mejor que consulte a un siquiatra.
Las rebanadas del pastel
Dice la FGR que se investiga a Enrique Peña Nieto por el caso Pegasus, pero ¿nada más por eso?, porque el copetón y su banda de rufianes tiene un interminable historial de atracos. Entonces, que la Fiscalía abra el abanico, que el de Peña es más grande que el de una sevillana. ¡Ole!
el estado poético, del cual se parte para acceder al poema o al cual por éste, el poema, durante su escritura (vuelta convocación) se llega. El poema, si en verdad poema –es otra opinión personal– o se hace desde ese estado o hace que tal estado surja en quien escribe –y el escritor entonces se intuye o reconoce poeta, probablemente innominado, ser sin historia pero sí, si así puede decirse, con destino, un destino (sonará exagerado, mas la experiencia es por lo menos un acercamiento a lo aquí señalado) universal. Del destino universal de cada hombre, de cada persona, mejor dicho, dan cuenta los poemas. Y no sólo, quede claro, hablamos de autores, sino de lectores. Gracias a la experiencia del autor recogida en el poema al lector le es posible experimentar, proponemos que esencial aunque vicariamente, el suceso motor desencadenante del poema en cuestión. Hemos dicho
poema; podríamos decir
obra de arte. Hemos dicho
lector; bien podríamos haber dicho
receptor.
Hay quienes ven en el estado poético, de alguna manera estado de inspiración (palabra un tanto problemática que no obstante algo
sin duda nombra), un estado alterado de conciencia. Gusto de pensar en
él como justamente lo contrario, un estado (no alterado) de nítida
conciencia. Sabrá Dios, pero expuestos como estamos a diario a tantas
distracciones, prefiero ver en lo que otros llamarían un estado
inspirado un fenómeno de límpida atención a lo pertinente de nuestra
existencia. Me aventuro a identificar aquí, y espero que no tan
aventuradamente, las voces pertinencia
y trascendencia
.
Experimentar, si ello fuese posible, el destino universal del
hombre, de cada persona, es cosa no indispensablemente de artistas.
Quiero creer que no hay quien no haya vivido al menos alguna vez la
sensación rimbaudiana de yo soy otro
, no quien me dicen, no quien me digo. Salgo de mí para llegar a mí. Soy con lo que es
. De eso, hablando en plata o yendo a fondo, habla todo poema.
Todo poema no es sino un estado poético vuelto palabra o encontrado gracias a ésta; palabra en imagen, palabra en imágenes. Imagen de un estado poético todo poema entonces. Y algo más: experiencia transmitida, al papel, al lector, al auditorio.
en diplomacia no se hace política por redes sociales, sino mediante comunicaciones oficiales. Por último, el inquilino de la Casa Blanca envió cartas a Filipinas, Brunéi, Moldavia, Argelia, Libia, Irak y Sri Lanka para notificarles que serán sujetos a tarifas de hasta 30 por ciento.
Fuera de la trama arancelaria, Trump acusó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de decir “pendejadas ( bullshit)” y lo amenazó con una nueva ronda de sanciones por no plegarse a la OTAN en el conflicto con Ucrania, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció represalias contra la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, por su valentía en denunciar el genocidio perpetrado por Tel Aviv y Washington contra el pueblo palestino, y en exhibir a las empresas que lucran con la limpieza étnica.
En conjunto, la andanada de agresiones lanzada por el trumpismo en el transcurso de unas horas muestra las alarmantes contradicciones entre los fines que éste dice perseguir y las políticas que despliega para lograrlos, así como entre el erosionado poder global de Estados Unidos y la omnipotencia que su presidente cree disponer. En cuanto al delirio trumpiano de que puede reconfigurar el comercio global y los equilibrios geopolíticos mediante aranceles, está claro que al magnate no le importa si los mismos son ilegales y arbitrarios, pero haría bien en darse cuenta de hasta qué punto resultan contraproducentes: es un sinsentido, por ejemplo, gravar un mineral estratégico como el cobre cuando supuestamente se persigue una reindustrialización acelerada; en lo inmediato, los precios de esa materia prima, de la que la superpotencia produce apenas la mitad de lo que consume, se dispararon en las bolsas de valores, lo que agrega un impulso inflacionario a su economía.
Más incomprensible es el castigo al modesto comercio con Irak: Washington gastó cientos de miles de millones de dólares de dinero público en destruir, conquistar y colonizar esa nación árabe a fin de que las grandes petroleras occidentales controlaran sus hidrocarburos, pero ahora Trump impondrá aranceles al botín de guerra, como si los beneficiados del saqueo fueran los iraquíes y no Estados Unidos. Lo mismo cabe decir respecto a Libia. La paradoja de este comportamiento es que Washington despliega el comportamiento más descarnadamente imperialista en más de un siglo en el momento en que su poder sufre una declinación histórica, sin dominio sobre el comercio, sin la incontestable primacía tecnológica que marcó su cenit, con una moneda en declive estructural y una economía que sacrifica 99 por ciento de la población para nutrir a una oligarquía insaciable.
El declive material va de la mano con la bancarrota moral e institucional de un país cuyo presidente dice abiertamente que no sabe si está obligado o no a respetar la Constitución, una Suprema Corte que convierte al titular del Ejecutivo en inimputable –a semejanza de los monarcas totalitarios–, una administración que pone todas sus capacidades al servicio del genocidio y un Estado que envía migrantes a campos de concentración.
A medida que se ahondan las brechas entre la belicosidad estadunidense y su hegemonía quebrada y entre su autopercepción como guardiana de la democracia y su conversión al totalitarismo, se hace evidente que la contradicción lleva a la todavía superpotencia a un desastre de proporciones inéditas. Lamentablemente, la caída estrepitosa y desordenada de Estados Unidos no es una buena noticia para nadie, pues conllevaría una desestabilización económica y política frente a la que casi ningún país puede considerarse blindado.
Apoyo a la profesora despedida de la Universidad Centro
En sus páginas se percibe claramente lo que fue el liberalismo en México y, por tanto, la comprensión del neoliberalismo de hoy. La injusticia en la tenencia de la tierra y en la distribución del agua en el campo y en las ciudades las explica por un fenómeno que bien conocemos: la concentración de la riqueza y el poder en una élite. Con toda propiedad la llama: monopolización.
La Ley Lerdo de 1856 fracturó el régimen comunal de la organización
social y económica de los campesinos mediante el despojo a que dio lugar
la liberalización de la tenencia de la tierra y la conversión de los
agricultores comunales en jornaleros sujetos a los hacendados –la
mayoría extranjeros– posesionados de superficies sin confín a la vista.
El uso y abuso de la tierra actualizó la época de la colonia donde,
según Wistano Luis Orozco ( Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos), a quien cita Molina Enríquez, propietario fue sinónimo de vencedor y propiedad sinónimo de violencia
.
A la agricultura se la orientó hacia la exportación, minando así la
producción de granos y, como consecuencia, la suficiencia alimentaria,
la soberanía y la estabilidad social.
El sociólogo explica que “la expropiación y el ultraje son el barómetro que aumenta y jamás disminuye la insaciable codicia de algunos hacendados: […] se posesionan, ya de los terrenos de particulares, ya de los ejidos o de los de comunidades, y luego con el descaro más inaudito alegan propiedad, sin presentar un título legal de adquisición, motivo bastante para que los pueblos en general clamen justicia, protección, amparo; pero sordos los tribunales a sus clamores y a sus pedidos, el desprecio, la persecución y el encarcelamiento, es lo que se da en premio a los que reclaman lo suyo”.
La agricultura no podía comprenderse sin el agua. El acaparamiento de
las mejores tierras era, paralelamente, el de los llamados distritos de riego
. Y en las ciudades lo mismo que en el campo. Molina señalaba entonces 100 ciudades con sed
donde la escasez del agua potable afectaba, en mayor medida, a las clases populares y los sectores más vulnerables.
Más de un siglo después, una revolución, dos considerables reformas –la de Cárdenas y la de López Obrador– y hasta la actualización del libro de Molina Enríquez por Samuel Schmidt en un título idéntico, la lucha por el agua y la tierra sigue dividiendo el interés de las comunidades campesinas, no pocas de las indígenas, y el de los grandes usufructuarios de ambos bienes considerados ahora propiedad de la nación. Una propiedad cuyo correlato real, según la Constitución, pierde su materialidad y se convierte en una propiedad privada intocable y defendible por sobre el interés general en episodios donde las instituciones responsables y los cuerpos de seguridad a su servicio se muestran feroces guardianes del interés empresarial. En ciertos casos extremos, los guardias rurales de antes son en nuestros días guardias blancas en disfraz de policía con placa oficial y hasta uniforme militar del Ejército Mexicano.
El individuo es la síntesis de las relaciones sociales de
producción –como veía Marx– y se puede llamar, para el ejemplo, Renato
Romero Camacho, hombre cuya condición es la pobreza y cuyo temple es el
del irreductible luchador social en defensa del acceso al agua de las
comunidades campesinas de Puebla. Ha sido asediado, amenazado de muerte,
golpeado, encarcelado y arbitrariamente enjuiciado por supuestos daños a
la empresa Concesiones Integrales, una de las favorecidas por Agua de
Puebla para Todos (modelo de negocio
, dice su publicidad). El
gobierno morenista de Puebla dice gobernar para todos y otro tanto hace
el de la Federación. Y es cierto: sus cuidados sustanciales concentran
el poder y la riqueza en uno por ciento de la población, y dejan para el
restante 99 lo que quede. En el discurso y la foto no se nota la
diferencia.
Ese asedio, prepotencia, arbitrariedades y agresiones de las autoridades, en contubernio con empresas locales y trasnacionales, las sufren cotidianamente las comunidades chiapanecas organizadas en el EZLN, las de Oaxaca, estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, la Laguna y de la mayoría de estados y regiones del país.
Tras la contrarreforma agraria de Salinas ocurrió algo semejante que con la Ley Lerdo: la concentración de las mejores tierras en pocas familias, la conversión de ejidatarios en jornaleros sometidos a los neolatifundistas, la expulsión de 15 millones de campesinos y la reorientación agrícola de inspiración porfiriana, con sus mismos efectos: fragilización de la soberanía alimentaria y política e inestabilidad social.
También ha habido un oprobioso agregado: las obesas concesiones
mineras. Hoy les está concesionada a los señores de minas la quinta
parte del territorio nacional. Sólo dos de ellos (Bailleres y Larrea)
concentran 3 millones de hectáreas. En 70 años, y hasta la reforma de la
ley minera de Salinas, las hectáreas concesionadas sumaban menos de 13
mil. Tal reforma consideró a la minera una propiedad superior a cualquier otra
, incluso al grado de obtener el concesionario la expropiación ( La Jornada, 6/4/15).
Nadie se asombre si la impunidad de los señores de minas rima con extraterritorialidad.
Estos ideales dieron origen al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 y principal tratado sobre derechos de las mujeres. En América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) convocó la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que sesionó por primera vez en 1977 en La Habana y lo ha hecho de forma ininterrumpida desde entonces. La región es única al contar con un foro intergubernamental en el seno de Naciones Unidas que ha aportado soluciones para enfrentar los nudos estructurales de la desigualdad de género y ha promovido medidas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva, así como los derechos y la autonomía de las mujeres en toda su diversidad.
Desde entonces, los países de la región han registrado avances importantes. Han ratificado la CEDAW, han incorporado la igualdad en sus marcos normativos, creado mecanismos y políticas de igualdad, y roto el silencio estadístico mediante la producción de información oficial con perspectiva de género. También han logrado la paridad en educación.
Sin embargo, la igualdad sustantiva en los hechos es aún una aspiración. Los avances han sido lentos y desiguales entre países y entre las distintas dimensiones de la autonomía de las mujeres. La mitad de ellas en la región está fuera del mercado laboral. La pobreza tiene rostro de mujer, de mujer joven, indígena, migrante o afrodescendiente. Además, las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Así, sostienen la economía y la vida, limitando su participación plena en la sociedad.
En este contexto, América Latina y el Caribe han reconocido el cuidado como una necesidad, un trabajo esencial, un derecho humano, un bien público y un sector económico clave. Desde la Cepal hemos propuesto un cambio de paradigma: transitar hacia una sociedad del cuidado que priorice la sostenibilidad de la vida y del planeta. Este planteamiento es hoy un acuerdo regional, un horizonte común y una contribución de América Latina y el Caribe a las políticas locales, nacionales y a los debates mundiales.
La prioridad ahora es acelerar el paso, saldar la deuda histórica con la igualdad y hacer realidad los compromisos asumidos. Queremos recoger la memoria y la acción colectiva hacia un futuro mejor en la decimosexta Conferencia Regional sobre la Mujer, que se celebrará en agosto en Tlatelolco, Ciudad de México. Allí se abordarán las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para avanzar hacia la sociedad del cuidado y la igualdad de género. Por primera vez, una mujer Presidenta, la primera en México, recibe esta reunión intergubernamental.
A medio siglo de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, imagino una gran trenza de cuidados tejida desde las comunidades hasta los espacios globales. Impulsar la sociedad del cuidado hoy es responder a la demanda histórica con acción colectiva, sembrar esperanza en tiempos de incertidumbre, afirmar que otro desarrollo es posible, con igualdad, desarrollo y paz para toda la humanidad, y con el cuidado en el centro.
* Directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal
Hasta que la dignidad se haga costumbre, que desde entonces se ha repetido a lo largo y ancho de América Latina como expresión de la lucha por la justicia que se encarna en innumerables personas y organizaciones comprometidas con los derechos humanos desde el acompañamiento y la articulación de la sociedad civil; una de ellas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que hace dos semanas celebró otro relevo en su dirección.
El Centro Prodh fue fundado en 1988 como un esfuerzo de la Compañía de Jesús en México por promover y proteger los derechos humanos en un contexto de alta movilización social y política. La creación de este centro de derechos humanos no puede explicarse sin reconocer el amplio conjunto de movimientos de la sociedad civil que desde la década de 1960 han impulsado en México y América Latina la agenda de exigibilidad en materia de justicia, igualdad, democratización y construcción de contrapesos en medio de procesos sociopolíticos de alta represión y persecución.
Los esfuerzos de la Iglesia católica por acompañar las causas de las mayorías populares fueron nutriendo poco a poco los cimientos sobre los que se levantaría el ecosistema de organizaciones de derechos humanos en nuestro país. Los dominicos y los jesuitas fueron órdenes pioneras en la materia con la creación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en 1984 y del referido Centro Prodh cuatro años más tarde. Desde entonces, la lucha por los derechos humanos en México se ha convertido no sólo en uno de los principales afluentes narrativos en materia de reivindicación de la justicia, sino en una fuerza impulsora de cambios estructurales que han permitido la democratización, el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y la promoción cultural y educativa en materia de derechos fundamentales, aun en tiempos de crispación social y erosión democrática, como hoy.
En sus casi 37 años de historia, el Centro Prodh ha acompañado casos
emblemáticos que han sentado antecedentes para modificar el actuar del
Estado y sus instituciones de justicia. Entre otros, destacan los casos
de campesinos ecologistas, Pasta de Conchos, la Guardería ABC, las
mujeres de Atenco, Ayotzinapa, gobierno espía
, o el ya referido
de las tres mujeres hñähñu, muchos de los cuales han derivado en
reformas en materia de acceso a la justicia y garantía de los derechos
humanos, así como en el establecimiento de medidas para la atención,
rehabilitación y reparación del daño; en el fortalecimiento de
mecanismos contra la tortura; en la atención institucional de la crisis
de desaparición que azota al país; en la creación de instancias para la
atención a víctimas, y en la búsqueda de personas, entre muchos otros
efectos. La propia reforma constitucional en materia de derechos humanos
de 2011 no puede explicarse sin el papel crucial que han desempeñado
los centros como el Prodh.
Aun a pesar de la gran tradición de lucha por la justicia de la que ha formado parte el Centro Prodh, hoy nuestro país atraviesa una realidad compleja marcada por la creciente militarización y el debilitamiento democrático. Ante la reforma del Poder Judicial que pone en duda la independencia de su ejercicio, ante el debilitamiento de organismos autónomos claves para la defensa y promoción de los derechos humanos, como la CNDH, frente a la creciente militarización que sexenio tras sexenio se va arraigando como el modo de proceder privilegiado por el Estado –no sólo en materia de seguridad– y ante los obstáculos que enfrentan para desempeñar su quehacer los organismos internacionales de derechos humanos en un contexto de polarización política global, podemos afirmar con certeza que hoy las sociedades en buena parte del mundo no cuentan con más y mejores plataformas de exigibilidad y cobertura de los derechos humanos.
En un país de víctimas como el nuestro, la agenda por los derechos humanos es indispensable para salvaguardar la dignidad de las personas afectadas por la crisis de violencia aquí y por las carencias institucionales para el acceso a la justicia. Hoy más que nunca la sociedad mexicana necesita organismos defensores de derechos humanos que caminen comprometidamente, junto a las víctimas, en la exigencia de verdad y justicia, de ahí la importancia de reivindicar el papel del Centro Prodh como una organización referente en la lucha y promoción de los derechos humanos del país.
En el marco de la asunción de la nueva dirección del Centro Prodh
desde el 27 de junio, aprovechamos este espacio para unirnos a las
muestras de reconocimiento que organizaciones y actores han hecho de la
gestión de Santiago Aguirre Espinosa al frente del Prodh durante los
últimos seis años. La labor del Centro Prodh durante su gestión honró su
compromiso de caminar junto a las víctimas en la intermediación con las
autoridades y en la construcción de condiciones de exigibilidad de
justicia, especialmente frente a la coyuntura de la crisis de
desaparición de nuestro país y de violaciones sistémicas de las
instancias de justicia a través la tortura y la prisión preventiva
injustificada. En el mismo sentido, saludamos la designación de María
Luisa Aguilar Rodríguez como nueva directora del Centro Prodh, cuyo
testimonio y trayectoria en la defensa y promoción de derechos humanos
la avalan para conducir al Centro Pro en la urgente tarea de construir
justicia en México de la mano de las víctimas. Estamos seguros de que su
liderazgo al frente del centro será un signo de esperanza y refrendará
la importancia de luchar por los derechos humanos hasta que la dignidad se haga costumbre
.
Las grietas ya eran visibles. Desde las invasiones de Irak y Afganistán, la intervención en Libia y la guerra en Ucrania, algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han banalizado el uso ilegal de la fuerza. La omisión ante el genocidio en Gaza representa una negación de los valores más fundamentales de la humanidad. La incapacidad para superar las diferencias fomenta una nueva escalada de violencia en Medio Oriente, cuyo capítulo más reciente incluye el ataque a Irán.
La ley del más fuerte también amenaza el sistema multilateral de comercio. Los aranceles masivos desorganizan las cadenas de valor y lanzan la economía mundial a una espiral de precios altos y estancamiento. La Organización Mundial del Comercio ha sido vaciada y nadie recuerda ya la Ronda de Desarrollo de Doha.
El colapso financiero de 2008 puso en evidencia el fracaso de la globalización neoliberal, pero el mundo siguió atado a la receta de la austeridad. La decisión de rescatar a los ultrarricos y a las grandes corporaciones a costa de los ciudadanos comunes y de los pequeños negocios profundizó las desigualdades. En los últimos 10 años, los 33.9 billones de dólares acumulados por el uno por ciento más rico del planeta equivalen a 22 veces los recursos necesarios para erradicar la pobreza en el mundo.
El estrangulamiento de la capacidad de acción del Estado ha llevado al descrédito de las instituciones. La insatisfacción se ha convertido en terreno fértil para las narrativas extremistas que amenazan la democracia y promueven el odio como proyecto político.
Muchos países han recortado programas de cooperación en lugar de redoblar esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030. Los recursos son insuficientes, su costo es elevado, el acceso es burocrático y las condiciones impuestas no respetan las realidades locales.
No se trata de caridad, sino de corregir disparidades que tienen raíces en siglos de explotación, injerencia y violencia contra los pueblos de América Latina y el Caribe, África y Asia. En un mundo con un PIB combinado de más de 100 billones de dólares, es inaceptable que más de 700 millones de personas sigan pasando hambre y viviendo sin electricidad ni agua potable.
Los países ricos son los principales responsables históricos de las emisiones de carbono, pero serán los países más pobres los que más sufrirán por el cambio climático. El año 2024 fue el más caluroso de la historia, lo que demuestra que la realidad avanza más rápido que el Acuerdo de París. Las obligaciones vinculantes del Protocolo de Kioto fueron remplazadas por compromisos voluntarios, y las promesas de financiamiento hechas en la COP15 de Copenhague –que preveían 100 mil millones de dólares anuales– nunca se concretaron. El reciente aumento del gasto militar anunciado por la OTAN hace que esa posibilidad sea aún más remota.
Los ataques a las instituciones internacionales ignoran los beneficios concretos que el sistema multilateral ha aportado a la vida de las personas. Si hoy la viruela está erradicada, la capa de ozono preservada y los derechos laborales aún se mantienen en gran parte del mundo, es gracias al esfuerzo de estas instituciones.
En tiempos de creciente polarización, expresiones como desglobalización
se han vuelto comunes. Pero es imposible desplanetizar
nuestra vida en común. No existen muros lo suficientemente altos como
para preservar islas de paz y prosperidad rodeadas de violencia y
miseria.
El mundo actual es muy distinto al de 1945. Han surgido nuevas fuerzas y se han impuesto nuevos desafíos. Si las organizaciones internacionales parecen ineficaces, es porque su estructura ya no refleja la realidad actual. Las acciones unilaterales y excluyentes se agravan ante el vacío de liderazgo colectivo. La solución a la crisis del multilateralismo no es abandonarlo, sino refundarlo sobre bases más justas e inclusivas.
Esta es la comprensión que Brasil –cuya vocación siempre ha sido la de contribuir a la cooperación entre las naciones– demostró durante su presidencia del G-20 el año pasado, y continúa demostrando este año en las presidencias del BRICS y la COP30: la de que es posible encontrar convergencias incluso en escenarios adversos.
Es urgente insistir en la diplomacia y refundar las estructuras de un verdadero multilateralismo, capaz de responder a los clamores de una humanidad que teme por su futuro. Sólo así dejaremos de ser testigos pasivos del aumento de la desigualdad, de la insensatez de las guerras y de la destrucción de nuestro propio planeta.
* Presidente de la República Federativa de Brasil
Lo que se percibe como el fin de la democracia en Estados Unidos en estos cinco meses, en realidad es parte de un largo proceso de crisis hegemónica. La nueva ley presupuestaria, que Trump resumió como “la mayor reducción de impuestos –a los ricos–, el mayor recorte de gasto público y la mayor inversión en seguridad fronteriza en la historia de EU”, presenta el rostro más inhumano de la guerra interna que dejará a millones de personas de todos los colores en situación de precariedad extrema y a muchos más en la mira de las autoridades migratorias .
Mientras Texas vivía una de sus mayores crisis humanitaria por las inundaciones súbitas que se cobraron la vida de muchos paseantes –fin de semana largo por la conmemoración de los 250 años de la Independencia de EU–, siendo lo más doloroso la muerte de muchas niñas y niños que estaban en campamentos de verano a las orillas del río Guadalupe, el cual en pocas horas aumento su caudal 9 metros, Trump promulgaba ese 4 de julio uno de los paquetes de leyes más retardatarios en la historia del país.
Uno de los puntos más controversiales de este paquete de leyes, a decir de Abel Fernández ( El País, 5/7/25), es
un presupuesto que convertirá de la noche a la mañana al Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la
agencia de seguridad federal mejor financiada en la historia de Estados
Unidos
. Según cálculos, se pretende un presupuesto sin precedente de más de 100 mil millones de dólares a esta policía. Algunas
previsiones cifran el total destinado a actividades de control
migratorio en 170 mil millones de dólares, más que el producto interno
bruto de muchos países
.
Esto contrasta con la brutal reducción del presupuesto –para salvar vidas– de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Por los huracanes Helene y Milton (2024) la agencia ha gastado casi la mitad de su presupuesto anual (2025) de ¡20 mil millones de dólares! por lo cual no tendrá recursos para ayudar a las comunidades afectadas en zonas de desastre (Jay Fonseca, YouTube, 10/10/24).
FEMA coordina la respuesta federal junto con otros organismos gubernamentales, estatales y locales para responder a catástrofes causadas por huracanes, inundaciones e incendios, no sólo asistiendo en labores de rescate y ayudando financieramente a los estados en esas emergencias, sino ayudando prioritariamente a las personas y familias al proveer ayuda financiera directa para satisfacer necesidades esenciales (ayudalegalpr.org), pero Trump busca terminar con esta importante función del Estado –y con FEMA– para dejar que cada entidad, sin personal calificado, ni adiestramiento ni presupuesto vea como enfrenta situaciones calamitosas.
Unos 2 mil empleados calificados de tiempo completo (un tercio de su
plantilla) han sido despedidos, con la pretensión de cortar casi 73 por
ciento de sus ingresos hasta lograr su casi desaparición, nombrando
personal sin experiencia en el manejo de desastres, sin contar con la
información vital para prevenir tragedias como la sufrida por Texas. A
pesar de que las autoridades no quieren asumir la responsabilidad por un
suceso que según Trump es algo inédito que sucede cada 100 años
,
(sic) en realidad son fenómenos más frecuentes, intensos y de mayor
duración precisamente por el cambio climático como lo ha venido
advirtiendo incansablemente la comunidad científica del orbe.
La tragedia de Texas demuestra que hay cada vez menos capacidad instalada para hacer las previsiones del tiempo. Científicos alertaron que Estados Unidos retrocede décadas en capacidad de monitoreo climático, lo que aunado a una consistente política negacionista hicieron que las alertas o no llegaran o fueran insuficientes para la evacuación inmediata por riesgo mortal.
Quedan claras las prioridades de Trump: el inusitado presupuesto militar que llegó a 997 mil millones de dólares, 37 por ciento del gasto militar mundial, el cual por su parte registra el mayor aumento desde el fin de la Guerra Fría (www.sipri.org, 25/4/25), junto con el uso del presupuesto de lo que queda del Estado para perseguir, cazar y confinar a indocumentados detenidos por su color de piel, confinados en virtuales campos de concentración en condiciones infrahumanas como en el llamado Alligator Alcatraz, un humedal rodeado de caimanes, y furiosos mosquitos. Otro firme y sostenido compromiso es con el capitalismo fósil, que pone fin con las de por si tibias políticas de protección ambiental en favor de la explotación omnicida del petróleo, gas y carbón.
Ante la exclusión nominal y discursiva, no fáctica, de los partidos electorales, los candidatos a jueces y magistrados debieron hacer sus campañas con sus propios recursos. Esta inversión y la importancia del cargo les da la posibilidad de recurrir anomalías tales como la presencia de acordeones, indicio de irrefutable de indicaciones para el electorado sobre qué candidatos debieron ser marcados, o las inconsistencias en los conteos. Puesto que no había partidos políticos para representar al electorado, éste también debió tener la posibilidad de solicitar el recuento voto a voto, frase señera del anterior presidente de la república cuando los resultados electorales no le fueron favorables como candidato de oposición.
Como se dijo aquí antes del hecho, el tribunal electoral del poder judicial de la federación convalidó la elección judicial bajo el argumento de que la ley no preveía la figura del recuento voto por voto (La Jornada, 5/07/2025). Los magistrados de este órgano evidenciaron su sometimiento al poder; ya lo habían hecho al permitir la sobrerrepresentación en las cámaras legislativas, entre otros. Si la elección judicial realmente fuera democrática, debería tener un recurso efectivo. La posibilidad de que algún candidato acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar la revisión del irregular procedimiento tampoco garantiza que se democratice y legitime a los nuevos juzgadores. La alarmante facilidad con que las autoridades mexicanas ignoran los señalamientos de la Comisión Interamericana está documentada (El Universal, 6/07/2025).
Algunos de los ganadores, trabajadores del poder judicial, unos vencedores de concursos de oposición cuando era el camino legal para acceder al cargo, cargarán con la mancha de la falta del debido recurso que sin duda beneficia a varios nuevos jueces sin experiencia para el cargo o relacionados con entidades religiosas o la delincuencia organizada (La Jornada, 6/07/2025). La democracia como ficción discursiva. Debida o no, la reforma judicial es un proyecto político. La visión legalista se sustituye por otros parámetros. Por lo pronto así está anunciado en temas indígenas: no importan las consecuencias ni las causas, debe favorecerse en las sentencias a los indígenas, aunque en los hechos sean otros los beneficiarios (La Jornada, 5/07/2025).
Esta mayor libertad se aprecia en el concepto de determinantes comerciales de la salud, que va más allá que el concepto de determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Los médicos sociales y aquellos vinculados a la salud colectiva podemos dar testimonio de la resistencia a este concepto, defendido y promovido con insistencia por Brasil, por parte de Margaret Chan, quien fue directora general de la OMS de 2006 a 2017. La noción de determinantes comerciales se define como: las actividades del sector privado que afectan directa o indirectamente, sea positiva o negativamente, la salud de la población, pero en particular a los y las jóvenes, como lo explica un análisis publicado por la CEE-FIOCRUZ.
Las mercancías perniciosas agravan, además, las desigualdades económicas, sociales y raciales ya existentes. También juegan un papel las relaciones de fuerza anteriormente existentes, ya que los pequeños países en desarrollo tienen mayores problemas de resistir las presiones de las grandes trasnacionales. El texto enfatiza además que existen acciones eficaces de salud pública para responder a estos determinantes y es necesario aplicarlos para una reconstrucción más justa y saludable después de la pandemia por covid-19.
Resulta revelador que la OMS retoma el concepto de determinantes
después de esta epidemia, ya que permite ubicar las causas fuera de la sociedad en un fenómeno natural biológico
. Es también significativo que este organismo vuelve a recordar la definición de los determinantes sociales como las
condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y
envejecen y sufren las influencias de las fuerzas económicas, políticas
y sociales
. Es de recordar que esta declaración fue sujeta a una
discusión intensa, para que no sonara como una declaración inoportuna en
el contexto de la reciente caída del muro de Berlín.
La noción de los determinantes comerciales puede entenderse como un elemento clave, ya que representa el impacto de la lógica del mercado en la salud pública. En este contexto, las actividades modulan los ambientes físicos y sociales con efectos que pueden ser positivos y negativos. El sector privado afecta los ambientes sociales, físicos y culturales directamente por sus acciones empresariales y, también por sus compromisos sociales, sean éstos vía condiciones de trabajo, diseño y envase de sus productos, su cabildeo con legisladores, generación de hábitos, etcétera.
Los ejemplos más conocidos son la promoción del tabaquismo e, indirectamente, el uso de otras drogas adictivas, incluyendo el alcohol; la ingesta de comida que provoca obesidad, junto con la inactividad física que genera enfermedades crónico-degenerativas; accidentes de todo tipo, etcétera.
La novedad no es que existan estos determinantes comerciales, sino que se enumeran en un documento de la OMS. Esto probablemente es positivo, pero también puede promover el ultraliberalismo tipo Trump y Milei. Se observa su avance en los países del Sur pero también se está abriendo camino en Europa, por ejemplo, en Italia, Holanda, Hungría y Grecia; países que además están abandonando las doctrinas sobre la justicia social y la igualdad.
Los determinantes comerciales desde luego han sido estudiados
anteriormente pero en el contexto de problemas específicos como puede
ser el impacto del llamado complejo médico-industrial
. La novedad
entonces sería el nuevo enfoque de las determinantes comerciales donde
se incluye todo lo que tenga un impacto en salud, sea éste directo o
indirecto, pero creados por los agentes económicos con fines de lucro.
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